Ecocriminalidad digital e inteligencia artificial: retos para la responsabilidad empresarial en Ecuador

Resumen

La investigación aborda la responsabilidad penal y administrativa de las empresas frente a los delitos ambientales cometidos mediante tecnologías digitales en contextos laborales, problemática que se intensifica con la digitalización de los procesos productivos y la aparición de herramientas automatizadas capaces de manipular información, facilitar omisiones o ejecutar actos contaminantes sin intervención humana directa. El estudio parte del reconocimiento constitucional de la naturaleza como sujeto de derechos y de la creciente insuficiencia del marco normativo ecuatoriano para enfrentar las nuevas formas de criminalidad ambiental digital, planteando como objetivo identificar vacíos regulatorios, riesgos operativos y mecanismos de prevención aplicables a las personas jurídicas. Metodológicamente, se adopta un enfoque mixto con diseño no experimental transversal; en el nivel teórico se emplean los métodos deductivo y Lege Data para analizar normas del COIP, COA y disposiciones sobre delitos informáticos, mientras que en el nivel empírico se realiza revisión bibliográfica especializada, estudio de casos y aplicación de encuestas a profesionales del ámbito jurídico, ambiental y tecnológico. Los datos obtenidos fueron procesados mediante técnicas estadísticas descriptivas para identificar patrones y validar la necesidad de reformas normativas. Los resultados muestran que más del 70% de los encuestados percibe vacíos en la legislación vigente respecto de delitos ambientales cometidos mediante tecnologías digitales, reconoce la falta de capacitación empresarial sobre riesgos tecnológicos y coincide en que los directivos deben asumir responsabilidad penal cuando permiten u omiten controlar el uso de herramientas digitales dañinas. Asimismo, se evidencia una insuficiencia normativa para regular tecnologías emergentes como inteligencia artificial, big data o sistemas IoT aplicados al ámbito ambiental. Se concluye que la legislación ecuatoriana requiere actualización urgente para incorporar estándares tecnológicos, fortalecer la trazabilidad digital, robustecer los mecanismos de imputación empresarial y consolidar programas de compliance capaces de prevenir conductas lesivas en entornos corporativos digitalizados.