Código Científico Revista de Investigación/ V. 4/ N. E2/ www.revistacodigocientifico.itslosandes.net
ISSN: 2806-5697
Vol. 4 – Núm. E2 / 2023
pág. 632
Responsabilidad estatal de los centros de rehabilitación social en el
Ecuador
state responsibility of social rehabilitation centers in Ecuador
Responsabilidade do estado pelos centros de reabilitação social no Equador
Shirley Karina Vargas Haro
Universidad Tecnológica Indoamérica
svargas5@indoamerica.edu.ec
https://orcid.org/0009-0009-2680-4473
Erika Cristina García Erazo
Universidad Tecnológica Indoamérica
egarcia17@indoamerica.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-8546-3594
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v4/nE1/178
Como citar:
Vargas, S. & García, E. (2023). Responsabilidad estatal de los centros de rehabilitación social
en el Ecuador. Código Científico Revista de Investigación, 4(E2), 632-655.
Recibido: 10/07/2023 Aceptado: 08/09/2023 Publicado: 29/09/2023
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Volumen 4, Número E2, 2023
Resumen
El objetivo de este artículo científico es analizar y examinar la responsabilidad estatal en los
Centros de Rehabilitación Social en Ecuador explorando los aspectos clave relacionados con
la gestión, supervisión y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad desde
una perspectiva constitucional que se posiciona como fuente de reconocimiento y protección
de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo aquellas que se encuentran en las
distintas prisiones. La metodología utilizada es cualitativa con un enfoque de análisis detallado
de la responsabilidad que recae sobre el Estado ecuatoriano como garante de los derechos
fundamentales de este grupo vulnerable y busca examinar la seguridad en estos centros, la
persistente corrupción e impunidad, la falta de programas efectivos de rehabilitación y
reinserción social, así como la falta de supervisión por parte de las autoridades. Finalmente, el
artículo evalúa la efectividad de las políticas, normativas y prácticas existentes en términos de
rehabilitación y los dirige al reconocimiento de las falencias que persisten y que pueden ser
subsanadas con reformas normativas y mayor rigurosidad en el control de su cumplimiento.
Palabras Clave: Derechos Humanos, políticas públicas, Rehabilitación social, reinserción
social, responsabilidad estatal.
Abstract
The objective of this scientific article is to analyze and examine state responsibility in Social
Rehabilitation Centers in Ecuador by exploring key aspects related to management,
supervision, and guarantee of the rights of incarcerated individuals from a constitutional
perspective that positions itself as a source of recognition and protection of human rights for
all individuals, including those within different prisons. The methodology employed is
qualitative, with a focus on a detailed analysis of the responsibility placed on the Ecuadorian
state as a guarantor of the fundamental rights of this vulnerable group. It seeks to examine
security within these centers, persistent corruption and impunity, lack of effective rehabilitation
and social reintegration programs, as well as insufficient oversight by authorities. Lastly, the
article evaluates the effectiveness of existing policies, regulations, and practices in terms of
rehabilitation, pinpointing the persisting shortcomings and suggesting that these could be
addressed through regulatory reforms and stricter enforcement mechanisms.
Keywords: Human Rights, public policies, Social Rehabilitation, social reintegration, state
responsibility.
Resumo
O objetivo deste artigo científico é analisar e examinar a responsabilidade do Estado nos
Centros de Reabilitação Social no Equador, explorando os principais aspectos relacionados
com a gestão, supervisão e garantia dos direitos das pessoas privadas de liberdade desde uma
perspectiva constitucional que se posiciona como fonte de reconhecimento e proteção dos
direitos humanos de todas as pessoas, incluindo aquelas que estão em diferentes prisões. A
metodologia utilizada é qualitativa com uma abordagem de análise detalhada da
responsabilidade que recai sobre o Estado equatoriano como garante dos direitos fundamentais
deste grupo vulnerável e procura examinar a segurança nestes centros, a persistente corrupção
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e impunidade, a falta de programas eficazes de reabilitação e reinserção social, bem como a
falta de supervisão por parte das autoridades. Por fim, o artigo avalia a eficácia das políticas,
regulamentos e práticas existentes em termos de reabilitação e direciona-as para o
reconhecimento das deficiências que persistem e que podem ser corrigidas com reformas
regulatórias e maior rigor no controlo do cumprimento.
Palavras-chave: Direitos Humanos, políticas públicas, Reabilitação social, reinserção social,
responsabilidade do Estado.
Introducción
La responsabilidad estatal en los centros de rehabilitación social es un tema de gran
relevancia en los ámbitos jurídicos y sociales. Estas instituciones tienen la tarea de brindar
alojamiento y atención a las personas privadas de libertad, con el objetivo de lograr una efectiva
reinserción social y reducir la reincidencia delictiva.
En este artículo se analiza detalladamente de la responsabilidad que recae sobre el
Estado ecuatoriano, como garante de derechos fundamentales de las personas privadas de
libertad; responsabilidad que se basa en la Constitución del Ecuador, la cual reconoce y protege
los derechos humanos de todas las personas, incluyendo aquellas que se encuentran
encarceladas.
Asimismo, se aborda el tema de la seguridad en los Centros de Rehabilitación Social,
la cual desempeña un papel fundamental en la prevención de la violencia, los motines y el
hacinamiento carcelario, fenómenos que se han evidenciado en los últimos años. Estas
situaciones resaltan la necesidad de prestar una mayor atención y fortalecimiento a las políticas
de reinserción y rehabilitación social.
Otro punto que se busca estudiar es la persistente corrupción e impunidad que se
evidencian actualmente en muchos de estos Centros, ya que se han reportado casos de
extorsión, maltrato y abuso por parte del personal de seguridad y de los funcionarios
penitenciarios, así como la falta de control de actividades delictivas dentro de las instalaciones.
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La falta de supervisión por parte de las autoridades permite que estas problemáticas se
mantengan y perpetúen, sin que los responsables enfrenten consecuencias por sus acciones.
De igual manera, es preocupante la escasez de programas efectivos de rehabilitación y
reinserción social, lo cual limita las oportunidades de los reclusos para reintegrarse
adecuadamente a la sociedad una vez que han cumplido sus condenas. La falta de acceso a la
educación, la capacitación laboral y programas de apoyo psicosocial dificultan su proceso de
reeducación y aumentan las posibilidades de reincidencia en conductas delictivas en el futuro.
La problemática expuesta en donde aparentemente podría existir una grave falta de
compromiso y negligencia por parte del Estado en el cumplimiento de su responsabilidad
constitucional de proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad, así como
de promover su rehabilitación y reinserción social. Es imperativo que las autoridades
reconozcan esta situación y asuman su responsabilidad de manera efectiva.
Gordillo (1998) mencionaba que el Estado es responsable, cuando a través de la
administración pública, en el ejercicio de sus funciones regulares o como resultado de la
conducta inadecuada de sus funcionarios en la organización y prestación de los servicios
públicos, puede causar daño o perjuicio a los individuos particulares, en este sentido, Vedel
establece “la responsabilidad estatal se sustenta, principalmente, en la falta o falla del servicio
público” (Guerra García, 2009, pág. 17)
La responsabilidad estatal se fundamenta principalmente en la falta o deficiencia en la
prestación del servicio público. Estos enfoques subrayan la importancia de que el Estado asuma
la responsabilidad por las consecuencias negativas que puedan surgir como resultado de su
actuación o inacción, especialmente en el ámbito de los servicios públicos. La noción de
responsabilidad estatal se basa en la idea de garantizar la protección y el bienestar de los
ciudadanos, reconociendo que el Estado tiene el deber de brindar servicios eficientes y de
calidad.
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Antes de la promulgación de la Constitución de 2008 en Ecuador, la responsabilidad
estatal se limitaba únicamente a una concepción civil, sin tener un enfoque reparatorio, pero,
en la actualidad, esta perspectiva ha cambiado y se establece en el artículo 11, numeral 9 de la
Constitución de la República del Ecuador (2008) que el deber primordial del Estado es respetar
y garantizar los derechos, lo cual implica que todos los funcionarios que ejerzan una potestad
pública tienen la obligación de reparar las violaciones a los derechos de los ciudadanos cuando
estas se produzcan debido a deficiencias en la prestación de un servicio público.
La carta política ha marcado un cambio significativo en la concepción de la
responsabilidad estatal. Anteriormente, esta responsabilidad se limitaba a un enfoque civil sin
considerar una perspectiva reparatoria. Sin embargo, en la actualidad, el texto constitucional
establece claramente que el deber primordial del Estado es respetar y garantizar los derechos
de los ciudadanos. Esto implica que todos los funcionarios que ejerzan una potestad pública
tienen la obligación de reparar las violaciones a los derechos de los ciudadanos cuando estas
se produzcan debido a deficiencias en la prestación de un servicio público. Esta visión amplia
de la responsabilidad estatal reconoce la importancia de reparar el daño causado y proporcionar
justicia a los ciudadanos afectados.
La rehabilitación social se define como un proceso integral orientado a la restauración
funcional óptima de individuos que han cometido delitos, y su objetivo es promover la
reintegración exitosa de estas personas en la sociedad. Este proceso se fundamenta en
principios de dignidad, respeto y equidad, reconociendo el potencial de cambio y crecimiento
de cada individuo, y ofreciéndoles las herramientas necesarias para construir una vida libre de
delitos y en armonía con la comunidad. (Valenzuela De La Torre, 2007)
El objetivo de este artículo científico es analizar y examinar la responsabilidad estatal
en los centros de rehabilitación social en Ecuador, explorar los aspectos clave relacionados con
la gestión, supervisión y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad. Las
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políticas, normativas y prácticas existentes, para evaluar su efectividad en términos de
rehabilitación, reinserción social y respeto a los derechos humanos.
Desarrollo
Rehabilitación social
La rehabilitación social ha experimentado cambios significativos a lo largo del tiempo,
en el pasado, el enfoque predominante se centraba en el castigo y la retribución, con poco
énfasis en la reintegración del individuo a la sociedad, sin embargo, con el avance de los
conocimientos científicos y la comprensión de los factores que influyen en la conducta
delictiva, se ha producido un cambio hacia un enfoque más rehabilitador. (Calle & Zamora,
2021)
En sus inicios, la rehabilitación social se basaba en modelos de tratamiento que
buscaban corregir las deficiencias y desviaciones individuales que se consideraban
responsables del comportamiento delictivo, estos programas se centraban en la educación, el
trabajo y la terapia psicológica como medio para reformar al delincuente y prepararlo para su
reintegración en la sociedad. (Vela, 2020)
Con el tiempo, surgieron críticas hacia los enfoques tradicionales de rehabilitación,
argumentando que eran demasiado simplistas y no tenían en cuenta la complejidad de los
factores que influyen en el comportamiento delictivo, esto llevó a la aparición de enfoques
multidisciplinarios, que consideraban aspectos como la historia personal, el entorno social, la
salud mental y la adicción como elementos relevantes para su desarrollo.
En la actualidad, la rehabilitación social se ha convertido en un sistema que aborda las
diversas necesidades de los individuos que han cometido delitos, reconoce la importancia de
proporcionar programas de tratamiento especializados que aborden problemas como la
educación y la capacitación laboral, además, que promueve la reinserción social a través de la
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participación en programas comunitarios, la conexión con redes de apoyo y la promoción de la
responsabilidad personal. (Valencia Guerrero, 2021)
El cambio ha producido una visión más humanista de la rehabilitación, que reconoce la
dignidad y los derechos de los individuos, y busca empoderarlos para que tomen
responsabilidad de su propio cambio, enfatizando la importancia de prevenir el delito, y
promoviendo políticas y programas que aborden las causas subyacentes de la delincuencia con
el fomento de entornos sociales saludables.
La evolución de este sistema ha pasado de un enfoque punitivo hacia una perspectiva
más holística y centrado en la reintegración del individuo, se ha reconocido la necesidad de
abordar las múltiples dimensiones del comportamiento delictivo y proporcionar oportunidades
para la transformación personal y la participación en la sociedad.
Según Calle y Zamora (2021) la rehabilitación social es un proceso integral y
multidimensional que busca ayudar a las personas que han cometido delitos a reintegrarse en
la sociedad de manera positiva y constructiva, consiste en brindarles apoyo y oportunidades
para que puedan transformar su comportamiento y estilo de vida, superar sus problemas y
desafíos, y desarrollar habilidades y actitudes que les permitan llevar una vida libre de delitos.
Esta va más allá de la simple sanción o castigo por el delito cometido, se basa en la
creencia de que las personas tienen la capacidad de cambiar y mejorar, y que se les debe brindar
la oportunidad de hacerlo, busca abordar las causas subyacentes del comportamiento delictivo,
como la falta de habilidades sociales, la adicción, la falta de educación o empleo, los trastornos
de salud mental y otros factores que pueden haber contribuido al delito, lo que significa un
deber del Estado mismo (Santa Cruz et al., 2022).
Este proceso implica proporcionar una variedad de intervenciones y servicios, como
tratamiento de adicciones, asesoramiento psicológico, educación y capacitación laboral,
programas de desarrollo personal y habilidades sociales, programas de prevención de recaídas
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y apoyo comunitario, el objetivo es ayudar a los individuos a adquirir las herramientas
necesarias para llevar una vida responsable, productiva y libre de delitos.
La rehabilitación social también busca el fomento de la responsabilidad personal y la
rendición de cuentas, los individuos deben responder por sus acciones pasadas y trabajar
activamente en su proceso de reintegración, es decir se debe enfrentar las consecuencias de sus
delitos, reparando el daño causado a las víctimas y a la comunidad, y bajo el compromiso de
adoptar un comportamiento prosocial y respetuoso de la ley.
La rehabilitación social se basa en enfrentar las causas subyacentes del comportamiento
delictivo y proporcionar una variedad de intervenciones y servicios para ayudar a los individuos
a adquirir las herramientas necesarias para llevar una vida responsable, productiva y libre de
delitos. Es un deber del Estado garantizar la implementación efectiva de programas y servicios
de rehabilitación social para lograr la reintegración exitosa de las personas en la sociedad.
Rehabilitación social en Ecuador
En Ecuador, la rehabilitación social es un aspecto fundamental del sistema de justicia
penal y está orientada a la reintegración de las personas que han cometido delitos en la
sociedad, se basa en los principios de respeto a los derechos humanos, la responsabilidad, la
participación ciudadana y la reinserción social.
El Sistema Nacional de Rehabilitación Social es el ente encargado de coordinar y
ejecutar las políticas y programas de rehabilitación social en el país, a través de este sistema se
implementan diversas estrategias y acciones dirigidas a promover la reinserción de las personas
privadas de libertad en la sociedad. Al respecto el Código Orgánico Integral Penal (COIP)
indica:
El Sistema Nacional de Rehabilitación Social tiene las siguientes finalidades:
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1. La protección de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad
reconocidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de
derechos humanos y la presente Ley, con atención a sus necesidades especiales.
2. El desarrollo de las capacidades de las personas privadas de libertad para ejercer sus
derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar completamente su libertad.
3. La rehabilitación integral de las personas privadas de libertad, en el cumplimiento de
su condena.
4. La reinserción social y económica de las personas privadas de libertad.
5. Las demás reconocidas en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado
(COIP, 2014, Articulo 673).
La rehabilitación social en Ecuador se orienta en proporcionar a las personas privadas
de libertad oportunidades de educación, capacitación técnica y laboral, atención médica y
psicológica, así como programas de desarrollo personal y habilidades sociales, para brindarles
las herramientas necesarias para que puedan adquirir conocimientos y habilidades para acceder
a un empleo digno y reintegrarse de manera efectiva en la sociedad.
Además, se promueven programas de prevención de la reincidencia, donde se fomenta
la responsabilidad personal, la reflexión sobre las consecuencias de sus actos y el compromiso
de no volver a cometer delitos, se implementan también medidas de atención a las víctimas y
se promueve la reparación del daño causado en el Sistema Penitenciario (Bruceño Ludeña,
2020)
Sistema Penitenciario
El sistema penitenciario, según la definición propuesta por Nils Christie, reconocido
criminólogo noruego, se refiere a "la totalidad de las instituciones y medidas legales y
administrativas cuyo objetivo principal es la sanción y corrección de los delincuentes, así como
su rehabilitación y reintegración en la sociedad" (Giler, 2020). En otras palabras, el sistema
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penitenciario es un conjunto de estructuras y programas establecidos por el Estado para
gestionar la privación de libertad de las personas condenadas por la comisión de delitos, cuya
finalidad va más allá de la mera reclusión, para la resocialización de los individuos en la
sociedad, con el propósito de prevenir la reincidencia delictiva y fomentar la convivencia
pacífica.
El sistema penitenciario tiene una larga y compleja historia que se remonta a los
tiempos antiguos, y a lo largo de los siglos, ha evolucionado en respuesta a cambios sociales,
políticos y filosóficos.
En las civilizaciones antiguas, como Egipto, Babilonia y Roma, se utilizaban diferentes
formas de castigo y reclusión para mantener el orden social, más estas primeras formas de
encarcelamiento tenían más un enfoque de detención preventiva que de rehabilitación.
(Aldemar, 2018)
En las civilizaciones antiguas, como Egipto, Babilonia y Roma, se empleaban métodos
de castigo y reclusión para mantener el orden social, pero se puede notar que estos sistemas
tenían más una función de detención preventiva que de rehabilitación. Esta perspectiva refleja
una comprensión limitada de la capacidad de las personas para cambiar y mejorar.
Afortunadamente, a medida que se avanza en el tiempo, se han desarrollado programas más
humanitarios y progresistas en la justicia penal.
Durante la Edad Media, la justicia penal estaba estrechamente ligada a la Iglesia, y las
penas se basaban en conceptos religiosos de pecado y expiación. Por tanto, los delincuentes
eran encarcelados en monasterios, castillos y cárceles locales. Sin embargo, estas prisiones
medievales eran generalmente lugares de detención temporal y no se centraban en la
rehabilitación o la reforma.
Durante el siglo XVIII, fue cuando surgieron nuevas ideas sobre el castigo y la
rehabilitación de los delincuentes, en este período, filósofos como Cesare Beccaria y Jeremy
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Bentham abogaron por un enfoque más humano y racional de la justicia penal, y sus ideas
sentaron las bases de lo que se convertiría en el sistema penitenciario moderno.
A finales del siglo XVIII y principios del XIX, se establecen las primeras prisiones
reformatorias en Europa y América del Norte. Con nuevos enfoques que se centraban en la
rehabilitación del delincuente a través de la educación, el trabajo y la disciplina. Entre estos
destacan dos modelos que fueron el de Auburn, que promovía el trabajo en silencio y la
separación de los reclusos durante la noche, y el de Pensilvania, que enfatizaba la reclusión
individual y la reflexión moral. (Malero, 2012)
A medida que avanzaba el siglo XX, surgieron nuevos enfoques en respuesta a las
críticas sobre las condiciones inhumanas en las prisiones y el impacto limitado de la
rehabilitación. Asimismo, se promovía la reforma que abogaba por una mayor humanización
de las prisiones, el respeto a los derechos humanos de los reclusos y una mayor atención a la
reintegración social.
El sistema penitenciario ha evolucionado a lo largo de la historia, pasando de un
enfoque de castigo a un enfoque más humanitario y rehabilitador, sin embargo, sigue siendo
un desafío lograr un equilibrio adecuado entre la seguridad, la rehabilitación y la reintegración
efectiva de los delincuentes en la sociedad, lo que aun en estos días adquiere un papel
preponderante en la política de Estados y en la inversión que la rehabilitación requiere.
Sistema Penitenciario en Ecuador
En Ecuador el sistema penitenciario ha experimentado diversos cambios a lo largo de
su historia, tanto en su concepción teórica como en su implementación práctica, tal como lo
hizo a nivel mundial, es decir en sus inicios, se centraba en el castigo.
Durante el siglo XX, se produjeron importantes transformaciones en el sistema
penitenciario de Ecuador. Con la implementación de políticas y programas con el objetivo de
mejorar las condiciones de vida de los reclusos para promover su rehabilitación, sin embargo,
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a pesar de estos esfuerzos, persistieron desafíos como la sobrepoblación, la violencia carcelaria
y la falta de recursos. (Giler, 2020)
En la última década, en el sistema penitenciario ecuatoriano, uno de los problemas más
apremiantes ha sido el hacinamiento en las prisiones, lo que ha llevado a condiciones precarias
de vida de los reos. Además, la violencia y el control por parte de los grupos delictivos dentro
de las prisiones han sido persistentes, lo que ha generado preocupación en términos de
seguridad tanto para estos como para el personal penitenciario.
Dentro del sistema penitenciario se encuentran los Centros de privación de libertad que
el COIP clasifica de la siguiente manera:
1. Centros de privación provisional de libertad, en los que permanecerán las personas
privadas preventivamente de libertad en virtud de una medida cautelar o de apremio
impuesta por una o un juez competente, quienes serán tratadas aplicando el principio
de inocencia. En caso de que a una persona que se la ha impuesto una medida cautelar
privativa de libertad y que por el delito cometido revele que se trata de una persona de
extrema peligrosidad, con el fin de precautelar la seguridad del centro y de los otros
privados de libertad, se podrá disponer su internamiento en otro centro que preste las
seguridades necesarias. Estos centros tendrán una sección para las personas
aprehendidas por flagrancia.
2. Centros de rehabilitación social, en los que permanecen las personas a quienes se les
impondrá una pena mediante una sentencia condenatoria ejecutoriada. Los centros de
privación de libertad contarán con las condiciones básicas de infraestructura y
seguridad, para el cumplimiento de las finalidades del Sistema Nacional de
Rehabilitación Social, adecuados para el desarrollo de las actividades y programas
previstos por el órgano competente y considerando la especificidad de los grupos de
atención prioritaria. (COIP, 2014, Articulo 678)
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Los centros de rehabilitación social son establecimientos penitenciarios o instituciones
dedicadas a la rehabilitación y reintegración de personas que han sido condenadas por la
comisión de delitos, estos tienen como objetivo principal proporcionar un ambiente seguro y
controlado donde los individuos privados de libertad puedan participar en programas y
actividades diseñados para su rehabilitación, tanto a nivel personal como social (Valencia
Guerrero, 2021). En estos centros, se debe brindar atención integral a los internos, abarcando
aspectos físicos, psicológicos, emocionales y sociales, para superar adicciones, gestionar su
conducta y establecer vínculos saludables con la comunidad.
Responsabilidad estatal
La responsabilidad estatal se refiere a la obligación que tiene el Estado de responder
por los daños causados a los particulares como consecuencia de sus actos u omisiones, se basa
en el principio de que el Estado debe actuar de manera diligente y proteger los derechos e
intereses de los ciudadanos. (Becerra, 2023)
Cuando el Estado incumple con sus deberes legales o provoca daños a los particulares,
ya sea a través de sus funcionarios, servicios públicos o cualquier otra acción, puede surgir la
responsabilidad estatal, que implica que el Estado debe reparar los daños causados mediante
una restauración integral de restitución de derechos o la adopción de medidas correctivas.
Esta responsabilidad puede surgir en diversas áreas, como el ámbito administrativo,
civil, penal o internacional. Existen diferentes teorías y criterios para determinar cuándo el
Estado es responsable y cuál es el alcance de esa responsabilidad. Entre ellos se encuentran la
teoría de la culpa, la teoría del riesgo, la responsabilidad objetiva entre otras.
Que el Estado pueda reconocer su responsabilidad en ciertos fallos de la Administración
pública resulta un elemento fundamental que garantiza la protección de los derechos de los
ciudadanos y promueve la justicia y la equidad en las relaciones entre el Gobierno y los
particulares. Asimismo, se considera un principio básico del Estado Constitucional de
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Derechos y Justicia para con el fortalecimiento de la confianza y la transparencia en la gestión
gubernamental.
La CRE en su artículo 11 numeral 9 establece que el Estado tiene la obligación de
reparar los daños causados a los particulares como consecuencia de su actividad o inactividad,
ya sea en el ejercicio regular de sus funciones o debido a la conducta irregular de sus
funcionarios y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. Este principio se
fundamenta en la idea de que el Estado debe responder por los perjuicios ocasionados por sus
acciones u omisiones, en aras de proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar la justicia
(Becerra, 2023).
La responsabilidad puede surgir por diversas causas, tales como el incumplimiento de
las normas legales, el ejercicio abusivo de la autoridad, la falta de servicio, el daño causado por
sus agentes públicos, entre otros. En estos casos, el Estado debe asumir la responsabilidad de
reparar el daño causado, ya sea de forma directa o a través de mecanismos legales como el
proceso judicial o la indemnización económica.
Pero esta no se limita únicamente a los actos u omisiones de los funcionarios públicos,
sino que se extiende a todas las acciones del Estado en el ejercicio de su función pública, lo
que significa que puede ser responsabilizado por los perjuicios causados tanto por sus órganos
de gobierno como por sus entidades y organismos descentralizados.
La Constitución de la Republica del Ecuador establece:
El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos
garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda
persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las
violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación
de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y
funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El
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Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas
responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales
y administrativas. (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008, Artículo 11)
En este artículo se resalta la importancia del deber del Estado de respetar y garantizar
los derechos consagrados en la Constitución, esta responsabilidad abarca desde los órganos
estatales como a sus delegatarios y concesionarios, hasta cualquier persona que actúe en
ejercicio de una potestad pública, subraya la obligación de reparar las violaciones a los
derechos de los particulares causadas por la falta o deficiencia en la prestación de servicios
públicos, y por las acciones u omisiones de los funcionarios y empleados públicos en el
desempeño de sus cargos.
La responsabilidad del Estado abarca también los centros de privación de la libertad
con la obligación de garantizar los Derechos Humanos y el bienestar de las personas privadas
de libertad, lo que incluye asegurar condiciones de vida dignas, acceso a servicios básicos,
atención médica, alimentación adecuada, seguridad y la promoción de programas de
rehabilitación y reinserción social.
El Estado tiene la responsabilidad de crear y mantener centros de privación de la
libertad que cumplan con los estándares internacionales de Derechos Humanos, evitando
situaciones de hacinamiento, violencia, tortura o tratos inhumanos; además, debe promover la
capacitación y formación adecuada del personal penitenciario y establecer mecanismos de
supervisión y control que el cumplimiento de las normas y la rendición de cuentas.
Asimismo, el estado debe implementar políticas y programas que fomenten la
resocialización de las personas privadas de libertad, brindando oportunidades de educación,
formación laboral, atención psicológica y apoyo para su reintegración en la sociedad, también
es su responsabilidad promover la reinserción social de las personas que cumplen condena,
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facilitando su acceso a empleo, vivienda, servicios de apoyo comunitario y un sistema de
justicia penal justo y efectivo.
Al respecto el Código Orgánico Integral Penal consagra “Las personas privadas de
libertad se encuentran bajo la custodia del Estado. El Estado responderá por las acciones u
omisiones de sus servidoras o servidores que violen los derechos de las personas privadas de
libertad” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, Articulo 676).
Análisis de la responsabilidad en los Centros de Rehabilitación Social en Ecuador
Las condiciones penitenciarias deficientes, incluyendo el hacinamiento, han
contribuido a la ocurrencia de una serie de masacres relacionadas con pandillas. Entre febrero
de 2021 y octubre de 2022, se registraron nueve masacres que resultaron en aproximadamente
400 detenidos fallecidos y numerosos heridos. Hasta agosto del 2022, no se había condenado
a ningún individuo por su participación en ninguna de las masacres ocurridas en 2022. (SNAI,
2022)
A lo largo de los años, ha habido aumento en el hacinamiento, condiciones precarias,
violencia, falta de atención médica adecuada y otros problemas que afectan el respeto de los
derechos humanos de las personas privadas de libertad.
El hacinamiento es una de las principales preocupaciones en los centros de
rehabilitación social en Ecuador, la falta de infraestructuras adecuadas y la sobrepoblación han
llevado a una situación en la que los internos enfrentan condiciones de vida difíciles, con
espacios limitados, falta de acceso a servicios básicos y dificultades para mantener su dignidad
y bienestar. Según varios estudios el 58% de las cárceles en Ecuador tienen sobrepoblacion, el
cual hasta julio del 2022 tenia un porcentaje del 7.7% el índice mas bajo desde el 2019. (SNAI,
2022)
Este parece originarse en el uso excesivo de la prisión preventiva, las políticas severas
relacionadas con las drogas y los retrasos en la concesión de beneficios penitenciarios
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establecidos por ley. Además, los guías penitenciarios carecen de una adecuada preparación y
su número es insuficiente para contener la violencia.
La situación carcelaria actual en Ecuador se ve afectada por el problema del
hacinamiento en las prisiones. El no pago de pensiones alimenticias es solo uno de los factores
que contribuyen a este problema. En países como Estados Unidos, la prisión por falta de pago
de pensiones alimenticias se considera una medida extrema y se busca evitar en la medida de
lo posible. Los tribunales buscan soluciones alternativas para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones alimenticias sin recurrir a la privación de libertad.
Algunas de las alternativas según Reyes (2020) pueden ser; planes de pago, los
tribunales pueden establecer planes de pago para que el deudor de alimentos cumpla con sus
obligaciones de manera gradual y sistemática; ajuste de montos, si la persona deudora enfrenta
dificultades financieras genuinas, los tribunales pueden ajustar los montos de las pensiones
alimenticias para que sean más realistas y acordes con la capacidad de pago; retención de
salarios, se puede ordenar la retención de salarios del deudor directamente por parte del
empleador, de manera que las pensiones alimenticias se deduzcan automáticamente de su
sueldo; y confiscación de bienes, en algunos casos, se puede confiscar propiedades o bienes
del deudor para garantizar el pago de las pensiones alimenticias.
Asimismo, cuando una persona privada de libertad sale en libertad, enfrenta desafíos
significativos para encontrar empleo debido a varios factores, como el estigma asociado con
los antecedentes penales y las limitaciones en sus habilidades laborales, y a pesar de los
desafíos, algunas investigaciones sugieren que una proporción significativa de exreclusos logra
encontrar empleo después de su liberación. Si bien los datos específicos para Ecuador pueden
variar, en general, se estima que aproximadamente el 40% al 60% de los exreclusos pueden
conseguir trabajo dentro del primer año posterior a su liberación (Brito y Alcocer, 2021)
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Es importante destacar que la colaboración entre el gobierno, las organizaciones de la
sociedad civil y el sector empresarial es fundamental para mejorar aún más las oportunidades
de empleo de las personas privadas de libertad una vez que son liberadas. Esto implica brindar
apoyo adicional en la capacitación laboral, la eliminación de barreras legales y el fomento de
una cultura de inclusión y no discriminación en el ámbito laboral.
Metodología
Este trabajo se desarrolló mediante un paradigma cuantitativo en donde ‘‘el sujeto
investigador aborda el objeto con neutralidad, busca las causas de los fenómenos sociales
mediante la cuantificación y medición de variables, cuyo rigor científico viene dado por la
validez y confiabilidad de los instrumentos que se aplican’’ (Finol y Vera, 2020, p. 7).
En cuanto a diseño de trabajó mediante un diseño de campo mismo que según Arias
(2012) consiste en ‘‘la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la
realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna,
es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes’’ (pág.
31).
Resultados
Es evidente que las condiciones penitenciarias deficientes, incluyendo el hacinamiento,
han generado graves consecuencias en los centros de rehabilitación social en Ecuador, la
ocurrencia de múltiples masacres relacionadas con pandillas, en las cuales perdieron la vida
aproximadamente 400 detenidos y muchos resultaron heridos, es una clara muestra de la
negligencia estatal en garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos de las
personas privadas de libertad.
El hacinamiento se ha convertido en una preocupación creciente en estos centros, donde
la falta de infraestructuras adecuadas y la sobrepoblación han generado condiciones de vida
extremadamente difíciles. Los internos se enfrentan a espacios limitados, carecen de acceso a
servicios básicos y tienen dificultades para mantener su dignidad y bienestar.
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Esta situación de hacinamiento y precariedad tiene su origen en la aplicación excesiva
de la prisión preventiva, las políticas punitivas relacionadas con las drogas y los retrasos en la
concesión de beneficios penitenciarios establecidos por ley, además, la falta de preparación
adecuada y el limitado número de guías penitenciarios para contener la violencia agravan aún
más la situación.
Es responsabilidad del Estado garantizar condiciones de reclusión dignas, seguras y
respetuosas de los Derechos Humanos, esto implica abordar el hacinamiento, mejorar las
infraestructuras penitenciarias, agilizar los procedimientos judiciales para evitar retrasos
innecesarios y proporcionar una adecuada capacitación y contratación de personal
penitenciario, se deben implementar políticas que promuevan la rehabilitación y reinserción
social de los internos, en lugar de simplemente castigarlos.
La falta de condenas por las masacres ocurridas en 2022 también pone en evidencia la
deficiencia del Sistema de Justicia en la investigación y persecución de estos delitos, es
fundamental que las autoridades competentes realicen investigaciones exhaustivas,
identifiquen a los responsables y los lleven ante la justicia, garantizando así el derecho de las
víctimas a la verdad y la reparación.
El Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad de abordar de manera urgente y efectiva
los problemas en los centros de rehabilitación social, por lo que se necesita una reforma integral
del sistema penitenciario, desde la reducción del hacinamiento mediante la construcción de
infraestructura, hasta la mejora de la capacitación del personal y la promoción de programas
de rehabilitación y reinserción social, para lograr un sistema penitenciario más justo y humano.
La crisis carcelaria en Ecuador es un problema que requiere una atención urgente y
acciones concretas por parte del Estado, como se ha evidenciado en los índices presentados los
centros de rehabilitación social enfrentan graves deficiencias en términos de infraestructura,
condiciones de vida y seguridad.
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La sobrepoblación en las cárceles ha alcanzado niveles alarmantes, lo que ha llevado a
una falta de espacio adecuado para los internos, esta situación tiene un efecto negativo en su
dignidad y bienestar, así como en la efectividad de los programas de rehabilitación. De igual
manera, el hacinamiento facilita el surgimiento de tensiones y conflictos entre los reclusos, lo
que contribuye a la violencia y al riesgo de motines y masacres.
Otro aspecto preocupante es la falta de acceso a servicios básicos y atención médica
adecuada. Muchos centros de rehabilitación carecen de recursos y personal suficiente para
brindar atención médica oportuna y de calidad, esto resulta en un deterioro de la salud de los
internos y aumenta el riesgo de enfermedades contagiosas y propagación de epidemias.
La violencia también es una realidad presente en las cárceles ecuatorianas, los
enfrentamientos entre bandas criminales, el tráfico de drogas y armas, y la extorsión son
problemas comunes que generan un ambiente peligroso para los internos y el personal
penitenciario, la falta de seguridad adecuada y la insuficiencia de medidas preventivas
contribuyen a la perpetuación de la violencia.
Otro punto importante es la falta de programas de rehabilitación efectivos y la limitada
capacitación del personal penitenciario para abordar las necesidades de los internos; la
rehabilitación de los reclusos es un elemento esencial para su reintegración exitosa en la
sociedad y para reducir las tasas de reincidencia, sin embargo, la falta de recursos y enfoque
en esta limita las oportunidades de reinserción.
Para abordar la crisis carcelaria en Ecuador, es necesario implementar soluciones
integrales que aborden diferentes aspectos de la problemática; en primer lugar, se requiere una
inversión en infraestructuras carcelarias adecuadas. Esto implica la construcción de nuevas
instalaciones y la mejora de las existentes para garantizar espacios dignos, seguros y con
capacidad suficiente para albergar a la población carcelaria. Es importante asegurar que las
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cárceles cuenten con las condiciones necesarias para preservar la salud, la higiene y el bienestar
de los internos.
Además, se debe fortalecer la implementación de programas de rehabilitación y
reinserción. Conforme lo señala la Constitución enfocados en la educación, la capacitación
laboral, la atención médica y el apoyo psicológico. Brindar oportunidades de formación y
desarrollo de habilidades ayudará a los internos a adquirir las competencias necesarias para su
reintegración exitosa en la sociedad una vez cumplida su condena.
Se debe promover la colaboración entre el sistema penitenciario, instituciones
educativas y el sector empresarial para facilitar la inserción laboral de los exreclusos.
Estabelecer alianzas que brindan oportunidades de empleo, pasantías y programas de
entrenamiento que permitirán a los internos acceder a empleos dignos y sostenibles una vez
que recuperen su libertad.
Por otro lado, se deben implementar medidas para combatir la corrupción y mejorar la
gestión penitenciaria, lo que implica fortalecer los controles internos, promover la
transparencia y rendición de cuentas y adoptar medidas efectivas para prevenir la corrupción.
Una administración penitenciaria eficiente y ética contribuirá a mejorar la situación carcelaria
en general conforme los principios establecidos en la norma.
Asimismo, es importante impulsar alternativas a la prisión para delitos no violentos y
para personas en situación de vulnerabilidad, promover programas de justicia restaurativa,
medidas de libertad condicional, trabajos comunitarios y otras formas de sanciones no
privativas de libertad ayudará a reducir la población carcelaria y a evitar el hacinamiento en las
cárceles.
Conclusiones
El análisis y examen de la responsabilidad estatal en los Centros de Rehabilitación
Social en Ecuador arrojan luz sobre dimensiones críticas que abarcan la gestión, supervisión y
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garantía de los derechos de las personas privadas de libertad. A través de una perspectiva
constitucional, estos centros se erigen como fuentes fundamentales para reconocer y
salvaguardar los derechos humanos de todos, incluyendo aquellos que se encuentran en el
sistema penitenciario. La metodología cualitativa aplicada para adentrarse en las complejidades
de esta responsabilidad resaltó áreas de preocupación significativas.
Los hallazgos en esta investigación subrayaron la necesidad de un enfoque integral para
abordar los desafíos que se presentan en estos centros. La seguridad insuficiente, la persistente
corrupción e impunidad, los programas de rehabilitación y reinserción deficientes, y los
mecanismos de supervisión insuficientes emergieron como deficiencias significativas que
requieren atención urgente. Estos problemas no solo obstaculizan la rehabilitación y
reinserción exitosas de las personas en la sociedad, sino que también ponen en entredicho el
compromiso del Estado con sus obligaciones como garante de los derechos fundamentales.
Es evidente que las condiciones penitenciarias deficientes, incluyendo el hacinamiento,
han generado graves consecuencias en los centros de rehabilitación social en Ecuador. La
ocurrencia de múltiples masacres relacionadas con pandillas, en las cuales perdieron la vida
aproximadamente 400 detenidos y muchos resultaron heridos, es una clara muestra de la
negligencia estatal en garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos de las
personas privadas de libertad.
El hacinamiento se ha convertido en una preocupación creciente en estos centros, donde
la falta de infraestructuras adecuadas y la sobrepoblación han generado condiciones de vida
extremadamente difíciles. Los internos se enfrentan a espacios limitados, carecen de acceso a
servicios básicos y tienen dificultades para mantener su dignidad y bienestar.
Esta situación de hacinamiento y precariedad tiene su origen en la aplicación excesiva
de la prisión preventiva, las políticas punitivas relacionadas con las drogas y los retrasos en la
concesión de beneficios penitenciarios establecidos por ley. Además, la falta de preparación
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adecuada y la insuficiencia de guías penitenciarios para contener la violencia agravan aún más
la situación.
Es responsabilidad del Estado garantizar condiciones de reclusión dignas, seguras y
respetuosas de los derechos humanos. Esto implica abordar el hacinamiento, mejorar las
infraestructuras penitenciarias, agilizar los procedimientos judiciales para evitar retrasos
innecesarios y proporcionar una adecuada capacitación y contratación de personal
penitenciario. Se deben implementar políticas que promuevan la rehabilitación y reinserción
social de los internos, en lugar de simplemente castigarlos.
La falta de condenas por las masacres ocurridas en 2022 también pone en evidencia la
deficiencia del sistema de justicia en la investigación y persecución de estos delitos. Es
fundamental que las autoridades competentes realicen investigaciones exhaustivas,
identifiquen a los responsables y los lleven ante la justicia, garantizando así el derecho de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
El Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad de abordar de manera urgente y efectiva
los problemas en los centros de rehabilitación social, garantizando condiciones dignas, seguras
y respetuosas de los derechos humanos. Se necesita una reforma integral del sistema
penitenciario, desde la reducción del hacinamiento hasta la mejora de la capacitación del
personal y la promoción de programas de rehabilitación y reinserción social. Solo a través de
estas acciones se podrá avanzar hacia un sistema penitenciario más justo y humano.
La crisis carcelaria en Ecuador es un problema que requiere una atención urgente y
acciones concretas por parte del Estado. Como se ha evidenciado en los índices presentados,
los centros de rehabilitación social enfrentan graves deficiencias en términos de infraestructura,
condiciones de vida, seguridad y respeto de los derechos humanos de las personas privadas de
libertad.
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