Sanjinez, M. & Carrillo, A. (2023). El aborto en Ecuador frente a la dinámica jurídica. Código

El Ecuador ha atravesado por la promulgación de distintas normativas penales a lo largo de los

años, en las cuales se han modificado o derogado artículos que penalizaban conductas que

causaban daños a los bienes jurídicos protegidos por la norma, no obstante, la regulación del

delito del aborto se ha mantenido casi intacta, evidenciando pocos cambios. Se empleó una

investigación analítica de tipo revisión bibliográfica usando el método histórico mediante el

conservadurismo arraigado del legislativo y ejecutivo influye en la modificación o creación de

Ecuador has gone through the enactment of different criminal regulations over the years, in

which articles have been modified or repealed that criminalized behaviors that caused damage

in the year 2022 the decriminalization of abortion for rape for all girls, adolescents and women

up to twelve weeks of gestation was contemplated. Finally, it should be considered that the

deep-rooted conservatism of the legislative and executive branch influences the modification

or creation of regulations that guarantee access to free, safe and free abortion for women in

Equador no que diz respeito à regulamentação do aborto. A partir da pesquisa bibliográfica,

constata-se que não houve uma dinâmica jurídica na regulação da interrupção voluntária da

gravidez no Equador, uma vez que decorreram demasiados anos entre a revogação e a

promulgação de leis penais e só em 2022 se contemplou a despenalização do aborto por

violação para todas as raparigas, adolescentes e mulheres até às doze semanas de gestação. Por

fim, há que considerar que o conservadorismo enraizado do legislativo e do executivo

influencia a modificação ou criação de regulamentos que garantam o acesso ao aborto livre,

dinámica. A palabras de Grisales et. al (2022) las normativas que componen el sistema jurídico

deben ser concebidas como normas de textura abierta, en virtud de que se genera una estructura

compleja y dinámica que concuerde con los diversos aspectos culturales, políticos y sociales

delito que ha permanecido sin modificaciones como lo es el aborto a fin de constatar la

presencia o carencia del dinamismo jurídico y concluir si la penalización de la interrupción del

embarazo se adapta a las circunstancias reales que las mujeres de la sociedad ecuatoriana

Humanos, 2018). Ecuador evidenció una transformación de la normativa penal a partir de la

promulgación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el año de 2014 que derogó a su

antecesor Código Penal vigente desde el año de 1971, el cual se caracterizaba por ser un cuerpo

normativo extremadamente conservadurista y flexible con las penas. En tal sentido, el Código

Orgánico Integral Penal de 2014 dejó de penalizar algunos comportamientos humanos que el

Código Penal de 1971 consideraba delitos, así como también modificó las penas flexibles a

tipificado como un delito en los artículos 147, 148 y 149 del Código Orgánico Integral Penal

de 2014, con excepción del artículo 150 de norma Ibidem que establece las circunstancias en

las cuales la práctica del aborto no es punible; la primera causa yace cuando la madre corra

riesgo de muerte por el embarazo y en los casos de violación a las mujeres que poseen

puesto que contenía aspectos que debían ser reemplazados por lo propuestos por él, lo que

eventualmente con el silencio de la Asamblea fue aceptado, teniendo la última transformación

de leyes que garanticen el acceso a la interrupción del embarazo de forma segura a las mujeres

acuden a lugares clandestinos que realizan prácticas no reguladas por Organismos de Salud y

interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio antes

de que el feto haya alcanzado viabilidad, es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y

mantener una vida extrauterina independiente”. (Organización Mundial de la Salud, 1994) La

viabilidad fetal, por su parte, es aquella capacidad de un recién nacido para sobrevivir fuera del

realizada con el propósito de interrumpir el embarazo y evitar su desarrollo completo,

ocasionando la destrucción o muerte del feto. Estas acciones empleadas para impedir el término

natural del embarazo, en algunas legislaciones penales es considerado un delito y en otras, se

concibe al aborto. Siguiendo el glosario del aborto propuesto por Astete et. al (2014) se destaca

que la interrupción voluntaria del embarazo puede ser ilegal, despenalizada, legal y ser libre o

demanda, proponiendo distintas conceptualizaciones dependiendo de las circunstancias en que

pone fin al embarazo y que no está permitido por la legislación de determinado país, por lo

recogidas por Astete et. al (2014) consiste en el aborto practicado dentro de una normativa

legal que ha eliminado su carácter punitivo en situaciones específicas, tal y como sucede en los

países de Guatemala, Perú, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Chile y el país

de Ecuador que recientemente en el año de 2022 aprobó el proyecto de ley que permitía el

prácticas destinadas a la interrupción del embarazo siempre y cuando la legislación de

determinado país lo permita. En América Latina, tan sólo siete países conciben al aborto como

legal en sus legislaciones, tales países son Cuba en 1961, Puerto Rico en 1973, Guyana

Francesa en 1975, Guyana en 1995, Uruguay en 2012, Argentina en 2020 y recientemente el

libre o demanda, consiste en el aborto practicado en un país cuya normativa lo permite con solo

la petición de la mujer, es decir, el Estado no establece ninguna condición para que el aborto

tenga efectos (Astete et. al, 2014). De la revisión su glosario se destaca que la diferenciación

entre el aborto legal y aborto libre o demanda, en virtud de que en la primera figura el aborto

será legal siempre y cuando el país lo permita, es decir, regulariza al aborto en su legislación

de la mujer que considere necesario o pertinente practicarse un aborto sin pasar por algún tipo

de regulación o restricción. De la revisión realizada acerca de en qué países el aborto es

permitido o prohibido, tan sólo siete países no penalizan el aborto en sus legislaciones penal,

evidentemente fue un precedente para el resto de los países que despenalizaron el aborto en lo

hasta el día de hoy es utilizada en términos médicos. A su vez, en el mismo año dentro de la

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, Programa de Acción que tuvo lugar

en Contra de las Mujeres en Contra de las Mujeres distinguió lo siguiente: ”Los Estados Parte

deben legalizar el aborto al menos en casos de violación, incesto, amenazas contra la vida y/o

la salud de la madre, o en casos de severa malformación fetal…” (Comité Para la Eliminación

Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud mediante un Boletín

Informativo, conciben al Aborto como un problema de salud pública y establecen que el aborto

es peligroso siempre y cuando sea practicado por personas que no se encuentran preparadas en

Derechos Humanos estableció en su Serie de información sobre salud y derechos sexuales y

de las mujeres en relación a los servicios de aborto (Oficina del Alto

cual la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación el día 21 de

febrero del año de 2022, evidenciando un gran dinamismo jurídico en la legislación penal de

aquel país, algo que entra en contraste en sobre medida al dinamismo jurídico ecuatoriano en

por practicarse un aborto, más bien condenaba a quienes hacían posible que dicha práctica se

cometiera sancionando la conducta de terceros con dos a seis años si la mujer no consentía el

aborto, y con uno a cuatro años si la mujer lo consentía, denotando la poca consideración del

delito del aborto como interés público, quedando el mismo como un interés particular de la

familia (Goetschel, 2023). Se evidencia entonces, que en aquel tiempo la mujer no era

promulgación del Código Penal y de Enjuiciamiento Criminal en 1871, en el cual se inserta la

criminalización a la mujer por la práctica del aborto por primera vez en la historia ecuatoriana

su gran descontento con el Proyecto de Ley propuesto por una parte de la Asamblea Nacional,

inclusive representantes de la Iglesia Católica mediante comunicados expresaban su

desacuerdo total con la misma. Es así que, evidenciaron una serie de prejuicios que son

para lo cual se acudió a la revisión de distintas fuentes localizadas primordialmente en la web

y bibliotecas virtuales con acceso libre. Se utilizó el método histórico mediante el cual se

de determinar la presencia o ausencia de la dinámica jurídica con respecto a la penalización del

embargo, que la interrupción voluntaria del embarazo se encuentre prohibida no implica que

Embarazo Para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de violación” fue promulgada después

de intensos debates entre miembros conservaduristas del legislativo y mujeres asambleístas que

luchaban por otorgar si quiera una opción a las niñas, adolescentes y mujeres que fueron

violentadas sexuales y como resultado de aquella, salían embarazadas. Realizando un conteo,

se determina que fueron cincuenta años los transcurridos desde la vigencia del Código Penal

decidan sobre su propio cuerpo, condicionándolas a que sólo en puedan acceder a la

interrupción voluntaria del embarazo cuando la vida de la madre corría peligro o exista

malformación del feto, y cuando el embarazo sea producto de una violación de una mujer con

discapacidad mental. Durante estos cincuenta años, las mujeres fueron criminalizadas, más aún

con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal de 2014, lo cual se evidencia en

humanos por la propia Organización de Naciones Unidas, a su vez, organismos internacionales

han exhortado a los países a que despenalicen el aborto en todas las circunstancias, o que al

menos garanticen su práctica de forma segura y legal en los casos que determinen (Human

Instrumentos Internacionales ratificados por el Ecuador, tales como: “no sufrir discriminación

y a la igualdad; a la vida, la salud y la información; a no padecer tratos crueles, inhumanos o

degradantes; a la privacidad y la autonomía e integridad física; a decidir sobre número y

espaciamiento de hijos; a la libertad; a disfrutar de los beneficios del avance científico, y a la

proporcionadas por Organización Mundial de la Salud en 2021, el mapeo de la criminalización

del aborto de Zaragocin y otros, y las consideraciones de los Organismos Internacionales que

reconocen al aborto como una cuestión de derechos humanos, surge la necesidad de crear una

Ley que Garantice la Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo sin que la

mujer que desee acceder a esta práctica sea condicionada al cumplimiento de una causal, lo

interrupción voluntaria del embarazo sin penalización alguna, el dinamismo jurídico se

mantendrá cristalizado tal y como se ha evidenciado durante los últimos cincuenta años a partir

de la promulgación del Código Penal de 1971 hasta la promulgación de la Ley Orgánica que

Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo Para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Caso

proyectos de ley que garanticen un acceso seguro, legal y gratuito a la interrupción voluntaria

del embarazo, esto tendrá un gran avance ante años de estatismo jurídico y el Ecuador podría

caracterizarse por ser un país garantista del derecho que las mujeres decidan sobre su propio

el derecho se transforma y evoluciona poco a poco a lo largo de los años sin especificar un

límite de tiempo para determinar una dinámica o estática jurídica, no obstante, cuando

transcurren décadas sin que se evidencie algún avance en derecho, es inevitable pensar la falta

de progreso en cuanto al dinamismo jurídico de una ley, lo que quiere decir, que el derecho no

hasta la Ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo Para Niñas,

Adolescentes y Mujeres en Caso de Violación en el año de 2022 es demasiado amplia, lo cual

ha impedido que las mujeres ecuatorianas puedan acceder al aborto de forma libre, segura y

gratuita, y a su vez ha constituido un impedimento al ejercicio de su derecho a la salud sexual

y la autonomía sexual y reproductiva que se relaciona con otros derechos humanos garantizados

(que ocasionan elevadas tasas de mortalidad en mujeres) por utilizar prácticas que no se

adecúan a los estándares sanitarios de la Organización Mundial de la Salud al momento de

practicar un aborto, es imprescindible la creación de una Ley que Garantice la Despenalización

de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esto no repararía años de estatismo jurídico, así

como tampoco años en los que las mujeres no pudieron ejercer su derecho al aborto, no

obstante, constituiría un cambio radical en el Ecuador reconocido por ser un Estado

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