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Factores
a
sociados a la
i
nterrupción del
e
mbarazo y el
c
onsentimiento de las
m
ujeres en Ecuador
Factors
a
ssociated with the
t
ermination of
p
regnancy and
w
omen's
c
onsent in Ecuador
Factores associados à interrupção da gravidez e ao consentimento
das mulheres no Equador
Guanoquiza Toapanta, Kevin Ariel
Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Santo Domingo
Kaguanoquiza@pucesd.edu.ec
https://orcid.org/0009
-
0009
-
7331
-
9999
Rodriguez Lucas, Roderick Denzel
Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Santo Domingo
rdrodriguez@pucesd.edu.ec
https://orcid.org/0009
-
0002
-
0879
-
0468
DOI /
URL:
https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v5/n2/645
Como citar:
Guanoquiza Toapanta, K. A., & Rodriguez Lucas, R. D. (2024). Factores asociados a la
interrupción del embarazo y el consentimiento de las mujeres en Ecuador.
Código Científico
Revista De Investigación
, 5(2), 1994
–
2016.
https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v5/n2/645
Recibido:
1
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Publicado:
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Resumen
La interrupción del embarazo en Ecuador es un fenómeno influido por factores legales,
socioculturales y éticos que perpetúan desigualdades de género y afectan gravemente la salud
de las mujeres. Este estudio tiene como objetivo analizar las implicaciones d
e la
criminalización del aborto en el país, sus impactos sociales y sanitarios, y las barreras para
avanzar hacia un marco legal inclusivo. Se utilizó un diseño documental exploratorio basado
en la revisión de literatura científica y normativa, abarcando c
asos de Ecuador y comparaciones
con marcos legales de otros países latinoamericanos como Uruguay y Argentina. Los resultados
evidencian que la penalización del aborto refuerza estigmas, limita la autonomía de las mujeres
y fomenta prácticas clandestinas co
n altos riesgos sanitarios. Además, se identifica un vacío en
las políticas públicas que no integran la educación sexual integral ni garantizan el acceso a
servicios de salud reproductiva. La discusión destaca cómo el debate ético polarizado entre
sectores
conservadores y feministas dificulta las reformas legales necesarias. En conclusión,
superar estas limitaciones requiere un enfoque integral que priorice los derechos reproductivos,
incorpore la perspectiva de género y garantice la equidad en salud, contr
ibuyendo así a una
justicia social más inclusiva.
Palabras clave:
aborto; derechos reproductivos; salud pública; criminalización; Ecuador.
Abstract
Abortion in Ecuador is a phenomenon influenced by legal, sociocultural and ethical factors that
perpetuate gender inequalities and seriously affect women's health. This
study aims to analyze
the implications of the criminalization of abortion in the country, its social and health impacts,
and the barriers to progress towards an inclusive legal framework. An exploratory documentary
design based on the review of scientific
and normative literature was used, including cases
from Ecuador and comparisons with legal frameworks in other Latin American countries such
as Uruguay and Argentina. The results show that the criminalization of abortion reinforces
stigmas, limits women's
autonomy and encourages clandestine practices with high health risks.
In addition, a gap is identified in public policies that do not integrate comprehensive sexual
education or guarantee access to reproductive health services. The discussion highlights ho
w
the polarized ethical debate between conservative and feminist sectors hinders the necessary
legal reforms. In conclusion, overcoming these limitations requires a comprehensive approach
that prioritizes reproductive rights, incorporates a gender perspect
ive and guarantees equity in
health, thus contributing to a more inclusive social justice.
Keywords: abortion;
reproductive rights; public health; criminalization; Ecuador.
Resumo
A interrupção da gravidez no Equador é um fenómeno influenciado por factores jurídicos,
socioculturais e éticos que perpetuam as desigualdades de género e afectam gravemente a saúde
das mulheres. Este estudo tem como objetivo analisar as implicações da cri
minalização do
aborto no país, os seus impactos sociais e na saúde, e as barreiras ao progresso para um quadro
legal inclusivo. Utilizou
-
se um desenho documental exploratório baseado numa revisão da
literatura científica e normativa, incluindo casos do Equ
ador e comparações com quadros legais
de outros países latino
-
americanos, como o Uruguai e a Argentina. Os resultados mostram que
a criminalização do aborto reforça estigmas, limita a autonomia das mulheres e incentiva
práticas clandestinas com elevados ri
scos para a saúde. Além disso, identifica
-
se uma lacuna
nas políticas públicas que não integram uma educação sexual abrangente nem garantem o
acesso a serviços de saúde reprodutiva. A discussão evidencia como o debate ético polarizado
entre sectores conser
vadores e feministas dificulta as reformas legais necessárias. Em
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conclusão, a superação destas limitações exige uma abordagem abrangente que dê prioridade
aos direitos reprodutivos, incorpore uma perspetiva de género e garanta a equidade na saúde,
contribuindo assim para uma justiça social mais inclusiva.
Palavras
-
chave:
aborto; direitos reprodutivos; saúde pública; criminalização; Equador.
Introducción
La interrupción del embarazo en Ecuador constituye un desafío complejo en el ámbito
de la salud pública y los derechos humanos. A pesar de las restricciones legales que limitan su
práctica, el aborto es una realidad a la que muchas mujeres recurren, frecue
ntemente en
condiciones clandestinas que comprometen su salud y su vida. Según Paillacho Quilumba y
Rubio Analuisa (2019), en el Hospital General Enrique Garcés se registraron numerosos casos
de aborto entre 2016 y 2018, evidenciando una problemática persi
stente que afecta
principalmente a mujeres en edad fértil. Esta situación se ve agravada por factores económicos,
sociales y culturales, así como por la falta de acceso a servicios de salud reproductiva
adecuados y al desconocimiento sobre métodos anticonc
eptivos.
En el marco legal ecuatoriano, el aborto está regulado estrictamente por el Código
Orgánico Integral Penal (COIP). El artículo 147 establece sanciones severas en caso de que el
procedimiento resulte en la muerte de la mujer. Si el aborto fue consentido por
la mujer, la
persona que lo practicó enfrenta penas de prisión de siete a diez años. Si se demuestra que el
aborto no fue consentido, la pena se incrementa a entre trece y dieciséis años de privación de
libertad. Por ejemplo, en un caso donde una mujer ac
cede a un aborto legal por motivos de
salud, pero el procedimiento es mal realizado y resulta en su muerte, el profesional responsable
podría enfrentar las sanciones establecidas en función del consentimiento otorgado. Por otro
lado, el artículo 148 del CO
IP sanciona con cinco a siete años de prisión a quienes obliguen o
fuercen a una mujer a abortar sin su consentimiento. Esto incluye situaciones en las que
familiares, como un esposo o pareja, ejerzan coerción sobre la mujer. Finalmente, el artículo
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149 regula el aborto consentido, estableciendo penas de uno a tres años de prisión para la
persona que realice el procedimiento y de seis meses a dos años para la mujer que lo consintió.
A pesar de estas disposiciones legales, la criminalización del aborto no ha logrado
reducir su incidencia. Según Zaragocin et al. (2018), las restricciones legales solo han
fomentado la clandestinidad de los procedimientos, exponiendo a las mujeres a condi
ciones
peligrosas y aumentando el riesgo de complicaciones graves e incluso de muerte. Esto
evidencia que la normativa actual, más que proteger, perpetúa un ciclo de vulnerabilidad para
las mujeres, especialmente aquellas en situación de pobreza o con esca
so acceso a la educación
y servicios de salud. Castillo Rodríguez (2016) destaca que las adolescentes se encuentran en
una posición particularmente crítica debido a la falta de información sobre salud sexual y
reproductiva, el estigma social y la falta de
apoyo familiar o institucional.
El análisis de las disposiciones legales y su impacto en la vida de las mujeres es crucial
para entender la complejidad de esta problemática. Las restricciones impuestas por el COIP
refuerzan normas socioculturales que limitan la autonomía de las mujeres y
perpetúan
desigualdades de género. Barzola
-
Plúas (2022) enfatiza que las reformas constitucionales
deben incluir un enfoque de género que permita garantizar los derechos reproductivos de las
mujeres y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Po
r su parte, Núñez
-
Ribadeneyra
(2023) subraya que el reconocimiento y la protección de estos derechos son esenciales para
promover la justicia social y reducir las disparidades en el acceso a la salud.
El objetivo principal de este artículo es analizar, mediante una revisión bibliográfica,
los factores asociados a la interrupción del embarazo y el consentimiento de las mujeres en
Ecuador. Se busca identificar los elementos sociales, económicos y cultural
es que influyen en
la decisión de interrumpir un embarazo, así como las consecuencias legales y de salud que esta
decisión implica. Además, se pretende contribuir al debate sobre la necesidad de políticas
públicas que respeten los derechos reproductivos y
promuevan la igualdad de género,
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generando un entorno en el que las mujeres puedan ejercer su autonomía de manera segura y
responsable.
En síntesis, la interrupción del embarazo en Ecuador refleja un problema
multidimensional que requiere un análisis profundo y estrategias de intervención efectivas.
Este estudio se basa en la revisión de literatura académica y datos de investigaciones prev
ias
para aportar evidencia relevante que contribuya a la construcción de soluciones desde un
enfoque integral, respetando los derechos y necesidades de las mujeres. Al generar propuestas
basadas en el conocimiento científico, se espera promover un cambio e
n las políticas públicas
que permita reducir los riesgos asociados al aborto inseguro y garantizar una mayor protección
de los derechos reproductivos en el país.
Metodología
El presente artículo adopta un enfoque exploratorio sustentado en un diseño de estudio
documental, orientado a analizar los factores asociados a la interrupción del embarazo y el
consentimiento de las mujeres en Ecuador. Este tipo de investigación resulta
idóneo para
abordar fenómenos complejos y multidimensionales, permitiendo una revisión exhaustiva y
sistemática de la literatura existente, así como la integración de diversas perspectivas
conceptuales, contextuales y legislativas.
El proceso metodológico se estructuró en distintas fases interrelacionadas. En primer
lugar, se establecieron criterios de inclusión y exclusión que garantizaran la relevancia y
calidad de los documentos seleccionados. Se incluyeron únicamente fuentes secu
ndarias que
abordaran de manera directa y explícita las problemáticas relacionadas con el aborto en
Ecuador, los derechos reproductivos, el consentimiento informado y las implicaciones legales
y sociales derivadas de la interrupción del embarazo. Asimismo,
se priorizó la consulta de
artículos académicos, tesis de grado, informes técnicos y normativas legales publicados entre
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los años 2015 y 2025, provenientes de bases de datos científicas reconocidas como Scopus y
Web of Science, así como de repositorios institucionales de universidades y organismos
internacionales.
La recolección de datos se basó en una búsqueda sistemática y exhaustiva de la
literatura, utilizando palabras clave y descriptores controlados relacionados con el tema de
estudio. Posteriormente, se realizó una lectura crítica y analítica de los textos se
leccionados,
identificando los principales factores que influyen en la interrupción del embarazo, el marco
legal que regula esta práctica en Ecuador y las implicaciones sociales y culturales asociadas.
Este análisis fue organizado y categorizado mediante e
l uso de matrices temáticas que
facilitaron la sistematización de la información relevante.
El análisis de los datos se enfocó en identificar patrones recurrentes, tendencias
emergentes y vacíos de conocimiento, con el propósito de ofrecer una comprensión integral y
contextualizada del fenómeno. Este abordaje incluyó una comparación de los hallaz
gos con
estudios realizados en otros países de la región, permitiendo situar la problemática en un marco
latinoamericano más amplio y destacar las especificidades del caso ecuatoriano.
Finalmente, se procedió a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones
basadas en los resultados del análisis documental. Este proceso permitió proponer estrategias
fundamentadas que contribuyan al debate académico, social y político sobre la inter
rupción del
embarazo y los derechos reproductivos en Ecuador. La metodología adoptada asegura un
tratamiento riguroso, sistemático y ético de la información, garantizando la validez de los
hallazgos y la pertinencia de las propuestas expuestas en el artícu
lo.
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Resultados
1.1.
Contexto internacional y regional sobre la interrupción del embarazo
En el contexto internacional y regional, las políticas públicas
relacionadas con la
interrupción voluntaria del embarazo (IVE) han sido determinantes para mejorar los
indicadores de salud materna y garantizar los derechos reproductivos de las mujeres. Uruguay
y Argentina destacan como ejemplos en América Latina por hab
er implementado marcos
normativos que, aunque con diferencias en su estructura y alcance, han reducido
significativamente los abortos inseguros y mejorado la calidad de vida de las mujeres. En
contraste, países como Ecuador, con legislaciones restrictivas,
enfrentan desafíos significativos
en la protección de los derechos reproductivos y la salud integral de sus habitantes.
Figura 1
Políticas de Aborto en América Latina: Contrastes entre Uruguay, Argentina y Ecuador
Nota:
Autores (
2024
)
.
En Uruguay, la legalización del aborto en 2012 marcó un antes y un después en la salud
pública. Según el Ministerio de Salud Pública de Uruguay (2023), entre 2013 y 2022, el acceso
a servicios de aborto seguro y supervisado médicamente permitió eliminar pr
ácticamente las
muertes maternas relacionadas con abortos clandestinos. Este logro ha sido reconocido
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internacionalmente como un ejemplo de política efectiva basada en evidencia científica y un
enfoque de derechos humanos. El informe también resalta que las políticas públicas
implementadas en Uruguay no solo se enfocaron en la legalización del aborto, sino
que
incluyeron una estrategia integral que abarcó la educación sexual, el acceso a métodos
anticonceptivos y la capacitación del personal de salud, contribuyendo de manera significativa
a reducir los embarazos no deseados.
Asimismo, Mujer y Salud en Uruguay (2004) subraya que el enfoque integral y
progresista de las políticas públicas permitió abordar el aborto como un problema de salud
pública, dejando de lado la estigmatización y reconociendo las condiciones estructurales
que
obligaban a muchas mujeres a recurrir a prácticas inseguras. Este abordaje ha reducido las
desigualdades sociales al garantizar que las mujeres, independientemente de su nivel
socioeconómico, puedan acceder a servicios seguros y de calidad.
En Argentina, la aprobación de la Ley 27.610 en 2020, que garantiza el derecho al
aborto legal, seguro y gratuito hasta la semana 14 de gestación, representa otro hito importante
en la región. Según Anzorena (2023), esta legislación ha permitido avances si
gnificativos en
el acceso de las mujeres a servicios seguros, especialmente en áreas urbanas donde el sistema
de salud cuenta con mayores recursos. Sin embargo, la implementación de esta ley enfrenta
obstáculos importantes, como la objeción de conciencia p
or parte del personal médico y la falta
de recursos en zonas rurales y marginadas. Estos desafíos subrayan la necesidad de una
implementación eficaz que asegure el cumplimiento pleno de los derechos consagrados en la
normativa. A pesar de estas dificultade
s, la legislación argentina ha promovido un cambio
cultural significativo, visibilizando la importancia de los derechos reproductivos como un
componente esencial de los derechos humanos.
En contraste, las leyes restrictivas en países como Ecuador perpetúan desigualdades
sociales y sanitarias para las mujeres, limitando su acceso a servicios seguros y exponiéndolas
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a condiciones de riesgo. Flores (2019) destaca que, en Ecuador, las mujeres víctimas de
violación que desean interrumpir un embarazo enfrentan un proceso sociojurídico complejo
que refuerza la estigmatización y la discriminación. Estas barreras no solo afe
ctan la salud
física y emocional de las mujeres, sino que también evidencian una falta de voluntad política
para garantizar el acceso a derechos básicos.
Además, la comparación entre países con legislaciones permisivas y restrictivas pone
de manifiesto la importancia de la educación sexual integral como herramienta fundamental
para la prevención de embarazos no deseados. Según Mujer y Salud en Uruguay (2004
), los
programas de educación sexual implementados en Uruguay han permitido una disminución
significativa en las tasas de embarazos adolescentes, lo que a su vez reduce la necesidad de
recurrir a procedimientos de aborto. Este enfoque preventivo contrasta
con la situación en
países como Ecuador, donde la educación sexual sigue siendo limitada, especialmente en
sectores rurales y comunidades indígenas, lo que perpetúa un ciclo de desinformación y
vulnerabilidad.
En un análisis más amplio, las tendencias internacionales reflejan una creciente
aceptación de los derechos reproductivos como derechos humanos fundamentales. En países
donde el aborto es legal, como Uruguay y Argentina, se ha observado un impacto positivo
no
solo en términos de salud pública, sino también en la promoción de la igualdad de género. Estas
legislaciones han permitido que las mujeres ejerzan su autonomía sobre sus cuerpos y
decisiones reproductivas, fortaleciendo su rol en la sociedad. Gianechi
ni (2022) destaca que,
en Uruguay, la incorporación de servicios de aborto seguro en el sistema de salud pública ha
generado un cambio cultural que reduce la carga de estigmatización y empodera a las mujeres
a tomar decisiones informadas sobre su salud rep
roductiva.
En síntesis, el contexto internacional y regional sobre la interrupción del embarazo
evidencia que las políticas públicas inclusivas, basadas en un enfoque de derechos, tienen un
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impacto positivo en la salud y el bienestar de las mujeres. Países como Uruguay y Argentina
han demostrado que la legalización del aborto, junto con la implementación de políticas
integrales, puede reducir significativamente los abortos inseguros y las mue
rtes maternas
asociadas. En contraste, las legislaciones restrictivas, como las de Ecuador, perpetúan
desigualdades y limitan el acceso a servicios de salud esenciales, subrayando la necesidad de
avanzar hacia un modelo que priorice los derechos reproducti
vos como una cuestión de justicia
social y equidad.
1.2.
Factores
socioculturales y legales que influyen en la interrupción del embarazo en
Ecuador
En Ecuador, la criminalización del aborto sigue siendo un tema profundamente
controvertido y con implicaciones socioculturales y legales significativas. Esta criminalización
no solo restringe la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos, sino que también
refuerza
estigmas culturales que las colocan en situaciones de extrema vulnerabilidad. Según Urquizo
Padilla (2024), la penalización del aborto ha consolidado un entorno en el que las mujeres
enfrentan discriminación social y jurídica al tomar decisiones s
obre sus embarazos. Este marco
legal, diseñado para proteger la vida, en la práctica ignora las condiciones de precariedad y
riesgo que enfrentan muchas mujeres, particularmente aquellas que provienen de sectores
marginados. Además, la estigmatización deri
vada de las normativas vigentes perpetúa una
narrativa social que minimiza las necesidades y derechos de las mujeres, llevándolas a un
estado de indefensión ante un sistema que prioriza la moralidad sobre la salud pública y los
derechos humanos.
Un aspecto crítico que profundiza estas desigualdades es el acceso desigual a servicios
de salud y educación sexual integral. Rocha Andino (2022) documenta que las mujeres de
zonas rurales y en condiciones de pobreza tienen menos oportunidades de acceder a
información sobre salud reproductiva, métodos anticonceptivos y servicios médicos
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adecuados. Estas carencias generan un círculo vicioso en el que los embarazos no deseados son
más frecuentes y las mujeres, al no contar con alternativas seguras, recurren a prácticas
clandestinas para interrumpir sus embarazos. La ausencia de políticas pú
blicas que garanticen
un acceso equitativo a la educación sexual y a los servicios de planificación familiar es un
reflejo de las brechas estructurales que afectan principalmente a las mujeres en situación de
mayor vulnerabilidad. Esto demuestra que, ademá
s de ser un problema legal, el aborto es un
indicador de desigualdad social en Ecuador.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) regula estrictamente el aborto,
permitiéndolo solo en casos excepcionales, como violación a mujeres con discapacidad mental
o cuando la vida de la madre está en riesgo. Sin embargo, estas normativas, aunque buscan
p
roteger la vida, perpetúan la clandestinidad de los procedimientos, exponiendo a las mujeres
a riesgos significativos. Zaragocin et al. (2018) explican que la penalización del aborto no ha
logrado disminuir su incidencia, pero sí ha empujado a muchas mujer
es a someterse a
procedimientos inseguros, realizados por personal no calificado o en condiciones insalubres.
Esto no solo pone en peligro la salud física de las mujeres, sino también su bienestar
psicológico y emocional, ya que deben enfrentarse al temor
de ser criminalizadas. Además,
Rodríguez Parrales et al. (2021) señalan que el COIP, al centrarse exclusivamente en la
protección del feto, descuida las realidades sociales y económicas que llevan a las mujeres a
tomar esta decisión, perpetuando un enfoque
punitivo en lugar de uno preventivo o de apoyo.
El debate social sobre el aborto en Ecuador refleja una marcada polarización entre
sectores conservadores y movimientos feministas que abogan por la despenalización. Según
Guerra Astudillo (2010), las instituciones religiosas y grupos políticos conservador
es han
moldeado el discurso público y las políticas en torno al aborto, presentándolo como un acto
inmoral y condenable. Esta perspectiva ha tenido un impacto significativo en la percepción
social, dificultando la aceptación de reformas legales que conside
ren al aborto como un derecho
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reproductivo. Por otro lado, los movimientos feministas han intensificado su lucha por el
reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, argumentando que la
criminalización del aborto perpetúa desigualdades de género y representa un
a violación a los
derechos humanos. Rocha Andino (2022) enfatiza que esta tensión entre valores conservadores
y demandas feministas ha llevado a un estancamiento legislativo, donde las propuestas de
reforma enfrentan una fuerte oposición en el ámbito polít
ico y social.
Un caso emblemático de las implicaciones legales y sociales de la criminalización del
aborto es el tratamiento que reciben las mujeres judicializadas por esta práctica. Rocha Andino
(2022) analiza los procesos legales contra mujeres en la provincia de Chim
borazo, revelando
que muchas enfrentan barreras para ejercer su derecho a la defensa. En muchos casos, estas
mujeres provienen de comunidades rurales y carecen de recursos económicos para acceder a
representación legal adecuada, lo que agrava su vulnerabil
idad. Esto pone de manifiesto no
solo las deficiencias del sistema judicial, sino también cómo las leyes actuales perpetúan un
trato desigual y discriminatorio hacia las mujeres.
Además, el acceso desigual a la justicia y la salud se interseca con factores culturales y
económicos que afectan principalmente a las mujeres de comunidades indígenas y
afrodescendientes. Urquizo Padilla (2024) señala que la discriminación estructural en
Ecuador
se ve reflejada en cómo las mujeres de sectores vulnerables enfrentan un mayor riesgo de
criminalización y estigmatización, lo que limita aún más sus posibilidades de acceder a
derechos básicos. Este fenómeno subraya la necesidad de abordar la prob
lemática del aborto
desde una perspectiva interseccional, que considere las múltiples capas de opresión y
desigualdad que afectan a diferentes grupos sociales.
A continuación, en la tabla 1 podemos
observar estos factores de una manera resumida
.
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Tabla 1
Factores Socioculturales y Legales que Influyen en la Interrupción del Embarazo en
Factor
Descripción
Impacto
Criminalización del
aborto
Las leyes restrictivas del COIP
penalizan el aborto en la mayoría de los
casos, reforzando estigmas
sociales y
promoviendo la clandestinidad de los
procedimientos.
Incremento de riesgos médicos,
criminalización de mujeres y
falta de acceso a servicios
seguros.
Acceso desigual a
salud y educación
Las mujeres rurales y de bajos recursos
enfrentan barreras para acceder a
información y servicios de salud
reproductiva, incluida la educación
sexual integral.
Elevación de tasas de embarazos
no deseados, perpetuación de
desigualdades sociales y mayor
vulnerabilidad a prácticas
inseguras.
Estigmas culturales
Las influencias religiosas y
conservadoras presentan el aborto
como inmoral, dificultando el debate
público y la aceptación social de los
derechos reproductivos.
Generación de discriminación,
rechazo y aislamiento hacia
mujeres que optan por la
interrupción del embarazo.
Polarización social
Sectores feministas impulsan la
despenalización como un derecho
humano, mientras que grupos
conservadores rechazan cambios
legislativos basados en valores
morales.
Estancamiento en el avance
legislativo, falta de
consenso y
exclusión de las necesidades
reales de las mujeres en políticas
públicas.
Nota:
Au
tore
s (
2024
)
.
Para concluir, los factores socioculturales y legales que influyen en la interrupción del
embarazo en Ecuador revelan una problemática compleja y multidimensional. La
criminalización del aborto, lejos de proteger la vida, refuerza estigmas y desigualdades
que
limitan la autonomía de las mujeres y exponen su salud y bienestar a riesgos significativos.
Además, la falta de acceso a servicios de salud y educación sexual integral agrava la situación,
perpetuando un ciclo de desinformación, clandestinidad y discr
iminación. El debate polarizado
entre sectores conservadores y movimientos feministas refleja la urgente necesidad de un
enfoque legislativo y social más inclusivo, que garantice los derechos reproductivos y la
equidad de género en el país.
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1.3.
Implicaciones
sociales, sanitarias y éticas en el contexto ecuatoriano
En Ecuador, las implicaciones sociales, sanitarias y éticas de la criminalización del
aborto generan un impacto significativo que trasciende la esfera individual y afecta al sistema
de salud pública, la equidad de género y los derechos humanos. Uno de los
aspectos más
alarmantes de esta problemática son las complicaciones derivadas de abortos inseguros, las
cuales constituyen una de las principales causas de morbilidad materna en el país. Según la
Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2018), la clande
stinidad de estas prácticas
empuja a las mujeres a someterse a procedimientos realizados en condiciones precarias, sin
supervisión médica adecuada, lo que incrementa los riesgos de hemorragias, infecciones
graves, infertilidad e incluso la muerte. Esto no
solo representa una amenaza para la vida de
las mujeres, sino que también sobrecarga al sistema de salud pública, el cual debe atender las
complicaciones resultantes de estos procedimientos. La falta de acceso a servicios seguros y
legales perpetúa esta cr
isis de salud pública, situando al aborto inseguro como un problema
urgente que requiere intervención inmediata.
Las mujeres que optan por interrumpir su embarazo en este contexto enfrentan, además
de los riesgos físicos, una carga social significativa derivada del estigma y la discriminación.
Guerra Rodríguez (2018) destaca que el rechazo social hacia las mujeres qu
e deciden abortar
es profundo, especialmente en comunidades conservadoras, donde el acto es percibido como
una transgresión moral. Este estigma social refuerza la exclusión y el aislamiento, afectando la
salud mental de las mujeres y limitando su acceso a
redes de apoyo. Muchas de ellas se ven
obligadas a ocultar sus decisiones, lo que incrementa su vulnerabilidad y dificulta la búsqueda
de ayuda médica o psicológica. Este fenómeno refleja un ciclo de exclusión en el que las
mujeres no solo enfrentan consec
uencias físicas derivadas de prácticas inseguras, sino también
una condena social que agrava su situación.
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2008
El marco ético en torno al aborto en Ecuador presenta tensiones significativas que
obstaculizan los avances hacia políticas públicas inclusivas. Según Zaragocin et al. (2018), el
debate ético está profundamente influenciado por factores religiosos y conser
vadores que
priorizan la protección del feto sobre la vida y los derechos de las mujeres. Este enfoque
moralista ha limitado la implementación de reformas legales y políticas que reconozcan al
aborto como un derecho reproductivo, perpetuando una narrativa
que invisibiliza las
necesidades y experiencias de las mujeres. En este sentido, el estancamiento legislativo no es
solo un problema técnico o jurídico, sino un reflejo de la falta de consenso social y ético en
torno al reconocimiento de los derechos repro
ductivos como parte esencial de los derechos
humanos.
La falta de un enfoque de género en las políticas públicas de salud en Ecuador agrava
esta problemática, al ignorar las desigualdades estructurales que limitan el acceso de las
mujeres a servicios de salud reproductiva. Urquizo Padilla (2024) señala que la
s estrategias de
salud pública en Ecuador han fracasado en integrar las necesidades específicas de las mujeres
en términos de educación sexual, planificación familiar y acceso a métodos anticonceptivos.
Este vacío en las políticas públicas perpetúa embaraz
os no deseados, al tiempo que expone a
las mujeres a mayores riesgos de aborto inseguro. Además, la ausencia de una visión
interseccional que aborde las disparidades de género y las necesidades de las mujeres de
sectores rurales, indígenas y afrodescendien
tes evidencia una falta de compromiso estatal para
garantizar la equidad en el acceso a la salud.
El impacto de estas fallas estructurales es evidente en las cifras de morbilidad y
mortalidad materna, las cuales siguen siendo altas en comparación con países de la región que
han adoptado marcos legales más inclusivos. Según la OPS (2018), la despenaliza
ción del
aborto y la implementación de servicios seguros en otros países de América Latina, como
Uruguay, han demostrado ser estrategias efectivas para reducir significativamente estas tasas.
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En contraste, en Ecuador, la falta de voluntad política para abordar el aborto desde un enfoque
de salud pública y derechos humanos perpetúa las desigualdades sociales y de género.
En el ámbito social, las mujeres que enfrentan procesos judiciales por aborto son un
claro ejemplo de las implicaciones éticas y legales de la criminalización. Zaragocin et al. (2018)
documentan casos de mujeres procesadas y estigmatizadas públicamente, mu
chas de las cuales
provienen de contextos de pobreza y vulnerabilidad extrema. Este trato desproporcionado no
solo refuerza la exclusión social, sino que también plantea serias interrogantes éticas sobre la
criminalización del aborto como una medida que, e
n lugar de proteger la vida, castiga a las
mujeres más desprotegidas. La doble carga de enfrentar riesgos físicos y procesos legales
ilustra cómo las políticas restrictivas exacerban las condiciones de desigualdad estructural.
En síntesis, las implicaciones sociales, sanitarias y éticas del aborto en Ecuador
evidencian una problemática estructural que requiere atención urgente. Las complicaciones
médicas derivadas de abortos inseguros, el estigma social que enfrentan las mujeres
, la falta de
consenso ético y la ausencia de un enfoque de género en las políticas públicas resaltan la
necesidad de reformas integrales. Estas reformas deben centrarse en garantizar servicios de
salud reproductiva seguros, promover la educación sexual in
tegral y reconocer los derechos
reproductivos como una prioridad en el marco de la equidad de género y los derechos humanos.
Hasta que se aborden estas dimensiones de manera efectiva, la criminalización del aborto
seguirá perpetuando un ciclo de desigualda
d y vulnerabilidad que afecta principalmente a las
mujeres más desfavorecidas.
Discusión
La interrupción del embarazo en Ecuador constituye un fenómeno complejo, donde las
dimensiones sociales, legales y éticas se entrelazan, generando un
entramado de tensiones y
desafíos que afectan de manera directa a las mujeres. En este contexto, los datos revisados
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permiten reflexionar sobre las repercusiones de las políticas restrictivas y las condiciones
estructurales que perpetúan desigualdades y vulnerabilidades, en contraste con experiencias
internacionales más progresistas.
En el ámbito legal, la criminalización del aborto en Ecuador refleja un marco normativo
que prioriza la sanción y el control sobre el acompañamiento y la protección. Urquizo Padilla
(2024) destaca que esta criminalización no solo limita el acceso a procedi
mientos seguros, sino
que también consolida un entorno de estigmatización social que perpetúa el aislamiento y la
marginalización de las mujeres que optan por interrumpir su embarazo. Este enfoque punitivo,
anclado en valores conservadores, contrasta con m
arcos legales como los de Uruguay y
Argentina, donde la despenalización del aborto ha permitido un cambio paradigmático hacia la
atención integral y la prevención (Ministerio de Salud Pública, 2023; Anzorena, 2023). La
clandestinidad en Ecuador, como enfat
izan Zaragocin et al. (2018), no solo incrementa los
riesgos médicos, sino que también perpetúa un sistema de desigualdad en el acceso a derechos
básicos.
La dimensión sanitaria también evidencia una crisis sistémica. Las complicaciones
derivadas de abortos inseguros son una de las principales causas de morbilidad materna en el
país, según la Organización Panamericana de la Salud (2018). Estas prácticas clan
destinas,
realizadas en condiciones insalubres y sin supervisión profesional, reflejan una respuesta
institucional insuficiente para atender las necesidades de salud reproductiva de las mujeres. En
este sentido, el vacío en la provisión de servicios seguro
s exacerba las desigualdades ya
existentes, afectando desproporcionadamente a las mujeres en situación de pobreza o
pertenecientes a sectores rurales (Rocha Andino, 2022). Por el contrario, experiencias
internacionales han demostrado que la integración de
servicios seguros en los sistemas de salud
pública reduce significativamente los índices de complicaciones y fortalece los derechos
reproductivos (Ministerio de Salud Pública, 2023).
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La falta de consenso ético constituye otro eje crítico que limita los avances legislativos
y políticos en el contexto ecuatoriano. Como señala Guerra Rodríguez (2018), la influencia de
factores religiosos y morales ha moldeado una narrativa social que cond
ena el aborto,
posicionándolo como un acto reprochable y, por ende, limitando el debate desde una
perspectiva de derechos humanos. Esta visión restrictiva, aunque legítima desde ciertas
corrientes de pensamiento, resulta insuficiente para responder a las n
ecesidades reales de las
mujeres en contextos de vulnerabilidad. En contraste, movimientos feministas y sectores
progresistas han promovido un discurso que reivindica la autonomía de las mujeres sobre sus
cuerpos, alineándose con la normativa internacional
que reconoce los derechos reproductivos
como fundamentales (Zaragocin et al., 2018). No obstante, la polarización del debate, como lo
señala Urquizo Padilla (2024), ha generado un estancamiento legislativo que impide reformas
que prioricen el bienestar y
la equidad de género.
Las implicaciones éticas también se reflejan en la incapacidad de las estrategias de salud
pública para incorporar un enfoque de género efectivo. En Ecuador, las políticas públicas han
sido insuficientes para garantizar la educación sexual integral, elemen
to esencial para prevenir
embarazos no deseados y reducir la incidencia del aborto inseguro. Según Zaragocin et al.
(2018), la ausencia de programas preventivos que empoderen a las mujeres y promuevan el
acceso a métodos anticonceptivos contribuye a perpet
uar ciclos de desinformación y
desigualdad. Esta situación contrasta con las experiencias en Uruguay, donde la combinación
de educación sexual integral y acceso a servicios reproductivos ha reducido significativamente
los embarazos no planificados (Mujer y
Salud en Uruguay, 2004).
En este sentido, el análisis comparativo internacional refuerza la idea de que las
restricciones legales, lejos de reducir la incidencia del aborto, fomentan prácticas clandestinas
que aumentan los riesgos sanitarios y perpetúan desigualdades sociales. La
Organización
Panamericana de la Salud (2018) subraya que el aborto inseguro constituye un problema de
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salud pública que debe abordarse desde un enfoque integral, reconociendo tanto las necesidades
de las mujeres como los contextos sociales y culturales que condicionan sus decisiones. Por
ello, la experiencia de países como Uruguay y Argentina, que han adop
tado enfoques más
inclusivos y respetuosos de los derechos reproductivos, ofrece lecciones valiosas para reformar
el sistema ecuatoriano y promover un marco normativo que priorice la salud y el bienestar de
las mujeres.
Para resumir, las implicaciones sociales, sanitarias y éticas de la interrupción del
embarazo en Ecuador reflejan una problemática multidimensional que requiere un abordaje
integral. La criminalización del aborto, la falta de acceso a servicios seguros, la
s desigualdades
en salud y educación sexual, y la polarización del debate ético evidencian un entorno que limita
los derechos reproductivos y perpetúa la inequidad de género. Superar estos desafíos implica
no solo reformar las leyes vigentes, sino también
implementar políticas públicas inclusivas que
prioricen el acceso a la salud, la educación y el empoderamiento de las mujeres, garantizando
así un enfoque basado en la justicia social y los derechos humanos.
Conc
l
usión
La interrupción del embarazo en Ecuador es una problemática multidimensional que
refleja profundas desigualdades sociales, sanitarias y legales. Este fenómeno se encuentra
influido por un marco normativo restrictivo, barreras culturales y la falta de polít
icas públicas
inclusivas que garanticen los derechos reproductivos de las mujeres. Estas condiciones
perpetúan un contexto de vulnerabilidad que afecta de manera desproporcionada a mujeres en
situación de pobreza, en zonas rurales y con limitado acceso a e
ducación y servicios de salud
reproductiva.
El análisis realizado evidencia que la criminalización del aborto en Ecuador no ha
logrado disminuir su incidencia, sino que ha generado un entorno de clandestinidad y riesgos
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para la salud de las mujeres. Las leyes vigentes, que sancionan severamente la interrupción del
embarazo, colocan a las mujeres en una posición de indefensión, tanto frente al sistema legal
como a la sociedad. Esta criminalización refuerza estigmas que lim
itan la autonomía de las
mujeres sobre sus cuerpos y perpetúan juicios morales que afectan su bienestar psicológico y
emocional. Además, la falta de acceso a redes de apoyo y la estigmatización social intensifican
las desigualdades estructurales, dejando a
las mujeres más vulnerables expuestas a un sistema
que no prioriza su protección ni sus derechos.
El contexto sanitario es igualmente alarmante. Los abortos inseguros, realizados en
condiciones insalubres y sin supervisión médica, constituyen una de las principales causas de
morbilidad materna en el
país. Esto refleja no solo la ausencia de acceso a procedimientos
seguros, sino también la incapacidad del sistema de salud pública para responder de manera
efectiva a las necesidades reproductivas de las mujeres. La falta de estrategias preventivas,
como
la educación sexual integral y la provisión de métodos anticonceptivos, acentúa la
prevalencia de embarazos no deseados y, en consecuencia, la recurrencia al aborto clandestino.
Esta situación no solo pone en riesgo la vida de las mujeres, sino que también
genera costos
adicionales para el sistema de salud pública, que debe tratar las complicaciones derivadas de
estos procedimientos.
Desde una perspectiva ética, el debate en torno al aborto en Ecuador está profundamente
polarizado. Por un lado, sectores conservadores, influidos principalmente por valores
religiosos, promueven una narrativa que condena la interrupción del embarazo como
un acto
inmoral. Por otro lado, los movimientos feministas y los sectores progresistas abogan por la
despenalización del aborto como una cuestión de derechos humanos y justicia social. Esta
tensión ha llevado a un estancamiento legislativo, donde las refor
mas necesarias para garantizar
la protección y la salud de las mujeres han sido repetidamente bloqueadas. La falta de consenso
ético limita la posibilidad de implementar políticas públicas que atiendan de manera efectiva
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las necesidades reales de las mujeres, perpetuando un marco legal y cultural que ignora la
complejidad de sus experiencias.
A nivel internacional, los casos de Uruguay y Argentina ofrecen un contraste
significativo con la situación en Ecuador. Estos países han demostrado que la legalización del
aborto, acompañada de estrategias integrales como la educación sexual, el acceso a m
étodos
anticonceptivos y la provisión de servicios seguros, puede reducir significativamente los
riesgos para la salud de las mujeres y promover un cambio cultural hacia la aceptación de los
derechos reproductivos. Estas experiencias destacan la importanci
a de un enfoque inclusivo
que reconozca el aborto como un derecho fundamental y no como un tema meramente moral o
legal.
En el caso ecuatoriano, es evidente la necesidad de un cambio estructural que aborde el
aborto desde una perspectiva integral. Esto implica no solo reformar las leyes restrictivas, sino
también implementar políticas públicas que prioricen la educación sexu
al, el acceso a servicios
de salud reproductiva y la sensibilización social en torno a los derechos de las mujeres. Un
enfoque basado en la justicia social y la equidad de género es esencial para garantizar que todas
las mujeres, independientemente de su s
ituación económica o geográfica, puedan tomar
decisiones informadas y seguras sobre sus cuerpos.
Finalmente, el aborto en Ecuador debe dejar de ser tratado únicamente como un tema
penal o moral para convertirse en una cuestión de salud pública, derechos humanos y justicia
social. La integración de estrategias preventivas, la eliminación de barreras le
gales y la
promoción de un cambio cultural son pasos indispensables para reducir las desigualdades y
garantizar el bienestar de las mujeres. Solo a través de un enfoque integral que priorice la
equidad y la inclusión será posible construir un sistema más j
usto y respetuoso de los derechos
reproductivos en el país.
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