Vol. 4 – Núm. 2 / Julio – Diciembre – 2023
La Supremacía Formal Y Material De La Constitución Dentro
Del Instrumento Jurídico En Pos De La Sociedad
The Formal And Material Supremacy Of The Constitution Within The
Legal Instrument In Pursuit Of Society
A supremacia formal e material da Constituição no instrumento jurídico
em busca da sociedade
Rojas Montero, Marcelo Eduardo
Universidad Estatal de Bolívar
marojas@ueb.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-2338-3484
Sánchez Macias, Francisco David
Universidad Estatal de Bolívar
francisco.sanchez@ueb.edu.ec
https://orcid.org/0009-0000-7865-0845
Urquizo Rodríguez, Miguel
Universidad Estatal de Bolívar
murquizo@ueb.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-2913-4710
Ocampo Valle, Gabriela Fernanda
Universidad Estatal de Bolívar
gabriela.ocampo@ueb.edu.ec
https://orcid.org/0009-0003-1829-1811
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v4/n2/245
Como citar:
Rojas Montero, M. E., Sánchez Macias, F. D., Urquizo Rodríguez, M. & Ocampo Valle, G. F.
(2023). La Supremacía Formal Y Material De La Constitución Dentro Del Instrumento
Jurídico En Pos De La Sociedad, 4(2), 319-340.
Recibido: 30/10/2023 Aceptado: 29/11/2023 Publicado: 31/12/2023
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Resumen
Un control de institucionalidad posee un mandato de juridicidades cuya base es el principio de
supremacía con lo cual obligue a cumplir lo establecido de manera semejante tanto la juricidad
y control se enfocan en que si la persona no tiene conciencia a que no depende solo de una
autoridad hacer cumplir con las reglas sino también de los valores y responsabilidad que tiene
cada persona, dicho control requiere un mandato jurídico y la obligación individual para ser
efectivo, el caso Marbury vs Madison estableció la supremacía constitucional en Estados
Unidos, el control puede ser político o judicial, por consiguiente en Ecuador se implementó un
tribunal constitucional en 1996, la decisión de Marshall se basa en que las constituciones
escritas son leyes supremas mediante el cual cualquier acto contrario a ellas es nulo pues de
esta manera los tribunales resuelven los conflictos entre leyes según la fuerza de la constitución
para aplicarla despreciando la ley sin embargo se destaca el juramento de obediencia exigido a
los jueces y la dualidad en la decisión de Marshall tanto para aplicarla como violar la
Constitución al declarar inconstitucional una ley a pesar del control puede ser político o judicial
dicho que se establece formalmente el control judicial concentrado.
Palabras claves: Constitución, Judicial, Mandato, Supremacía.
Abstract
A control of institutionalism has a mandate of juridicities whose basis is the principle of
supremacy with which it forces to comply with the established in a similar way both the
juridicity and control focus on that if the person is not aware that it does not depend only on an
authority to comply with the rules but also of the values and responsibility that each person
has, such control requires a legal mandate and individual obligation to be effective, the
Marbury v. Madison case established the constitutional supremacy in the United States, the
control can be political or judicial, Consequently, a constitutional court was implemented in
Ecuador in 1996, Marshall's decision is based on the fact that the written constitutions are
supreme laws by which any act contrary to them is void because in this way the courts resolve
conflicts between laws according to the force of the constitution to apply it despising the law
however it highlights the oath of obedience required to judges and duality in Marshall's
decision both to apply it and violate the Constitution by declaring unconstitutional a law despite
the control can be political or judicial said that formally establishes the concentrated judicial
control.
Keywords: Constitution, Judicial, Mandate, Supremacy.
Resumo
Um controle do institucionalismo tem um mandato jurídico cuja base é o princípio da
supremacia, que obriga o cumprimento do que é estabelecido de forma semelhante, tanto o
jurídico quanto o de controle se concentram no fato de que, se a pessoa não estiver ciente de
que não depende apenas de uma autoridade para cumprir as regras, mas também dos valores e
da responsabilidade que cada pessoa tem, esse controle requer um mandato legal e uma
obrigação individual para ser eficaz, o caso Marbury vs Madison estabeleceu a supremacia
constitucional nos Estados Unidos, o controle pode ser político ou judicial, Consequentemente,
um tribunal constitucional foi implementado no Equador em 1996, A decisão de Marshall
baseia-se no fato de que as constituições escritas são leis supremas pelas quais qualquer ato
contrário a elas é nulo, pois, dessa forma, os tribunais resolvem conflitos entre leis de acordo
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com a força da constituição para aplicá-la, desprezando a lei; no entanto, ela destaca o
juramento de obediência exigido dos juízes e a dualidade na decisão de Marshall, tanto para
aplicá-la quanto para violar a Constituição, declarando inconstitucional uma lei, apesar de o
controle poder ser político ou judicial, o que estabelece formalmente o controle judicial
concentrado.
Palavras-chave: Constituição, Judiciário, Mandato, Supremacia.
Introducción
Al hablar de la Supremacía material y formal consolidan los derechos fundamentales y
garantías ciudadanas que la efectiviza que dichos principios enfrentan ciertos desafíos en el
ámbito de su aplicación por los distintos operadores jurídicos y actores sociales por lo tanto
introduce complejidades en cuanto a la determinación de la prevalencia normativa.
Maraniello (2011) aborda la supremacía formal y material de la Constitución en el
contexto jurídico argentino. Se destaca cómo la Constitución, como norma suprema, prevalece
tanto en su forma (estructura y redacción) como en su contenido sustantivo sobre otras normas
jurídicas. Esta supremacía asegura la coherencia y jerarquía del sistema legal, resguardando los
principios fundamentales y derechos en beneficio de la sociedad.
El Tribunal Constitucional Ecuador (1999) resalta la importancia de la supremacía
formal y material de la Constitución en el marco jurídico del país. La supremacía formal se
refiere a la jerarquía de la Constitución sobre otras leyes, asegurando que toda legislación sea
coherente con su estructura y redacción. Por otro lado, la supremacía material enfatiza el
contenido sustantivo de la Constitución, centrado en los principios fundamentales y derechos
humanos, garantizando que todas las leyes y políticas promuevan el bienestar social y el
progreso.
Para Del Rosario-Rodríguez (2011) la supremacía formal y material se refiere a las
características esenciales que tiene como norma suprema, es decir que tiene mayor jerarquía
en nuestro ordenamiento jurídico, y las demás leyes están regidas bajo su poder accesorium
sequitur principale, esto implica que ninguna ley puede contradecir a los establecido en la
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misma, también el Estado debe garantizar que estas normas se cumplan, mediante los principios
fundamentales respetando los derechos estipulados.
Estableciendo los valores, principios y derechos primordiales que obligadamente deben
ser respetados y garantizados por el Estado junto con el Sistema Legal, todo esto a fin de crear
una sociedad de derecho, los aspectos fundamentales que caracterizan a la supremacía son:
El imperium de constitucionalidad. – Que cuentan con mecanismos que garantizan la
supremacía constitucional lo que se refiere a revisar la relación que tienen las leyes y las
acciones gubernamentales en la Constitución mismas que se realizan mediante distintos
métodos como la revisión judicial, o las acciones de inconstitucionalidad.
La Flexibilidad y Adaptabilidad quod est habere. - A pesar de que la Constitución sea
un documento de gran importancia, tiene que adaptarse a cambios políticos y sociales.
Jurisprudencia Constitucional. – Es una interpretación realizada por parte de los
tribunales genera jurisprudencia constitucional, por lo que las decisiones generan precedentes
que son de gran importancia para poder interpretar la ley con gran claridad.
Equilibrio de Poderes Pro domo sua. – Faculta un mejor equilibrio entre los distintos
poderes del Estado, debido a que establece los límites para las acciones de Gobierno.
Bien jurídico protegido. – Siendo estos un conjunto de valores, intereses o derechos
reconocidos y protegidos por el ordenamiento jurídico de un país; son estos aspectos o
elementos fundamentales los que la ley busca salvaguardar debido a que mantiene el orden
social garantizando el respeto y el mismo puede variar según el contexto en el que es utilizado.
Para Pérez (2019) el bloque de constitucionalidad se refiere a una “(...) institución
jurídica de índole jurisprudencial que abarca instrumentos internacionales de derechos
humanos (....) utilizado por los jueces como ficción jurídica por medio de los métodos de
interpretación y la asistencia de las técnicas de remisión (...)” (Citado por López-Jara y
Espinoza-Álvarez, 2021, p. 70), esto menciona que es un concepto imperativo porque expande
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la comprensión de las fuentes del derecho, de esta manera se protege los derechos
fundamentales no únicamente con lo establecido en la norma suprema, por lo que implica la
integración de normas, tratados, jurisprudencia y principios que tienen una vinculación fuerte
para poder interpretar y aplicarlas, y su importancia se ve reflejada en los siguientes aspectos:
Pluralismo Jurídico. –El cual reconoce la coexistencia de las diversas fuentes
normativas lo que involucra la interacción de diferentes sistemas legales junto con la necesidad
de armonizarlos y asegurar la defensa totalitaria hacia los derechos vitales.
Interpretación Constitucional Abierta. – Promueve la interpretación clara y animada de
la Carta Magna, por lo que se permite una buena adaptación a los cambios en la sociedad y en
lo cultural.
La efectividad de los derechos humanos. – Se fortalece una protección hacia los
derechos humanos ya que se incorporan las normativas internacionales que tienen la finalidad
de ampliar y reforzar los derechos.
Seguridad Jurídica. –Misma que se fundamenta el mantener la coherencia junto con la
seguridad jurídica asegurando que las distintas fuentes normativas sean aplicadas de manera
correcta.
De esta manera ayuda a contribuir a un mejor entendimiento y aplicación de las leyes,
lo que genera que sea amplia la comprensión de las fuentes del derecho ampliando su visión
más allá de lo mencionado en la Constitución, haciendo que se tenga una práctica jurídica
mejorada, por lo que se promueve una mejor interpretación y aplicación, según Rodríguez
Manzo et al. (2013) menciono que:
De acuerdo con lo mencionado ut supra es una noción con un grado de complejidad
en el derecho constitucional por lo que no tiene una definición clara y precisa, y se lo
percibe como un término que tiene un significado flexible es decir se adapta a diferentes
contextos legales, abarca al conjunto de normas que tienen una jerarquía similar a la
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Constitución, basándose en la premisa de que estas normas no están limitadas para
aquellas que están específicamente descritas en el texto constitucional (p. 17-19).
La elasticidad semántica del término implica que su alcance puede variar según el
contexto legal y constitucional de cada país. Sin embargo, en su esencia y amplía el espectro
normativo y reconoce la importancia de principios y normativas que, aunque no estén
explícitamente redactados en la Constitución, tienen un peso jurídico y deben ser considerados
al interpretar y aplicar la norma fundamental de un país.
Jerarquía Normativa. - El bloque de constitucionalidad se sitúa en un nivel jerárquico
equivalente al de la Constitución en el ordenamiento jurídico en el que se incluye normativas
internacionales, tratados, jurisprudencia y principios que, aunque no estén explícitamente en la
Constitución, tienen un estatus similar y deben ser considerados de manera similar a la norma
fundamental.
Ampliación del Catálogo de Derechos. - Al incorporar tratados y convenciones
internacionales en este bloque, se amplía el conjunto de derechos protegidos en el ámbito
nacional. Esto refuerza la protección de derechos fundamentales y principios jurídicos que
pueden ser reconocidos a nivel internacional.
Control de Convencionalidad. - Los tribunales nacionales de verificar que las leyes y
prácticas del Estado estén en idoneidad hacia los acuerdos internacionales y normativas de
derechos humanos ratificadas en ese país, garantizando la coherencia entre las leyes nacionales
y las obligaciones internacionales.
Interpretación Constitucional Dinámica. - Los tribunales pueden considerar principios
y normativas internacionales para adaptar la Constitución a los cambios sociales y culturales.
Incorporación de Normativas Internacionales. - Integrar normativas internacionales en
el sistema jurídico nacional, reconociendo la interdependencia de los sistemas legales, su
relevancia en normas internacionales en la protección de dichos derechos.
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Contribución a la Seguridad Jurídica. - A pesar de su amplitud interpretativa, el bloque
de constitucionalidad contribuye a la seguridad jurídica al establecer un marco normativo que
asegura la coherencia entre las normativas internacionales y nacionales, manteniendo la
consistencia en la aplicación del derecho.
Supremacía dentro del Régimen Constitucional
La supremacía formal tiene procedimientos más complejos y exigentes para su reforma
en comparación con el procedimiento establecido para la creación y reforma de otras normas
jurídicas como las leyes orgánicas, ordinarias o reglamentos usualmente las constituciones
requieren mayorías calificadas en el órgano que tiene la competencia de reforma constitucional,
sea este una Asamblea Constituyente o el propio órgano legislativo que también tiene la
potestad de reformar la Carta Magna además se pueden exigir otros requisitos, como consultas
populares, referéndums o la participación de órganos especiales dado que todo esto dota a la
constitución de una rigidez intencional, que busca brindar mayor estabilidad a las normas
constitucionales.
La supremacía material implica que sus normas prevalecen sobre cualquier otra
disposición del ordenamiento jurídico en caso de contradicción en cuanto a contenidos se
recalca que la constitución es superior no solo formalmente sino también materialmente, en el
fondo de las regulaciones que establece esto se aplica tanto para la declaratoria de
inconstitucionalidad de otras normas jurídicas como de actos u omisiones de los poderes
públicos es decir toda creación, interpretación y aplicación del derecho debe respetar las
disposiciones materiales de la constitución de esta manera se busca la coherencia del
ordenamiento jurídico para que el principio de juridicidad no sea solo texto muerto sino algo
que se aplique y la soberanía que se impuso al momento que el Estado crea y decide regirse a
través de una constitución sea defendida y no exista órgano que tan solo intente transigirla para
así otorgar mayor fuerza a los derechos y principios consagrados en la norma suprema.
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Con respecto a esto la superioridad constitucional brinda características y factores
determinantes como lo menciona Monroy Cabra (2018):
En su calidad de norma suprema del ordenamiento jurídico, establece disposiciones de
obligatorio cumplimiento, siendo cualquier transgresión a las mismas constitutiva de
ilegalidad. La especial característica de las normas constitucionales, a diferencia del resto de
normas jurídicas, es su posición de superioridad tanto frente a la legislación como frente a
cualquier otra producción normativa derivada de ésta (p. 175).
Por consiguiente, dicha superioridad se manifiesta igualmente al momento de aplicar
las normas, debiendo siempre preferirse la explicación y utilidad de la ley subordinada de
acuerdo al texto, principios y valores constitucionales cuando exista contradicción entre ellas.
En síntesis, la supremacía constitucional es transversal a todo el ordenamiento jurídico,
vinculando tanto a la generación de normas infra constitucionales y demás reglamentaciones,
como a su ulterior interpretación y aplicación, las cuales siempre deberán guardar coherencia
con las disposiciones de la Carta Magna.
Sin embargo, la supremacía constitucional también otorga una gran rigidez al texto
constitucional porque los procedimientos agravados de reforma buscan dar estabilidad a la
carta magna, pero dificultan su adaptación frente a nuevas realidades y necesidades sociales
que puedan surgir con el tiempo asimismo el control de constitucionalidad emerge como un
mecanismo necesario para preservar la supremacía material de la constitución este es el
encargado de declarar inconstitucionales leyes si se estima que contravienen aspectos
intangibles de la norma suprema en consecuencia, la supremacía formal y material es
fundamental para garantizar la fuerza normativa de la constitución.
Para garantizar la efectividad dentro de las cambiantes necesidades poblacionales se
requiere por tanto analizar medidas que permitan equilibrarla con niveles adecuados de
flexibilidad constitucional, por ejemplo algunas propuestas planteadas incluyen facilitar el
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procedimiento de reforma constitucional, permitir una interpretación evolutiva de las normas
constitucionales y reconsiderar ciertos aspectos de la rigidez en el control de constitucionalidad
dado que el objetivo debe ser alcanzar un punto de equilibrio y la flexibilidad requerida en
aspectos puntuales para poder adaptar el texto constitucional y el ordenamiento jurídico a las
cambiantes y crecientes necesidades de los ciudadanos, sin desnaturalizar los elementos
esenciales de la carta magna.
Efectividad ante cambios en necesidades ciudadanas
La estabilidad y permanencia derivadas pueden volverse rígidas y limitar la
adaptabilidad oportuna del texto constitucional frente a nuevas realidades y necesidades
apremiantes de los ciudadanos, por ejemplo, los procedimientos difíciles de reforma
constitucional pueden demorar cambios urgentes para atender problemáticas sociales no
previstas inicialmente por la constitución. del mismo modo la intangibilidad de ciertos
contenidos materiales ante nuevos contextos puede obstaculizar soluciones jurídicas eficientes
para satisfacer derechos emergentes o expectativas ciudadanas transformadas.
Como lo menciona Carbonell (2008) en su obra sobre los derechos sociales y el
constitucionalismo donde “Es importante que la incorporación de dimensiones de un Estado
Social dentro de las actuales constituciones es una tendencia sólida en el constitucionalismo
contemporáneo, lo cual ha implicado un cambio de paradigma tanto para el constitucionalismo
como para la democracia”. Con esta perspectiva el objetivo es brindar una mejor protección a
aquellos valores esenciales de las sociedades modernas. Bajo esta nueva perspectiva
paradigmática, dichos valores al ser reconocidos adquieren un resguardo inédito.
Así, la consagración constitucional de un conjunto más amplio de derechos vinculados
al bienestar y desarrollo de las personas, responde precisamente al desafío de adaptarse a las
cambiantes y crecientes necesidades de las personas por eso la supremacía constitucional, tanto
formal como material, resulta entonces clave para dotar de la más alta jerarquía jurídica a esta
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nueva generación de derechos sociales, lo cual a su vez permite garantizarlos y exigirlos
judicialmente de manera más efectiva. Ello constituye una muestra de cómo la flexibilización
del contenido constitucional permite adecuarse mejor a las realidades contemporáneas.
Metodología
Análisis de textos relacionados con, doctrina, revistas electrónicas, así como también
publicaciones emitidas por especialistas en derecho constitucional relacionada con la
supremacía material y formal.
1. Analizar.
El tema tratado se basa en la inobservancia actual al debido proceso y la seguridad
jurídica
2. Planificar.
Estudios preliminares que ayudaron a comprender el entorno donde se desarrolla, de
acuerdo con la información confiable y actualizada con doctrina expuesta por conocedores del
tema y entrevistas que sustenten el tema planteado.
Resultados
1. Supremacía Formal y Material en base a la Jurisprudencia de la Corte Constitucional
Dentro de nuestra Carta Magna se hace claro énfasis a que la interpretación de las
normas que en ella se encuentran prescritas se lo hará a la luz de su tenor literal, buscando
siempre el resguardo y vigilancia de los derechos y responsabilidades consagrados por la
misma como se hace mención en su Art.427 y es por esto que la Corte Constitucional tiene la
obligación en su potestad de administrar e interpretar el cuerpo legal antes mencionado con el
objeto de ratificar que ninguna norma vaya en contra de los preceptos constitucionales y de
esta manera defender los principios consagrados en la misma, caso contrario se tomaran las
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medidas de ley respectivas declarando nulidad, reforma u derogatoria de cualquier cuerpo legal
que intente transgredir la potestad suprema.
Un claro ejemplo de esto es la sentencia No. 8-19-CN/22 en donde se analiza la
superioridad constitucional frente a otra ley ordinaria como es en este caso el Código
Tributario:
La Corte aborda la supremacía formal de la Constitución al examinar la facultad del
ejecutor de la administración tributaria como es el SRI de decretar medidas como el arraigo o
la prohibición de salida del país a un representante jurídico de una empresa por un proceso de
coactiva, pero se determina que dicha atribución solo puede ser ordenada por una autoridad
judicial competente.
Este principio implica que la potestad de administrar justicia se ejerce por la Función
Judicial y se emana del pueblo o en otros poderes excepcionalmente facultados es por esto que
se declara la inconstitucionalidad de la norma, el fallo analiza la contradicción de la disposición
consultada hacia la seguridad jurídica fundamentado en el Art. 82 de la CRE y se señala que la
medida cautelar solo puede ser dictada por autoridad competente, no siendo esta el SRI al
pertenecer al ámbito administrativo.
En consecuencia, la Corte en sus razonamientos recurre a principios imprescindibles
como unidad jurisdiccional y seguridad jurídica para fundamentar su sentencia, este aspecto
constituye un precedente relevante que refuerza la jerarquía constitucional sobre cualquier
disposición inferior.
2. Precedente jurisprudencial
Los precedentes jurisprudenciales en el Ecuador derivan de los fallos de triple
reiteración que la corte prevenga y son publicados en el Registro oficial para confirmar su
obligatoriedad ya que tienen relevancia suficiente para próximos casos que tengan una gran
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similitud en el caso de la supremacía la corte en resolución No. 12-2021 nos manifiesta un
ejemplo claro de como la prevalencia constitucional permite asegurar derechos fundamentales.
Este precedente declara que el plazo de 180 días para que la Contraloría General del
Estado determine responsabilidades civiles culposas es un plazo fatal y su incumplimiento
conlleva la caducidad de esa competencia.
La Corte fundamenta esta posición en la defensa de los preceptos constitucionales
consagrados en los artículos 226 y 82 de la CRE. Al establecer un plazo legal claro y definitivo
para el ejercicio de las competencias de la Contraloría, se busca evitar la indeterminación en el
tiempo de las potestades públicas una vez vencido el plazo, la Contraloría pierde la
competencia para determinar responsabilidades.
Esto brinda seguridad jurídica a los administrados o auditados, quienes no quedan
sujetos de forma indefinida a los procesos de control del ente contralor. Se aclara y acota en el
tiempo el ejercicio de esas facultades de control, por tanto, este precedente refuerza la
supremacía constitucional al amparar los principios de legalidad y seguridad jurídica frente a
actuaciones administrativas que podrían extenderse excesiva e indefinidamente en el tiempo,
en contra de lo determinado en la ley orgánica que las regula.
2.1. Influencia en la Legislación y Política
El precedente jurisprudencial, como una decisión legal anterior que sirve como regla o
patrón en casos futuros, tiene una influencia significativa en la legislación y la política. En
sistemas jurídicos donde el precedente es considerado una fuente de derecho, como en el
common law, su impacto es aún más pronunciado. Según un análisis del ordenamiento jurídico
ecuatoriano, el precedente jurisprudencial ha adquirido una vital importancia en el nuevo
modelo adoptado por la justicia del país (Nevárez Moncayo et al., 2021).
Además, el valor del precedente como fuente del derecho es un tema crucial en la
dogmática jurídica, especialmente en la forma en que las decisiones judiciales anteriores
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influyen en la interpretación y aplicación de la ley (Corte Nacional de Justicia, 2017). Este
fenómeno no se limita a un solo país o sistema jurídico, sino que es un aspecto fundamental en
la evolución del derecho a nivel global. El precedente jurisprudencial no solo guía las
decisiones judiciales, sino que también influye en la formulación de políticas y la creación de
nuevas leyes, reflejando la interacción dinámica entre la jurisprudencia, la legislación y la
política.
2.1.1. Cambios Legislativos Post-Precedente
Los precedentes judiciales no solo influyen en las decisiones futuras de los tribunales,
sino que también pueden provocar cambios significativos en la legislación. Un ejemplo notable
de esto es la creación de la jurisdicción constitucional, que surgió como consecuencia de la
evolución de los precedentes judiciales y ha tenido un impacto profundo en la legislación
(Álvaro Aguilar, 2011).
Además, la obligatoriedad de los precedentes jurisprudenciales ha llevado a una
revisión y adaptación de las leyes existentes para garantizar su conformidad con las decisiones
judiciales establecidas. Este fenómeno se ha observado en varios sistemas jurídicos, donde los
cambios legislativos post-precedente reflejan una dinámica interacción entre la jurisprudencia
y la legislación (Corte Nacional de Justicia, 2017).
2.1.2. Impacto en la Formulación de Políticas
Los precedentes judiciales desempeñan un papel crucial en la formulación de políticas,
ya que las decisiones de los tribunales a menudo influyen en la creación y modificación de
políticas públicas. Un estudio sobre el precedente judicial en el Ecuador destaca cómo estas
decisiones han trascendido el ámbito judicial, impactando significativamente en la política y la
legislación (Coronel Barrezueta, 2020).
Además, la obligatoriedad de los precedentes judiciales refuerza la igualdad en la
aplicación de la ley, lo que a su vez afecta la manera en que se formulan las políticas públicas
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(Álvaro Aguilar, 2011). Este fenómeno se observa en diversos sistemas jurídicos, donde las
decisiones judiciales establecen parámetros y directrices que los formuladores de políticas
deben considerar. Los precedentes judiciales no solo guían las decisiones futuras de los
tribunales, sino que también tienen un impacto significativo en la formulación de políticas,
demostrando la interacción continua entre la jurisprudencia y la política pública.
3. Modalidades de Control
3.1. Por el órgano que controla
3.1.1. Control por un organismo político
Se produce cuando uno de los órganos políticos del poder público asume la
responsabilidad de examinar la conformidad constitucional de las normas jurídicas, en la
actualidad, lleva a cabo este control mediante la objeción es el presidente de la República.
Así como se establece como atribución presidencial en el ámbito hacia su competencia
hacer cumplir lo establecido de manera obligatoria, así como cumplirla él, incluye la
participación en el procedimiento de formación de las leyes además cabe recalcar que la
objeción presidencial por parte del Tribunal Constitucional es de carácter obligatorio.
3.1.2. Control por un órgano judicial
Se le denomina "difuso" al juez o jueza que examina la constitucionalidad ya que está
a cargo de una variedad de agentes, es crucial señalar que este poder de control no puede ser
clasificado como legislativo, judicial o administrativo, ya que no comparte ninguna de las
características distintivas de esos poderes, es simplemente, un poder de control.
El control judicial puede ser iniciado a través de una acción de carácter abstracto o
mediante una vía de excepción de carácter concreto. En Ecuador, todos los jueces y tribunales
tienen la capacidad de ejercer este control difuso a través del recurso de inaplicabilidad,
destacando que este control tiene un carácter concreto.
3.1.3. Control concentrado
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Esta forma de control fue debidamente establecida en 1996. El Tribunal Constitucional
(TC) era la única entidad encargada de determinar la inconstitucionalidad de los preceptos
normativos que la Constitución le asigna revisar. Cabe destacar que en el (TC) su competencia
se limitaba a evaluar si las normas que están sujetas a su conocimiento cumplen o no con la
conformidad establecida en el Código Político por lo que no tiene la facultad de llevar a cabo
un control de mérito o conveniencia de los preceptos, del mismo modo la duración de esta
peculiar modalidad de control fue efímera.
3.2. Control abstracto y concreto
3.2.1. Control abstracto
El único propósito de este tipo de control es impugnar el precepto que se considera
inconstitucional, dejando que el tribunal correspondiente resuelva esta situación exclusiva, por
lo que, en Ecuador, esta forma de control está a cargo del Tribunal Constitucional (TC)
3.2.2. Control concreto
Para plantear la inconstitucionalidad de una norma es necesario que dicha norma se esté
aplicando en un caso específico ante un juez o tribunal ya que el enfoque principal es tomar
decisiones sobre las demandas del actor y las objeciones del demandado a través de una
sentencia, por lo tanto, si el juez determina que la norma es incompatible con la Constitución,
no la declara inconstitucional, sino que simplemente deja de aplicarla en el proceso.
4. Impacto de la Supremacía Constitucional en la Gobernanza y la Administración
Pública
4.1. Reformas Administrativas y Constitucionales
4.1.1. Cambios en la Estructura del Gobierno
Las reformas administrativas y constitucionales a menudo conllevan cambios
significativos en la estructura del gobierno. Un estudio sobre la reforma constitucional en
Ecuador, por ejemplo, analiza cómo estas reformas han afectado al “Estado Social y
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Democrático de Derecho”, modificando la organización y el funcionamiento del gobierno
(Rivadeneira Cabezas, 2019).
Además, la reingeniería del Estado, entendida como la reorganización de todas las
instituciones que regulan las reparticiones públicas, es un aspecto crucial de las reformas
administrativas (Espejel Mena et al., 2011). Estos cambios pueden incluir la creación de nuevas
entidades gubernamentales, la modificación de las funciones de las existentes, o incluso la
redefinición de las relaciones entre diferentes ramas del gobierno. Las reformas administrativas
y constitucionales tienen un impacto profundo en la estructura del gobierno, lo que a su vez
puede afectar la eficiencia y efectividad de la administración pública.
4.1.2. Ajustes en la Administración Pública
Las reformas administrativas y constitucionales suelen requerir ajustes significativos en
la administración pública. Estos ajustes pueden incluir la reestructuración de entidades
gubernamentales, la introducción de nuevas políticas de gestión y cambios en los procesos
administrativos. Un análisis sobre las reformas del Estado y la administración pública en
América Latina destaca cómo la aplicación del New Public Management ha llevado a cambios
en la gestión y organización de las reparticiones públicas (Ramírez Brouchoud, 2009).
Además, se ha observado que las reformas administrativas buscan mejorar la eficiencia
y efectividad de la administración pública, a menudo mediante la implementación de
tecnologías digitales y la reingeniería de procesos (Arellano Gault, 2010). Estos ajustes son
cruciales para adaptar la administración pública a los nuevos requerimientos y desafíos que
surgen de las reformas constitucionales y administrativas. Los ajustes en la administración
pública son una respuesta necesaria a las reformas administrativas y constitucionales, buscando
mejorar la capacidad del gobierno para servir eficientemente a la ciudadanía.
4.2. Casos de Estudio en Políticas Públicas
4.2.1. Políticas Influenciadas por la Supremacía Constitucional
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335
La supremacía constitucional ejerce una influencia significativa en la formulación y
ejecución de políticas públicas. Un estudio sobre la supremacía constitucional y sus garantías
en España y Reino Unido destaca cómo la legitimidad y la democracia deliberativa,
fundamentadas en la supremacía constitucional, afectan la creación de políticas públicas
(Giuffré, 2021).
Además, la interacción entre la supremacía constitucional y el derecho comunitario ha
generado tensiones y desafíos en la formulación de políticas, especialmente en contextos donde
se equilibran los principios constitucionales con las necesidades de integración y cooperación
internacional (Guerra Rodríguez, 2014). La supremacía constitucional no solo define el marco
legal dentro del cual se desarrollan las políticas públicas, sino que también proporciona los
principios y valores que guían su formulación y aplicación.
4.2.2. Análisis de Políticas Exitosas y Fallidas
El análisis de políticas públicas exitosas y fallidas es crucial para entender los factores
que contribuyen al éxito o fracaso de las intervenciones gubernamentales. Un estudio sobre la
reducción de la desnutrición crónica infantil en Ecuador aborda la falla de las políticas públicas
como un problema de investigación, destacando la importancia de analizar las políticas desde
múltiples perspectivas (Manosalvas Vaca, 2018).
Además, el análisis de políticas públicas que han controlado fallos de mercado en la
economía nacional proporciona ejemplos de cómo las intervenciones gubernamentales pueden
tener impactos positivos o negativos en la economía y la sociedad (Suin Romero, 2016). El
análisis de políticas públicas, tanto exitosas como fallidas, es fundamental para mejorar la
formulación y ejecución de futuras políticas, permitiendo a los gobiernos aprender de
experiencias pasadas y adaptarse a nuevos desafíos.
5. Desafíos y Perspectivas Futuras
5.1. Desafíos Actuales en la Aplicación de la Supremacía Constitucional
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5.1.1. Conflictos Normativos y Jurídicos
La aplicación de la supremacía constitucional a menudo conlleva conflictos normativos
y jurídicos. Un estudio sobre la aplicación directa de la Constitución destaca que la supremacía
constitucional impone que la Constitución sea la fuente legitimadora de todo el ordenamiento
jurídico, lo que puede generar tensiones entre diferentes niveles de normas (Medinaceli Rojas,
2013).
Además, un análisis teórico del conflicto de jerarquía, jurisdicción y competencia en el
marco de la supremacía constitucional revela cómo estos conflictos pueden surgir y cómo se
buscan soluciones a los mismos (Vásquez Morales & Barrios Miranda, 2018). Estos conflictos
pueden involucrar desacuerdos sobre la interpretación de la Constitución, la aplicación de leyes
en contraposición a principios constitucionales y la jurisdicción de diferentes tribunales.
5.1.2. Cuestiones de Interpretación y Aplicación
Las cuestiones de interpretación y aplicación de la supremacía constitucional son
fundamentales para garantizar que las leyes y políticas se alineen con los principios
constitucionales. Un estudio sobre la aplicación directa de la Constitución resalta que las
normas constitucionales siempre deben regir como criterios de interpretación de los elementos
estructurales de la realidad política (Medinaceli Rojas, 2013).
Además, los problemas actuales sobre la interpretación constitucional de los derechos
destacan la complejidad y los desafíos inherentes a la interpretación de los derechos
constitucionales, lo que subraya la importancia de una comprensión profunda y matizada de la
Constitución (Martínez Dalmau, 2016). La interpretación y aplicación de la supremacía
constitucional requieren un análisis cuidadoso y considerado para resolver conflictos
normativos y garantizar que todas las leyes y políticas se adhieran a los principios y valores
constitucionales.
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Discusión
Según estudios del grupo de investigación del área constitucional, Facultad de derecho,
Universidad Panamericana la relacionados con el principio de rigidez que no solo se
fundamenta por esta se encuentre escrita y más bien en lo imperativo del texto pre escrita en
la Carta Magna la cual reforma mediante procesos infra constitucionales basado en la
antinomias jurídicas sin perder su función de ser renovada conforme a los parámetros formales
previstos en ella, sin vulnerar sus límites materiales los cuales consolidan en resguardar e
intangible de cualquier pretensión o intención por parte de algún órgano de poder que pretenda
modificarla sin estar facultado para ello.
Los conflictos normativos y jurídicos en la aplicación de la supremacía constitucional
subrayan la complejidad de mantener el equilibrio entre diferentes poderes del Estado (Coronel
Barrezueta, 2020; Vásquez Morales y Barrios Miranda, 2018). Estos desafíos destacan la
importancia de un sistema judicial informado y capaz de interpretar y aplicar la ley de manera
que respete los principios constitucionales. Las reformas administrativas y constitucionales son
esenciales para adaptar la estructura del gobierno a los desafíos contemporáneos (Manosalvas
Vaca, 2018; Martínez Dalmau, 2016). Estos ajustes reflejan la interacción dinámica entre la
jurisprudencia y la política pública, siendo cruciales para la eficiencia y efectividad de la
administración pública.
El análisis de políticas públicas, tanto exitosas como fallidas, proporciona insights
valiosos para el desarrollo de estrategias gubernamentales más efectivas (Manosalvas Vaca,
2018; Suin Romero, 2016). Estos estudios demuestran cómo las políticas pueden ser mejor
formuladas y aplicadas en el marco de la supremacía constitucional. Los desafíos actuales en
la aplicación de la supremacía constitucional, como los conflictos normativos y las cuestiones
de interpretación, requieren un enfoque cuidadoso (Coronel Barrezueta, 2020; Martínez
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Dalmau, 2016). Estos desafíos subrayan la necesidad de un diálogo constante entre los poderes
del Estado y una comprensión profunda de la Constitución.
Conclusión
Para garantizar su fuerza normativa dentro del ordenamiento jurídico esto se refleja en
sus procedimientos agravados de reforma, así como en la prevalencia de su contenido sobre
cualquier otra disposición legal; sin embargo, puede volverse rígida y limitar la adaptabilidad
oportuna de la Carta Magna mencionando que el objetivo debe ser alcanzar un punto
intermedio entre la flexibilidad requerida, además la jurisprudencia de la Corte Constitucional
refuerza estos aspectos al declarar la inconstitucionalidad de normas que la contravienen es
decir sienta precedentes relevantes sobre la prevalencia de los principios y disposiciones
constitucionales.
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