La redefinición del deber de diligencia del administrador societario en la era del big data: un análisis doctrinal y comparado desde la perspectiva ecuatoriana

Abstract

El deber de diligencia del administrador societario atraviesa una transformación sustantiva por la incorporación de herramientas de Big Data, analítica predictiva e inteligencia artificial en la gestión empresarial. La investigación analiza, desde el derecho ecuatoriano y el derecho comparado, si la disponibilidad razonable de tecnologías capaces de procesar grandes volúmenes de datos modifica el contenido del deber de informarse previsto en el artículo 262 de la Ley de Compañías y, con ello, los límites de protección de la business judgment rule. El estudio adopta un diseño cualitativo de metodología jurídico-dogmática, hermenéutica, sistemática y comparada funcional. El corpus de análisis se integró por la Ley de Compañías, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la jurisprudencia de Delaware sobre deber de supervisión, el Reglamento (UE) 2024/1689, el marco NIST AI RMF 1.0 y los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20. La triangulación entre normas, doctrina especializada, jurisprudencia y documentos de soft law permitió construir criterios jurídicos aplicables a entornos decisorios informacionalmente complejos. Los resultados evidencian que el artículo 262 conserva una estructura abierta y flexible, pero insuficiente para orientar, por sí solo, la evaluación judicial de decisiones empresariales mediadas por sistemas algorítmicos. La omisión injustificada de herramientas predictivas accesibles, especialmente en sectores de alto riesgo o de intensa generación de datos, no debe tratarse como simple ejercicio de discrecionalidad estratégica, sino como un defecto del proceso decisorio. Como aporte central, se propone la figura del administrador como curador de datos y la adopción de un Expediente de Trazabilidad Algorítmica, escalable a las PYMES, que documente la selección de herramientas, la calidad de los datos, la auditoría de sesgos, la supervisión humana y la explicación razonable de los resultados utilizados. El estándar propuesto se modula por proporcionalidad, atendiendo a la dimensión de la empresa, el costo de implementación, la materialidad del riesgo y la brecha digital ecuatoriana.