El Juez como gestor de cambios sociales: Análisis del activismo judicial en el periodo de la Corte Constitucional 2019-2021

Resumen

Desde su creación, la Corte Constitucional de Ecuador ha desempeñado un papel crucial en la sociedad. Este protagonismo se debe en parte a su intervención judicial en temas esenciales para la población, como el desplazamiento forzado, el aborto, la salud, la eutanasia, la comunidad LGBTI, y el sistema carcelario, entre otros. Para promover cambios sociales, este Tribunal ha empleado de manera excepcional las sentencias estructurales en su jurisprudencia y ha introducido el concepto de declaración de estado de cosas inconstitucional. A lo largo de su labor, ha logrado ciertos avances y ha enfrentado diversas dificultades. Los logros han permitido la promoción de políticas públicas que efectivamente protegen los derechos de las personas, mientras que las dificultades han obligado a reevaluar procesos para superar los problemas encontrados. Un tema crucial en nuestro país, considerando el actual proceso constituyente, es revisar el papel del juez en el marco del Estado constitucional de derecho y, eventualmente, considerar un retorno al estado de bienestar. Partiendo del constitucionalismo liberal, que establece una labor restringida dentro del modelo de «separación de poderes» desde el contractualismo de Montesquieu, la consolidación de jueces con mayores atribuciones se hace necesaria. Esto se debe a la relación cada vez más estrecha entre el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos, así como al papel del juez como facilitador de la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos sociales. El surgimiento del activismo judicial, en el contexto del proceso constituyente actual, nos invita a reflexionar sobre esta figura, su naturaleza jurídica y social, y los posibles alcances en un nuevo Estado constitucional (y social) de derecho, una demanda claramente anhelada por la ciudadanía.