Vol. 7 – Núm. 1 / Enero – Junio – 2026
El sistema de justicia penal y la reproducción de las desigualdades sociales:
una revisión sistemática desde la criminología contemporánea
The criminal justice system and the reproduction of social inequalities: a systematic
review from the perspective of contemporary criminology
O Sistema de justiça penal e a reprodução das desigualdades sociais: uma revisão
sistemática na perspectiva da criminologia contemporânea
Silva-Jáuregui, Diego Israel
Universidad Católica de Cuenca
diego.silva@ucacue.edu.ec
https://orcid.org/0009-0004-6469-4803
Matovelle-Romero, Luis Felipe
Universidad Católica de Cuenca
luis.matovelle@ucacue.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-5553-3272
Flores-Coronel, Paula Marcela
Investigador Independiente
paula.flores@ucacue.edu.ec
https://orcid.org/0009-0005-8312-5013
Gonzaga-Ocampo, Arianna Carolina
Investigador Independiente
Arianna.gonzaga.04@est.ucacue.edu.ec
https://orcid.org/0009-0007-7799-3193
Lapo-Solano, Valeria Sofía
Investigador Independiente
Arianna.gonzaga.04@est.ucacue.edu.ec
https://orcid.org/0009-0007-7799-3193
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v7/n1/1468
Como citar:
Silva-Jáuregui, D. I., Matovelle-Romero, L. F., Flores-Coronel, P. M., Gonzaga-Ocampo, A.
C., & Lapo-Solano, V. S. (2026). El sistema de justicia penal y la reproducción de las
desigualdades sociales: una revisión sistemática desde la criminología contemporánea. Código
Científico Revista De Investigación, 7(1), 273–297.
Recibido: 11/05/2026 Aceptado: 09/06/2026 Publicado: 30/06/2026
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Resumen
Esta revisión sistemática examina de qué manera el sistema de justicia penal contribuye a
reproducir desigualdades sociales —una pregunta que la criminología contemporánea ha
colocado en el centro del debate académico. Siguiendo las directrices PRISMA 2020, la
revisión analizó estudios empíricos publicados entre 2020 y 2026 en Scopus y Web of Science
Core Collection. Tras las fases de identificación, cribado y elegibilidad, la síntesis narrativa
incorporó trece estudios. Cabe destacar un primer hallazgo que atraviesa toda la evidencia: las
desigualdades no emergen en un único punto del proceso penal, sino que recorren el control
policial, las decisiones de sentencia, las sanciones económicas, el encarcelamiento y las
consecuencias que perduran mucho después del castigo formal. La evidencia identifica,
además, patrones de selectividad institucional —es decir, mecanismos mediante los cuales el
sistema tiende a concentrar su impacto sobre ciertos grupos— que afectan con mayor
intensidad a poblaciones racializadas, migrantes y personas en condición de vulnerabilidad
económica. El sistema penal, en otras palabras, no solo reacciona frente al delito: también
puede transformar desigualdades estructurales preexistentes en desventajas jurídicas,
económicas y sociales acumulativas, dentro de sociedades contemporáneas profundamente
estratificadas y marcadas por fuertes brechas institucionales.
Palabras clave: sistema de justicia penal; desigualdad social; criminología contemporánea;
selectividad institucional; revisión sistemática.
Abstract
This systematic review examines how the criminal justice system contributes to reproducing
social inequalities—a question that contemporary criminology has placed at the center of
academic debate. Following PRISMA 2020 guidelines, the review analyzed empirical studies
published between 2020 and 2026 in Scopus and Web of Science Core Collection. After the
identification, screening, and eligibility phases, the narrative synthesis incorporated thirteen
studies. One finding worth highlighting runs through the entire body of evidence: inequalities
do not emerge at a single point in the criminal process but instead run through policing,
sentencing decisions, economic sanctions, incarceration, and the consequences that persist long
after formal punishment ends. The evidence also identifies patterns of institutional
selectivity—that is, mechanisms through which the system tends to concentrate its impact on
certain groups—that fall most heavily on racialized populations, migrants, and people in
conditions of economic vulnerability. The criminal justice system, in other words, does more
than respond to crime: it can also transform preexisting structural inequalities into cumulative
legal, economic, and social disadvantages within deeply stratified contemporary societies
marked by persistent institutional gaps.
Keywords: criminal justice system; social inequality; contemporary criminology; institutional
selectivity; systematic review.
Resumo
Esta revisão sistemática examina a forma como o sistema de justiça penal contribui para a
reprodução das desigualdades sociais — uma questão que a criminologia contemporânea
colocou no centro do debate académico. Seguindo as diretrizes PRISMA 2020, a revisão
analisou estudos empíricos publicados entre 2020 e 2026 nas bases de dados Scopus e Web of
Science Core Collection. Após as fases de identificação, triagem e elegibilidade, a síntese
narrativa incorporou treze estudos. Uma conclusão que vale a pena destacar percorre todo o
conjunto de evidências: as desigualdades não surgem num único ponto do processo penal, mas
sim percorrem o policiamento, as decisões de sentença, as sanções económicas, o
encarceramento e as consequências que persistem muito depois do fim da punição formal. As
evidências identificam também padrões de seletividade institucional — ou seja, mecanismos
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através dos quais o sistema tende a concentrar o seu impacto em determinados grupos — que
recaem mais fortemente sobre populações racializadas, migrantes e pessoas em condições de
vulnerabilidade económica. O sistema de justiça criminal, por outras palavras, faz mais do que
responder ao crime: pode também transformar desigualdades estruturais pré-existentes em
desvantagens legais, económicas e sociais cumulativas no seio de sociedades contemporâneas
profundamente estratificadas e marcadas por lacunas institucionais persistentes.
Palavras-chave: sistema de justiça penal; desigualdade social; criminologia contemporânea;
seletividade institucional; revisão sistemática.
Introducción
El sistema de justicia penal ocupa un lugar decisivo tanto en la organización del orden
social como en la forma en que el Estado responde frente al delito. En teoría, tres pilares
sostienen su legitimidad: la igualdad ante la ley, la imparcialidad en las decisiones y la
protección de bienes jurídicos. La criminología contemporánea, sin embargo, viene
cuestionando con creciente fuerza la idea de que sus efectos recaen de manera uniforme sobre
todos los grupos sociales. La evidencia reciente lo muestra con claridad: las decisiones
policiales, judiciales, penitenciarias y pospenales no siempre producen consecuencias
neutrales. Con frecuencia, afectan con mayor intensidad a personas y comunidades atravesadas
por desigualdades raciales, étnicas, económicas, migratorias o territoriales (Karstedt, 2021;
Lee, 2024; Sampson & Neil, 2024; Lymperopoulou, 2024; Guilfoyle & Pina-Sánchez, 2025).
Este cambio de mirada ha transformado una parte importante del debate criminológico
actual. Ya no basta con preguntar por qué ocurre el delito; también hace falta examinar cómo
actúan las instituciones encargadas de controlarlo y qué efectos sociales dejan sus
intervenciones. En este punto, la literatura reciente es clara: las desigualdades dentro del
sistema penal no se explican únicamente por la conducta delictiva ni por las características
individuales de las personas sancionadas. En ellas intervienen también factores estructurales
—como la pobreza, la exclusión social, la discriminación racial y el acceso desigual a recursos,
defensa jurídica y oportunidades reales de reintegración— cuyo peso varía según el contexto
(Lee, 2024; Wakefield, 2022; Sampson, 2025). En distintos contextos nacionales, varios
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estudios han identificado disparidades persistentes en el contacto policial, las decisiones
judiciales, el acceso a beneficios procesales y las consecuencias posteriores al castigo,
especialmente en grupos históricamente vulnerabilizados (Light et al., 2024; Petersen et al.,
2026; Abass, 2025).
Cabe destacar que la relación entre justicia penal y desigualdad va mucho más allá de
los límites de la sanción formal —y ese es, precisamente, el punto que con más frecuencia pasa
desapercibido. Un antecedente penal puede cerrar puertas en el empleo, la vivienda, la
estabilidad económica y la vida comunitaria. En otras palabras, una condena no solo produce
una consecuencia jurídica inmediata: también puede desencadenar una cadena de desventajas
que acompaña a la persona durante años (DeMarco, 2023; McElhattan, 2024; Rovira, 2024).
Algo similar ocurre con las multas y otras sanciones económicas (aquellas que, con frecuencia,
se presentan como alternativas menos severas al encarcelamiento): para quienes cuentan con
menos recursos, estas medidas pueden convertirse en una carga difícil de sostener y profundizar
condiciones previas de precariedad (Pager et al., 2022; Tantikul, 2024). Vista desde este
ángulo, la justicia penal no solo responde a conductas prohibidas: también influye en la manera
en que una sociedad distribuye oportunidades, riesgos y desventajas.
La evidencia reciente refuerza esta preocupación. Los estudios sobre encarcelamiento,
antecedentes penales, sanciones económicas y desigualdades étnicas muestran que las brechas
dentro del sistema penal no emergen como hechos aislados: forman parte de procesos
estructurales que atraviesan distintas etapas del control formal. Vale la pena señalar cómo opera
esta encadenación: una decisión policial puede condicionar una imputación; una imputación
puede influir en una sentencia; y esa sentencia puede limitar el acceso posterior al empleo, la
vivienda o la reintegración social. Cuando estos mecanismos se encadenan, ciertos grupos
acumulan desventajas sociales, económicas y jurídicas de manera progresiva (Bardelli et al.,
2023; Imoussaïne et al., 2025; Abass, 2025).
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A pesar del creciente interés por esta problemática, la evidencia sigue dispersa. Algunos
estudios se concentran en las decisiones judiciales; otros analizan el control policial, los
antecedentes penales, las sanciones económicas, el encarcelamiento o los procesos de
reintegración. Esta fragmentación dificulta comprender cómo interactúan los distintos
mecanismos institucionales a lo largo del proceso penal y cómo contribuyen, en conjunto, a
reproducir desigualdades sociales. Existen, es cierto, revisiones centradas en temas específicos;
pero todavía falta una síntesis que integre estas dinámicas desde una perspectiva criminológica
contemporánea y que conecte justicia penal, estratificación social y reproducción de
desigualdades.
En este escenario, la presente revisión busca ofrecer una lectura integrada de la
evidencia empírica reciente sobre los mecanismos que vinculan el funcionamiento del sistema
de justicia penal con la reproducción de desigualdades sociales. Su aporte principal consiste en
superar lecturas fragmentadas —centradas en etapas aisladas del proceso penal— y proponer
en cambio una visión más amplia sobre cómo distintas formas de control formal pueden
combinarse y generar consecuencias acumulativas sobre determinados grupos poblacionales.
El presente estudio desarrolla una revisión sistemática de la literatura científica reciente
con el objetivo de analizar cómo el sistema de justicia penal contribuye a reproducir o
profundizar desigualdades sociales. La pregunta que orienta la investigación es la siguiente:
¿cómo describe la literatura empírica reciente la contribución del sistema de justicia penal a la
reproducción o profundización de desigualdades sociales desde la criminología
contemporánea? Para responderla, la revisión sintetiza evidencia publicada entre 2020 y 2026
sobre decisiones judiciales, control policial, antecedentes penales, sanciones económicas,
encarcelamiento y consecuencias posteriores al castigo. Con ello, el estudio ofrece una síntesis
actualizada que fortalece la comprensión criminológica de las desigualdades asociadas al
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sistema penal, orienta futuras agendas de investigación y aporta elementos útiles para diseñar
políticas públicas con mayor equidad institucional.
Metodología
Diseño y protocolo de la revisión
La revisión sistemática se desarrolló conforme a los lineamientos de la declaración
PRISMA 2020, con el propósito de identificar, analizar y sintetizar la evidencia empírica
reciente sobre la relación entre el sistema de justicia penal y la reproducción de las
desigualdades sociales. Debido a la diversidad de los estudios incluidos —cuantitativos,
cualitativos, longitudinales y experimentales, realizados en distintos contextos
sociojurídicos—, se optó por una síntesis narrativa de carácter temático. Esta estrategia
permitió organizar los hallazgos sin establecer comparaciones estadísticas entre
investigaciones metodológicamente heterogéneas.
La revisión estuvo orientada por la siguiente pregunta: ¿cómo describe la literatura
empírica reciente la contribución del sistema de justicia penal a la reproducción o
profundización de las desigualdades sociales desde la criminología contemporánea?
Aunque el protocolo no fue registrado en plataformas abiertas como PROSPERO u
Open Science Framework (OSF), su estructura se definió antes de iniciar la búsqueda
bibliográfica. Se delimitaron previamente las fuentes de información, los criterios de
elegibilidad, las fases de selección, las variables de extracción, el procedimiento de evaluación
metodológica y la estrategia de síntesis. Esta planificación permitió preservar la trazabilidad
del proceso y reducir la adopción de decisiones improvisadas durante el desarrollo de la
revisión.
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Fuentes de información y estrategia de búsqueda
La búsqueda principal se realizó en Scopus y Web of Science Core Collection, debido
a su cobertura de literatura científica indexada en criminología, sociología jurídica y estudios
sociojurídicos. De manera complementaria, se consultaron Redalyc y Google Scholar para
verificar documentos específicos, rastrear referencias cruzadas y comprobar la consistencia
bibliográfica. Estas fuentes auxiliares no modificaron la composición final del corpus analítico.
La búsqueda se cerró el 16 de abril de 2026. La estrategia combinó términos
relacionados con el sistema de justicia penal —como castigo, sentencia, encarcelamiento,
control policial, antecedentes penales y sanciones económicas— con variables asociadas a la
desigualdad social, entre ellas raza, etnicidad, pobreza, migración, ciudadanía, exclusión social
y desventaja acumulativa. Las cadenas de búsqueda completas aplicadas en Scopus y Web of
Science se incorporaron en el Anexo A para garantizar la replicabilidad del proceso sin
sobrecargar el cuerpo principal del artículo.
La búsqueda inicial identificó 38 registros: 22 procedentes de Scopus y 16 de Web of
Science Core Collection. Posteriormente, los documentos se integraron en una matriz única de
trabajo, empleada para depurar duplicados, verificar su procedencia editorial y aplicar de forma
ordenada los criterios de elegibilidad.
Tabla 1
Flujo resumido del proceso de selección de estudios
Fase
n
Registros identificados
38
Registros tras eliminación de duplicados
27
Textos completos evaluados
27
Estudios incluidos en la síntesis final
13
Nota: (Autores, 2026).
Los estudios incluidos se organizaron en cinco ejes temáticos: decisiones de sentencia,
antecedentes penales y exclusión social, control policial y arresto, sanciones económicas, y
encarcelamiento. Esta clasificación facilitó la síntesis de los resultados y permitió analizar de
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manera ordenada los distintos mecanismos institucionales vinculados con la reproducción de
desigualdades sociales, sin fragmentar la evidencia ni duplicar información en tablas extensas.
Figura 1
Diagrama de flujo del proceso de selección de estudios según PRISMA 2020
Nota: (Autores, 2026).
La revisión organizó los estudios incluidos en cinco ejes temáticos: decisiones de
sentencia, antecedentes penales y exclusión social, control policial y arresto, sanciones
económicas, y encarcelamiento. Esta clasificación permitió integrar los hallazgos de forma
ordenada y examinar los principales mecanismos institucionales vinculados con la
reproducción de desigualdades sociales, sin fragmentar la evidencia ni duplicar información.
La Figura 1 presenta el proceso de selección documental. La búsqueda inicial identificó
38 registros: 22 en Scopus y 16 en Web of Science Core Collection. Tras la eliminación de
duplicados, se conservaron 27 estudios para su evaluación a texto completo. Posteriormente,
se excluyeron 14 artículos y se seleccionaron 13 investigaciones para la síntesis final.
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Los estudios descartados no cumplían los criterios de elegibilidad establecidos. Entre
las principales razones de exclusión se encontraron la ausencia de un análisis directo del
sistema de justicia penal, la falta de vinculación con la desigualdad social, el carácter no
empírico de algunos trabajos y los problemas de trazabilidad documental o acceso verificable.
Criterios de elegibilidad y proceso de selección
La revisión incluyó únicamente artículos originales de base empírica publicados entre
2020 y 2026. Para integrar el corpus final, los estudios debían analizar al menos una dimensión
del sistema de justicia penal y relacionarla con alguna forma de desigualdad social, económica,
racial, étnica, territorial, migratoria o vinculada con el acceso a oportunidades. También se
exigió la disponibilidad del texto completo y una trazabilidad documental verificable mediante
DOI o el respaldo de una editorial indexada confiable.
Se excluyeron revisiones de literatura, ensayos teóricos, editoriales, comentarios,
capítulos de libro, literatura gris e informes institucionales. Asimismo, se descartaron los
registros duplicados, los documentos sin acceso verificable y los estudios centrados
exclusivamente en la criminalidad o la violencia sin examinar el funcionamiento de las
instituciones penales.
La selección fue realizada por dos investigadores independientes. En una primera fase,
se revisaron los títulos y resúmenes; posteriormente, se evaluaron a texto completo los estudios
potencialmente elegibles. Las discrepancias se resolvieron mediante consenso y, cuando fue
necesario, con la intervención de un tercer revisor. Este procedimiento permitió conformar un
corpus final de 13 estudios para la síntesis narrativa.
Fuentes de información y estrategia de búsqueda
La búsqueda principal se realizó en Scopus y Web of Science Core Collection,
seleccionadas por su cobertura de literatura científica indexada en criminología, sociología
jurídica y estudios sociolegales. De forma complementaria, se consultaron Redalyc y Google
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Scholar para verificar documentos específicos, rastrear referencias cruzadas y comprobar la
consistencia bibliográfica. Estas fuentes auxiliares no modificaron la composición final del
corpus analítico.
La búsqueda se cerró el 16 de abril de 2026. La estrategia combinó términos
relacionados con el sistema de justicia penal —como castigo, sentencia, encarcelamiento,
control policial, antecedentes penales y sanciones económicas— con variables asociadas a la
desigualdad social, entre ellas raza, etnicidad, pobreza, migración, ciudadanía, exclusión social
y desventaja acumulativa. Las cadenas de búsqueda completas aplicadas en Scopus y Web of
Science se incluyeron en el Anexo A para facilitar la replicabilidad del proceso sin sobrecargar
el cuerpo principal del artículo.
La búsqueda inicial identificó 38 registros: 22 procedentes de Scopus y 16 de Web of
Science Core Collection. Posteriormente, los documentos se integraron en una matriz única de
trabajo para eliminar duplicados, verificar su procedencia editorial y aplicar de manera
ordenada los criterios de elegibilidad.
Extracción de datos, evaluación metodológica y síntesis
La información se registró en una matriz estandarizada que incluyó autoría, año de
publicación, país de procedencia, diseño metodológico, dimensión del sistema penal analizada,
tipo de desigualdad abordada, principales hallazgos y ruta de trazabilidad documental. Este
procedimiento permitió organizar la evidencia y mantener coherencia entre la pregunta de
investigación, los criterios de selección y el análisis final.
La calidad metodológica de los estudios se evaluó mediante la herramienta Mixed
Methods Appraisal Tool (MMAT), versión 2018, debido a su aplicabilidad en investigaciones
cuantitativas, cualitativas y mixtas. Cuando resultó pertinente, la valoración se complementó
con los criterios del Joanna Briggs Institute (JBI). Esta evaluación no se utilizó como criterio
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automático de exclusión, sino como un recurso para ponderar la solidez de los resultados y
valorar el alcance de las conclusiones.
La evidencia se integró mediante una síntesis narrativa de carácter temático. Los
estudios se agruparon según la dimensión del sistema penal examinada y se analizaron sus
convergencias, diferencias y patrones comunes en relación con la selectividad institucional, la
acumulación de desventajas y la reproducción de desigualdades sociales. Debido a la
heterogeneidad de los diseños, los contextos normativos, las variables y las métricas
empleadas, no se realizó un metaanálisis estadístico.
Tabla 2
Características, eje temático y calidad metodológica de los estudios incluidos
Autor/año
País
Diseño
Eje penal
Calidad
MMAT
DeMarco (2023)
Estados
Unidos
Cuantitativo
Antecedente penal
Alta
Lymperopoulou
(2024)
Reino
Unido
Cuantitativo
Sentencia
Alta
McElhattan (2024)
Estados
Unidos
Cuantitativo
Antecedente penal
Moderada
Light et al. (2024)
Estados
Unidos
Cuantitativo
Justicia de faltas
Alta
Sampson y Neil
(2024)
Estados
Unidos
Longitudinal
Arresto
Alta
Rovira (2024)
Reino
Unido
Experimental
Antecedente penal
Alta
Tantikul (2024)
Tailandia
Cuantitativo
Multas y sanciones
económicas
Moderada
Pager et al. (2022)
Estados
Unidos
Experimental
Tasas judiciales
Alta
Bardelli et al.
(2023)
Estados
Unidos
Cuantitativo
Encarcelamiento
Moderada
Imoussaïne et al.
(2025)
Canadá
Longitudinal
Prácticas penales
Alta
Guilfoyle y Pina-
Sánchez (2025)
Reino
Unido
Cuantitativo
Sentencia
Alta
Petersen et al.
(2026)
Estados
Unidos
Cuantitativo
Sentencia
Alta
Abass (2025)
Reino
Unido
Cualitativo
Encarcelamiento
Moderada
Nota: La calidad metodológica de los estudios incluidos se valoró mediante la herramienta Mixed Methods
Appraisal Tool (MMAT), versión 2018. Las categorías asignadas reflejan una apreciación global de la solidez de
cada investigación, considerando la adecuación del diseño, la coherencia del análisis, la claridad de las
mediciones, el control de posibles sesgos y la correspondencia entre los hallazgos y la pregunta de revisión.
Debido a que MMAT no establece una puntuación numérica global, la clasificación se interpretó de manera
cualitativa (Autores, 2026).
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Limitaciones metodológicas
La revisión presenta algunas limitaciones. En primer lugar, la búsqueda principal se
concentró en Scopus y Web of Science Core Collection, por lo que pudieron quedar excluidos
estudios indexados únicamente en otras bases de datos. En segundo lugar, la selección se
restringió a publicaciones en español e inglés, lo que pudo limitar la incorporación de evidencia
disponible en otros idiomas.
Asimismo, los estudios incluidos mostraron diferencias en sus diseños, contextos
jurídicos, marcos institucionales y formas de medición. Esta heterogeneidad restringió la
comparación directa de los resultados, especialmente entre investigaciones desarrolladas en
sistemas penales y realidades sociales diversas.
Pese a estas limitaciones, la revisión mantuvo un procedimiento transparente y
sistemático. La aplicación de criterios explícitos de selección, la verificación documental de
los artículos, la evaluación metodológica mediante MMAT y el seguimiento de las directrices
PRISMA 2020 fortalecieron la trazabilidad y la reproducibilidad del proceso.
Resultados
La revisión clasificó los 13 estudios incluidos en cinco ejes temáticos diferenciados.
Esta segmentación responde directamente a la dimensión del sistema de justicia penal sometida
a examen: decisiones de sentencia, antecedentes penales y exclusión social posterior al castigo,
control policial y arresto, sanciones económicas, y encarcelamiento (las áreas neurálgicas del
aparato punitivo). En este punto, vale la pena señalar el propósito de tal taxonomía. Este
esquema analítico permitió observar con mayor nitidez el modo en que diversas prácticas
institucionales operan en la reproducción de las desigualdades sociales.
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Desigualdades en las decisiones de sentencia
Los estudios volcados en el análisis de las resoluciones judiciales demuestran que el
acto de dictar sentencia constituye un hito vector en la reproducción de asimetrías raciales y
étnicas. En Inglaterra y Gales, por ejemplo, la evidencia científica constata que ciertas minorías
étnicas enfrentan fallos judiciales desfavorables. Esto ocurre incluso tras controlar variables
jurídicamente relevantes (como la gravedad del delito o la tipicidad de la falta). En la misma
línea argumental, las investigaciones advierten que ciertos criterios de dosificación punitiva
formalmente neutrales desencadenan impactos dispares según la adscripción racial o étnica del
procesado. Asimismo, los datos procedentes de Estados Unidos revelan marcadas disparidades
raciales en el acceso a medidas de baja intensidad, específicamente en el otorgamiento de
sentencias suspendidas (Lymperopoulou, 2024; Guilfoyle & Pina-Sánchez, 2025; Petersen et
al., 2026).
Al examinar el conjunto de estos hallazgos, se comprende que la disparidad en las
sentencias excede la mera gravedad del hecho delictivo, el historial del infractor o las variables
procesales. Los datos apuntan de manera unívoca hacia entramados institucionales. Dichos
mecanismos pueden perpetuar brechas estructurales bajo un manto de supuesta imparcialidad.
Por ello, la etapa judicial no admite una lectura como compartimento estanco o aislado. Cabe
destacar que esta fase actúa como un espacio donde decantan las desventajas acumuladas en
periodos previos. En otras palabras, la sentencia no solo consolida sesgos anteriores, sino que
proyecta consecuencias de largo aliento que restringen el posterior desarrollo ciudadano de las
personas condenadas (Lymperopoulou, 2024; Guilfoyle & Pina-Sánchez, 2025; Petersen et al.,
2026).
Antecedentes penales y exclusión social posterior al castigo
La literatura científica enfocada en los antecedentes penales constata que el contacto
con la justicia penal genera ramificaciones que van mucho más allá del cumplimiento de la
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sanción estrictamente jurídica. La evidencia demuestra que el registro del historial delictivo
opera como un estigma institucional (una marca de selectividad). Esta etiqueta restringe el
acceso a plataformas indispensables para la reinserción, principalmente el mercado de trabajo
y la vivienda estable. Ahora bien, este impacto no se distribuye de manera simétrica. El efecto
nocivo se agudiza al interactuar con variables de estratificación tradicionales como la raza, el
origen social, el entorno residencial y la posición socioeconómica del individuo (DeMarco,
2023; McElhattan, 2024; Rovira, 2024).
Esta dinámica de exclusión postpenitenciaria se manifiesta con particular nitidez en las
dinámicas de empleabilidad y habitabilidad. Las investigaciones revisadas exponen que las
políticas corporativas de verificación de antecedentes reducen drásticamente las tasas de
contratación, aun cuando los aspirantes presenten perfiles de cualificación idénticos. Un
fenómeno análogo ocurre en el acceso a la vivienda. En este sector, poseer un registro penal
clausura opciones residenciales dignas, lo que termina por confinar a estos sujetos a entornos
comunitarios de alta vulnerabilidad. Estos hallazgos evidencian que la penalidad no concluye
con la expiración del término formal de la condena. En gran parte de los casos, el antecedente
continúa operando como un motor de desventaja acumulativa que prolonga la marginación
(DeMarco, 2023; McElhattan, 2024; Rovira, 2024).
Control policial, arresto y selectividad institucional
Los datos relativos al control policial y al arresto indican que las asimetrías del aparato
penal germinan desde los primeros estadios de la interacción institucional. Los estudios que
componen la muestra determinan que las tareas de patrullaje, vigilancia y detención no se
reparten de manera homogénea en el territorio. Al contrario, las fuerzas del orden dirigen sus
esfuerzos preferentemente hacia colectivos específicos definidos por su vulnerabilidad racial,
social o jurídica. Particularmente, la brecha racial en las tasas de arresto, sumada a las
diferencias ligadas al estatus migratorio y la condición de ciudadanía, demuestra una realidad
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empírica ineludible: el ingreso formal a la red penal no responde únicamente a la conducta
delictiva individual (Sampson & Neil, 2024; Light et al., 2024).
Estos aportes conceptuales permiten caracterizar la selectividad institucional como un
filtro temprano en la producción de disparidades penales. Un contacto inicial con los cuerpos
policiales eleva exponencialmente las probabilidades de incurrir en subsecuentes pasos por los
tribunales, nuevas condenas y un mayor registro de antecedentes. De este modo, se configuran
trayectorias crónicas de exposición al castigo. Por lo tanto, vale la pena señalar que las
desigualdades observadas en las fases avanzadas del proceso no emergen del vacío. En la
inmensa mayoría de las ocasiones, estas asimetrías vienen precedidas por pautas diferenciadas
de vigilancia, captura y procesamiento inicial (Sampson & Neil, 2024; Light et al., 2024).
Sanciones económicas y reproducción de desigualdades
Al analizar el impacto de las sanciones económicas, los trabajos revisados demuestran
que la imposición de multas y tasas judiciales golpea de forma diferenciada a los diversos
estratos sociales. El sistema suele catalogar estas medidas como alternativas benignas frente al
encierro carcelario; sin embargo, su severidad real se encuentra indexada directamente a la
liquidez y capacidad económica del sancionado. La evidencia reporta que las poblaciones bajo
el umbral de pobreza experimentan dificultades severas para solventar estas cargas impositivas.
En consecuencia, la medida desencadena espirales de endeudamiento crónico, precarización
financiera y nuevas ventanas de exposición al aparato punitivo estatal (Pager et al., 2022;
Tantikul, 2024).
Desde este prisma didáctico, las penas pecuniarias se revelan como un mecanismo de
castigo profundamente asimétrico. Una tasa fija resulta fácilmente absorbible para un
ciudadano con recursos, pero deviene en un factor devastador para alguien desprovisto de
estabilidad patrimonial. Este fenómeno ilustra cómo la neutralidad jurídica formal no se traduce
en equidad real respecto de los efectos prácticos de la norma. en otras palabras, las multas no
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se limitan a reprender una infracción concreta. Más bien, tienden a agudizar las condiciones
previas de precariedad, reproduciendo asimetrías socioeconómicas desde las propias entrañas
del ordenamiento penal (Pager et al., 2022; Tantikul, 2024).
Encarcelamiento y reproducción estructural de la desigualdad
Finalmente, los hallazgos en materia de privación de libertad demuestran que la
institución carcelaria no se limita a reflejar las fracturas sociales preexistentes, sino que actúa
como un agente amplificador de las mismas. Las investigaciones de la muestra identifican
brechas sustantivas en las condiciones materiales de reclusión, en el acceso a programas
internos dentro de la prisión y en el escenario posterior a la recuperación de la libertad. Estas
asimetrías castigan con mayor crudeza a las poblaciones vulnerables debido a variables
socioeconómicas, étnicas o de género (por ejemplo, afectando los roles de cuidado o las redes
de apoyo), limitando gravemente sus opciones de reinserción (Bardelli et al., 2023; Imoussaïne
et al., 2025; Abass, 2025).
Considerados en bloque, estos datos sugieren que el encarcelamiento desborda los
límites de una sanción puramente individual. En este punto, cabe destacar que opera como un
proceso de largo impacto social. El paso por prisión quiebra de forma abrupta las trayectorias
laborales, desarticula los núcleos familiares, erosiona la estabilidad financiera e invalida las
redes de apoyo comunitario. Todos estos factores menoscaban la reconstrucción de proyectos
de vida tras el egreso penitenciario. Adicionalmente, cuando estas vivencias se concentran de
forma sistemática en segmentos poblacionales específicos, la pena adquiere una dimensión
colectiva. En suma, el encarcelamiento acaba por perpetuar dinámicas macrosociales de
exclusión y estratificación estructural (Bardelli et al., 2023; Imoussaïne et al., 2025; Abass,
2025).
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Discusión
Sistema de justicia penal y reproducción de desigualdades
Los resultados de esta revisión demuestran que el sistema de justicia penal desborda la
mera función de reflejar las asimetrías sociales preexistentes. El aparato punitivo también
mantiene, profundiza y proyecta dichas brechas hacia nuevas etapas de la vida de los sujetos.
Esto ocurre mediante prácticas concretas de control, sanción y exclusión que operan de forma
asimétrica según el estrato social. En este punto, vale la pena señalar que las disparidades en la
vigilancia policial, las sentencias, las multas, los antecedentes y el encarcelamiento no
constituyen hechos aislados. Al contrario, se integran en una red compleja que conecta el
castigo con la posición social y la distribución desigual de oportunidades. Por esta razón, el
análisis criminológico no puede limitarse a evaluar los fines jurídicos declarados (como la
retribución o la prevención del delito); el estudio debe atender los efectos reales que estas
dinámicas causan en la cotidianidad de las comunidades.
Esta lectura teórica se alinea con investigaciones recientes que examinan el castigo
como un engranaje de una red institucional expandida. Por ejemplo, Murakawa y Beckett
(2024) plantean que el poder punitivo contemporáneo supera los límites físicos de la prisión o
del tribunal. El castigo se extiende a través de mecanismos administrativos, civiles y sociales
que prolongan las secuelas del contacto penal. En una línea muy cercana, McKay y Darity
(2024) sostienen que el encarcelamiento y el control penal exigen un análisis desde la economía
política de la estratificación. Desde esa mirada, los costos del castigo no se distribuyen con
neutralidad, sino que gravitan con mayor fuerza sobre colectivos racializados y
económicamente vulnerables.
Desde esta perspectiva, los hallazgos de la revisión invitan a trascender la lectura
estrictamente jurídica del fenómeno. Una norma puede redactarse bajo los principios de la
equality formal, pero sus efectos prácticos dependen enteramente de las condiciones materiales
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de aplicación. Piénsese, por caso, en una multa, un antecedente penal o una medida alternativa.
Estos mecanismos no afectan del mismo modo a un individuo con empleo estable, vivienda
propia, defensa técnica de calidad y redes de apoyo que a un sujeto desprovisto de tales
recursos. Cabe destacar, por lo tanto, que la discusión criminológica debe desplazar su eje. Ya
no basta con preguntar si una sanción se ajusta formalmente a la ley; la disciplina debe
interrogarse cómo opera dicha sanción en la vida concreta de las personas y qué grupos
soportan con mayor rigor sus consecuencias.
Selectividad institucional y desventaja acumulativa
La selectividad institucional constituye uno de los engranajes más explicativos para
desentrañar la relación entre justicia penal y desigualdad. Los resultados evidencian que ciertos
grupos experimentan una exposición intensificada al control de las fuerzas de seguridad, al
arresto, al procesamiento judicial y a los estigmas postpenitenciarios. Esta asimetría no requiere
necesariamente una discriminación explícita o malintencionada en cada decisión individual.
En otras palabras, el fenómeno se produce a menudo a través de rutinas institucionales
automatizadas, criterios burocráticos supuestamente neutrales y prácticas organizacionales que
terminan concentrando el brazo del Estado sobre poblaciones previamente precarizadas.
La literatura actual sobre el control institucional ayuda a decodificar este patrón de
comportamiento. O’Flaherty y Sethi (2024) demuestran que los estereotipos sociales influyen
directamente al momento de interpretar conductas ambiguas, asignar patrullajes o estructurar
la sospecha policial (atribuyendo peligrosidad a ciertos perfiles). Este sesgo inicial genera un
efecto bola de nieve dentro de la administración del castigo. Asimismo, Ray, Powelson,
Fuentes y Doan (2024) complementan este enfoque. Estos autores señalan que el
comportamiento de la policía responde a estructuras organizacionales complejas, contextos
comunitarios específicos y desigualdades raciales históricas. No resulta metodológicamente
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válido, por ende, conceptualizar la acción policial como una simple sumatoria de decisiones
individuales e inconexas.
El fenómeno de la desventaja acumulativa también opera con fuerza en las sanciones
económicas y en el escenario posterior al cumplimiento de la pena. Bing, Pettit y Slavinski
(2022) constatan que las multas y las tasas legales producen impactos profundamente
desiguales. Una misma obligación monetaria no pesa igual en la balanza social. Para un estrato
acomodado, una multa representa un contratiempo manejable; para un sujeto con menor
estabilidad económica, esa misma cifra se traduce en endeudamiento crónico, desestabilización
familiar y nuevas ventanas de contacto forzoso con el sistema. En este punto, cabe destacar un
elemento analítico: la desigualdad penal no se agota en los muros de la prisión. El sesgo
también funciona a través de castigos considerados menores o alternativos, precisamente
porque su impacto real depende de las condiciones materiales de quien debe pagarlos.
En conjunto, estos aportes teóricos permiten interpretar los resultados de la revisión
bajo una lógica de trayectoria. El primer contacto con el sistema punitivo genera registros,
deudas o estigmas que condicionan de forma directa las decisiones judiciales ulteriores y
mutilan las oportunidades futuras del individuo. La acumulación de desventajas no nace de un
único acto institucional aislado. Surge, más bien, de la interacción sistemática entre múltiples
decisiones que, analizadas de manera fragmentada, parecen menores, pero que unidas
configuran trayectorias crónicas de exclusión social.
Implicaciones criminológicas y político-criminales
Los hallazgos de esta revisión proyectan implicaciones transformadoras para la
criminología contemporánea. En primer lugar, los datos refuerzan la necesidad de estudiar el
sistema de justicia penal como un actor institucional activo. El aparato penal no se limita a
reaccionar ante la comisión de un delito; también produce activamente consecuencias sociales
y distribuye posiciones en la estructura social. Esta perspectiva teórica desplaza el foco
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analítico. La atención ya no se concentra de forma exclusiva en la conducta individual del
infractor, sino en los procesos institucionales mediante los cuales las agencias estatales
clasifican, sancionan y condicionan las oportunidades de vida. En otras palabras, la desigualdad
penal califica como un problema de índole institucional y estructural, y no como el mero
resultado de desviaciones éticas o decisiones individuales aisladas.
En segundo lugar, los resultados sugieren que las reformas político-criminales exigen
una evaluación rigurosa de sus efectos distributivos. No alcanza con medir si las nuevas leyes
reducen la severidad de las penas o alivian el volumen total de causas en los tribunales. Amaral,
Ouss y Ozier (2025) demuestran que ciertas reformas promovidas desde las fiscalías logran
disminuir los niveles generales de severidad punitiva, pero fallan al intentar disolver las
disparidades raciales preexistentes. Este hallazgo vale la pena señalarlo: una reforma parcial
puede maquillar ciertos indicadores estadísticos sin alterar las condiciones estructurales que
reproducen la asimetría dentro del sistema.
Las implicaciones del estudio alcanzan igualmente la dimensión territorial y material
del castigo. Eason, Campbell, Ghasemi y Huey (2024) demuestran que la expansión de la
infraestructura penitenciaria se vincula estrechamente con factores políticos, económicos y de
control geopolítico regional. Esto invita a concebir el castigo como una práctica anclada a
contextos sociales muy específicos. A su vez, Masson y Booth (2024) evidencian que la prisión
preventiva y la incertidumbre procesal (la espera del juicio sin una fecha clara) gatillan efectos
nocivos extendidos sobre los familiares y las redes afectivas de los internos. Es decir, el
impacto del sistema penal desborda al individuo directamente sancionado e infecta su entorno
social inmediato.
Desde una perspectiva político-criminal, la evidencia analizada fija una hoja de ruta con
prioridades nítidas. Resulta urgente producir datos desagregados sobre desigualdad penal y
monitorear de cerca los efectos diferenciales de las multas y medidas alternativas. Asimismo,
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se vuelve perentorio reducir las barreras laborales y sociales asociadas al antecedente penal,
robustecer las políticas de reintegración social y evaluar si las reformas realmente mitigan las
brechas o si simplemente trasladan el castigo hacia modalidades de control menos visibles
(como la vigilancia digital o ambulatoria). Una política criminal comprometida con la equidad
no exige la renuncia a la función legítima del sistema penal; demanda evaluar sus mecanismos
con base en evidencia empírica para evitar que el Estado perpetúe las desventajas sociales
previas.
Limitaciones y futuras líneas de investigación
Esta revisión metodológica presenta ciertos límites que conviene sopesar al momento
de interpretar sus conclusiones. La búsqueda principal se circunscribió a Scopus y Web of
Science Core Collection. Por ende, aquellas investigaciones de alta calidad indexadas
únicamente en otros repositorios científicos quedaron fuera del proceso de recuperación.
Asimismo, la revisión discriminó el material según el idioma, incorporando solo textos en
inglés y español. Esta decisión pudo restringir el acceso a evidencia valiosa producida en otras
lenguas académicas. En este punto, vale la pena señalar que la marcada diversidad
metodológica de los estudios incluidos impide la comparación estadística directa entre los
diferentes contextos nacionales, sistemas jurídicos y diseños de investigación.
Otra restricción analítica relevante reside en la concentración geográfica de la evidencia
empírica. La inmensa mayoría de los trabajos seleccionados proviene de Estados Unidos y el
Reino Unido. Por el contrario, realidades geográficas como América Latina, África y amplios
sectores de Asia aparecen subrepresentadas en la literatura hegemónica. Este sesgo no es
menor. La relación entre la justicia penal y la desigualdad adopta fisonomías muy diversas
según la estructura del Estado, la robustez de las políticas sociales, los niveles de informalidad
laboral, la brecha económica y la legitimidad institucional de cada entorno. Como advierten
agudamente Clegg, Spitz, Usmani y Wolcke (2024), las variaciones internacionales en las tasas
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de encarcelamiento y castigo no encuentran una explicación simple en los niveles de
criminalidad de cada país; obedecen, en cambio, a configuraciones políticas e institucionales
macroconectoras (Castillo-Narea et al., 2026).
Por lo tanto, las futuras líneas de investigación deberían orientarse hacia el desarrollo
de diseños comparativos y longitudinales (estudios que realicen un seguimiento temporal
prolongado) capaces de rastrear las trayectorias de contacto penal a lo largo de los años.
También se vuelve imperativo expandir el foco hacia sistemas jurídicos ajenos a la tradición
anglosajona y hacia colectivos suboficiales en la literatura internacional. Específicamente,
surge la necesidad de examinar cómo interactúan de forma simultánea el control policial, las
multas, el historial delictivo, el encierro y las políticas de reinserción en contextos atravesados
por una profunda desigualdad estructural. Este tipo de abordaje empírico ayudará a esclarecer
con precisión científica cuándo el sistema penal mitiga los daños sociales y cuándo, por el
contrario, opera como un vector de reproducción de la vulnerabilidad social.
Conclusión
El balance final de esta revisión sistemática demuestra que el sistema de justicia penal
opera como un engranaje capaz de reproducir asimetrías sociales. Estos mecanismos de
exclusión se manifiestan de forma transversal en las diferentes etapas del proceso penal. Vale
la pena señalar que tales disparidades no se concentran de manera exclusiva en los hitos más
visibles (como la lectura de la sentencia o el confinamiento en prisión) (Bonilla-Morejón,
2023). Al contrario, emergen de forma difusa en el control policial cotidiano, en la acumulación
de antecedentes penales, en la imposición de sanciones económicas y en las secuelas
persistentes que sobreviven al cumplimiento del castigo. Por esta razón, el aparato penal
desborda su función punitiva tradicional frente a las conductas tipificadas como delitos. En
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otras palabras, la institución posee la capacidad de traducir las vulnerabilidades sociales previas
en resultados institucionales asimétricos (Mendoza-Armijos et al., 2023).
En este punto, cabe destacar que la contribución teórica más significativa de esta
investigación radica en aglutinar evidencia empírica reciente sobre dimensiones que la
literatura suele diseccionar por separado. El análisis integró de forma orgánica los datos
relativos a la sentencia, el arresto, las multas monetarias, el historial delictivo y el
encarcelamiento. Gracias a esto, la revisión ofrece una comprensión de la desigualdad como
un proceso institucional amplio (un entramado sistémico y complejo). Dicho fenómeno se
encuentra atravesado de lado a lado por vectores raciales, étnicos, financieros, migratorios y
de segregación territorial. Esta lectura conceptual robustece una tesis central para la
criminología contemporánea. Es decir, la disciplina ya no puede conformarse con el estudio
exclusivo del origen de la criminalidad (la etiología del delito); la ciencia criminológica tiene
la obligación de auditar los impactos sociales reales que engendran las propias agencias
encargadas del control formal (Samaniego-Quiguiri et al., 2024).
Desde la óptica de la política criminal, los hallazgos evidencian la urgencia de
estructurar reformas orientadas por datos empíricos. Resulta indispensable evaluar de qué
manera el Estado distribuye los costes del castigo entre los diversos estratos de la población.
Atenuar estas asimetrías penales exige la implementación de acciones concretas: fiscalizar las
prácticas operativas de la policía y de los tribunales, auditar el impacto real de las penas
pecuniarias, remover los obstáculos legales ligados al récord delictivo y robustecer los canales
de inserción comunitaria (las políticas de acompañamiento postpenitenciario). Finalmente, las
agendas de investigación venideras deben diversificar la base de datos comparada,
prioritariamente en realidades ajenas a la hegemonía anglosajona. Asimismo, conviene
promover diseños longitudinales (estudios de seguimiento a largo plazo) capaces de
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desentrañar cómo el individuo acumula desventajas a medida que transita por los diferentes
eslabones del sistema de justicia penal.
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