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Vol. 6 Núm. 1 / Enero Junio 2025
Diferencia en los procesos de formación de ley un estudio comparado:
Ecuador y Alemania
Differences in Law-Making Processes: A Comparative Study between
Ecuador and Germany
Diferenças nos processos legislativos: um estudo comparativo: Equador e
Alemanha
Viviana Carolina Rumipamba Morales1
Universidad Tecnológica Indoamerica
vrumipamba@indomarica.edu.ec
https://orcid.org/0009-0007-3149-6562
Karina Dayana Cárdenas Paredes2
Universidad Tecnológica Indoamérica
karinacardenas@uti.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-7517-6623
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v6/n1/936
Como citar:
Rumipamba, V. y Cárdenas K. (2025). Diferencia en los procesos de formación de ley un
estudio comparado: Ecuador y Alemania. Código Científico Revista de Investigación, 6(1),
1191-1218.
Recibido: 05/04/2025 Aceptado: 30/04/2025 Publicado: 30/06/2025
1
Estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Indoamérica.
2
Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, Magister en Derecho Procesal y Litigación
Oral, Máster en Ciencias Criminológicas y Seguridad, Experto Universitario en Técnicas de Litigación en Juicio,
Mediadora, Docente Titular e Investigadora de la Universidad Indoamérica.
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Resumen
La elaboración de leyes en cada país se rige por un marco constitucional único que refleja su
estructura política y sus tradiciones legales específicas. En Ecuador y Alemania se aprecian
diferencias fundamentales en sus sistemas legislativos: Ecuador sigue un modelo
presidencialista influenciado por el derecho romano y continental; mientras que Alemania opta
por un sistema parlamentario con un marcado enfoque federalista y una mayor participación
ciudadana. Estas disparidades inciden en la eficiencia y calidad de las leyes vigentes en ambos
países. Este artículo tiene como objetivo analizar comparativamente los procesos legislativos
de Ecuador y Alemania destacando las disparidades organizativas y gubernamentales en sus
procedimientos legislativos y valorar su impacto en la efectividad de la legislación, la
participación de los ciudadanos y la aptitud de las leyes para abordar demandas sociales y
políticas emergentes. Mediante un enfoque cualitativo se realiza el análisis comparativo donde
se examinan los marcos legales vigentes. Los resultados muestran que las diferencias en la
estructura tienen un impacto en la capacidad de adaptación y legitimidad de las leyes,
demostrando que el enfoque alemán permite una mayor participación ciudadana y un control
legislativo más estricto en comparación con Ecuador.
Palabras clave: control constitucional, calidad legislativa, estabilidad normativa,
participación ciudadana, proceso legislativo.
Abstract
Law-making in each country is governed by a unique constitutional framework that reflects its
political structure and specific legal traditions. In Ecuador and Germany, there are fundamental
differences in their legislative systems: Ecuador follows a presidential model influenced by
Roman and continental law, while Germany opts for a parliamentary system with a marked
federalist approach and greater citizen participation. These disparities affect the efficiency and
quality of the laws in force in both countries. This article aims to analyze comparatively the
legislative processes in Ecuador and Germany, highlighting the organizational and
governmental disparities in their legislative procedures and assessing their impact on the
effectiveness of legislation, citizen participation and the ability of laws to address emerging
social and political demands. Using a qualitative approach, a comparative analysis is carried
out where the current legal frameworks are examined. The results show that differences in
structure have an impact on the adaptability and legitimacy of laws, demonstrating that the
German approach allows for greater citizen participation and stricter legislative control
compared to Ecuador.
Keywords: constitutional control, legislative quality, regulatory stability, citizen participation,
legislative process.
Resumo
A legislação em cada país é regida por uma estrutura constitucional única que reflete sua
estrutura política e tradições jurídicas específicas. Diferenças fundamentais nos sistemas
legislativos do Equador e da Alemanha são evidentes: o Equador segue um modelo
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presidencialista influenciado pelo direito romano e continental; enquanto a Alemanha opta por
um sistema parlamentar com um foco federalista acentuado e maior participação cida. Essas
disparidades impactam a eficiência e a qualidade das leis em vigor em ambos os países. Este
artigo tem como objetivo analisar comparativamente os processos legislativos do Equador e da
Alemanha, destacando as disparidades organizacionais e governamentais em seus
procedimentos legislativos e avaliando seu impacto na eficácia da legislação, na participação
cidadã e na capacidade das leis de atender às demandas sociais e políticas emergentes. Uma
abordagem qualitativa é utilizada para conduzir uma análise comparativa examinando as
estruturas jurídicas atuais. Os resultados mostram que as diferenças na estrutura impactam a
adaptabilidade e a legitimidade das leis, demonstrando que a abordagem alemã permite maior
participação cidadã e uma supervisão legislativa mais rigorosa em comparação com a do
Equador.
Palavras-chave: control constitucional, calidad legislativa, estabilidad normativa,
participación ciudadana, proceso legislativo.
Introducción
La formación de leyes es un proceso central en los sistemas de gobierno modernos,
siendo una pieza clave en la construcción y preservación del Estado de derecho, este proceso,
no solo establece las normas para regular la convivencia, sino que también busca reflejar los
valores y las prioridades de la sociedad en un marco normativo que proteja la justicia y los
derechos fundamentales, la eficiencia de las instituciones legislativas es esencial para
garantizar la estabilidad del sistema político y su capacidad para adaptarse a las demandas
ciudadanas, en este sentido, la creación de leyes enfrenta el desafío de responder con eficacia
y legitimidad los cambios sociales y las demandas de la ciudadanía, especialmente en contextos
cada vez más complejos.
El modelo de gobierno en Ecuador otorga al poder Ejecutivo una influencia
considerable en el proceso de creación de leyes, permitiendo facilitar la presentación y
aprobación de normativas clave para el país, esta estructura, arraigada en las tradiciones del
derecho romano y continental, establece un esquema en el que el Ejecutivo desempeña un papel
protagónico, mientras que la Asamblea Nacional, como único cuerpo legislativo, se encarga de
la discusión y sanción de las leyes dentro de un sistema unicameral.
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Si bien esta estructura permite mayor eficiencia en la toma de decisiones, presenta
desafíos significativos, por ejemplo, la unicameralidad y la centralización de decisiones pueden
reducir el debate legislativo y limitar la inclusión de diversas perspectivas, afectando así la
representatividad y legitimidad del proceso, además, la falta de instancias de revisión interna
puede conllevar una menor supervisión y control entre los poderes del Estado, lo que
incrementa los riesgos de concentración de poder.
Alemania, en cambio, se rige por un sistema parlamentario y federalista caracterizado
por una mayor distribución del poder legislativo y una representación equilibrada entre los
niveles de gobierno, el sistema alemán en cuanto a la creación de leyes involucra no solo al
Bundestag (parlamento federal), sino también al Bundesrat, que representa a los Estados
federados, así como a los Landtage, que tienen competencias legislativas locales, esta
estructura promueve una mayor pluralidad de actores en el proceso legislativo y asegura que
las decisiones incluyan perspectivas, tanto regionales, como federales, asimismo, Alemania
cuenta con mecanismos de participación ciudadana, como consultas públicas y audiencias, que
fortalecen la legitimidad normativa y aumentan la transparencia en la formulación de políticas
públicas, aun cuando, esta complejidad también implica que el proceso legislativo sea más
lento y requiera múltiples consensos para aprobar leyes.
A pesar de las diferencias evidentes entre estos sistemas, ambos enfrentan desafíos
comunes en la búsqueda de leyes que responden eficazmente a los cambios sociales y políticos,
en Ecuador, el predominio del poder Ejecutivo y la unicameralidad generan cuestionamientos
sobre la calidad y estabilidad de las leyes, especialmente en contextos de polarización política;
en Alemania, aunque la representación federal y la participación ciudadana son fortalezas, la
complejidad del sistema puede limitar la capacidad de respuesta a necesidades urgentes.
Estos elementos sugieren que tanto los sistemas centralizados como los
descentralizados enfrentan vacíos en la literatura comparativa, especialmente en cuanto a cómo
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las diferencias estructurales impactan en la calidad legislativa, la percepción de legitimidad y
la capacidad de adaptación normativa, siendo así que los sistemas políticos deben encontrar un
equilibrio entre eficiencia y representatividad, adaptándose a las demandas contemporáneas de
la ciudadanía.
El proceso de creación de leyes es una tarea compleja que abarca múltiples etapas,
desde la presentación de una iniciativa hasta su promulgación y publicación oficial, para su
adecuada formulación no basta con un análisis técnico y jurídico, sino que también es necesario
evaluar su impacto en la sociedad, en relación con esto.Vergara (1991) menciona que:
“someter a prueba un proyecto de ley implica examinar en qué medida cumple con los
requisitos tanto formales como de contenido que se esperan de una norma jurídica” (p. 224),
por lo tanto, una adecuada preparación legislativa, que incluya estudios empíricos y espacios
de participación ciudadana, puede favorecer la creación de normas más efectivas y legítimas.
Si bien este procedimiento es esencial, cada país lo estructura y aplica de manera
particular, lo que genera diferencias en la forma en que las leyes son concebidas y aprobadas,
en este contexto, el presente artículo se enfoca en una comparación entre los procesos
legislativos de Ecuador y Alemania, dos países con modelos de gobierno y tradiciones jurídicas
distintas, para este análisis, se ha adoptado un enfoque cualitativo basado en un estudio
comparativo, lo que permite examinar las estructuras normativas y los procedimientos
legislativos en ambas naciones, mediante esta metodología, se pretende identificar similitudes,
diferencias y posibles áreas de mejora en la creación de leyes.
El propósito de este artículo es analizar comparativamente las fortalezas y debilidades
de cada sistema legislativo en la formación de leyes, para proponer alternativas que contribuyan
a mejorar la calidad de la normativa, este estudio no solo es relevante para la comunidad
jurídica y académica, también para los responsables de la toma de decisiones y la sociedad en
general, quienes se ven directamente afectados por el funcionamiento del sistema legislativo.
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Así mismo comprender cómo se pueden perfeccionar los procesos de formación de leyes a
partir del análisis de otros modelos como Alemania, que permite avanzar hacia un marco
normativo más sólido, representativo y capaz de responder a las necesidades del país,
fortaleciendo ael Estado de derecho en Ecuador y promoviendo una legislación s legítima
y efectiva.
Desarrollo
El sistema presidencialista en la creación de leyes.
El modelo presidencialista se caracteriza por una delimitación clara de competencias
entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que busca garantizar un equilibrio institucional en la
creación y aprobación de leyes, esta separación de funciones pretende evitar la concentración
del poder en una sola autoridad, permitiendo que cada órgano tenga atribuciones específicas
dentro del proceso de toma de decisiones, sin embargo, este sistema no está exento de
cuestionamientos, ya que en ocasiones surgen enfrentamientos cuando el presidente y el
Congreso pertenecen a corrientes políticas opuestas, lo que puede dar lugar a bloqueos
legislativos. Según Carpizo (2007), el sistema presidencialista se distingue por varios
elementos clave:
El sistema presidencial se caracteriza por la elección del presidente a través del sufragio
universal, el nombramiento y la remoción de los ministros por parte de aquel y porque
todos ellos no son responsables políticamente ante el parlamento. Además, el presidente
tiene la facultad de presentar iniciativas de ley y, en muchos casos, intervenir en el
proceso legislativo a través de la figura del veto (p. 66).
Este principio de separación de poderes otorga autonomía al Ejecutivo y al Legislativo,
aunque en la práctica esta independencia puede generar bloqueos en el proceso legislativo. El
presidencialismo se basa en la idea de que cada poder del Estado debe operar de manera
independiente para evitar el abuso de autoridad y garantizar un equilibrio institucional. Sin
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embargo, esta misma independencia puede llevar a situaciones de enfrentamiento entre los
poderes cuando no existe un consenso político o cuando el presidente y el Congreso pertenecen
a partidos distintos. En estos casos, el Legislativo puede obstaculizar las iniciativas del
Ejecutivo, mientras que el presidente, a su vez, puede recurrir a sus facultades de veto o a la
emisión de decretos para imponer su agenda.
En muchos países de América Latina, el presidente cuenta con la potestad de emitir
decretos o vetar leyes como una estrategia para sortear bloqueos legislativos, lo que resalta la
importancia de contar con un sistema de contrapesos efectivo, esta facultad, aunque concebida
para evitar la acumulación de poder en una sola entidad, ha sido cuestionada cuando los
mandatarios abusan de su capacidad para legislar mediante decretos sin una fiscalización
adecuada por parte del Congreso o asamblea, en ciertos escenarios, esta herramienta ha sido
empleada para aprobar reformas controversiales o para evitar el debate parlamentario, lo que
debilita la función del Legislativo y concentra un poder excesivo en el Ejecutivo. La
implementación de mecanismos de control, como la revisión constitucional de los decretos o
la exigencia de ratificación legislativa, es fundamental para evitar el uso arbitrario de estas
herramientas y asegurar que el proceso legislativo se mantenga dentro de los principios
democráticos.
El proceso legislativo en los sistemas presidencialistas suele estar diseñado para
garantizar la estabilidad del gobierno, pero puede generar dificultades cuando existe una fuerte
polarización política. En este sentido, Pachano (1998) señala que:
Uno de los problemas que deben enfrentar los sistemas presidenciales es el de la disputa
por la legitimidad entre el presidente de la república y el congreso, ya que al provenir
ambos de la elección directa reivindican una misma fuente de poder. […] La
reivindicación de lo que podría denominarse legitimidad de origen por parte del
gobierno y del parlamento ha llevado en muchos casos a situaciones de anulación
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institucional que resultan muy difíciles de resolver sin la defección absoluta de una de
ellas (p. 32).
Este conflicto de legitimidades puede derivar en enfrentamientos entre los poderes y
afectar el proceso legislativo. La incapacidad de alcanzar consensos puede llevar al Ejecutivo
a recurrir a medidas como los decretos ejecutivos, lo que, si bien agiliza la gobernabilidad,
puede debilitar el papel del Congreso y la representación democrática. El veto presidencial es
otro de los mecanismos fundamentales dentro del sistema presidencialista. Como señala
Carpizo (2007):
El control más importante en manos del presidente es la facultad de veto de las leyes,
mismo que para ser realmente tal, el congreso solo lo debe poder superar por mayoría
calificada, que generalmente es de dos terceras partes de los votos de los legisladores
presentes (p. 66).
Este poder permite al presidente ejercer un control directo sobre la legislación, lo que
puede ser útil en situaciones donde el Asamblea aprueba leyes que van en contra de su
programa de gobierno. Sin embargo, también puede generar tensiones políticas si el Legislativo
considera que el Ejecutivo está obstaculizando el proceso legislativo de manera excesiva.La
rigidez institucional del sistema presidencialista ha sido objeto de debate, particularmente en
lo que respecta a la posibilidad de crisis políticas prolongadas debido a la falta de mecanismos
para resolver conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Según Linz (1996):
La separación estricta entre Ejecutivo y Legislativo en el presidencialismo crea un
sistema en el que no hay incentivos para la cooperación cuando las mayorías en ambas
ramas del gobierno son distintas. En este contexto, los bloqueos institucionales se
vuelven recurrentes y pueden conducir a crisis de gobernabilidad (p. 61).
Este problema se intensifica en aquellos sistemas donde el Congreso o la Asamblea y
el presidente pertenecen a corrientes poticas opuestas, lo que dificulta la negociación y puede
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provocar estancamientos en la aprobación de leyes fundamentales para la gestión del país, en
este contexto, el sistema presidencialista busca mantener un equilibrio entre el Ejecutivo y el
Legislativo mediante la separación de poderes y el uso de herramientas de control como el veto
presidencial, sin embargo, las constantes fricciones entre ambos poderes pueden derivar en
bloqueos institucionales que afectan la gobernabilidad, aunque el sistema de frenos y
contrapesos tiene como objetivo impedir la concentración del poder en una sola institución, la
falta de incentivos para la cooperación puede transformar este modelo en una fuente de crisis
políticas recurrentes, por ello, resulta esencial diseñar mecanismos que fomenten una mayor
colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso, asegurando así un proceso legislativo más
eficiente y democrático.
El sistema parlamentario en la creación de leyes
El proceso legislativo dentro de un sistema parlamentario es un procedimiento
organizado que permite la intervención de distintos actores dentro del Parlamento,
garantizando así un equilibrio entre las diferentes corrientes políticas y promoviendo un debate
profundo antes de que cualquier norma sea aprobada, este modelo facilita la deliberación y el
consenso, asegurando que las decisiones legislativas reflejan una diversidad de perspectivas y
atiendan mejor las necesidades de la sociedad. Según Morineau (2001):
[…] podría calificar al derecho parlamentario, en sentido restringido, como el estudio
del conjunto de las relaciones político-jurídicas que se desarrollan al interior de las
asambleas y, más precisamente, como aquella parte del derecho constitucional que se
refiere a la organización interna y el funcionamiento del Parlamento. (p. 278)
En este sentido, se subraya la importancia del Parlamento como el órgano central en la
producción legislativa. A diferencia del sistema presidencialista, donde el Ejecutivo juega un
papel activo en la iniciativa de leyes y en su promulgación, en el sistema parlamentario es el
Parlamento el que ostenta la potestad legislativa de manera preeminente. Esto implica que
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cualquier iniciativa de ley debe pasar por un debate extenso en las cámaras legislativas antes
de su aprobación definitiva. Además, la participación de diversas fuerzas políticas en el
Parlamento permite una mayor deliberación, lo que en teoría, garantiza que las leyes aprobadas
sean producto del consenso entre los representantes de la ciudadanía.En este sentido, la sanción
y promulgación de la ley dentro de una monarquía parlamentaria también presenta
particularidades, como lo explica Solozábal Echavarría (1987):
El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes
Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. […] Estas últimas
fases del procedimiento legislativo suponen la contribución del monarca al ejercicio de
la función legislativa, encomendada en principio a las Cortes Generales, titular
ordinario de la potestad legislativa del Estado (p. 363)
Este análisis demuestra que, en las monarquías parlamentarias, el jefe del Estado no
participa activamente en la formulación de las leyes, sino que su papel se limita a la sanción
formal y a la promulgación. En este esquema, la supremacía del Parlamento en la función
legislativa está garantizada, y el Ejecutivo, encabezado por el Primer Ministro, actúa como un
intermediario que representa a la mayoría legislativa. De esta manera, el jefe del Estado se
convierte en una figura protocolaria, cuyo rol es refrendar las decisiones del Parlamento sin
interferir en ellas.Sin embargo, este modelo no está exento de problemas.
En sistemas parlamentarios con multipartidismo, la formación de coaliciones puede
generar inestabilidad en el gobierno. Si un partido no logra una mayoría absoluta en el
Parlamento, es necesario formar un gobierno de coalición, lo que puede derivar en
negociaciones prolongadas y acuerdos frágiles que dificulten la implementación de políticas
públicas a largo plazo. Esta situación se ha evidenciado en países como Italia, donde la
constante fragmentación del Parlamento ha llevado a la formación y caída de múltiples
gobiernos en periodos relativamente cortos. Por otro lado, Carpizo (2004) hace un análisis
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comparativo entre los sistemas presidencialista y parlamentario, destacando la estabilidad
legislativa que proporciona este último cuando existe un sistema bipartidista sólido:
En el sistema parlamentario clásico, el inglés, que realmente es bipartidista, si uno de
los partidos tiene la mayoría de los legisladores en la Cámara de los Comunes, entonces
el primer ministro […] tiene realmente el control del Parlamento, o si se quiere, no
existe ningún control del Legislativo respecto al Ejecutivo (p. 6).
Esto significa que, en los sistemas parlamentarios donde un partido logra obtener la
mayoría absoluta, la gobernabilidad es s eficiente, ya que no se presentan bloqueos
legislativos como en los sistemas presidencialistas. Sin embargo, cuando no hay una mayoría
clara, los gobiernos de coalición pueden volverse inestables, ya que la supervivencia del
Ejecutivo depende de la confianza del Parlamento, lo que puede derivar en crisis
gubernamentales frecuentes. En este sentido, el parlamentarismo presenta una paradoja: si bien
puede ser más flexible y permitir una mejor adaptación a cambios políticos, también puede
generar ciclos de inestabilidad que afectan la continuidad de las políticas de Estado.
Otro aspecto fundamental en el sistema parlamentario es el control del Parlamento
sobre el Ejecutivo; mientras que en el sistema presidencialista el presidente no puede ser
destituido por el Congreso salvo en casos de juicio político, en el parlamentarismo el primer
ministro puede ser removido mediante un voto de censura. Esta característica otorga al
Parlamento una mayor capacidad de supervisión sobre el gobierno y permite una respuesta más
rápida ante crisis de gobernabilidad. Sin embargo, este mecanismo también puede ser utilizado
con fines estratégicos, ya que los partidos de oposición pueden presentar mociones de censura
con el objetivo de debilitar al gobierno en turno.
En síntesis, el sistema parlamentario presenta un modelo de formación de leyes donde
el Parlamento ejerce la función legislativa de manera predominante, con la posibilidad de que
el Ejecutivo influya en el proceso a través de la confianza parlamentaria. A diferencia del
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sistema presidencialista, donde el presidente puede vetar leyes y gobernar mediante decretos
en algunos casos, en el parlamentarismo la estabilidad del gobierno está sujeta a la capacidad
de la mayoría legislativa para sostener al primer ministro. Este modelo tiene ventajas en
términos de representatividad y control político, aunque puede generar inestabilidad cuando no
existe una mayoría parlamentaria clara. A pesar de sus desafíos, el parlamentarismo ha
demostrado ser un sistema eficiente en países con una cultura política basada en la negociación
y el consenso, como el Reino Unido y Alemania, donde la interacción entre el Ejecutivo y el
Legislativo ha permitido la aprobación de leyes de manera más fluida y sin bloqueos
institucionales prolongados.
Proceso de formación de leyes en Ecuador
El proceso de formación de leyes en Ecuador representa la interacción de distintos
órganos del Estado, los cuales desempeñan funciones esenciales dentro del marco de
separación de poderes y el Estado de derecho, la Asamblea Nacional, el Ejecutivo y la Corte
Constitucional tienen roles específicos en la producción normativa y jurisprudencial
respectivamente, cada uno con competencias que buscan garantizar la legalidad, la legitimidad
y la funcionalidad de las leyes en el país. No obstante, el diseño institucional como la realidad
política ha demostrado que la dinámica legislativa no está exenta de conflictos y desafíos,
especialmente en lo que respecta al equilibrio de poderes, la intervención del Ejecutivo en el
ámbito normativo y la eficacia del control constitucional.
La Asamblea Nacional es el órgano encargado de la creación de leyes en Ecuador,
siendo su función principal la formulación, discusión y aprobación de proyectos normativos
que regulan la vida política, económica y social del país, siendo en este en este sentido,
Redrobán (2021) enfatiza que:
El proceso legislativo no se limita únicamente a la creación de leyes, sino que también
implica un ejercicio de fiscalización crucial para el equilibrio y la transparencia del
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sistema democrático. En Ecuador, la Asamblea Nacional desempeña un papel central
en este proceso, siendo responsable no solo de la elaboración de leyes, sino también de
la supervisión del poder ejecutivo (p. 1).
Esto implica que el Legislativo, no solo es un ente normativo, sino que también ejerce
un rol clave en el sistema equilibrio de poderes del Estado, teniendo la facultad de interpelar a
los asambleístas, llevar a cabo investigaciones sobre la gestión pública e incluso destituir a
altos funcionarios mediante juicio político son mecanismos que refuerzan su papel en la
estabilidad democrática. A pesar de ello, la politización de la Asamblea ha provocado que estas
herramientas se utilicen en ocasiones como estrategias de desestabilización, más que como
verdaderos controles de legalidad y eficiencia gubernamental.
El proceso de formación de leyes en Ecuador es un componente esencial del sistema
democrático, ya que define la forma en la que se crean, debaten y aprueban las normas que
regulan la vida política, social y económica del país. Dicho proceso está consagrado en la
Constitución de la República del Ecuador, específicamente entre los artículos 132 y 140, y se
desarrolla de manera detallada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece los
procedimientos, competencias y responsabilidades de la Asamblea Nacional como órgano
encargado de la función legislativa. Por cuanto la existencia de un proceso legislativo bien
estructurado, no solo garantiza la seguridad jurídica, sino que también refleja el compromiso
del Estado con los principios de democracia, participación ciudadana y control institucional.
Como punto de partida en la formación de una ley está la iniciativa legislativa, que
consiste en la facultad de presentar proyectos de ley para su tramitación en la Asamblea
Nacional. En rminos procedimentales, el proceso legislativo según la Constitución de la
República del Ecuador (2008) señala:
La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde:
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1. A las asambleístas y los asambleístas, con el apoyo de una bancada legislativa o de al
menos el cinco por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional
2. A la Presidenta o Presidente de la República.
3. A las otras funciones del Estado en los ámbitos de su competencia.
4. A la Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del
Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública en las materias que les corresponda
de acuerdo con sus atribuciones (art. 134)
Esta diversidad de actores con capacidad de presentar proyectos de ley refleja un
enfoque democrático e inclusivo, particularmente, la iniciativa popular normativa constituye
un mecanismo que fortalece la participación ciudadana, permitiendo que la sociedad civil tenga
un papel activo en la creación de leyes. En la práctica, este mecanismo enfrenta desafíos
relacionados con la recolección de firmas, la falta de difusión adecuada y las limitaciones
técnicas para su tramitación efectiva, lo que evidencia la necesidad de fortalecer estos espacios
para garantizar una participación más directa y efectiva de la ciudadanía.
Cuando se presenta un proyecto de ley, primero debe ser revisado por el Consejo de
Administración Legislativa (CAL), que es el órgano encargado de verificar que cumpla con los
requisitos formales establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en esta etapa, el
CAL evalúa aspectos como la justificación de la propuesta, la exposición de motivos, la
estructura normativa, la coherencia con el marco legal vigente y la claridad en la redacción de
los artículos, una vez el proyecto cumple con estos criterios, se admite a trámite y se remite a
una comisión especializada permanente para su análisis (Ley Orgánica de la Función
Legislativa, 2020, art. 58).
El rol del CAL es fundamental, ya que funciona como un primer filtro que garantiza
que solo los proyectos con una base legal y técnica sólida sigan adelante en el proceso
legislativo, aunque en esta etapa no es exenta de cuestionamientos, ya que en ocasiones pueden
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influir en criterios políticos en la admisión o rechazo de ciertos proyectos, por ello, es clave
fortalecer la independencia del CAL y asegurar mayor transparencia en sus decisiones.
Una vez calificado, el proyecto pasa a una comisión especializada permanente de la
Asamblea Nacional, donde se lleva a cabo un análisis detallado de su contenido. Estas
comisiones tienen un carácter técnico y estudian los impactos jurídicos, sociales, económicos
y políticos de la propuesta, como también durante esta fase, pueden convocarse audiencias
públicas, recibir informes de ciudadanía, solicitar informes a instituciones públicas y privadas
e invitar a expertos para enriquecer el debate y mejorar la calidad de la normativa antes de su
aprobación.
El proceso de análisis jurídico y técnico permite identificar posibles vacíos legales,
inconsistencias normativas o aspectos que requieren mayor precisión, además, la participación
de diversos actores en las audiencias públicas fortalece el carácter democrático del proceso,
asegurando que la normativa final refleje una diversidad de perspectivas, para finalizar esta
etapa, la comisión elabora un informe para primer debate, en el cual se presentan
recomendaciones para el Pleno de la Asamblea Nacional.
El proceso legislativo continúa con el primer debate en el Pleno de la Asamblea
Nacional, donde se discute el informe elaborado por la comisión especializada, en esta fase,
los asambleístas analizan los principios generales del proyecto, su pertinencia, sus objetivos y
su impacto en la sociedad. Para lo cual los legisladores pueden presentar observaciones, sugerir
modificaciones o solicitar la devolución del proyecto a la comisión para un análisis más
profundo.
Posteriormente, la comisión incorpora las observaciones del Pleno y elabora un
segundo informe, que será debatido en el segundo debate en el Pleno, en esta etapa, se realiza
un análisis artículo por artículo, considerando las enmiendas y propuestas presentadas. La
aprobación del proyecto de ley requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los
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asambleístas presentes, en cuanto a esta deliberación pública no solo garantiza la transparencia
del proceso, sino que también permite que la ciudadanía conozca las posturas de sus
representantes sobre temas de interés nacional (Constitución de la República del Ecuador,
2008, art. 136).
Una vez aprobado en la Asamblea Nacional, el proyecto de ley es remitido al presidente
de la República, quien tiene la facultad de sancionarlo, promulgarlo o presentar objeciones. En
este sentido el presidente puede ejercer una objeción total, rechazando el proyecto en su
totalidad, o una objeción parcial, sugiriendo modificaciones específicas a ciertos artículos. En
cuanto a la objeción parcial, la Asamblea puede allanarse a las observaciones del Ejecutivo o
ratificar su texto original con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, en el
cada de la objeción sea total, la Asamblea solo podrá insistir en el texto original después de un
año y con el respaldo de las dos terceras partes de sus integrantes (Constitución de la República
del Ecuador, 2008, art. 138).
Si el presidente no se pronuncia en un plazo de 30 días desde la recepción del proyecto,
este se considera sancionado por el ministerio de la ley y debe ser promulgado en el Registro
Oficial. Este mecanismo busca equilibrar el poder entre el Ejecutivo y el Legislativo,
permitiendo que el presidente ejerza un control político y jurídico sobre las leyes aprobadas,
sin que ello implique un veto absoluto que pueda paralizar la función legislativa.
El proceso culmina con la promulgación y publicación de la ley en el Registro Oficial,
acto que le otorga fuerza obligatoria. La entrada en vigor de la ley puede estar sujeta a plazos
específicos o a disposiciones transitorias establecidas en su propio texto. En ausencia de una
fecha específica, la ley entra en vigor a partir de su publicación en el Registro Oficial, conforme
al principio de publicidad de las normas judicas.
El control de constitucionalidad es un pilar esencial en el proceso legislativo
ecuatoriano, ya que garantiza que las leyes sean coherentes con la Constitución y respeten los
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derechos fundamentales, esta función recae en la Corte Constitucional, que puede ejercerla de
oficio a través de acciones de inconstitucionalidad presentadas por ciudadanos, autoridades o
instituciones. Su labor es clave para preservar la supremacía del ordenamiento jurídico y evitar
que se promulguen normas contrarias a la Constitución, además del control previo, existe un
control posterior que permite revisar las leyes ya vigentes cuando se considera que vulneran
derechos o principios constitucionales, por cuanto este mecanismo refuerza el Estado de
derecho, ya que permite impugnar cualquier norma que contradiga la Carta Magna y, de ser
necesario, declararla inconstitucional.
Aun cuando se goza de un marco legal sólido, el proceso de formación de leyes en
Ecuador enfrenta desafíos significativos, entre ellos se destacan los sesgos politicos del debate
legislativo, la falta de independencia de algunos órganos de control y las dificultades para
garantizar una participación ciudadana efectiva, siendo que, en ciertos casos la calidad de las
leyes puede verse afectada por la falta de un análisis técnico profundo, lo que genera normas
ambiguas o de difícil aplicación.
Para mejorar la calidad del proceso legislativo, es fundamental fortalecer la
capacitación técnica de los legisladores, promover una mayor participación ciudadana
mediante mecanismos accesibles y transparentes, y consolidar la independencia de las
instituciones encargadas del control constitucional, del mismo modo, sería conveniente
implementar herramientas de evaluación de impacto normativo, las cuales permitirán analizar
los efectos de las leyes una vez en vigor y, si es necesario, facilitar su reforma o derogación
cuando no cumplan con sus objetivos.
El proceso de formación de leyes en Ecuador es un mecanismo complejo que refleja la
interacción entre los diferentes poderes del Estado y la participación de la sociedad civil, siendo
su objetivo el garantizar que las leyes sean producto de un debate amplio, inclusivo y
transparente, en el que se respeten los principios democráticos y los derechos fundamentales,
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la intervención de múltiples actores con capacidad de iniciativa legislativa, la deliberación en
la Asamblea Nacional, el control del Ejecutivo y la supervisión de la Corte Constitucional son
elementos esenciales para asegurar la calidad, la legitimidad y la coherencia del ordenamiento
jurídico ecuatoriano.
El Proceso de Formación de Leyes en Alemania
El proceso de formación de leyes en Alemania se desarrolla dentro de un complejo
marco institucional basado en el federalismo, que distribuye competencias entre el gobierno
central y los Länder (estados federados). Este diseño no solo garantiza la representación de los
intereses nacionales, sino que también fortalece la autonomía regional, asegurando un
equilibrio entre el poder central y los estados constituyentes. La estructura bicameral del
Parlamento alemán, conformada por el Bundestag y el Bundesrat, juega un papel fundamental
en la producción normativa, permitiendo que el proceso legislativo sea un reflejo de la
cooperación y el consenso democrático.
La iniciativa legislativa constituye el primer paso en el proceso de formación de leyes.
En Alemania, esta facultad no está reservada exclusivamente al Ejecutivo, sino que puede ser
ejercida por el gobierno federal, el Bundesrat o un grupo de al menos el 5% de los miembros
del Bundestag. Esta diversidad de actores permite una amplia participación en la creación de
normas, asegurando que diferentes perspectivas sean consideradas desde el inicio del proceso.
Según Denninger (1986):
La presentación de iniciativas legislativas en Alemania no es exclusiva del Ejecutivo,
sino que también puede provenir del Bundesrat, lo que otorga a los estados federados
un margen de maniobra considerable en la construcción del ordenamiento jurídico
nacional. Esta capacidad se materializa en la facultad del Bundesrat de rechazar una
propuesta legislativa, modificar su contenido o incluso bloquear su aprobación en
determinadas circunstancias (p. 23).
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Esta característica del sistema alemán refleja un principio fundamental del federalismo:
la participación activa de los estados en la formulación de leyes nacionales. De este modo, no
solo se protege la diversidad regional, sino que también se fomenta el diálogo entre los
diferentes niveles de gobierno, fortaleciendo la cohesión del Estado.
Una vez presentada la iniciativa, el proyecto de ley es remitido al Bundestag, donde se
lleva a cabo un primer debate. En esta fase inicial, se exponen los principios generales del
proyecto y se analizan sus fundamentos políticos y jurídicos. Posteriormente, el texto se envía
a una comisión parlamentaria especializada para su revisión detallada. En este espacio, se
realiza un análisis técnico y se pueden convocar audiencias públicas con expertos,
organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes para enriquecer el contenido del
proyecto.
Tras el estudio en comisión, el proyecto regresa al Bundestag para su segunda lectura,
en la que se discuten y votan las enmiendas propuestas. Este paso es crucial, ya que permite
ajustar el texto legal para mejorar su coherencia normativa y su viabilidad práctica. Según
Schnapauff (2000):
El Bundestag desempeña un papel central en la elaboración de leyes, no solo porque es
el órgano legislativo principal, sino porque sus comisiones especializadas permiten un
análisis exhaustivo de las propuestas normativas. En estas comisiones, los diputados
debaten aspectos técnicos, jurídicos y políticos, lo que garantiza que las leyes respondan
a las necesidades de la sociedad alemana y respeten los principios constitucionales (p.
39)
Luego del segundo debate, el proyecto pasa a la tercera lectura, en la que se realiza una
última revisión y se somete a votación definitiva en el Pleno del Bundestag. Si el proyecto es
aprobado, se remite al Bundesrat, que representa a los gobiernos de los Länder. El Bundesrat
tiene la facultad de aprobar, rechazar o proponer modificaciones al proyecto de ley. Su
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participación es fundamental en aquellas leyes que afectan directamente a los estados
federados, conocidas como leyes de consentimiento. En estos casos, el Bundesrat puede ejercer
un veto que solo puede ser superado mediante una mayoría calificada en el Bundestag.
Cuando existe desacuerdo entre el Bundestag y el Bundesrat, se recurre a la Comisión
de Mediación (Vermittlungsausschuss), un órgano compuesto por representantes de ambas
cámaras. Esta comisión busca conciliar las diferencias y alcanzar un consenso que permita la
aprobación de la ley. Como explica Denninger (1986):
La Comisión de Mediación es un mecanismo fundamental para resolver los conflictos
entre el Bundestag y el Bundesrat. Su objetivo es encontrar soluciones de compromiso
que respeten tanto los intereses del gobierno federal como los de los estados federados.
Esta estructura refleja el espíritu de cooperación que caracteriza al federalismo alemán
y permite superar bloqueos institucionales que podrían afectar la gobernabilidad del
país (p. 45)
Una vez que el proyecto de ley ha sido aprobado por ambas maras, se procede a su
promulgación por parte del presidente Federal. Aunque su función es mayormente protocolaria,
el presidente puede negarse a firmar la ley si considera que es inconstitucional. Esta facultad,
aunque rara vez utilizada, actúa como un último control de legalidad antes de que la norma
entre en vigor. Posteriormente, la ley se publica en el Boletín Oficial Federal
(Bundesgesetzblatt) y entra en vigencia en la fecha estipulada en su texto, o en su defecto, 14
días después de su publicación.
El proceso de formación de leyes en Alemania refleja la esencia de su sistema federal,
en el que la distribución de competencias entre la Federación y los Länder es un pilar
fundamental. Según Schnapauff (2000):
El sistema legislativo alemán está diseñado para garantizar un equilibrio entre el poder
central y los estados federados. La Ley Fundamental establece que la legislación es
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competencia de la Federación en aquellas materias en las que se requiere una regulación
unificada, mientras que los Länder conservan autonomía en asuntos como educación,
seguridad y ordenamiento territorial. Sin embargo, esta división de competencias no es
rígida, ya que en muchas áreas existe una legislación concurrente en la que el derecho
federal prevalece cuando se considera necesario para garantizar la cohesión del país (p.
45).
Además, el sistema alemán premecanismos de democracia directa en ciertos niveles,
especialmente en los estados federados, donde los ciudadanos pueden impulsar iniciativas
legislativas o referendos para aprobar o derogar leyes específicas. Aunque a nivel federal estos
mecanismos son limitados, su existencia en los Länder refuerza la participación ciudadana en
la toma de decisiones legislativas, consolidando la legitimidad democrática del proceso.
El federalismo alemán no solo influye en la distribución de competencias, sino también
en la calidad del proceso legislativo, por lo tanto la participación del Bundesrat y la Comisión
de Mediación, junto con la revisión detallada en las comisiones parlamentarias, garantizan que
las leyes sean producto de un debate amplio y plural. Este enfoque promueve la transparencia,
la rendición de cuentas y la inclusión de diversas perspectivas en la formulación de políticas
públicas.
El proceso de formación de leyes en Alemania es un modelo de equilibrio y cooperación
entre el gobierno central y los estados federados. La interacción entre el Bundestag y el
Bundesrat, el papel de la Comisión de Mediación y la participación de la ciudadanía en ciertos
niveles demuestran la solidez de un sistema que prioriza el consenso y la deliberación
democrática. A pesar de los desafíos que puedan surgir en esta estructura institucional, el
procedimiento legislativo alemán ha demostrado ser eficiente y efectivo, garantizando la
estabilidad del Estado de derecho y la protección de los derechos fundamentales en la
República Federal de Alemania.
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Metodología
a investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, el cual permitió comprender
e interpretar fenómenos jurídicos desde una perspectiva contextual y descriptiva. Este enfoque
se centró en el estudio de realidades complejas mediante la recolección y el análisis de datos
no numéricos, favoreciendo la interpretación profunda de los marcos normativos (Denzin &
Lincoln, 2011).
En este marco, se realizó un análisis comparativo con el objetivo de examinar los
marcos legales vigentes en distintas jurisdicciones. Este tipo de análisis permitió identificar
similitudes, diferencias y posibles influencias entre sistemas jurídicos, lo cual enriqueció la
comprensión del objeto de estudio (Zweigert & Kötz, 1998). La comparación jurídica facilitó
además una visión crítica de las normativas nacionales, posibilitando sugerencias basadas en
buenas prácticas extranjeras.
El análisis se apoyó en fuentes doctrinarias, legales y jurisprudenciales, lo que permitió
desarrollar una perspectiva integral del fenómeno jurídico investigado, dentro de un contexto
cultural y normativo determinado.
Resultados
El proceso de formación de leyes representa un eje central en el funcionamiento del
Estado, ya que establece el marco normativo que regula la convivencia social y la estructura
de los poderes públicos, en este contexto, al comparar los procedimientos legislativos de
Ecuador y Alemania, se pueden identificar diferencias fundamentales que inciden en la calidad
de las normas, la participación ciudadana y la estabilidad jurídica de cada país.
En el caso de Ecuador, la Asamblea Nacional es la única institución responsable de la
producción legislativa, sin embargo, el Ejecutivo también ejerce una influencia considerable
en la creación de leyes, el presidente de la República tiene la facultad de presentar proyectos
normativos y, en ciertas circunstancias de emergencia, puede aprobarlos mediante decretos-
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ley, aunque este mecanismo facilita la toma de decisiones en situaciones urgentes, también
conlleva el riesgo de concentrar el poder en una sola función del Estado, afectado el equilibrio
institucional, además, el hecho de que Ecuador tiene un sistema unicameral simplifica los
procedimientos legislativos, pero al mismo tiempo reducen la deliberación y el control sobre
la calidad normativa, pues las leyes no atraviesan una segunda fase de revisión antes de su
aprobación.
Por otro lado, Alemania cuenta con un modelo parlamentario y federalista, en el cual la
estructura bicameral está conformada por el Bundestag y el Bundesrat, la coexistencia de estas
dos cámaras permite que los proyectos legislativos sean analizados desde diferentes
perspectivas, considerando no solo los intereses nacionales, sino también los regionales,
representados en el Bundesrat por los gobiernos de los Länder, asimismo, el proceso legislativo
en Alemania se distingue por una participación activa de diversos actores políticos,
especialistas y ciudadanos desde las primeras etapas de análisis de una norma, este enfoque
promueve mayor transparencia y legitimidad en la producción legislativa, aunque a su vez
implica procedimientos más largos y complejos en comparación con el sistema ecuatoriano, la
presencia del Bundesrat es clave para evitar que el poder se concentre en una sola entidad
legislativa y, a su vez, fortalece el federalismo al garantizar una descentralización efectiva en
la toma de decisiones.
Otro aspecto relevante dentro de esta comparación es la estabilidad normativa en ambos
países, en Ecuador, la facilidad con la que se pueden modificar las leyes, sumada a la constante
rotación de legisladores en la Asamblea Nacional, ha dado lugar a un marco legislativo
cambiante, lo que impacta en la seguridad jurídica, la falta de continuidad en las políticas
legislativas genera incertidumbre tanto en los ciudadanos como en los inversionistas, afectando
el desarrollo del país, mientras tanto, en Alemania, el sistema bicameral y la estructura
parlamentaria garantizan que las leyes sean sometidas a un proceso de revisión minucioso, lo
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que favorece su estabilidad y calidad, la normativa alemana tiende a ser más predecible y menos
propensa a modificaciones impulsadas por coyunturas políticas de corto plazo, lo que fortalece
la confianza en el sistema legal, además, la interacción entre las cámaras legislativas funciona
como un mecanismo de control que impide la promulgación de leyes basadas únicamente en
intereses políticos momentáneos.
En Alemania, la participación ciudadana en el proceso legislativo se ha consolidado a
través de diversas herramientas institucionales, entre ellas, las consultas públicas, las
audiencias y las comisiones especializadas, estos mecanismos permiten que la sociedad civil
tenga un papel activo en la discusión y formulación de normativas, garantizando que las leyes
reflejan diferentes perspectivas y necesidades, además, el sistema político alemán otorga un rol
clave a los partidos políticos en la representación de los intereses ciudadanos, promoviendo un
debate estructurado y continuo antes de que cualquier iniciativa legislativa sea aprobada.
En contraste, Ecuador ha dado algunos para incluir la participación ciudadana en la
creación de leyes, sin embargo, aún enfrenta retos significativos para consolidar estos espacios
de intervención y asegurar que las opiniones de la ciudadanía tengan un impacto real en las
decisiones legislativas, la fuerte concentración del poder en el Ejecutivo, sumada a una escasa
cultura de participación en los procesos legislativos, reduce las oportunidades para que la
sociedad civil influya en la producción normativa, además, la falta de un sistema bicameral
impide que exista un mecanismo adicional de supervisión en la aprobación de leyes, lo que
puede llevar a la promulgación de normativas sin un análisis técnico y social profundo.
Otro aspecto esencial en esta comparación es la eficacia en la implementación de las
leyes, en Alemania, las normas suelen estar estructuradas de manera detallada, lo que permite
su aplicación inmediata y efectiva, además, los procesos de consulta y evaluación previa a la
aprobación de una ley minimizan los problemas de interpretación y ejecución, garantizando
que la normativa pueda aplicarse desde el momento de su promulgación, la rigurosa
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supervisión que ejercen las cámaras legislativas alemanas impide la promulgación de leyes
ambiguas o de difícil implementación, contribuyendo así a un marco normativo. eficiente y
claro.
En Ecuador, en cambio, muchas leyes requieren reglamentaciones adicionales antes de
entrar en vigor, lo que puede generar retrasos e incertidumbre sobre su alcance y aplicación,
este problema se agrava cuando las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes carecen
de los recursos o la capacidad técnica necesaria para implementarlas de manera eficiente.
Otro punto crucial en este análisis es el papel que desempeñan los tribunales
constitucionales en ambos países, en Alemania, el Tribunal Constitucional Federal cumple una
función esencial en la supervisión de la constitucionalidad de las leyes, asegurando que toda la
normativa sea coherente con la Ley Fundamental, en Ecuador, aunque también existe una Corte
Constitucional, su capacidad de revisión puede verse afectada por los cambios políticos en la
capacidad del poder, lo que genera dudas sobre su independencia y su de garantizar un marco
normativo estable.
En general, el modelo legislativo ecuatoriano se caracteriza por su rapidez y capacidad
de respuesta a las necesidades políticas inmediatas, aunque presenta riesgos relacionados con
la concentración de poder y la falta de un proceso de revisión más exhaustivo, la ausencia de
un control legislativo más sólido puede derivar en la promulgación de leyes que no han sido
suficientemente analizadas o que responden s a intereses coyunturales que a necesidades
estructurales del país.
En contraste, el sistema legislativo alemán, al ser más complejo y deliberativo,
garantiza una mayor calidad y estabilidad en la producción de normas, aunque con
procedimientos más extensos, ambos modelos tienen ventajas y desafíos, y su comparación
permite reflexionar sobre posibles mejoras en la formación de leyes en Ecuador, especialmente
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en lo que respeta al control legislativo, la estabilidad normativa y la participación ciudadana en
el proceso de toma de decisiones.
Lograr un equilibrio entre agilidad y rigurosidad en la creación de leyes es fundamental
para garantizar un marco normativo eficiente y sostenible, capaz de responder adecuadamente
a las necesidades sociales y políticas de cada país, para mejorar la calidad legislativa en
Ecuador, sería recomendable implementar mecanismos de revisión intermedia, fortalecer la
independencia de la Corte Constitucional y promover una participación ciudadana más
vinculante en la formulación de leyes.
Conclusiones
El sistema presidencialista, como el que se aplica en Ecuador, facilita la toma pida de
decisiones al otorgar un papel predominante al Ejecutivo en la creación de leyes, sin embargo,
esta concentración de poder puede generar conflictos cuando el presidente y el Legislativo
mantienen posturas divergentes, lo que afecta la estabilidad política y dificulta la aprobación
de normativas, además, la falta de un control legislativo más sólido puede llevar a la
promulgación de leyes influenciadas por intereses políticos coyunturales, en contraste, el
sistema parlamentario, como el de Alemania, pone énfasis en el consenso y la deliberación, lo
que contribuye a fortalecer la calidad y legitimidad de las leyes, aunque al mismo tiempo puede
ralentizar el proceso legislativo debido a la necesidad de lograr acuerdos entre distintos actores
políticos y territoriales.
En Ecuador, la Asamblea Nacional es el principal órgano legislativo, pero el Ejecutivo
tiene una gran capacidad de intervención, pudiendo presentar iniciativas, vetar normativas o
aprobarlas por decreto en ciertos casos, esta estructura facilita la aprobación de leyes en
tiempos cortos, aunque también puede comprometer la separación de poderes y la
independencia del Legislativo, la unicameralidad simplifica el proceso, pero limita la
posibilidad de una revisión exhaustiva, lo que puede afectar la calidad de la normativa
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aprobada, además, aunque existen mecanismos de participación ciudadana, en la práctica su
impacto es limitado, reduciendo la influencia de la sociedad en la legislación.
Alemania cuenta con un sistema bicameral donde el Bundestag y el Bundesrat
garantizan un proceso legislativo más riguroso y equilibrado, la representación de los estados
federados permite que las leyes se analicen desde diferentes perspectivas, asegurando que
reflejen tanto intereses nacionales como regionales, además, el proceso incluye la intervención
de comisiones especializadas y la posibilidad de mediación cuando hay desacuerdos, lo que
evita bloqueos legislativos, aunque este sistema puede alargar los tiempos de aprobación, su
enfoque deliberativo mejora la calidad normativa y reduce la necesidad de modificaciones
constantes, asegurando mayor estabilidad jurídica.
En Ecuador, el proceso legislativo es más ágil debido a su estructura unicameral y a la
influencia del Ejecutivo, sin embargo, la falta de un segundo nivel de revisión puede
comprometer la calidad y estabilidad de las leyes, en cambio, en Alemania, la existencia de dos
cámaras y el federalismo garantizan un mayor control y participación en la formulación de
normativas, evitando decisiones apresuradas, además, la estabilidad legislativa en Alemania es
mayor, ya que cualquier modificación debe pasar por un análisis profundo, mientras que en
Ecuador, la legislación es más susceptible a cambios rápidos, generando incertidumbre jurídica
y afectando la confianza en el sistema normativo.
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