jurisdiccional de sancionar a los líderes indígenas. El objetivo de la presente investigación es

analizar la sentencia No. 113-14-SEP-CC, correspondiente al caso La Cocha, con el fin de

definir si las autoridades indígenas gozan de jurisdicción y competencia para sentenciar causas

dentro de su comunidad. La metodología de la presente investigación es cualitativa, con la

revisión de artículos de doctrina, normas y la sentencia en controversia. La Corte

Constitucional dejó pasar una oportunidad fundamental donde pudo ampliar y desarrollar la

peoples and nationalities in order to prevent discrimination and ensure equal treatment. In 2008,

the latest Constitution comes into effect, ratifying international treaties and conventions,

granting jurisdictional authority to sanction indigenous leaders. The objective of this research

is to analyze Case No. 113-14-SEP-CC, related to the La Cocha case, to determine if indigenous

authorities have jurisdiction and competence to issue verdicts within their community. The

methodology of this research is qualitative, involving the review of doctrine articles, norms,

and the contested verdict. The Constitutional Court missed a fundamental opportunity to

Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que amplia a aplicação normativa

aos povos e nacionalidades indígenas, visando evitar a discriminação e garantir tratamento

igualitário. Em 2008, entra em vigor a última Constituição, que ratifica tratados e convenções

internacionais, conferindo jurisdição para sancionar líderes indígenas. O objetivo desta

pesquisa é analisar a sentença No. 113-14-SEP-CC, relativa ao caso La Cocha, a fim de

determinar se as autoridades indígenas têm jurisdição e competência para julgar casos dentro

de suas comunidades. A metodologia desta pesquisa é qualitativa, com a revisão de artigos de

doutrina, normas e a sentença em questão. A Corte Constitucional perdeu uma oportunidade

fundamental para ampliar e desenvolver a aplicação do pluralismo jurídico existente no

social ejercida por los pueblos y nacionalidades indígenas del país, la cual marcó un cambio

histórico. La Constitución de 1998 fue la primera en adaptar el concepto de pluralismo cultural,

reconociendo las tradiciones, culturas y conocimientos milenarios adoptados por las culturas

los afectan directamente. Esto les garantiza el ejercicio de sus derechos a través de un sistema

internacional de Derechos Humanos, permitiendo que los pueblos y nacionalidades gocen de

indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales, las cuales están basadas en sus tradiciones

ancestrales como derecho propio acorde a su ámbito territorial, esta manera de impartir justicia

no debe ser contraria a la Constitución ni Tratados y Convenios Internacionales siendo el

indígenas en función de sus costumbres y tradiciones ancestrales, permitiendo el

reconocimiento de sus propios derechos. Por lo tanto, no se podría precisar un tipo de estructura

o funcionamiento específico, ya que los métodos de aplicación de la justicia indígena varían

jurisdiccionales de las naciones y pueblos indígenas, pero no establece un límite sobre las

causas que pueden resolver. La principal problemática radica en que ni la Constitución ni los

convenios internacionales determinan el alcance de la jurisdicción y competencia que pueden

ordinaria. La máxima autoridad de los pueblos y nacionalidades indígenas es la Asamblea

General, que representa la toma de decisiones colectivas adoptadas por los miembros de la

comuna o comunidad junto con sus representantes. Las resoluciones que se toman pueden ser

de índole administrativa o jurisdiccional, con el objetivo de restablecer la armonía comunitaria

lo largo de los años. Estas tradiciones tienen fuerza normativa dentro de la comunidad y se

basan en un conocimiento milenario y cultural que está presente en las memorias colectivas de

mediante la justicia indígena es la Asamblea Comunitaria, la cual está conformada por todos

los habitantes de alguna comuna, comunidad, pueblo o nacionalidad de la raza indígena que

autoridades son elegidas de manera popular en una asamblea comunitaria, permitiendo así que

sus máximas autoridades electas dentro de una asamblea comunitaria, las autoridades toman el

nombre de dirigentes, siendo los siguientes cargos 1) Asamblea Comunitaria 2) presidente o

Cabildo; 3) vicepresidente; 4) secretario (a); 5) Dirigencias (salud, jurídica, etc); 6) Resto de la

de protección del caso La Cocha, interpuesta por Víctor Manuel Olivo Pallo al no estar de

competencia que tienen los representantes de los pueblos y comunidades indígenas al momento

de juzgar y sancionar aquellos actos cometidos contra la honra y buen nombre de las

investigación de manera rigurosa y profunda. Esta metodología se ha fundamentado en la

revisión exhaustiva de diversos recursos, tales como artículos de doctrina, normas legales y la

de la justicia indígena desde diferentes perspectivas. Estas fuentes han sido de vital importancia

para comprender los fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan la justicia indígena en

el que se inscribe la justicia indígena en el Ecuador. Se ha procedido a un minucioso análisis

planteado por Montesquieu, lo llevó a cabo con la creación de la primera carta magna del

Ecuador en el año 1830, estableciendo así por primera vez la división de poderes, los cuales

de ejercer la administración estatal, tal y como sucedía con la corona española, donde un rey

mando del Ecuador mediante un golpe armado. Este presidente de la república se caracterizaba

ya que determina la justicia será gratuita evitando que la justicia solo sea para aquellos que

gocen de una buena economía, esto es concordante a lo determinado en el artículo 131 de la

Constitución de 1929 articulado que menciona que los magistrados, como jueces y funcionarios

o empleados del poder judicial no cobrarán derechos, manteniéndose los órganos que

exceptuando los jueces parroquiales que duraban en sus funciones 1 año se distribuían de la

ser cumplidos por los miembros de la comuna o comunidad. La jurisdicción indígena goza

etapa de perdón en donde las partes pueden solucionar el conflicto de manera pacífica, lo cual

que la justicia ordinaria goza de un debido proceso el cual debe ser llevado a cabo. La autora

extraordinaria de protección en contra de las deciciones de justicia indigena adoptadas por el

¿Las Autoridades indígenas adoptaron decisiones bajo competencias habilitadas, aplicando

procedimientos propios, dentro de los parámetros constitucionales y de la protección de

menciona que una persona puede tener jurisdicción y competencia para juzgar a otra mediante

el uso de normas previas. Las justicias indígenas, a diferencia de la justicia ordinaria, no

dimensionando la relación de esta con el estado. La carta política refiere que “El derecho a la

inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte” (Constitución de la República del Ecuador,

2008, Art.66). Esto concuerda con la declaración universal de derechos humanos, la cual

menciona que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su

donde el estado tiene que utilizar todos los mecanismos de su sistema de justicia para proteger

manera obligatoria por ser un bien jurídico protegido por la constitución y los convenios

internacionales. La única condicionante de esta protección es la existencia del ser humano

el derecho objetivo, que es el impacto social generado, sino también protege el derecho

subjetivo que es el impacto que genera en el individuo el delito cometido. Por lo que el estado

tiene la obligación de investigar y por ir contra el derecho subjetivo que es el impacto individual

tanto no se puede encomendar. El concepto cambia desde la implementación del pluralismo

jurídico aceptado en la Constitución del 2008 en donde a los pueblos indígenas se les concede

indígenas gozan de plena jurisdicción, constituyendo los elementos notio, iudicium e

conocer cualquier controversia que los afecte de manera directa, lo cual genera que exista

iudicium. Sin embargo, la sentencia del caso La Cocha limitó este conocimiento al aclarar que

en los delitos que atenten contra la vida, el único encargado de conocer es la justicia penal

no cuente con los elementos de jurisdicción de la teoría clásica del derecho, provocando que

para emitir una especie normativa capaz de adoptar las decisiones jurídicas. Al adoptar esta

sentencia se genera un retroceso notable en los derechos de las Nacionalidades Indígenas del

Ecuador, ya que se conserva un criterio obsoleto en la manera de administrar y materializar la

aplicación de normas previas, claras y públicas realizadas por la justicia ordinaria. El concepto

nacionalidades indígenas, y como consecuencia de lo mencionado, nace un sistema

jurisdiccional jerarquizado, lo cual conlleva a que se centralice e institucionalice el

no es tomado en cuenta por la Corte Constitucional, ya que el articulado referido determina

Internacionales vinculantes al estado ecuatoriano; leyes que no limitan el conocimiento de las

controversias por parte del sistema de jurisdicción indígena, generando que las nacionalidades

indígenas tomen en cuenta las leyes penales como derecho consuetudinario, dejando de lado

interna. Los miembros de las comunidades son los que conforman el derecho de la vida cultural,

tomándose en cuenta el grupo étnico al que pertenecen las personas, lo cual permite que se

puedan auto identificar como individuos pertenecientes de un pueblo, comuna o comunidad

indígenas, es el que comprende a su extensión territorial, y no se debe dejar de lado los espacios

que por tradición son ocupados para realizar actividades económicas o culturales. La

Convención 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 determina: “El término de tierras

comprendido por este instrumento internacional, se debe incluir el concepto de territorios que

dentro del territorio panzaleo, siendo un espacio en donde viven los pueblos, comunidades,

comunas indígenas. La víctima era miembro activo oriundo de La Cocha y los victimarios son

miembros de la comuna de Guantopolo, por lo que los dirigentes de las comunidades se

reunieron para determinar quién debería gozar de competencia para conocer el caso,

encuentran garantizados por la coacción mediante un cuerpo especializado, ya que muchas de

las veces se sancionan por el mero acuerdo Willana o Willachina. El derecho consuetudinario

nace de las creencias que son transmitidas de generación en generación, por lo que no cabe que

se exija normas jurídicas que se encuentren especializadas y separadas de la vida comunitaria;

es por ello que no cabe la existencia de juzgadores especializados en la administración de

ambos cuerpos vinculantes al estado determinan que la nacionalidad indígena puede conocer

Comunidades Indígenas de La Cocha sostenía competencia debido a la materia, porque ni la

constitución ni los tratados internacionales mencionan que la justicia indígena deba inhibirse

de conocer ciertas controversias ocurridas dentro del territorio. La Corte Constitucional se

encargó de determinar que los casos que atenten contra la vida, la potestad exclusiva de conocer

errónea, porque las autoridades judiciales no respetan las decisiones adoptadas por la justicia

indígena, lo que conllevó a que las autoridades indígenas tengan una falta de aplicabilidad de