Vol. 6 – Núm. 2 / Julio – Diciembre – 2025
La ausencia de respuesta penal frente al uso doloso de la
inteligencia artificial
The absence of criminal responsibility for the fraudulent use of artificial
intelligence
A ausência de responsabilidade criminal pelo uso fraudulento da
inteligência artificial
Vera-Ruiz, Bryan Anibal
Universidad Bolivariana del Ecuador
baverar@ube.edu.ec
https://orcid.org/0009-0003-5233-7924
García-Segarra, Holger Geovannny
Universidad Bolivariana del Ecuador
hggarcias@ube.edu.ec
https://orcid.org/0009-0009-2499-762X
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v6/n2/1189
Como citar:
Vera-Ruiz, B. A., & García-Segarra, H. G. (2025). La ausencia de respuesta penal frente al
uso doloso de la inteligencia artificial. Código Científico Revista De Investigación, 6(2), 228–
255.
Recibido: 02/11/2025 Aceptado: 01/12/2025 Publicado: 31/12/2025
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Resumen
El uso doloso de la inteligencia artificial (IA) en los procesos electorales presidenciales ha
transformado las campañas en escenarios de manipulación, desinformación y violencia
política, especialmente durante los comicios celebrados en Ecuador durante los años de 2021
y 2023. Este fenómeno incluye la difusión masiva de «deepfakes», imágenes sexualizadas y
noticias falsas dirigidas contra figuras públicas, y ciudadanos comunes, exacerbando
vulneraciones a derechos como la imágen, la honra y la participación política. En un contexto
global, este uso indiscriminado de la IA, no solo se limita a un perjuicio de la imágen o la
honra, sino que además es utilizado potencialmente para hacer daño bajo el anonimato, como
una herramienta replicativa y generativa de datos que busca la impunidad. En la actualidad,
el marco jurídico ecuatoriano carece de tipificaciones específicas y mecanismos procesales
eficaces para abordar esta problemática, lo que genera impunidad y dificulta la reparación a
las víctimas. Esta investigación propone una reforma normativa para crear un tipo penal
autónomo incorporado al título IV del COIP, que regule los delitos informáticos,
específicamente como nuevo conjunto de artículos derivado del 234 que sancione la
manipulación digital dolosa mediante IA; de tal forma que se prevenga a la sociedad ante el
uso indiscriminado de estas nuevas tecnologías con fines dolosos, garantizando así el
respecto de los derechos fundamentales.
Palabras clave: inteligencia artificial, deep fakes, manipulación digital, derecho a la imágen,
vacío normativo, impunidad, dolo.
Abstract
The malicious use of artificial intelligence (AI) in presidential electoral processes has
transformed political campaigns into arenas of manipulation, disinformation, and political
violence, particularly during the elections held in Ecuador in 2021 and 2023. This
phenomenon includes the widespread dissemination of deepfakes, sexualized images, and
fabricated news targeting both public figures and ordinary citizens, thereby intensifying
violations of rights such as personal image, honor, and political participation. In a global
context, the indiscriminate use of AI extends beyond harm to reputation; it also enables
anonymous aggression through replicative and generative data tools designed to evade
accountability. Currently, the Ecuadorian legal framework lacks specific criminal
classifications and effective procedural mechanisms to address this issue, resulting in
impunity and hindering adequate redress for victims. This research proposes a legal reform to
create an autonomous criminal offense within Title IV of the COIP, regulating cybercrimes
specifically as a new set of provisions derived from Article 234 to penalize the intentional
digital manipulation carried out through AI. Such reform would help safeguard society from
the improper use of emerging technologies for malicious purposes, thereby ensuring the
protection of fundamental rights.
Keywords: artificial intelligence, deepfakes, digital manipulation, right to image, regulatory
gap, impunity, intent.
Resumo
O uso malicioso da inteligência artificial (IA) nos processos eleitorais presidenciais
transformou as campanhas políticas em arenas de manipulação, desinformação e violência
política, particularmente durante as eleições realizadas no Equador em 2021 e 2023. Esse
fenómeno inclui a disseminação generalizada de deepfakes, imagens sexualizadas e notícias
fabricadas visando tanto figuras públicas quanto cidadãos comuns, intensificando assim as
violações de direitos como imagem pessoal, honra e participação política. Num contexto
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global, o uso indiscriminado da IA vai além dos danos à reputação; também permite
agressões anónimas por meio de ferramentas de dados replicativas e generativas projetadas
para evitar a responsabilização. Atualmente, o quadro jurídico equatoriano carece de
classificações criminais específicas e mecanismos processuais eficazes para lidar com essa
questão, resultando em impunidade e dificultando a reparação adequada às vítimas. Esta
investigação propõe uma reforma jurídica para criar um crime autónomo no Título IV do
COIP, regulamentando os crimes cibernéticos especificamente como um novo conjunto de
disposições derivadas do Artigo 234 para penalizar a manipulação digital intencional
realizada por meio da IA. Tal reforma ajudaria a proteger a sociedade do uso indevido de
tecnologias emergentes para fins maliciosos, garantindo assim a proteção dos direitos
fundamentais.
Palavras-chave: inteligência artificial, deepfakes, manipulação digital, direito à imagem,
lacuna regulatória, impunidade, intenção.
Introducción
En el contexto ecuatoriano, la globalización ha permitido avances tecnológicos casi
impensables; las plataformas digitales dejaron de ser instancias de entretenimiento y
aprendizajes y se transformaron en espacios de confrontación digital, moduladas por nuevas
formas de detrimento a los derechos de las personas; con la creación de las deepfakes, videos
con rostros y voces manipuladas, fotomontajes sexualizados y noticias falsas distribuidas en
redes sociales y plataformas digitales, inclusive destinadas a desprestigiar e imputar delitos a
los aspirantes políticos que son objeto de elecciones populares.
No solo las élites políticas o determinados personajes de alta exposición pública,
como celebridades o influencers son víctimas de esta problemática, la cual se perfecciona día
tras día debido a los constantes avances tecnológicos, sino cualquier ciudadano con identidad
digital. Un ejemplo ilustrativo es el caso de la influencer manabita conocida como la
«Chonera Bonita» (Televicentro, 2025), cuya intimidad fue violentada mediante la difusión
en redes sociales a través de la creación de contenido sexual falso generado por un algoritmo
de inteligencia artificial. En un contexto similar, el sistema educativo encendió las alarmas
tras la circulación de contenido sexual creado con la identidad de menores de edad,
presuntamente estudiantes y exalumnos de un reconocido colegio de la ciudad de Quito,
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hecho que demuestra la extensión del fenómeno en distintos estratos de la sociedad
ecuatoriana (Extra Digital, 2023).
En términos jurídicos, la teoría del Derecho Penal y Procesal Penal, estos
acontecimientos presentan desafíos sin precedentes para la imputación de responsabilidad. En
este caso, en escenarios inéditos, el iter criminis se difumina (Alonso & Sánchez, 2024). Este
es un hecho lesivo verificable, es decir, contenido con apariencia delictiva que causa
perjuicio real.
En primer lugar, el autor material o intelectual directo no siempre es identificable
debido a la generación automática de contenido, anonimato en línea, manipulación de
direcciones IP y replicación exponencial en redes distribuidas (Crawford, 2018). En segundo
lugar, los factores específicos de estilo de la cibernética en la dinámica de la comunicación no
permiten proporcionar pruebas tecnológicas a priori irrefutables. Por lo tanto, estos delitos
son una variante de delitos fantasmas (Borja V. , 2024).
Finalmente, a esta dificultad se agrega otra de naturaleza normativa pertinente. En el
ordenamiento penal positivo ecuatoriano, existe una laguna en el tratamiento de delitos
informáticos que sancione la creación y difusión de fakes news, que en la mayoría de casos
son originados por el uso doloso de sistemas de IA (Alonso & Sánchez, 2024). Si bien el
Capítulo Tercero (III) del Código Orgánico Integral Penal (en adelante COIP), tipifica
conductas como la falsificación informática detallada en el art. 234 numeral 1; y, el
hostigamiento digital establecido en el art. 154 numeral 2; lo hace sobre la base de que la
voluntad humana se activa en esta comisión del ilícito (Código Orgánico Integral Penal
[COIP], 2014).
Esta brecha jurídica se encuentra ligada con la ausencia de normas que regulen y
límiten el desarrollo exponencial del uso doloso de las fakes news, prácticas que vulneran
derechos y afectan a la honra de las personas. Por tanto, se requiere, una acción penal que
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tenga como objetivo no solo la protección de datos e identidad digital contra estos sistemas
generativos, o comúnmente denominados como inteligencia artificial IA, sino también
garantizar el respeto a los derechos fundamentales y prevenir conductas dolosas. No obstante,
aunque el Ecuador cuenta con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, su
aplicación en la práctica sigue siendo limitada, y en muchos casos inexistente, es decir, esta
normativa no está diseñada para afrontar los problemas planteados por los algoritmos
generativos en virtud de las nuevas tecnologías y peor aún, las consecuencias derivadas de su
mal uso. Por citar un ejemplo, en los procesos electorales, ha quedado en evidencia que, los
datos personales de los candidatos, activistas y ciudadanos pueden ser recopilados,
almacenados, y procesados; en la mayoría de casos, son expuestos mediante el anonimato y
difundidos con el fin de causar un perjuicio, usando la identidad digital, como ocurre en la
mayoría de casos, para distorsionar, cambiar o modificar tal identidad, o los datos personales
(voz, audio, imágen, etc), sin un consentimiento explícito y sin un mecanismo eficaz para
regularlo, exponiendo los datos biométricos, patrones de voz e imágenes a un uso indebido.
Tomando como base el derecho comparado, solo aquello producido por seres
humanos puede disfrutar de protección legal en términos de «autoría», así como de ser
considerado un producto de creación. En consecuencia, si el contenido, ya sea en forma de
imágen, audio o video (datos en general), ha sido creado en su totalidad por IA sin
prácticamente ninguna creatividad humana involucrada, no hay autor legalmente corroborado
desde un enfoque de propiedad intelectual y autoría delictiva (Baños, 2024).
En tal sentido, la parte probatoria que no es tema central de este trabajo, pero si
relevante, presenta dificultades para su procesamiento técnico, pues genera un entorno de
incertidumbre, dado que a pesar de que el COIP permite reconocer el contenido digital como
prueba admisible, de acuerdo al artículo 500 (Código Orgánico Integral Penal [COIP], 2014),
exige protocolos de la cadena de custodia, integridad forense y autenticidad técnica, que se
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tornan difícil cumplir cuando el contenido circula descontroladamente en las redes o ha sido
manipulado con herramientas que no dejan rastro (Borja V. , 2024).
Esta nueva realidad implica repensar los conceptos clásicos del Derecho Penal, como
la autoría, dolo, nexo de causalidad, imputabilidad, resultan limitados en un contexto de
tecnología no previsto por el legislador y que permite que el infractor no esté conectado
físicamente al delito (Malo & Lozano, 2024), (Crawford, 2018).
De esta manera, el presente estudio pretende avanzar no solo en la constatación de la
afectación a derechos fundamentales como la imágen; también en la prevención y
limitaciones del uso indiscriminado con fines dolosos de estas herramientas generativas, que
en la mayoría de casos tiene como finalidad lesionar un bien jurídico protegido, producto de
la creación y difusión de las fakes news; además, en la medida de los marcos interpretativos
que permitan reconfigurar la respuesta estatal ante estos fenómenos emergentes (Giletta,
Mercaú, Orden, & Villareal, 2020), (Gutiérrez & Abeliuk, 2022).
Metodología
El diseño de esta investigación se enmarca dentro del esquema exploratorio
descriptivo de enfoque cualitativo; cuyo fin es conocer los efectos jurídicos, de la utilización
de la inteligencia artificial en la intervención de la imágen, creación de datos y demás
información potencialmente modificable de un ciudadano que goza de una identidad,
pudiendo ser esta digital.
El principal método aplicado es el enfoque analítico y documental dogmático jurídico,
que se complementa con métodos hermenéuticos, axiológicos y sistémicos (Secretaría de
Marina, 2021). Debido a esta combinación metodológica, es posible realizar una lectura
crítica de los elementos constitutivos de los delitos digitales en función de contextos de gran
complejidad, como los que tienen por objeto de intervención, casos en los que los autores
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supuestamente no pueden ser identificados materialmente, pues resulta casi «imposible»,
debido a la multiplicidad de copias y replicaciones del contenido.
Entre las técnicas utilizadas se encuentran la sistematización las siguientes normas
legales vigentes; nacionales e internacionales, constitucional, penal, y demás concordantes; y,
la revisión de casos mediáticos ocurridos en procesos electorales ecuatorianos durante los
años 2021 a 2025, entre otros, cuyo objeto de crítica es el uso doloso de la IA.
En cuanto al universo de fuentes, este trabajo se basa en fuentes secundarias y
reportes técnicos sobre el uso de IA con fines dolosos, en contextos electorales, etc, mediante
el acceso a bases de datos especializadas, como Dialnet, Scielo, RedALyC, JSTOR, Google
Scholar, y repositorios institucionales de universidades y centros de investigación; así como
el uso de plataformas digitales como youtube.
En esta investigación jurídica, también se hace mención a informes oficiales de
organismos como ONU, la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo
Nacional Electoral del Ecuador, la Defensoría del Pueblo, entre otro, para la sustentación
empírica de los casos analizados.
Resultados
El derecho a la imágen como derecho fundamental en entornos y la identidad digital
El derecho a la imágen se encuentra intrínsecamente enraizado en uno de los
cimientos del sistema de derechos personalísimos, al ser compatible con la dignidad humana,
la autonomía individual y la autodeterminación informativa (Mondria, 2023). Protege no solo
la representación visual del cuerpo humano, sino cualquier exteriorización gráfica,
fotográfica, videográfica que pueda atentar contra su integridad (Feria, 2022).
Cabe acotar que el derecho a la imágen, en la normativa del Ecuador, se encuentra
establecido de forma expresa en el artículo 66, numeral 19, de la Constitución de la
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República del Ecuador (Constitución de la República [CRE], 2008). Sin embargo, el entorno
digital ha cambiado dramáticamente el alcance y la forma en que este derecho puede ser
vulnerado.
La identidad digital puede definirse como el conjunto de datos o información
recopilable de un individuo que reposa en internet y que le otorga características únicas. La
reciente LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (Registro
Oficial Suplemento 459 de 26-may.-2021), aunque tiene por objeto y busca garantizar la
«protección de datos personales», presenta lagunas jurídicas, pues se limita a una protección
de datos en sentido general y no en virtud de la prevención de delitos producto de la
manipulación de estos datos, de allí la falta de una regulación que tenga como finalidad
prevenir el uso indebido con fines dolosos creados por IA, así como al uso no autorizado de
los mismos con fines dolosos.
Las plataformas digitales, el desarrollo de las redes sociales y, más recientemente,
tecnologías basadas en inteligencia artificial generativa, cuyo producto son las deepfakes o
clonación de voz o modelos text-to-video, han extendido las fronteras tradicionales del
derecho a la imágen y han diversificado las formas de agresión simbólica posibles, muchas
veces ambiguas al encajar bajo la clasificación «derecho a la imágen» (Priego, 2022).
Además, no solo se trata de la perturbación de la imágen personal, sino del uso
indebido de los datos personales, ya que las tecnologías de inteligencia artificial detrás de los
contenidos manipulados a menudo se basan en bases de datos injustificadas que pueden ser
divisadas a través del rastreo a gran escala de la información digital. Aunque la Ley Orgánica
de Protección de Datos Personales, firmada en 2021, protege el derecho de cada ser humano a
la privacidad de los datos, el acceso y control sobre ellos, los mecanismos actuales son
insuficientes para prevenir la extracción, almacenamiento y uso residual de esos datos
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(sonidos o patrones biométricos), para el propósito de la manipulación política y violencia
simbólica.
En particular, los deepfakes, han permitido la creación de contenido visual
hiperrealista que puede alterar la apariencia, la voz y los gestos de una persona próxima, con
o sin el consentimiento de ella, para fines tan disímiles como la sátira política y la
pornografía no consensuada, la desinformación electoral (Montes, 2024).
En este sentido, el derecho a la imágen enfrenta un desafío doble: por un lado la
rapidez, la dimensión cuantitativa y la anonimia en la que se expanden las imágenes
manipuladas (fake news). Por otro lado, el fenómeno de la escala, el daño por una identidad
alterada o descontextualizada no se circunscribe a un espacio privado e íntimo o público y
local, sino que la representación de la víctima puede escalar globalmente en cuestión de
segundos, multiplicando su daño (Borja C. , 2023).
A nivel procesal, esta situación constituye un desafío estructural a la hora de la
acusación, dado que los contenidos son generados de manera automatizada y anónima, o en
otras ocasiones a través de rusheos o de direcciones IP maquilladas, lo que hace
prácticamente imposible deducir al autor material del delito (Giletta, Mercaú, Orden, &
Villareal, 2020). Como consecuencia, se ven debilitadas las capacidades del sistema judicial
de formular una acusación suprimida y de demostrar el nexo de causalidad entre el hecho y su
responsable, repercutiendo tanto en el derecho al debido proceso como el derecho a la tutela
judicial efectiva (Muñoz, 2024).
A pesar de que en Ecuador, el delito asociado al uso de la imágen personal viene
regulado por figuras penales y procesales como la falsificación informática (artículo 234.1
Código Orgánico Integral Penal) y el hostigamiento digital (artículo 154.2) (Código Orgánico
Integral Penal [COIP], 2014), problemas de inadecuación surgen para casos mucho más
complejos de manipulación de la imagen personal a través del algoritmo. Así, por ejemplo,
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no se ha previsto una tipificación específica del delito con relación a los actos de «creación,
difusión y reproducción no consentida entre privados de las imágenes generadas por la
inteligencia artificial, ni un protocolo para la adecuación de la prueba al tema» (Código
Orgánico Integral Penal [COIP], 2014).
El desarrollo tecnológico lleva consigo una profunda transformación en las maneras
en que los delitos se cometen, particularmente en el ámbito digital. A la fecha, uno de los
mayores desafíos que se plantean tanto para el Derecho penal como para el Derecho procesal
penal consiste en la dificultad de poder identificar y probar lo que, en un delito digital
cometido con intervención de inteligencia artificial, se conoce como el iter criminis digital,
desde la fase de su ideación hasta la consumación (Tarrillo, 2024).
Iter criminis digital y delitos sin autoría material directa
La problemática se vuelve compleja cuando los contenidos generados, como las fake
images, audios o videos alterados, carecen de una «autoría humana material» directamente
imputable; dificultando la atribución penal, y la comprobación del nexo causal (Devis, 2025),
sobre todo porque el iter criminis, tradicionalmente, se constituía de un acto de voluntad
humana que activaba la ejecución de un delito (Varona, 2024), sin embargo, en un marco
digital, esta secuencia, aunque conserve validez no es totalmente humana.
En este orden de ideas, las fake news generadas mediante IA que simulan de manera
hiperrealista rostros, voces o gestos de personas reales (deep fakes), sin su autorización o
participación en la generación de tal contenido (Rouhiainen, 2018), no pueden ser legalmente
atribuidos directamente a una persona (Ojeda, 2024), sobre todo cuando se usan para ellos
direcciones IP enmascaradas.
En efecto, la ausencia de un sujeto pasivo deviene aún más grave en el ámbito penal,
debido a que los principios de legalidad y responsabilidad personal exigen de un sujeto
pasivo, sin embargo, en estos casos el autor se difumina en una red de automatismos,
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servidores descentralizados y el espesor del anonimato digital (Solar, 2021). Como
consecuencia de aquello, la víctima (mujeres, adolescentes, activistas, figuras políticas),
sufren una grave afectación de su derecho al acceso a la justicia, la reparación integral y la
garantía de no repetición, derechos consagrados en el bloque de constitucionalidad
ecuatoriano, lo que se agrava ante la dificultad de ubicar el origen del contenido ilícito y, por
ende, de activar mecanismos eficaces de persecución penal.
En particular, en la República del Ecuador, la IA se ha utilizado de manera
significativa en escenarios políticos y electorales. La difusión de contenidos manipulados,
incluyendo imágenes, audios o videos hiperrealistas que distorsionan la identidad o los
mensajes de actores políticos, evidencian el riesgo que representas estas tecnologías cuando
son utilizadas con fines de desinformación. Sin embargo, estos hechos rara vez derivan en un
procedimiento judicial eficaz, principalmente porque no existe un marco normativo fuerte
que tipifique estas conductas en el área penal y que a su vez, permita el tratamiento adecuado
en la jurisdicción electoral.
Desde el punto de vista del Derecho Electoral, la utilización de sistemas de
inteligencia artificial para alterar la imagen de los candidatos o crear información inexacta
afecta de forma directa el principio de equidad en la contienda electoral, reconocido en el
artículo 108 de la Constitución del Ecuador (Constitución de la República [CRE], 2008) y
desarrollado a su vez, en el Código de la Democracia.
La revolución tecnológica, sin embargo, no ha estado acompañada por un desarrollo
normativo equivalente, especialmente cuando se trata de los riesgos de la falsificación
informática (Art. 234.1 COIP) cuando se utiliza como instrumento para la manipulación
política, la difamación, el acoso o la violencia simbólica (Feria, 2022), dado que abarca la
generación de datos no genuinos. Como resultado, en el caso del Ecuador, la desalineación
entre la innovación tecnológica y la regulación legal ha creado un vacío normativo
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preocupante, lo que significa que, los derechos a la imágen, la honra, la participación política
y la privacidad han quedado debilitados (Piedra, 2024).
En el contexto descrito, el peligro es potencialmente grave por el simple hecho de
que, en el entorno digital contemporáneo, ya no es necesario ser un experto o tener
conocimientos y habilidades especializados para crear contenido falso hiperrealista.
Cualquier persona puede encontrar y usar libremente las herramientas de IA para generar
audios, videos e imágenes donde se simulan gestos, discursos y situaciones que nunca
ocurrieron.
Trasladando lo antes mencionado al contexto de contiendas electorales, está la
capacidad técnica puede ser utilizada para crear y difundir videos que buscan desprestigiar a
ciertas candidaturas, atribuirles vínculos con el crimen organizado o simular sus expresiones
en situaciones comprometedoras.
Este tipo de prácticas afectan al principio de transparencia democrática, consagrado en
la Constitución de la República; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
que garantiza el derecho a elecciones libres, basadas en una información veraz y en
condiciones equitativas para todas las candidaturas.
Si bien, el artículo 500 del COIP (Código Orgánico Integral Penal [COIP], 2014) ya
reconoce que el contenido digital puede ser un elemento probatorio y establece algunas
normas sobre su recolección y análisis por un perito, la realidad es que no hay protocolos
para determinar si la imágen generada por IA es auténtica, ni decisiones jurisprudenciales
claras que guíen el proceso de valoración de esta evidencia, lo que hace que las víctimas
sufran de una doble vulneración perpetuada, pues son vulneradas en su imágen y honra, y
además, no logran una verificación de ilícito penal, de aquí que sea necesario adecuar el
razonamiento jurídico a los entornos tecnológicos contemporáneos mediante la lógica de la
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racionalidad comunicativa, la ponderación de derechos y el análisis de riesgos como señala
R. Alexy.
Por su parte, iniciativas enérgicas como las Directrices Éticas sobre IA de la
UNESCO o la reciente Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea proponen
clasificaciones por nivel de riesgo, una mayor transparencia algorítmica y diagnostican la
creación de autoridades de supervisión tecnológica, temas que aún no han sido plenamente
integrados al marco jurídico ecuatoriano (OCDE, 2019).
Violencia simbólica, género y manipulación política con IA
En el escenario de las tecnologías digitales y, más particularmente, de la inteligencia
artificial, la violencia simbólica adquiere nuevas expresiones, como cuando se implementa en
combinación con la manipulación política y estrategias de discriminación por género
(Albaine, Paridad de género y violencia política. Los casos de Bolivia, Costa Rica y Ecuador,
2015).
En estos fenómenos, ha tomado protagonismo el uso de la IA durante los pasados
procesos electorales en los cuales las candidatas mujeres, figuras jóvenes y disidentes del
discurso hegemónico se convirtieron en objetivos de la agresión virtual algorítmicamente
construido para degradar su imágen pública, cuestionar su autoridad y frenar su capacidad y
derecho de agencia en el espacio político (Pérez & Izquierdo, 2024).
Un ejemplo que puede acreditar lo antes mencionado es el de la candidata presidencial
Luisa González, en tanto, fue atacada con la difusión masiva de imágenes sexualidas
generadas mediante IA para desprestigiar su campaña política y ser objeto de burlas
(Deepfake).
Estos ataques cyberneticos se inscriben en una lógica estructural de violencia política
de género, la que, en los entornos online, se repite a través de videos falsos, memes
denigrantes e insultantes, hasta bots automatizados que hacen viral la misoginia; deepfakes,
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conscientemente diseñados para erosionar la percepción pública de liderazgo (Vásquez,
2022).
Desde la perspectiva del ordenamiento jurídico ecuatoriano, ciertas conductas
derivadas del uso malicioso de tecnologías digitales, podrían enmarcarse en principio, en
figuras como la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y el hostigamiento
digital previstos en el COIP. Sin embargo, la dificultad probatoria derivada de la falta de
regulación específica de la violencia simbólica, y la falta de tipificación penal del uso de IA
con fines de violencia deja vacíos de normativa claramente identificables y por ende, reduce
la capacidad del Estado para responder de forma adecuada a agresiones que afectan la
integridad de un proceso democrático.
La problemática demuestra, además, que la violencia simbólica mediada por
tecnologías no se circunscribe al ámbito político: constituye una forma de agresión digital
transversal cuyos efectos recaen con mayor intensidad en mujeres, niñas y adolescentes. Por
ello, resulta incompatible con los principios de igualdad, dignidad y no discriminación
reconocidos por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea
La Unión Europea presenta avances significativos en materia jurídica que regula el
uso de la IA y sus fines tecnológicos. La creación de la Ley de Inteligencia Artificial (Diario
Oficial (DO) de la Unión Europea el 12 de julio de 2024); tiene como objetivo adaptar las
nuevas tecnologías en el marco del respeto a los derechos universales. En concreto, el
Capítulo II establece las prácticas prohibidas ante los potenciales usos de la IA, pues al ser
sistemas generativos se autoalimentan a una escala global; entre ellas, «técnicas
manipuladoras o engañosas, con el objetivo o el efecto de distorsionar sustancialmente el
comportamiento de una persona o un grupo de personas, menoscabando apreciablemente su
capacidad para tomar una decisión informada».
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En tal sentido, el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial en los ambientes
digitales ha sacudido las bases sobre las cuales descansan los Derecho Penal, el Derecho
Procesal y el Derecho a la imágen, evidenciando la necesidad de una redefinición de los
referentes normativos en el ámbito del surgente desafío algorítmico. Tal es la postura de
autores como Víctor Bazán, quien plantea que los sistemas normativos de matriz positivista
resultan insuficientes para enfrentar las realidades fragmentarias y desarrolladas en la
virtualidad de los delitos digitales, en donde el peregrinar criminal no puede ser imputado
bajo las formas conocidas.
La idea de un autor material directo de la comisión del delito, causada por la
condición IA, genera deducciones dogmáticas muy confusas para el sistema penal
ecuatoriano, al no poder probar quién es el autor y no haber evidencia física o electrónica
incriminatoria que invocar. Además, como se mencionó anteriormente, no se aplica la noción
tradicional del dolo y, cuando la parte de la antijuridicidad no puede probarse, solo confirma
este hecho.
La imposibilidad o dificultad probatoria que este contexto plantea desde una
perspectiva procesal, constituye un serio obstáculo para la aplicación del principio de verdad
procesal. Tal como señala Aulis Aarnio, la argumentación jurídica en ambientes digitales
requiere herramientas epistémicas novedosas con capacidad de reconstruir cadenas de
custodia en el ámbito de lo virtual, algo que el COIP aborda tangencialmente.
Desde mediados del siglo XX, las máquinas, los ordena-dores y los programas de
Inteligencia Artificial han participado en distintos procesos creativos hasta convertirse en
verdaderos «artistas robóticos» (Guadamuz, 2017). Las máquinas o los programas de IA eran
un mero instrumento del ente pensante, sin ser realmente participes del proceso, hoy en día la
realidad es otra, el avance tecnológico ha obligado a la sociedad a replantearse el tipo de trato
que debe dársele a estos programas, así como su regulación y protección de derechos de
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autor. De esta forma, esta revolución tecnológica destaca por la aparición de programas y
softwares capaces de crear por sí solos y con completa autonomía obras de calidad artística.
(Doval Escriva de Romaní, 2020)
Sin embargo, como se ha expuestos anteriormente, la ausencia de regulación a nivel
nacional y mundial podría generar muchos problemas. En el caso que nos ocupa, la falta de
autoría humana directa sobre los contenidos producidos por la IA impide la protección bajo el
régimen convencional. La UNESCO indica que si no hay intervención creativa del ser
humano, el producto está en un estado legal de limbo. Este estado embellece la falta de
soluciones jurídicas a las víctimas, debido a que no pueden demandar o denunciar a quienes
les han ocasionado daños morales o indirectos; no existe un propietario formal de la obra o
una cara sobre quien imputar la responsabilidad delictual.
En China, por ejemplo, que los programas de Inteligencia Artificial creen de manera
autónoma y exclusiva obras protegidas por derechos de autor, es ya una realidad. Ante ello,
los expertos han empezado a visualizar en cada uno de los usos de la inteligencia artificial
cuáles son los límites o de qué manera deben abordarse para garantizar que se mantiene la
protección del ser humano (Rodríguez, 2020).
Propuesta
En razón de lo expuesto en los párrafos que anteceden, ante la problemática del uso
con fines doloso de las tecnologías generativas, y su producto final, los deepfakes y fake
news, aprovechados para la manipulación política, violencia digital, o intromisión a los
derechos personalísimos, resulta necesario que nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano sea
objeto de reformas que hagan frente a la impunidad de estas conductas, a través de una
tipificación autónoma de la manipulación digital, falsificación, ambas generadas por
inteligencia artificial.
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Por lo que se propone la incorporación de un nuevo tipo penal autónomo en el Título
IV del COIP, que regule los delitos informáticos, específicamente como nuevo conjunto de
artículos derivado del 234 como se señala a continuación.
“Art. 234.5.- Falsificación digital mediante sistemas de inteligencia artificial o
tecnologías similares:
La persona que, utilizando sistemas de inteligencia artificial o tecnologías similares,
cree, elabore, genere, manipule, modifique, altere, reproduzca o difunda contenido
audiovisual (verbos rectores), sonoro o gráfico, que reproduzca, imite o simule la imágen,
voz, comportamiento o expresión de un tercero sin su consentimiento, con la finalidad de: a)
Falsear la verdad, b) Afectar su reputación, c) Causar daño político, económico, psicológico
o moral, d) O influir en procesos electorales, judiciales o administrativos; será sancionada
con pena privativa de libertad de tres a cinco años, y una multa de diez salarios básicos
unificados del trabajador en general, sin perjuicio de las sanciones por delitos concurrentes.
Si el contenido producido involucra a personas menores de edad, personas con
discapacidad, figuras de autoridad, candidatas o candidatos a cargos de elección popular, o
se utiliza para cometer actos de violencia simbólica o de género, la pena será de cinco a
siete años.”
Quien a sabiendas que la información es producto de la creación de sistemas de
inteligencia artificial, difunda, comparta, o transmita por cualquier medio o plataforma digital
o red social, contenido falso manipulado por sistemas de inteligencia artificial con la
finalidad de causar daño, se le aplicará un tercio de la pena y una multa de tres a ocho salarios
básicos unificados del trabajador en general.
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245
Tabla 1
Propuestas normativas y procesales frente a la manipulación con sistemas de IA en Ecuador
Artículo
Conducta
sancionada
Finalidad o
daño
Sanción básica
Agravantes
Sanción
agravada
234.5
Falsificación digital
mediante IA
Desinformar,
afectar
reputación,
causar daño
político,
económico,
psicológico o
influir en
procesos
3–5 años prisión
+ multa 10 SBU
Menores,
discapacidad,
autoridades,
candidatos,
violencia simbólica
o de género
5–7 años
prisión
234.5
(difusión)
Difundir contenido
falso manipulado
por IA a sabiendas
Causar daño
⅓ de la pena +
multa 3–8 SBU
—
—
234.6
Suplantación de
identidad mediante
IA
Obtener
beneficio ilícito
o causar
perjuicio
4–6 años prisión
+ multa 5–10
SBU
Extorsión, fraude,
daño moral o
psicológico
6–8 años
prisión
234.7
Manipulación de
contenido digital
con fines
electorales ilícitos
Influir
ilícitamente en
procesos
electorales
5–7 años prisión
+ multa 6–12
SBU
Afecta candidatos,
partidos o procesos
en curso
7–9 años
prisión
234.8
Creación y difusión
de deepfakes para
violencia simbólica
o de género
Ejercer violencia
simbólica o de
género
6–8 años prisión
+ multa 7–15
SBU
Víctima menor,
discapacidad,
autoridad,
candidata/o
8–10 años
prisión
Disposición
Transitoria
Única
Vigencia
Aplicable desde
su publicación
en Registro
Oficial a casos
en trámite o
futuros
—
—
—
Nota: (Bryan Aníbal, 2025)
La propuesta normativa es pertinente y necesaria en tanto aborda una realidad
tecnológica y social carente de suficiente respuesta punitiva en el marco de la legalidad
ecuatoriana vigente. La creación de tipos penales específicos para casos de falsificación
digital, suplantación de identidad, manipulación electoral, es decir, conductas atribuibles al
uso de la IA con fines dolosos en general, es idónea para cerrar la evidente laguna legal y
reconocer los daños reales ocasionados por estos actos.
Asimismo, resulta compatible con los principios constitucionales que garantizan los
derechos personalísimos, así como la equidad en el ámbito de la competencia electoral y
tutela judicial efectiva, al proporcionar una herramienta más clara de investigación,
imputación y sanción. Esta medida contribuye a la disuasión de potenciales infractores y al
Código Científico Revista de Investigación Vol. 6 – Núm. 2 / Julio – Diciembre – 2025
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recobro de la confianza ciudadana en los procesos democráticos y judiciales, en fiel
cumplimiento a la seguridad jurídica.
En cuanto a la viabilidad, la propuesta es técnicamente factible, siempre que se
acompañe de medidas institucionales y técnicas. Por ejemplo, será necesario invertir en
educación, fiscalía, judicatura; y, fortalecer la pericia con respecto a la manipulación de la
evidencia digital y el proceso de la inteligencia artificial, para garantizar la eficacia de los
tipos de delitos cibernéticos. También será necesario establecer unidades especializadas de
cibercrímen con los recursos necesarios, para avanzar hacia la protección efectiva de los
derechos en el ámbito digital.
Discusión
Los hallazgos de este estudio confirman que el uso doloso de sistemas de inteligencia
artificial —en particular, las deepfakes audiovisuales— erosiona aceleradamente bienes
jurídicos personalísimos (honra, imágen e identidad digital) y tensiona categorías clásicas del
Derecho penal y procesal penal (autoría, dolo, nexo causal y prueba), especialmente en
contextos electorales (Arcos-Chaparro & Epia-Silva, 2024). La hiperrealidad de los
contenidos sintéticos amplifica la incertidumbre epistémica del público, deteriora la
confianza informativa y potencia la eficacia de la desinformación política. Estos efectos,
observados también en el escenario ecuatoriano descrito en el manuscrito, refuerzan la
necesidad de una respuesta normativa específica y tecnoprocesalmente informada (Barzola-
Plúas, 2022).
En primer término, la amenaza no se limita a la verosimilitud de la manipulación, sino
a su escalabilidad, bajo coste y opacidad algorítmica, factores que desdibujan el iter criminis
y facilitan la «autonomía operativa» de la agresión digital. Ello explica la dificultad práctica
—también constatada en este trabajo— para identificar al autor material o intelectual y para
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preservar una cadena de custodia robusta cuando el contenido se replica en redes distribuidas
y plataformas efímeras. La forensia multimedia, además, enfrenta límites sustantivos: los
detectores automatizados son sensibles a cambios de dominio, compresión y ataques
adversariales, por lo que su rendimiento decae fuera del entorno de entrenamiento; en
consecuencia, no constituyen por sí solos un estándar probatorio irrefutable (Barahona-
Martínez et al., 2024). Esta convergencia entre retos tecnológicos y déficits procesales
robustece la tesis central del artículo: el marco vigente es insuficiente para tutelar
eficazmente los derechos afectados y para disuadir el uso malicioso de IA (Bonilla-Morejón,
2023).
En segundo lugar, desde una perspectiva de epistemología jurídica, la «desancladura»
de lo audiovisual como backstop epistémico —tradicionalmente clave para corroborar
testimonios y reconstruir hechos— multiplica el valor corrosivo de las deepfakes en procesos
electorales y penales. Si las grabaciones dejan de ofrecer un suelo común de veridicción, los
incentivos para el negacionismo estratégico se incrementan y la litigación sobre autenticidad
desplaza la discusión de fondo. Esta deriva es coherente con los casos mediáticos reseñados
en el estudio y con la constatación de que los datos biométricos (rostro y voz) circulan y se
reutilizan sin consentimiento, en entornos regulatorios que no habían previsto la síntesis
generativa a escala (Núñez-Ribadeneyra, 2023).
En tercer lugar, la comparación con la experiencia internacional sugiere que la
respuesta penal no puede agotarse en «reencuadrar» figuras tradicionales —como la
falsificación informática o el hostigamiento digital—. El vector delictivo de las deepfakes
combina: (i) apropiación y manipulación de datos biométricos; (ii) fabricación de evidencia o
suplantación performativa; (iii) daño reputacional y afectación de procesos electorales; y (iv)
ocultamiento de autoría mediante infraestructuras distribuidas. Por ende, resulta persuasiva la
propuesta de configurar un tipo penal autónomo de «manipulación digital dolosa mediante
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IA», con elementos objetivos y subjetivos diferenciados: conductas nucleares de generación,
difusión masiva y/o puesta a disposición de contenido sintético no consentido con ánimo de
causar perjuicio; dolo específico; y agravantes por contexto electoral, minoridad o violencia
sexual. Ello debe acompañarse de reglas procesales ad hoc para la preservación y
acreditación de autenticidad e integridad digital (Samaniego-Quiguiri & Bonilla-Morejón,
2024).
Complementariamente, la evidencia sugiere líneas de compliance y prevención con
relevancia penal y para la reparación integral: (a) obligaciones de due diligence algorítmica y
trazabilidad (provenance y «marcas de agua» robustas) en proveedores de modelos y
plataformas; (b) deberes reforzados de respuesta y retiro expedito ante reportes verificados,
en especial durante periodos electorales; y (c) estandarización pericial —protocolos de
adquisición, hashing, conservación y reporte probabilístico de autenticidad— para reducir
litigios sobre fiabilidad técnica y trasladar la controversia al plano del dolo y la lesividad.
Aunque estas medidas no sustituyen el tipo penal, operan como ex ante preventivo y ex post
facilitador de la prueba (Barzola-Plúas et al., 2023).
Finalmente, en coherencia con los resultados reportados, este trabajo presenta
implicaciones político-criminales nítidas: (i) incorporar cláusulas de protección reforzada en
procesos electorales, dada la mayor capacidad de daño cívico de las deepfakes en dichas
fases; (ii) articular un título o capítulo específico de delitos informáticos que reconozca la
singularidad etiológica y probatoria de la IA generativa; y (iii) promover la formación
interdisciplinaria de fiscales, jueces y peritos en forensia multimedia y epistemología de la
prueba digital, para evitar estándares probatorios inalcanzables o asimetrías técnicas que
deriven en impunidad. Sin estos ajustes, la brecha entre daño real y sanción eficaz
previsiblemente se ampliará (Mendoza-Armijos et al., 2023).
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Conclusión
En el presente trabajo de investigación se ha logrado determinar que el avance
significativo de la inteligencia artificial ha generado un escenario en el que; lejos de la crítica
ideológica o partidista, las modalidades descritas se sustentan en prácticas de falsificación
digital, desinformación, manipulación, violencia simbólica, entre otras, que afectan no solo a
la libertad de expresión y de reunión, sino también a derechos como la imágen, la honra y la
participación en un plano de igualdad, tal como lo demuestran los casos documentados en los
procesos presidenciales de 2021 y 2023, contra figuras públicas y ciudadanos comunes.
El derecho a la imágen, a pesar de encontrarse contemplado en la Constitución
ecuatoriana, no cuenta con una regulación especializada sobre los entornos digitales e
hiperconectados, lo cual permite la producción y circulación masiva de los contenidos
alterados sin el respectivo consentimiento. Este vaivén legal deja en estado de indefensión a
las víctimas, en especial en los escenarios de violencia de género, política o vicaria, donde
estos contenidos generados por la IA se transforman en un arma de agresión de alta
replicabilidad y baja trazabilidad.
En cuanto al delito, la comisión a través de sistemas de IA también implica un cambio
de paradigma con respecto al clásico, mientras que la configuración del iter criminis, la
imputabilidad del hecho y la inexistencia de autoría material directa tienen a las acciones
como «fantasmas», de allí la dificultad en el alcance de las herramientas normativas y
técnicas que permitan la incorporación de mecanismos en el entorno digital generativo
subsiguiente.
La ausencia de mecanismos penales y procesales específicos, sumada a la dificultad
para identificar autores y autenticar técnicamente material producido por sistemas
generativos, evidencia vacíos que comprometen la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
Estos déficits normativos afectan de manera desproporcionada a grupos históricamente
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vulnerables, especialmente mujeres, niñas y adolescentes, al mismo tiempo, pueden
proyectarse hacia el ámbito político, donde contribuyen a reproducir formas de violencia
simbólica y digital.
Por otra parte, el tratamiento jurídico de la IA no puede dejar de lado una perspectiva
del Derecho de la Propiedad Intelectual, dado que la no autoría humana de los contenidos
creados genera graves dificultades, sobre todo, la autoría y titularidad de los derechos de
propiedad intelectual y la imputación de responsabilidad en los casos de daños potenciales.
Por lo que no solo la reforma del Código Orgánico Integral Penal resulta necesaria, sino que
también se recomienda que el Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento,
Creatividad e Innovación (Código Ingenios) también sea reformado, considerando el ejemplo
de China antes expuesto.
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