Suspensión de la sustanciación del proceso en infracciones de violencia intrafamiliar: ¿beneficio para la víctima o impunidad para el agresor?

Resumen

En el devenir del ordenamiento jurídico ecuatoriano, particularmente en lo concerniente al tratamiento de la violencia intrafamiliar, se ha instaurado una figura procesal cuya naturaleza ha despertado no escasa controversia: la suspensión de la sustanciación del proceso penal en determinados delitos cometidos contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Esta disposición, introducida mediante reforma al Código Orgánico Integral Penal y consagrada en el artículo 651, numeral 3, autoriza la interrupción temporal de la causa por un término no mayor a treinta días, aplicable en supuestos de violencia física leve y en aquellos de violencia psicológica cuya pena no exceda del año.  A primera vista, pudiera parecer que el legislador, movido por un ánimo humanitario y conciliador, hubiese querido conceder una pausa procesal que permitiera a las partes alcanzar algún grado de entendimiento. Más, al escrutar con mayor detenimiento los efectos prácticos de tal mecanismo, surgen fundadas dudas respecto de su real utilidad y justicia. No pocas veces, la víctima atrapada en una maraña de dependencia emocional, coacción velada o necesidad económica consiente dicha suspensión no en ejercicio libre de su voluntad, sino como resultado de un entorno adverso que el Derecho no siempre alcanza a comprender. La presente investigación, sustentada en un enfoque dogmático y analítico, procura examinar los fundamentos, límites y consecuencias de esta figura, así como su compatibilidad con el mandato constitucional que proclama el derecho de toda persona a vivir libre de violencia. Cabe entonces preguntarse si tal suspensión honra verdaderamente los principios de justicia y dignidad, o si, bajo su manto legal, se cobija una tolerancia implícita hacia la impunidad.