Vol. 4 – Núm. 2 / Julio – Diciembre – 2023
La ejecución de la reparación integral en delitos de violencia contra la
mujer o miembros del núcleo familiar
Comprehensive Reparation in Cases of Violence against Women or Family
Members
A execução da reparação integral em casos de violência contra a mulher ou
membros da família
Indira Paola López Martínez
1
Universidad Tecnológica Indoamérica
ilopez6@indoamerica.edu.ec
https://orcid.org/0009-0001-7574-2661
Fernando Eduardo Paredes Fuertes
2
Universidad Tecnológica Indoamérica
fernandoparedes@indoamerica.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-5489-7605
DOI / URL: https: //doi.org/10.55813/gaea/ccri/v4/n2/249
Como citar:
López, I. & Paredes, F. (2023). La ejecución de la reparación integral en delitos de violencia
contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Código Científico Revista de Investigación,
4(2), 419-443.
Recibido: 10/09/2023 Aceptado: 10/10/2023 Publicado: 31/12/2023
1
Estudiante de la Universidad Indoamérica, facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas de la Carrera de Derecho.
2
Abogado de los Juzgados y Tribunales de la Republica del Ecuador, Magister en Docencia Universitaria y Administración
Educativa, Magister en Derecho Mención En Derecho Penal y Procesal Penal, Diplomado en Metodología de la Investigación
Científica, Socioformación y Desarrollo Humano. Profesor – investigador en la Universidad Indoamérica – Ambato;
Coordinador de General de Posgrados Universidad Indoamérica.
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Resumen
Los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar son trascendentales a
lo largo de la historia y la evolución del ser humano, así como la evolución de la misma norma
que se ha llevado para poder enfrentar estos delitos. El problema se plantea al determinar el
cumplimiento de la reparación integral en casos de violencia contra la mujer y miembros del
núcleo familiar. El objetivo es analizar la efectividad y cumplimiento de la reparación integral
como una medida de satisfacción para la víctima. Existen limitantes que no permiten que la
reparación cumpla su objetivo, factores internos como externos, mismos que se encuentran
relacionados a la víctima, a los lineamientos normativos y a su aplicación por parte de los
organismos encargados. Así se figura que la reparación integral va más allá de lo establecido
en la norma. En la legislación ecuatoriana los mecanismos son escasos y no permiten que la
víctima regrese a su estado inicial antes del daño ocasionado. Adicionalmente se aplica el
enfoque cualitativo, métodos de descripción bibliográfica, analítico e histórico lógico para
identificar la viabilidad de los mecanismos en la aplicación de los medios de Reparación
Integral.
Palabras claves: Delitos, Efectividad, Reparación Integral, Violencia.
Abstract
Crimes of violence against women or members of the family nucleus are transcendental
throughout history and the evolution of human beings, as well as the evolution of the same
norm that has been carried out to confront these crimes. The problem arises when determining
compliance with comprehensive reparation in cases of violence against women and members
of the family nucleus. The objective is to analyze the effectiveness and compliance of
comprehensive reparation as a measure of satisfaction for the victim. There are limitations that
do not allow the reparation to fulfill its objective, internal and external factors, which are related
to the victim, the regulatory guidelines and their application by the agencies in charge. Thus, it
appears that the comprehensive repair goes beyond what is established in the standard. In
Ecuadorian legislation, the mechanisms are scarce and do not allow the victim to return to their
initial state before the damage caused. Additionally, the qualitative approach, methods of
bibliographic, analytical and logical historical description are applied to identify the viability
of the mechanisms in the application of the means of Comprehensive Reparation.
Keywords: Crimes, Effectiveness, Comprehensive Reparation, Violence.
Resumo
Os crimes de violência contra a mulher ou membros do núcleo familiar têm sido significativos
ao longo da história e da evolução da humanidade, assim como a evolução das normas criadas
para enfrentar esses crimes. O problema surge ao determinar o cumprimento da reparação
integral em casos de violência contra a mulher e membros do núcleo familiar. O objetivo é
analisar a eficácia e o cumprimento da reparação integral como uma medida de satisfação para
a vítima. Existem limitações que impedem que a reparação atinja seu objetivo, tanto fatores
internos quanto externos, relacionados à vítima, às diretrizes normativas e à sua aplicação pelas
autoridades competentes. Assim, percebe-se que a reparação integral vai além do que está
estabelecido na norma. Na legislação equatoriana, os mecanismos são limitados e não
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permitem que a vítima retorne ao seu estado inicial antes do dano causado. Além disso, é
aplicada uma abordagem qualitativa, com métodos de descrição bibliográfica, análise e lógica
histórica para identificar a viabilidade dos mecanismos na aplicação dos meios de reparação
integral.
Palavras-chave: Crimes, Efetividade, Reparação Integral, Violência.
Introducción
La reparación integral en casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo
familiar es un concepto fundamental en el ámbito de los derechos humanos y la justicia. Se
refiere a un conjunto de medidas y acciones destinadas a compensar y restaurar los derechos y
la dignidad de las víctimas de violencia de género y sus familias. Esta forma de reparación
busca abordar no solo los aspectos materiales y económicos, sino también los daños
emocionales, psicológicos y sociales causados por la violencia. La reparación integral reconoce
que la violencia de género no solo afecta a la víctima directa, sino también a su entorno familiar
y comunitario. Por lo tanto, se busca proporcionar una respuesta integral que aborde las
diversas dimensiones de la violencia y sus consecuencias. Esta forma de reparación va más allá
de la simple compensación económica y se centra en restablecer la dignidad de las víctimas,
promover su recuperación física y emocional, y prevenir la repetición de la violencia.
La falta de efectividad y eficacia de la reparación integral como problema vinculado de
forma general contrarresta en la normativa que atiende a la reparación integral y a todo su
proceso, generando obstáculos o limitantes que dificultan su pleno cumplimiento y restringen
su efectividad, así como, si las medidas de reparación existentes en el marco normativo son
suficientes para garantizar la restitución de los derechos de las víctimas y prevenir la
revictimización.
La reparación del daño se determina como una obligación del Estado, cuyo objetivo
fundamental consiste en devolver a la víctima al momento en el que se encontraba antes
de la vulneración de sus derechos, por lo que se han desarrollado medidas destinadas a
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reparar los daños causados, que dependerán de si son de índole material o inmaterial
(Cárdenas,2022, p.194).
El texto se vincula a la responsabilidad del estado para por medio de la norma y su
aplicación devolver a la víctima a su situación previa a la violación de sus derechos. Además,
destaca la importancia de desarrollar medidas específicas para reparar los daños, teniendo en
cuenta si son de naturaleza material o inmaterial. La reparación del daño es un principio
fundamental en el ámbito de los derechos humanos y de la justicia. Busca compensar a las
víctimas por los perjuicios sufridos, restaurar sus derechos y brindarles una reparación integral
que les permita reconstruir sus vidas de la mejor manera posible.
La devolución a la víctima al momento anterior a la vulneración de sus derechos implica
restablecer las condiciones en las que se encontraba antes del daño. Esto puede implicar la
restitución de bienes materiales o la reparación de daños tangibles causados. Por ejemplo, en
casos de violencia física, la reparación podría incluir la atención médica necesaria para la
recuperación de la víctima y la compensación por los gastos médicos incurridos. Sin embargo,
la reparación no se limita únicamente a los aspectos materiales. También abarca los daños
inmateriales, como el daño moral, emocional o psicológico sufrido por la víctima. Estos daños
pueden ser igual de perjudiciales y requieren medidas específicas para su reparación. En este
sentido, se deben desarrollar programas de atención psicológica, terapia y apoyo emocional
para ayudar a las víctimas a superar las consecuencias negativas de la violencia.
Es importante destacar que las medidas de reparación deben adaptarse a las necesidades
individuales de cada víctima y deben tener en cuenta los factores contextuales y
socioeconómicos que influyen en la situación de la víctima. Además, la implementación
efectiva de las medidas de reparación requiere la colaboración de diferentes actores, como el
Estado, las instituciones judiciales, los profesionales de la salud y los servicios sociales. La
reparación del daño es un componente esencial de la justicia y los derechos humanos. Su
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objetivo principal es devolver a la víctima a su situación previa al daño sufrido, ya sea a través
de medidas materiales o inmateriales. La implementación efectiva de estas medidas requiere
un enfoque integral y adaptado a las necesidades individuales de cada víctima.
En este artículo es propicio analizar el concepto y alcance de la reparación integral en
los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Para lograrlo, se
explorarán tanto, perspectivas jurídicas como sociales, con el fin de comprender, cómo la
reparación integral puede contribuir a restablecer los derechos de las víctimas, promover su
empoderamiento y facilitar su proceso de recuperación.
Se aborda el marco conceptual de la reparación integral, definiéndola como un enfoque
que va más allá de la compensación económica y que busca acoger las múltiples dimensiones
de la violencia sufrida, los principios fundamentales de la reparación integral en el contexto de
los delitos de violencia de género, tales como la justicia, la igualdad y el respeto a los derechos
humanos, a ello también se considera el marco normativo existente en materia de reparación
integral, tanto a nivel nacional como internacional y las medidas de reparación integral
previstas en la legislación vigente.
Desarrollo
La reparación integral y su concepción doctrinaria.
La reparación integral a través de un concepto jurídico se define como el hecho de
buscar brindar a las víctimas de un delito, una compensación que abarque el resarcimiento
económico, la restitución de sus derechos, la rehabilitación, la satisfacción emocional y la
garantía de no repetición. Se trata de un enfoque holístico que reconoce que la víctima no solo
ha sufrido un daño material, si no también físico, psicológico y social. La reparación integral
busca restablecer la dignidad de la víctima y contribuir a su proceso de sanación y reintegración
a la sociedad.
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Parafraseando a López (2022), es importante destacar que la reparación integral, va más
allá de la mera compensación económica. Si bien, la compensación económica puede ser parte
de la reparación, el enfoque integral busca abordar las necesidades y los derechos de las
víctimas en todas las dimensiones de sus vidas. Esto implica considerar aspectos como la salud
física y mental, la seguridad, la vivienda, la educación, el empleo, la participación social y la
reconstrucción de las relaciones familiares. En el ámbito de la salud, la reparación integral
busca garantizar el acceso a servicios médicos y terapéuticos adecuados para tratar las lesiones
físicas y psicológicas causadas por la violencia. Esto puede incluir atención médica
especializada, terapia psicológica, apoyo emocional y programas de rehabilitación para ayudar
a las víctimas a recuperarse y reconstruir sus vidas.
La reparación integral en casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo
familiar es un proceso complejo que busca abordar todas las dimensiones del daño sufrido por
las víctimas. Para lograr una reparación integral adecuada, es necesario considerar varios
componentes fundamentales que permitan la recuperación y la reconstrucción de las vidas de
las personas afectadas. A continuación, se detallan algunos de estos componentes.
Por un lado, la compensación económica por los daños sufridos como medidas de
reparación integral, busca resarcir los perjuicios materiales causados a las víctimas de un delito
de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, como gastos médicos, pérdida de
ingresos, daños a la propiedad, entre otros. Es importante que esta compensación sea justa y
proporcional al daño sufrido.
Por otra parte, se establece el acceso a servicios médicos y terapéuticos adecuados para
tratar las lesiones físicas y psicológicas causadas por la violencia. Esto puede incluir atención
médica especializada, terapia psicológica, apoyo emocional y programas de rehabilitación. Es
fundamental que las víctimas reciban la atención necesaria para su recuperación, bienestar
personal y familiar.
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La ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en su capítulo V,
establece los ejes de protección como parte de un sistema que garantiza de forma integral la
seguridad de las mujeres víctimas de violencia, así como niñas, adolescentes, jóvenes y adultos
mayores con el fin de considerar los factores que vulneren y consideren a las víctimas en estado
de riesgo considerándolas como medidas administrativas. Según el artículo 45 de la
LOIPEVCM.
Art. 45.- Eje de protección. La protección como parte del Sistema Nacional Integral de
Prevención y Erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes,
jóvenes, adultas y adultas mayores, buscará garantizar la integridad y seguridad de las
mujeres víctimas de violencia y de las víctimas indirectas, así como su dignidad,
autonomía, integridad y bienestar, considerando los factores de vulnerabilidad y de
riesgo y soporte a las medidas dictadas a través del Sistema de Administración de
Justicia o generación de medidas administrativas necesarias a favor de las víctimas de
violencia, cuyos casos no se judicializan. (Ley para prevenir y erradicar la violencia
contra las mujeres, 2018, art.45).
La seguridad es otro componente fundamental de la reparación integral; por cuanto, las
víctimas y sus familias deben recibir atención inmediata contra la violencia y tener acceso a
los ejes de protección como parte del Sistema Nacional Integral de Prevención y Erradicación,
como órdenes de alejamiento, refugios seguros y programas de apoyo para prevenir la
revictimización y promover su bienestar y autonomía. Se destaca a las medidas de protección
administrativas basadas en la proporcionalidad, de forma inmediata y de carácter urgente, que
se imponen por la autoridad correspondiente para salvaguardar la seguridad en situación de
violencia tanto a la víctima como a los dependientes dentro del proceso garantizando su
bienestar y autonomía en el camino hacia su recuperación.
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La reparación integral también implica garantizar el derecho a una vivienda segura y
adecuada para las víctimas y sus familias. En casos de violencia contra la mujer o miembros
del núcleo familiar, es común que las víctimas se vean obligadas a abandonar sus hogares, por
lo que, es importante brindarles apoyo para encontrar una vivienda segura y estable. La
vivienda, corresponde a uno de los parámetros más importantes y que en cierta medida puede
cumplir una eficaz reparación, en vista de que al encontrarse en un lugar seguro donde habitar,
las victimas pueden recuperarse reconstruyendo sus vidas y facilitando su proceso de
recuperación y reintegración a la sociedad.
En cuanto a la educación y empleo, la reparación integral busca restablecer la
autonomía e independencia a las víctimas a través. Esto implica brindar oportunidades de
formación académica y capacitación laboral, así como facilitar el acceso a empleos dignos y
sostenibles. De esta manera, se busca promover la integración social y económica de las
víctimas con la finalidad de que a través de un empleo puedan recuperarse de los daños
causados.
Se promueve la participación plena en la vida social y comunitaria. Esto conlleva a
promover su libre actuación en espacios públicos, comunitarios y políticos, así como fomentar
su capacidad de expresarse y tomar decisiones que afecten su vida. Esta herramienta como
parte de la reparación integral contribuye a la participación activa, permitiendo a la o a las
víctimas recuperar su voz y fortalecer la autoestima algún momento vulnerado conjuntamente
con las redes de apoyo que lo integran en un proceso de sanación y reintegración.
La reconstrucción de las relaciones familiares es una medida que trabaja enfocada en la
reconstrucción de las relaciones familiares que ha sido víctimas de violencia. Para lo cual, se
necesita terapia familiar, mediación y apoyo para facilitar la reconciliación y promover un
entorno familiar saludable. Es importante destacar esta herramienta como parte de la estructura
de la reparación integral, ayuda a mejorar significativamente la salud mental y generar nuevas
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relaciones interpersonales basadas en la confianza devuelve el hecho de volver a creer en la
esperanza y en la satisfacción del proceso.
La reparación integral en la víctima y los miembros del núcleo familiar implica abordar
de manera integral los daños físicos, psicológicos, emocionales y sociales causados por
la violencia de género o intrafamiliar. Busca restablecer los derechos, la dignidad y el
bienestar de las víctimas y sus familias, a través de medidas que abarcan la salud, la
seguridad, la vivienda, la educación, el empleo, la participación social y la
reconstrucción de las relaciones familiares. Es un enfoque que reconoce la complejidad
de los impactos de la violencia y busca proporcionar una respuesta adecuada y efectiva
para ayudar a las víctimas a reconstruir sus vidas de manera integral. (Narváez, 2021,
p. 67).
Se destaca que este enfoque debe abordar los daños en todas sus dimensiones: física,
psicológica, emocional y social, reconociendo así la complejidad de los impactos que la
violencia puede tener en las víctimas y sus familias. Implica no solo reparar los daños causados,
sino también proporcionar medidas de apoyo y asistencia en diversos aspectos de sus vidas. La
inclusión de la salud, la seguridad, la vivienda, la educación, el empleo, la participación social
y la reconstrucción de las relaciones familiares muestra un enfoque holístico que busca
promover la recuperación integral de las víctimas, este a la vez reconoce que la violencia tiene
consecuencias más allá de lo individual, afectando también a las relaciones familiares y
sociales.
Por lo tanto, la reparación integral no se limita únicamente a la atención de la víctima
directa, sino que también considera a los miembros del núcleo familiar, reconociendo su papel
y el impacto que la violencia puede tener en ellos.
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Los mecanismos de la reparación integral y su efectividad en el marco normativo.
La reparación integral es una medida que se encuentra dentro del marco normativo en
el Ecuador, lo cual busca que las personas que han sido víctimas de violencia, puedan recuperar
el estado en el que se encontraban antes de la vulneración de sus derechos.
La reparación integral en el marco normativo ecuatoriano es un concepto fundamental
que busca restablecer los derechos de las víctimas y promover su rehabilitación,
contemplando aspectos económicos, emocionales y sociales. Su aplicación se encuentra
respaldada por el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y otros instrumentos legales
que buscan garantizar una justicia reparadora y restaurativa"
En base a lo expuesto, la reparación integral en el marco normativo ecuatoriano es un
concepto fundamental en el ámbito de la justicia y los derechos de las víctimas. En Ecuador, la
reparación integral está consagrada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se presenta
como un enfoque holístico que busca restablecer los derechos de las víctimas, promover su
rehabilitación y garantizar la no repetición de los delitos.
El Código Orgánico Integral Penal, en su Título VI, establece los principios y
procedimientos para la reparación integral de las víctimas. Según el artículo 77:
Art. 77.- Reparación integral de los daños. La reparación integral radicará en la solución
que objetiva y simbólicamente restituya, en la medida de lo posible, al estado anterior
de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, cesando los efectos de las infracciones
perpetradas. Su naturaleza y monto dependen de las características del delito, bien
jurídico afectado y el daño ocasionado (Código Orgánico Integral Penal, 2014, art.77).
El marco normativo ecuatoriano también establece la obligación del Estado y de los
responsables de los delitos de garantizar la reparación integral de las víctimas. Según el artículo
57 del COIP, los responsables del delito deben contribuir a la reparación integral de las
víctimas, ya sea de forma directa o a través de mecanismos como el Fondo de Reparación
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Integral. Asimismo, el Estado tiene la responsabilidad de brindar los recursos y servicios
necesarios para la rehabilitación y atención de las víctimas.
En Ecuador, se promueve activamente la participación de las víctimas en el proceso de
reparación integral. En el artículo 11 del COIP establece que las víctimas tienen derecho a
participar en todas las etapas del proceso de reparación, incluyendo la identificación de sus
necesidades, la formulación del plan de reparación y el monitoreo de su implementación. Se
busca empoderar a las víctimas y permitirles tener voz y poder de decisión en su proceso de
reparación.
La legislación vigente en Ecuador contempla diversas medidas de reparación integral
para las víctimas de delitos, estas medidas van más allá de la compensación económica y
buscan abordar las distintas dimensiones de los daños sufridos por las víctimas, en el COIP, en
su artículo 78 establece:
Mecanismos de reparación integral. - Las formas no excluyentes de reparación integral,
individual o colectiva, son:
1. La restitución: Se aplica a casos relacionados con el restablecimiento de la libertad,
de la vida familiar, de la ciudadanía o de la nacionalidad, el retorno al país de
residencia anterior, la recuperación del empleo o de la propiedad, así como al
restablecimiento de los derechos políticos.
2. La rehabilitación: Se orienta a la recuperación de las personas mediante la atención
médica y psicológica, así como a garantizar la prestación de servicios jurídicos y
sociales necesarios para esos fines.
3. Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales: se refieren a la
compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una infracción
penal y que sea evaluable económicamente.
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4. Las medidas de satisfacción o simbólicas: se refieren a la declaración de la decisión
judicial de reparar la dignidad, la reputación, la disculpa y el reconocimiento
público de los hechos y de las responsabilidades, las conmemoraciones y los
homenajes a las víctimas, la enseñanza y la difusión de la verdad histórica.
5. Las garantías de no repetición: se orientan a la prevención de infracciones penales
y a la creación de condiciones suficientes para evitar la repetición de las mismas.
Se identifican con la adopción de las medidas necesarias para evitar que las víctimas
sean afectadas con la comisión de nuevos delitos del mismo género. (Código
Orgánico Integral Penal, 2014, art.78).
El texto presenta algunas de las formas de reparación integral establecidas en la
legislación ecuatoriana en casos de violencia. Estas medidas, son fundamentales para brindar
justicia y restaurar los derechos de las víctimas. En cuanto a la restitución, es una medida que
busca reparar los daños materiales, devolviendo bienes o restaurando sus derechos. Esta
medida puede ser efectiva en casos en los que los daños sean tangibles y puedan ser reformados
de manera concreta y eficaz.
La indemnización, por su parte, es una medida que busca compensar económicamente
a las víctimas por los daños sufridos. Es una forma de reconocer el impacto económico que la
violencia puede tener en la vida de las personas. Sin embargo, su la efectividad de esta medida
puede depender de la capacidad del responsable del delito para cumplir con la compensación
económica y de la disponibilidad de recursos para cubrir los daños.
Sería ideal que todo daño fuese reparado en su integridad. Pero la indemnización supone
un peso económico para quien debe soportar la carga de reparación, consideración que
requiere de especial preocupación cuando la indemnización va a recaer, de cualquier
modo, en el Estado, que tiene sus fondos sujetos a determinaciones presupuestarias.
(Domínguez, R., 2010. P. 9-28)
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La rehabilitación es una medida esencial para brindar atención y servicios
especializados a las víctimas, tanto en términos físicos como psicológicos. La efectividad de
esta medida dependerá de la calidad y accesibilidad de los servicios de atención médica, terapia
y apoyo psicosocial disponibles para las víctimas.
La satisfacción, que busca el reconocimiento público de los daños sufridos por las
víctimas y una disculpa por parte de los responsables del delito, puede ser un componente
importante para su proceso de sanación. Sin embargo, la efectividad de esta medida dependerá
de la voluntad de quien o quienes hayan causado el daño para reconocer su responsabilidad
sobre el la vulneración a la o a las víctimas.
Las garantías de no repetición son medo preventivos que buscan evitar que se vuelva a
ocasionar el daño o vulneración hacia la víctima. En este apartado se incluyen políticas de
prevención, capacitación de profesionales y promoción de una cultura de respeto, y su
efectividad dependerá de la implementación adecuada y del enfoque integral con el que sean
aplicadas.
En general, si bien estas medidas de reparación integral son fundamentales para abordar
la prevención de la violencia y brindar justicia a las víctimas, sus resultados dependerán de la
aplicación adecuada. Además, es necesario considerar factores como la disponibilidad de
recursos, la capacitación de profesionales y la voluntad de los responsables para cumplir con
las medidas establecidas.
Función de la fiscalía en el ejercicio del cumplimiento de la reparación integral.
El proceso penal no puede ser observado únicamente desde los intereses de la sociedad
o las garantías del acusado, sino también desde las garantías de derechos propias de la víctima.
El Estado tiene que concebir a las víctimas como una de sus prioridades y el sistema penal debe
estar orientado hacia ellas; se hace necesario un sistema jurídico más humano, en el que los
derechos de las víctimas no se reduzcan a intenciones, las víctimas deben ser protegidas y así
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lograr que su declaración sea más pacífica, más valida, más auténtica; y las medidas de
protección deben contemplar, entre otras cosas, el respeto a la dignidad, integridad personal, y
psicológica, a la intimidad y, por supuesto, la prevención o disminución de la victimización
secundaria (Vega, 2016, p.422).
Se evidencia aspectos positivos y negativos de la función de la fiscalía para establecer
mecanismos de la reparación integral en casos de violencia contra la mujer o miembros del
núcleo familiar. Estos aspectos pueden influir en la eficacia y efectividad de la reparación
integral, así como en la satisfacción de las víctimas.
La Fiscalía desempeña un papel fundamental en la promoción de la justicia y la
protección de los derechos de las víctimas. Su labor consiste en investigar y encontrar
elementos de cargo y de descargo sobre una persona que ha cometido un delito, a su vez busca
contribuir con una reparación integral a quienes han sido víctimas de delitos. La efectividad de
la promoción de la justicia por parte de los fiscales dependerá de diversos factores como la
disponibilidad de medios adecuados, capacitación de los profesionales como personal de apoyo
dentro del proceso entre otros, dando así una ejecutoría dentro de los marcos normativos
adecuados para el proceso como tal.
En este sentido, una promoción de la justicia efectiva por parte de los fiscales puede
contribuir a la prevención de la impunidad, a la responsabilización de los agresores y a la
recuperación integral de las víctimas. Al buscar activamente la reparación integral, los fiscales
pueden promover la restitución de derechos, la compensación económica, la rehabilitación
física y psicológica, y la implementación de medidas para prevenir la repetición de los delitos.
Sin embargo, es importante reconocer que existen desafíos en la promoción de la justicia en
casos de violencia. La falta de recursos, la revictimización, la falta de sensibilización y los
estereotipos de género arraigados en la sociedad son obstáculos que pueden dificultar la labor
de los fiscales y afectar la efectividad de la reparación integral.
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La fiscalía trabaja en conjunto con otras instituciones y actores relevantes, como la
policía, los servicios de salud y las organizaciones de apoyo a las víctimas. Esta coordinación
permite una atención oportuna y multidisciplinaria, fortaleciendo la reparación integral.
Función que sería útil a su debido cumplimiento, cabe destacar la problemática dentro del
mismo en base a la falta de comunicación fluida y efectiva entre las distintas entidades
competentes, hecho que dificulta una materialización correcta sobre las medidas de reparación
integral.
Además, la fiscalía puede facilitar el acceso de las víctimas a recursos y servicios
necesarios para su reparación integral, como atención médica, asesoría legal, apoyo psicológico
y programas de rehabilitación como ejes de ayuda a la víctima dentro de los lineamientos
establecidos considerándose una ayuda hacia la víctima y sus dependentes. En cierto grado esta
ayuda contribuye y se configura como un apoyo hacia las necesidades de las víctimas en
diferentes aspectos de sus vidas. Este hecho brinda beneficios significativos, permitiendo
recibir apoyo médico, terapéutico, legal y social para su recuperación y reconstrucción de vida
de manera integral a través de las instituciones y profesionales correspondientes y designados
para el caso.
La fiscalía puede enfrentar limitaciones de recursos humanos, financieros y logísticos,
lo que puede afectar su capacidad para brindar una atención integral y oportuna a las víctimas.
Esta falta de recursos puede repercutir en la efectividad de la reparación integral y en la
satisfacción de las víctimas. La falta de financiamiento adecuado puede obstaculizar el acceso
a servicios médicos, terapia psicológica, refugios seguros y programas de apoyo, lo cual
impacta negativamente en la recuperación y bienestar de las víctimas. Es fundamental asignar
recursos suficientes para garantizar que las víctimas tengan acceso a la ayuda necesaria para
reconstruir sus vidas y superar los efectos de la violencia sufrida.
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Algunos fiscales pueden tener un conocimiento limitado sobre la reparación integral y
la perspectiva de género en casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
Esto puede resultar en una falta de comprensión de las necesidades y derechos de las víctimas,
así como en una respuesta inadecuada o insensible. El desconocimiento y la falta de
sensibilización por parte de los fiscales hacia las víctimas en casos de violencia contra la mujer
o miembros del núcleo familiar son problemas serios que obstaculizan la reparación integral
de las víctimas.
Cuando los fiscales carecen de conocimiento adecuado sobre las dinámicas de género
y los efectos devastadores de la violencia intrafamiliar, es más probable que minimicen o pasen
por alto los impactos emocionales, físicos y psicológicos que sufren las víctimas. Puede llevar
a que los fiscales no brinden el apoyo y la protección necesarios durante el proceso para
solicitar una medida de reparación integral. Esto puede manifestarse en una falta de empatía
hacia las víctimas, la revictimización a través de un trato inadecuado o insensible, y la no
consideración de las necesidades particulares de cada caso.
Los procesos judiciales pueden ser largos y complejos, lo que puede ocasionar demoras
en la obtención de la reparación integral. La burocracia y los obstáculos administrativos
también pueden dificultar el acceso de las víctimas a los recursos y servicios necesarios para
su rehabilitación. Para lograr una reparación integral efectiva, es fundamental abordar y superar
estos obstáculos, agilizando los procesos judiciales y eliminando la burocracia, a fin de
garantizar que las víctimas reciban la atención y el apoyo adecuados de manera oportuna. Esto
requiere de un compromiso por parte de las autoridades y del sistema de justicia para agilizar
los procedimientos y garantizar el acceso equitativo a los recursos necesarios para la
rehabilitación de las víctimas.
En algunos casos violencia las víctimas pueden sentirse revictimizadas durante el
proceso judicial, debido a la falta de empatía, la victimización secundaria o la falta de
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protección adecuada. Esto puede generar desconfianza en el sistema de justicia y afectar
negativamente la búsqueda de reparación integral. La revictimización y la falta de confianza
en el sistema de justicia tienen un impacto significativo en la efectividad de la búsqueda de
reparación integral por parte de las víctimas. La falta de empatía, la victimización secundaria
y la falta de protección adecuada durante el proceso judicial pueden generar sentimientos de
desconfianza y desaliento en las víctimas, lo que dificulta su participación activa y compromiso
con el proceso de reparación.
Es importante destacar que estos aspectos positivos y negativos pueden variar en cada
caso y estar influenciados por factores como la capacitación y sensibilización de los fiscales,
la disponibilidad de recursos, la eficiencia del sistema judicial y la cooperación de otras
instituciones y actores involucrados. Sin embargo, su efectividad depende de factores como la
capacitación en enfoque de género, recursos suficientes para investigaciones exhaustivas y la
protección de las víctimas y sus familias.
El cumplimiento de la reparación integral de la víctima en casos de violencia o miembros
del núcleo familiar.
La posibilidad de que el sentenciado cumpla con la reparación integral en casos de
violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar puede variar dependiendo de diversos
factores. En primer lugar, es importante considerar la actitud y disposición del responsable del
daño hacia la reparación. En algunas ocasiones pueden mostrar un genuino arrepentimiento y
un deseo de enmendar el daño causado, lo que aumenta la probabilidad de que cumplan con las
medidas de reparación establecidas. Sin embargo, otros pueden resistirse o mostrar una falta
de compromiso, lo que dificulta su cumplimiento.
Otro factor relevante es la disponibilidad de recursos por parte del sentenciado. La
reparación integral puede implicar la restitución de bienes, el pago de indemnizaciones o la
participación en programas de rehabilitación. Si el sentenciado carece de los recursos
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económicos necesarios, el cumplimiento de estas medidas puede resultar complicado o incluso
imposible. Además, el apoyo y la supervisión por parte de las autoridades judiciales y de los
organismos encargados de hacer cumplir las sentencias son fundamentales. La falta de recursos
y personal suficiente para monitorear el cumplimiento de las medidas de reparación puede
obstaculizar su efectividad. La falta de una supervisión adecuada puede permitir que el
sentenciado evite cumplir con sus obligaciones sin consecuencias significativas.
Parafraseando a Smith (2022), la conciencia y educación de la sociedad en relación a la
importancia de la reparación integral también desempeña un papel fundamental. Si la sociedad
no valora o no comprende la importancia de este proceso, puede haber una falta de presión
social para que el sentenciado cumpla con las medidas de reparación. Esto puede resultar en
una disminución de la motivación del sentenciado para cumplir con sus obligaciones, es
esencial considerar las características individuales de cada caso. La gravedad de la violencia
cometida, el nivel de daño causado y la situación socioeconómica de las víctimas son factores
que pueden influir en la posibilidad de cumplimiento de la reparación integral. En casos de
violencia extrema o de víctimas en situaciones de vulnerabilidad, es posible que el sentenciado
no tenga la capacidad o los medios para cumplir plenamente con la reparación.
Para poder definir si existe una eficiencia al momento de verificar el cumplimiento de
la reparación integral del sentenciado, se debe tomar en cuenta las circunstancias y sus
posibilidades, estas se estructuran a través de hechos muy variables, es el caso de factores como
la actitud del sentenciado, la disponibilidad de recursos, el apoyo y la supervisión por parte de
las autoridades, la conciencia social y las características individuales de cada caso pueden
influir en su viabilidad.
En Ecuador, la víctima de violencia que ha obtenido una orden de reparación integral
puede dar seguimiento al cumplimiento de la misma a través de su defensor, mismo que
desempeña un papel fundamental como representante legal de la víctima, asegurando que se
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haga justicia y que se cumplan todas las medidas de reparación establecidas. El abogado debe
estar familiarizado con las disposiciones legales y los derechos de la víctima en relación con la
reparación integral. Esto implica conocer a fondo el marco legal vigente y los procedimientos
establecidos para garantizar el cumplimiento de las medidas de reparación. Una vez que se ha
obtenido una orden de reparación integral, el abogado puede supervisar y dar seguimiento a su
implementación. Esto implica comunicarse regularmente con las autoridades competentes,
como el sistema judicial, los servicios de atención a víctimas y otros actores relevantes, para
garantizar que se estén tomando las medidas necesarias para cumplir con la reparación.
El abogado puede solicitar informes periódicos sobre el avance del cumplimiento de la
reparación integral, así como participar en audiencias y diligencias relacionadas con el caso.
Además, puede presentar recursos legales en caso de incumplimiento o demoras injustificadas
en la ejecución de las medidas de reparación. Es importante destacar que el abogado debe actuar
como un defensor incansable de los derechos de la víctima, velando por su interés y asegurando
que se haga justicia en cada etapa del proceso. Esto implica brindar asesoramiento legal, apoyo
emocional y representación efectiva en todas las instancias pertinentes, siendo así que su labor
consiste en garantizar que se respeten los derechos de la víctima, supervisar la implementación
de las medidas de reparación y tomar acciones legales en caso de incumplimiento.
Las condiciones sociológicas y de dependencia de la víctima en la reparación integral.
En casos de violencia, las víctimas de forma general se enfrentan a una serie de
condiciones sociológicas y de dependencia que pueden agravar su situación y dificultar su
capacidad para buscar ayuda y poner fin al ciclo de violencia. Estas condiciones están
influenciadas por factores sociales, culturales y económicos que pueden perpetuar la violencia
y limitar las opciones de las víctimas. “En casos de violencia, las víctimas se enfrentan a una
serie de condiciones sociológicas y de dependencia que pueden agravar su situación y dificultar
su capacidad para buscar ayuda y poner fin al ciclo de violencia”. (Doe, J., 2023, p.45-60).
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Estas condiciones están influenciadas por factores sociales, culturales y económicos
que pueden perpetuar la violencia y limitar las opciones de las víctimas. A continuación, se
explorarán algunas de estas condiciones sociológicas y de dependencia. Las condiciones
sociológicas y de dependencia juegan un papel fundamental en la perpetuación de la violencia
y en la restricción en la que las víctimas se encuentran en durante el daño. Factores sociales,
culturales y económicos influyen en la forma en que se desenvuelven estas situaciones, creando
un entorno propicio para la violencia. Es esencial analizar y comprender estas condiciones para
abordar eficazmente el problema y trabajar hacia la eliminación de la violencia de género. Solo
a través de un enfoque holístico y una acción colectiva se establece promover entornos más
seguros y empoderar a las víctimas.
El aislamiento social, donde los agresores suelen ejercer control sobre la vida social de
la víctima, limitando su contacto con familiares, amigos y otros sistemas de apoyo, priva a la
víctima de redes de apoyo y puede hacer que se sienta atrapada y sin opciones para escapar de
la violencia. Además de ello al generar daños psicológicos dificulta la detección de la violencia
por parte de personas externas, lo que perpetúa el ciclo de abuso. El aislamiento social que la
víctima o víctimas atraviesan mismo que es impuesto por los agresores en situaciones de
violencia crea un entorno peligroso para las víctimas. Al limitar su contacto con redes de ayuda,
como familiares y amigos, las personas afectadas se ven atrapadas y sin opciones para escapar.
Esta falta también dificulta que personas externas detecten la violencia. Es fundamental abordar
este aspecto en la prevención y el apoyo a las víctimas para romper ese ciclo y garantizar su
seguridad y bienestar.
Las normas sociales y culturales también desempeñan un papel importante en la
perpetuación de la violencia y en la dificultad de las víctimas para buscar ayuda. En algunas
sociedades, existe una tolerancia implícita hacia la violencia doméstica y de género, lo que
puede llevar a la minimización de los abusos y al silenciamiento de las víctimas. Estas normas
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culturales pueden hacer que las víctimas desde pensamientos guiados por las emociones se
sientan culpables, avergonzadas o estigmatizadas, lo que dificulta su conciencia y voluntad
para decidir acceder a los recursos y servicios de apoyo. Cabe destacar que, en base al principio
de no criminalización, la víctima en ningún momento es responsable del ilícito cometido en su
contra.
Parafraseando a Lewis (2021), al resaltar la tolerancia implícita hacia la violencia y el
silenciamiento de las víctimas, se destaca la necesidad de abordar estas normas culturales para
garantizar un acceso efectivo a los recursos y servicios de apoyo.
La dependencia económica también es una condición sociológica que afecta a las
víctimas de violencia, ya que, dependen económicamente de sus agresores y carecen de
recursos financieros para independizarse o buscar ayuda. La falta de recursos económicos
puede ser una barrera significativa para escapar de la violencia y acceder a servicios legales,
médicos y de apoyo. Además, la dependencia económica puede hacer que las víctimas teman
las consecuencias económicas de abandonar la relación violenta. Se considera como un factor
relevante en la violencia doméstica. Además, esta dependencia económica puede generar temor
en las víctimas debido a las posibles consecuencias financieras de abandonar la relación
abusiva. En este sentido, se evidencia la necesidad de brindar apoyo económico y recursos
adecuados a las víctimas para facilitar su autonomía y romper el ciclo de violencia.
La falta de información y conocimiento sobre los derechos y recursos disponibles
también puede perpetuar la dependencia de las víctimas, ya que desconocen sus derechos
legales, las leyes de protección contra la violencia y los servicios de apoyo disponibles. Esta
falta de información puede hacer que las víctimas se sientan desamparadas y sin opciones, lo
que dificulta su capacidad para buscar ayuda y protección. El texto resalta la falta de
información y conocimiento sobre los derechos y recursos disponibles para las víctimas de
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violencia. Es crucial mejorar el acceso a la información y promover la educación sobre los
derechos de las víctimas para combatir esta prejudicialidad.
Las víctimas de violencia se encuentran expuestas a condiciones sociológicas y de
dependencia que dificultan su capacidad para buscar ayuda y poner fin al ciclo de violencia.
La dependencia emocional, el aislamiento social, las normas sociales y culturales, la sumisión
económica y la falta de información son algunos de los factores que contribuyen a estas
condiciones. Cabe destacar que, en muchos de los casos lo que no permite que la reparación
integral sea eficaz y se llegue a los resultados o a cumplir las aristas requeridas en la norma
para la total satisfacción y reparación depende mucho del estado en el que se encuentre la
víctima, sea por condiciones sociológicas o factores psicológicos que van más allá de lo
estructurado a la norma y forman parte del ser interno de cada persona.
Metodología
Para el presente artículo se aplica el enfoque cualitativo ya que se realiza a través de
métodos como: descripción bibliográfica mismo que permite respaldar y fundamentar las
afirmaciones y argumentos con referencias académicas y fuentes confiables, fortaleciendo así
la validez y credibilidad de la investigación, el enfoque analítico e histórico lógico mismo con
el fin de comprender y contextualizar la evolución de las políticas y prácticas en este ámbito,
identificar patrones y tendencias, y brindar una visión crítica y fundamentada sobre el tema. A
través de estos conjuntos utilizados se permite identificar si los mecanismos son viables o no
para la aplicación de los Medios de Reparación Integral en casos de violencia contra la mujer
o miembros del núcleo familiar. Adicional a ello se utiliza bibliografía especializada y se
empapela métodos cualitativos, críticos positivos, permitiendo obtener una comprensión
enriquecedora, basada en evidencia empírica y enfoques reflexivos, que contribuye a un
análisis profundo y una visión holística del tema.
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Conclusiones
Se concluye a través de la investigación realizada, la ineficacia de la reparación integral
en la legislación ecuatoriana es un problema persistente que afecta la capacidad del sistema
legal para proporcionar justicia y restauración a las víctimas de delitos. A pesar de los avances
normativos en los últimos años, como la inclusión de la reparación integral en el Código
Orgánico Integral Penal (COIP), aún existen desafíos significativos que obstaculizan su
aplicación efectiva.
En primer lugar, la falta de claridad en las disposiciones legales y la interpretación
variable de los jueces dificultan la implementación coherente de la reparación integral. Esto
puede llevar a que las víctimas reciban diferentes niveles de compensación según el lugar y el
juez que maneje su caso, lo que socava la equidad y la predictibilidad del sistema. Además, la
limitada capacidad de las instituciones estatales para llevar a cabo evaluaciones adecuadas de
los daños y proporcionar los servicios necesarios para la reparación integral es un obstáculo
clave. Las víctimas a menudo se enfrentan a largas demoras y obstáculos burocráticos para
acceder a la asistencia necesaria, lo que mina su capacidad de recuperación. La falta de recursos
financieros también es un problema importante. A pesar de la existencia de fondos destinados
a la reparación integral, su disponibilidad y asignación no siempre son adecuadas para cubrir
las necesidades de todas las víctimas, resumiéndolo así en recursos y ejes limitados en los que
se maneja el proceso para una respectiva reparación y ejecución de la misma.
Es fundamental fortalecer los sistemas de justicia para avalar que las víctimas de
violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar puedan acceder a una satisfacción
efectiva. Esto implica mejorar la capacitación de los profesionales de la justicia en la detección,
investigación y persecución de estos delitos, así como garantizar la disponibilidad de recursos
y servicios adecuados para apoyar a las víctimas durante todo el proceso. Además, la falta de
conciencia y educación sobre la violencia de género contribuye al incumplimiento y la
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ineficacia de la reparación. Es esencial promover programas de sensibilización y educación
que aborden las causas y consecuencias de la violencia de género, así como los derechos de las
víctimas. Esto incluye educar a la sociedad en general, así como a los profesionales de
diferentes campos, para que puedan reconocer y abordar adecuadamente los casos de violencia.
Para lograr una reparación integral efectiva, es necesario garantizar el acceso a una
amplia gama de recursos y servicios que aborden las necesidades físicas, psicológicas,
emocionales y sociales de las víctimas y sus familias. Esto incluye servicios de salud,
asesoramiento psicológico, asistencia legal, vivienda segura, apoyo económico y programas de
reintegración social. Además, es esencial asegurar que estos recursos y servicios estén
disponibles de manera equitativa y accesible para todas las personas, independientemente de
su situación económica, ubicación geográfica o cualquier otra condición. La participación
activa y significativa de las víctimas en el proceso de reparación integral es esencial para
garantizar que sus voces sean escuchadas y sus necesidades sean atendidas de manera
adecuada. Esto implica proporcionar a las víctimas información clara y comprensible sobre sus
derechos y opciones, así como facilitar su participación en las decisiones que afectan su proceso
de reparación. También es importante promover la creación de espacios seguros y de apoyo
donde las víctimas puedan compartir sus experiencias y recibir el respaldo necesario.
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