Vol. 6 – Núm. 2 / Julio – Diciembre – 2025
La política penal Ecuatoriana ante el crimen organizado
transnacional: Gobernanza criminal y desafíos estructurales de la
seguridad global
Ecuadorian criminal policy in the face of transnational organized crime:
Criminal governance and structural challenges to global security
A política criminal Equatoriana face ao crime organizado transnacional:
governança criminal e desafios estruturais à segurança global
Manobanda-Chimbo, Henry Armando
Investigador independiente
manobandahenry@yahoo.es
https://orcid.org/0009-0005-6854-3524
Moposita-Santillán, William Samauel
Investigador Independiente
wmopositas@gmail.com
https://orcid.org/0009-0006-9733-1544
Arellano-Arellano, Carmen Piedad
Investigador Independiente
piedadarellano2019@gmail.com
https://orcid.org/0009-0008-5822-4003
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v6/n2/1187
Como citar:
Manobanda-Chimbo, H. A., Moposita-Santillán, W. S., & Arellano-Arellano, C. P. (2025). La
política penal Ecuatoriana ante el crimen organizado transnacional: Gobernanza criminal y
desafíos estructurales de la seguridad global. Código Científico Revista De Investigación, 6(2),
185–206.
Recibido: 26/10/2025 Aceptado: 28/11/2025 Publicado: 31/12/2025
Código Científico Revista de Investigación Vol. 6 – Núm. 2 / Julio – Diciembre – 2025
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Resumen
Ecuador es un país clave para el tránsito y exportación de drogas, debido a su ubicación
estratégica en la región andina, generando un ciclo de violencia y corrupción que afecta a las
instituciones estatales, tales como justicia. Este artículo pretende examinar la respuesta de la
política penal ecuatoriana frente al crimen organizado transnacional, con enfoque en el
narcotráfico y sus implicaciones en la gobernanza criminal y la seguridad global. El estudio
emplea una metodología analítica descriptiva, la cual se sustenta en la revisión de fuentes
normativas y doctrinarias, para calar la política penal en el Ecuador, identificar la debilidad
estructural del sistema judicial y las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno. El
artículo concluye que, para abordar de manera efectiva el crimen organizado transnacional en
el país, necesita adoptar una estrategia integral que aborde las causas estructurales de la
violencia, como la desigualdad económica, la corrupción institucional y la falta de
oportunidades para las poblaciones vulnerables. Además, se destaca la importancia de la
cooperación internacional en la lucha contra este fenómeno global.
Palabras clave: anomía; crimen; gobernanza criminal; narcotráfico; política penal.
Abstract
Ecuador is a key country for the transit and export of drugs due to its strategic location in the
Andean region, generating a cycle of violence and corruption that affects state institutions, such
as the justice system. This article aims to examine the response of Ecuadorian criminal policy
to transnational organized crime, focusing on drug trafficking and its implications for criminal
governance and global security. The study employs a descriptive analytical methodology,
based on a review of normative and doctrinal sources, to understand criminal policy in Ecuador,
identify the structural weaknesses of the judicial system, and the security measures adopted by
the government. The article concludes that, to effectively address transnational organized crime
in the country, it needs to adopt a comprehensive strategy that tackles the structural causes of
violence, such as economic inequality, institutional corruption, and the lack of opportunities
for vulnerable populations. Furthermore, it highlights the importance of international
cooperation in combating this global phenomenon.
Keywords: anomie; crime; criminal governance; drug trafficking; criminal policy.
Resumo
O Equador é um país fundamental para o trânsito e a exportação de drogas devido à sua
localização estratégica na região andina, gerando um ciclo de violência e corrupção que afeta
instituições estatais, como o sistema judiciário. Este artigo tem como objetivo examinar a
resposta da política criminal equatoriana ao crime organizado transnacional, com foco no
tráfico de drogas e suas implicações para a governança criminal e a segurança global. O estudo
emprega uma metodologia analítica descritiva, baseada na revisão de fontes normativas e
doutrinárias, para compreender a política criminal no Equador, identificar as fragilidades
estruturais do sistema judicial e as medidas de segurança adotadas pelo governo. O artigo
conclui que, para combater eficazmente o crime organizado transnacional no país, é necessário
adotar uma estratégia abrangente que aborde as causas estruturais da violência, como a
desigualdade económica, a corrupção institucional e a falta de oportunidades para as
populações vulneráveis. Além disso, destaca a importância da cooperação internacional no
combate a esse fenômeno global.
Palavras-chave: anomie; crime; criminal governance; drug trafficking; criminal policy.
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Introducción
El crimen organizado transnacional se ha afianzado como una de las mayores
preocupaciones en cuanto a la seguridad a nivel global del siglo XXI, y con la manera en que
ha llegado, no sólo a operar en las profundas entrañas de los sistemas políticos y de justicia en
diversos países, sino incluso en sus propias cárceles, ha puesto en entredicho el concepto de
seguridad nacional. Ecuador no es ajeno a esta realidad, en años recientes el país ha sido testigo
de cómo las organizaciones criminales, principalmente las de narcotráfico, se han consolidado,
extendido y diversificado en sus actividades ilícitas para convertirse en actores clave en la
economía informal, y en alterar la paz social. Esta realidad de la transnacionalidad, violencia
y corrupción, ha puesto a los estados en un retroceso constante ante la búsqueda de retomar el
control de sus territorios y sistemas judiciales.
La gobernanza criminal es la forma en que las organizaciones criminales se relacionan
con el poder estatal y otras estructuras sociales, la gobernanza criminal es uno de los
principales desafíos para los países que sufren este fenómeno. Desde la perspectiva que
establece García (2015), la gobernanza criminal se articula en una maraña de vínculos entre el
crimen organizado y las instituciones políticas, sociales y económicas de las naciones que les
posibilitan a estas últimas organizaciones criminales operar con una impunidad estructural, esto
no tiene una expresión exclusivamente en el fortalecimiento de las redes criminales, sino
también en el quebrantamiento de las instituciones democráticas y el crecimiento de la
corrupción en las estructuras estales.
La política penal ecuatoriana, al igual que en otros países de la región, se encuentra ante
un profundo desafío estructural para dar respuesta a la problemática del crimen organizado
transnacional. La debilidad institucional y la falta de recursos adecuados para la persecución
criminal son factores determinantes para que las organizaciones criminales se expandan y
consoliden en países como el Ecuador (Pinzón 2017). El narcotráfico es actualmente y desde
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hace años uno de los crímenes transnacionales más lucrativos, con ello se ha generado un
círculo vicioso en el que el debilitamiento de los sistemas judiciales y la corrupción de sus
autoridades facilitan la impunidad y la continuación de la actividad ilegal, está adquiriendo
mayor fuerza a nivel nacional e internacional.
La política punitiva, en esta línea, se halla ante una pelea desigual, por un lado, las
organizaciones criminales disponen de recursos muy lejanos a los de los gobiernos, que se
aprovechan de la globalización y la desregulación financiera, y por otro las autoridades
estatales, limitadas por una mínima infraestructura y por una corrupción endémica, se ven
atrapadas en un incensando intentar llevar adelante políticas eficaces de prevención y
persecución. La corrupción dentro del sistema judicial y la ausencia de independencia judicial
son elementos centrales que posibilitan que estas redes criminales penetren en los aparatos
estatales (Ungar 2018), por lo que se vuelve necesario impulsar una mejora en la política
criminal para su erradicación.
Por tal motivo, el presente artículo pretende analizar la respuesta de la política penal
ecuatoriana ante el crimen organizado transnacional, en atención a las tensiones generadas
entre las políticas internas de seguridad y las obligaciones internacionales de lucha contra el
crimen organizado; asimismo, se dará cuenta de las capacidades y retos que afronta Ecuador
en su gobernanza penal, la eficacia de su sistema de justicia y la necesidad de cooperación
internacional para enfrentar el fenómeno en toda su integralidad.
Marco Teórico
El crimen organizado transnacional constituye una amenaza permanente para la
seguridad de los Estados, particularmente para los que poseen sistemas de justicia débiles o
instituciones susceptibles de corrupción. En el caso del Ecuador, el narcotráfico y otras
actividades ilícitas han cobrado una dimensión mundial, conformando un escenario de
inseguridad y debilitamiento institucional que incide tanto en la gobernabilidad nacional como
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en la cooperación internacional. Dentro de este protocolo, es fundamental estudiar la
gobernanza criminal como un fenómeno que implica la interacción entre crimen organizado,
las estructuras de poder del Estado, y de qué forma esta relación hace más difícil para los
gobiernos atacar estas amenazas.
La gobernanza criminal es como los actores estatales y no estatales interactúan en
entornos donde el crimen organizado posee una fuerte influencia en las estructuras de poder;
Podemos decir que el concepto de gobernanza criminal es un proceso a través del cual las
organizaciones criminales no sólo interactúan con el Estado, sino que se infiltran en sus ámbitos
de poder, controlan el mercado del bien ilícito y la política (Cedeño y Sosa, 2020). Esta idea
está basada en la tesis criminológica de la criminalidad organizada, que sostiene que no sólo
el crimen organizado está vinculado a actividades ilícitas sino que también a estructuras
paralelas de poder que buscan ejercer un control económico y social.
Hay varias investigaciones que han desarrollado teorías fundamentales para entender
este fenómeno, Fijman (2018) sostiene que, el delito organizado transnacional se configura
como una especie de poder paralelo que se infiltra en las instituciones democráticas,
distorsionando su legalidad y creando redes de complicidad que garantizan su impunidad. Esta
forma de gobernar, sobre todo en países como Ecuador, no es que se limite a actores
delincuenciales, sino que también incluye redes corruptas que traban la eficacia de las
instituciones del Estado hasta convertirlas en un vehículo para el delito.
Para analizar cómo es que el crimen organizado puede florecer en un país como
Ecuador, nos es de vital importancia recurrir a la teoría de la anomia, establecida por Émile
Durkheim y posteriormente modificada por Robert Mertón (1938), la anomia se presenta
cuando existe una separación entre los valores sociales y las instituciones sociales que debieran
regular la conducta de los miembros, y esto conlleva a la pérdida de valores sociales o le
equívoco el social en el contexto de las naciones azotadas por el crimen organizado, tal como
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lo es Ecuador, la anomia ocurre cuando las estructuras de Estado no pueden poner en ejecución
la ley a causa de la corrupción o la fragilidad organizacional. Para Mertón, además, así como
existen las presiones para delinquir, también hay presiones para no hacerlo en condiciones en
las cuales los medios legales para conseguir metas económicas y sociales están bloqueados.
La anomia dentro del sistema judicial puede generar que se fortalezca el crimen
organizado ya que las personas no pueden lograr el éxito a través de medios legítimos y se ven
orillados a tomar “caminos novedosos” para actuar, los cuales incluyen la comisión de delitos.
Es que la falta de confianza en éste sistema judicial y en el acceso a la justicia, produce una
colaboración entre el crimen organizado y sectores de la sociedad, tanto en la práctica como
ideológicamente que refuerza el ciclo criminal (García, 2020). Cabe destacar que, el crimen
en Ecuador no se limita a los narcóticos, sino que también abarca otras actividades ilegales,
entre ellas el tráfico de armas, lavado de dinero y la trata de personas; por lo que representa un
reto multifacético para las autoridades del país.
La fragilidad institucional es uno de los elementos clave para la expansión de estas
redes, en el caso ecuatoriano, las investigaciones muestran que, la carencia de recursos
humanos y materiales en los ámbitos de seguridad y justicia, junto con una corrupción
generalizada hacen que las organizaciones criminales tengan una capacidad de actuación bajo
un manto de impunidad casi total (Ceballos, 2019). Organización del Poder Judicial en los
países andinos Como todo país latinoamericano, el sistema judicial ecuatoriano adolece de
múltiples problemas: falta de recursos, sobrecarga de trabajo, corrupción interna, debilidad de
respuesta ante la delincuencia organizada, a nivel ya mencionado de las condiciones de exceso
laboral.
Los trabajos de gobernanza penal en América Latina han señalado que la corrupción
en el sistema judicial no sólo facilita la operación de las redes criminales, sino que además
debilita la confianza ciudadana en las instituciones, también sostiene que cuando los
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ciudadanos sienten que las autoridades judiciales son cómplices o están cooptadas por actores
criminales, la cooperación con el sistema de justicia disminuye y esto genera un círculo de
impunidad (Rodríguez, 2021).
Debe tomarse en cuenta que la globalización también tiene una incidencia importante
en el crecimiento del crimen organizado, ya que las redes criminales de narcotráfico y otras
actividades ilegales transnacionales se benefician de la interconectividad global empleándola
para llevar a cabo ilícitos transnacionales de manera que utilizan la desregulación financiera y
otras ventajas proporcionadas por los acuerdos de comercio para crecer hasta niveles
inconcebibles.
La globalización ha creado un entorno propicio para el crimen organizado
transnacional, al proporcionar rutas de escape para el capital ilícito así como facilitar el
movimiento de las personas y las mercancías a través de las fronteras sin ser detectados
(Chabat, 2010). Este proceso también es reforzado por la subsecuente expansión de las
tecnologías informáticas, que otorgan a las organizaciones tal capacidad operativa que les
permite además mantener el control económico y social sobre amplias regiones del territorio.
Metodología
Este estudio es de enfoque descriptivo y analítico, sustentado en la revisión de
documentos y análisis teórico, para analizar la reacción de la política penal ecuatoriana frente
al crimen organizado transnacional, con enfoque en los problemas estructurales de seguridad y
gobernanza criminal. El método consta de dos etapas:
Fase I. Realizar una revisión sistemática de la literatura en fuentes académicas y
documentos de organismos internacionales con la finalidad de comprender el espacio de las
normas y políticas penales de Ecuador frente al crimen organizado transnacional. Se extrajo
información de artículos académicos, informes de Procuraduría General del Estado de Ecuador
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y Consejo de la Judicatura, así como de estudios de organismos internacionales tales Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El estudio de estas fuentes hace
posible, también, el conocimiento de determinados mecanismos legales, fallas estructurales en
la aplicación de la ley y de las estrategias de seguridad.
La segunda etapa consistirá en desarrollar una revisión teórica de los principales
constructos vinculados con crimen organizado transnacional, gobernanza criminal, y seguridad
global. Se revisarán teorías criminológicas como la anomia de Merton (1938) que describen
el impacto que las debilidades institucionales y las desigualdades estructurales tienen en el auge
del crimen organizado. También se examinaron los principios jurídicos internacionales acerca
del crimen organizado basado en convenciones de la ONU, la Convención de Palermo y
políticas regionales frente a las drogas.
Este enfoque analítico permite destilar los principios rectores que deberían regir la
política punitiva ecuatoriana, y en qué daños a su concreción ocasionan la corrupción y las
debilidades estructurales.
La investigación propuesta permitirá un entendimiento global para toda la región de
cómo Ecuador lucha y tiene dificultades en combatir el crimen organizado, eso incluirá los
elementos legales, sociales y políticos atrapados. Asimismo, propondrá recomendaciones
fundamentadas en la evidencia y las mejores prácticas identificadas en otros escenarios
internacionales.
Resultados
En las últimas décadas Ecuador se convirtió de ser considerado uno de los países más
seguros de Suramérica a uno de los más violentos, sobre todo por el crimen organizado
transnacional. Este fenómeno, cuya expresión más relevante es el narcotráfico, ha ubicado a
Ecuador en el centro de una cadena mundial de tráfico de drogas, con el narcotráfico como
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principal generador de violencia y desestabilización social. La política penal ecuatoriana ha
tratado de afrontar ese desafío en diferentes momentos, con distintas apuestas punitivas y de
seguridad. Sin embargo, los resultados obtenidos hasta el momento no dieron solución al
problema y, al menos, profundizaron varias de las vulnerabilidades estructurales que le
permiten al crimen organizado expandir su actividad.
La gobernanza criminal es uno de los fenómenos más palpables y representativos en
Ecuador donde no solo controlan territorios, sino que han penetrado en las instituciones del
Estado, paralizando a las fuerzas públicas y la administración de justicia. La respuesta estatal
ha sido una política de “mano dura”, y se ha traducido en la militarización de la seguridad
pública y en la aplicación de mayores penas a los delincuentes. Sin embargo estas políticas han
tenido efectos encontrados y muy limitados y han puesto al descubierto que es necesaria una
aproximación mucho más integral y sostenible para hacer frente al crimen organizado
transnacional.
El crimen organizado transnacional: Un fenómeno complejo
El crimen en el Ecuador no es un fenómeno aislado, sino que está estrechamente ligado
a las dinámicas regionales y globales. Ubicado estratégicamente entre los mayores productores
de Marihuana y Cocaína en Sudamérica, Colombia y Perú, el país se convirtió en una vía para
el tránsito y la exportación de drogas a Europa y Estados Unidos. Este fenómeno ha dado lugar
a un ciclo de violencia que amenaza no sólo a las instituciones de seguridad, sino también a las
comunidades, en especial las situadas a lo largo de la costa del Pacífico, donde los conflictos
territoriales entre bandas criminales son permanentes. En Ecuador, las organizaciones
criminales como los Choneros y los Lobos han llegado también a establecerse como actores de
peso en este mercado ilícito.
Estos grupos, que luego crecieron y se expandieron en otros territorios, han establecido
alianzas con carteles internacionales de narcotráfico y con esto se aumentó la violencia y la
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fragmentación del paisaje criminal en el país. El tráfico ilícito de drogas ha propiciado una
gobernanza criminal en la que los actores ilegales, en gran medida, consiguen permear las
estructuras estatales de poder, principalmente en el sistema judicial, policial y penitenciaria.
Esta infiltración ha contribuido a crear un clima de impunidad en el que la actuación de las
organizaciones criminales quedaba impune y el crimen organizado continuaba creciendo a
pesar de la dedicación del gobierno para desarticular dichas redes.
La Política Penal ecuatoriana: Enfoques y resultados
El estudio de la política penal ecuatoriana pone en evidencia una serie de medidas que
salieron bien paradas en cuanto a legislación o estructura, pero que aún no alcanzan para
intervenir en las causas estructurales del crimen organizado. En materia de legislación, el
COIP ha incorporado una serie de elementos básicos para combatir el crimen organizado,
penalizando determinadas conductas relacionadas con éste, tales como el narcotráfico, el
lavado de dinero y las organizaciones criminales. Sin embargo, la aplicación de dichas normas
se ha visto obstaculizada por diversos factores, entre ellos la falta de recursos y la corrupción
que impera en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
La corrupción dentro del sistema de justicia y las fuerzas policiales es quizá el mayor
fallo en la política criminal. Según informes de la Fiscalía General del Estado de Ecuador, los
casos relacionados con la penetración del crimen organizado se han asociado directamente con
funcionarios públicos y criminales. Esto hizo que numerosas actividades ilícitas, como el
tráfico de drogas, lavado de dinero y extorsiones, pudieran continuar sin otro tipo de
impedimentos. Por otro lado, la falta de profesionales y escasez de recursos han revelado un
poder judicial derrumbado, en el que investigaciones por crímenes violentos como asesinatos,
extorsiones y secuestros avanzan a paso de tortuga, y la impunidad es la regla.
Las acciones del gobierno actual han estado centradas en una política de mano dura
entre ellas el envío de las fuerzas armadas a las zonas donde la violencia era más fuerte. Entre
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las medidas adoptadas están llevar a cabo operaciones militares conjuntas con la policía,
declarar estados de excepción en las zonas más conflictivas y endurecer las penas para los
delincuentes. Si bien estas políticas tuvieron algunos efectos inmediatos (en la baja de
homicidios, por ejemplo) sus resultados no resistieron el paso del tiempo ni lograron contener
el crecimiento del crimen organizado. "De hecho, la violencia se ha incrementado nuevamente
en 2025, con más de 4,500 asesinatos en el primer semestre, convirtiendo este periodo en el
más violento en la historia del Ecuador. Uno de los retos fundamentales a los que se enfrenta
la política penal en Ecuador es que —aunque han sido desarticuladas algunas bandas
criminales— el crimen organizado se adapta rápidamente.
Cuando las fuerzas de seguridad consiguen desarticular a estos grupos en cierto
territorio, éstos se reagrupar y migran a otras regiones, generando un fenómeno de
desplazamiento delictivo, y no de disminución. Esta capacidad de adaptación del crimen
organizado es un reflejo de que se necesita una estrategia más amplia que no solo se centre en
la represión sino también en tratar las causas profundas de la violencia tales como la
desigualdad económica, la escasez de trabajo remunerado y la corrupción del Estado.
La gobernanza criminal y sus implicaciones
El fenómeno de la gobernanza criminal ha afectado de forma relevante a la seguridad
mundial. Ecuador; al igual que otros países latinoamericanos, ha sido testigo de cómo las
organizaciones criminales trasnacionales se han consolidado como actores no estatales que
disponen de más poder y recursos que muchos países de gobiernos nacionales. Estas
organizaciones, en ocasiones apoyadas por carteles internacionales, como lo son el Cartel de
Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación, han llegado a controlar territorios, influir en
la política local, y obtener ingresos financieros tan elevados que pueden desafiar a las
instituciones del Estado. A nivel internacional, la colaboración multidisciplinaria entre
Ecuador y entidades como los Estados Unidos y la Unión Europea ha superado obstáculos
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facilitando el intercambio de inteligencia y aumentando las capacidades de las fuerzas de
seguridad.
Sin embargo, la cooperación transnacional todavía debe superar algunos obstáculos,
particularmente la falta de coordinación entre organismos de seguridad, y entre Estados con
distintas capacidades para lidiar con el crimen transnacional. El tráfico de drogas continúa
siendo una industria rentable a nivel mundial y hay que hacer los esfuerzos para combatirla
más coordinados y adaptados a las realidades locales y respaldadas por políticas internacionales
más coherentes.
Tabla 1
La teoría de Mertón cumple un rol fundamental en el análisis de esta investigación:
Concepto
Explicación
Aplicación al Contexto Ecuatoriano
Anomia
Es la discrepancia entre los
objetivos culturalmente
valorados (éxito económico) y
los medios legítimos
disponibles para alcanzarlos.
Ecuador experimenta una desigualdad estructural
donde los objetivos de éxito material y económico
son accesibles solo para algunos, mientras que los
medios legítimos (educación, empleo formal) son
escasos para amplias capas de la población, lo que
lleva a muchos a buscar alternativas ilícitas como el
narcotráfico.
Tensión Social
La diferencia entre los valores
culturales y la distribución
desigual de oportunidades
genera tensión en los
individuos, lo que puede llevar a
adaptaciones desviadas, como
el crimen.
Las comunidades más afectadas por la pobreza y la
falta de oportunidades en Ecuador experimentan una
tensión social constante, donde la violencia y el
narcotráfico se convierten en estrategias adaptativas
para aquellos que no pueden acceder a medios
legítimos para alcanzar el éxito económico.
Modos de
Adaptación
Mertón identifica cinco modos
de adaptación ante la anomia:
conformidad, innovación,
ritualismo, retraimiento y
rebelión.
En Ecuador, la innovación (aceptar los objetivos
sociales, pero rechazar los medios legítimos)
predomina, con los grupos criminales desarrollando
métodos ilícitos, como el narcotráfico, para alcanzar
el éxito económico. Además, el ritualismo (adhesión
rígida a medios sin objetivos) es visible en el sistema
judicial y de seguridad, donde la burocracia y la
ineficiencia prevalecen.
Innovación
Criminal
Es la adaptación desviada donde
los individuos aceptan los
objetivos culturales, pero
rechazan los medios legítimos,
recurriendo a métodos ilegales.
El narcotráfico y la corrupción en Ecuador son claros
ejemplos de innovación criminal, la falta de
oportunidades legales lleva a las personas y grupos a
encontrar nuevas vías de alcanzar el éxito, como las
redes de crimen organizado.
Desigualdad
Estructural
La anomia se genera cuando la
sociedad da valor a ciertos
objetivos, pero la distribución
de medios para alcanzarlos es
desigual, creando tensiones.
La desigualdad económica y la exclusión social en
Ecuador son factores que contribuyen a que muchos
recurran al crimen organizado como única vía para
alcanzar éxito material, especialmente en
comunidades afectadas por el narcotráfico y la
violencia. Las estructuras sociales refuerzan la
tensión que alimenta el crimen.
Gobernanza
Criminal
Las organizaciones criminales
se aprovechan de las
desigualdades sociales y las
El crimen organizado transnacional en Ecuador se
adapta a las estructuras corruptas e ineficaces del
Estado. La corrupción judicial, la infiltración en las
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brechas estructurales para
expandir su influencia,
utilizando medios ilegítimos.
fuerzas de seguridad y las debilidades institucionales
crean un entorno donde los grupos criminales
innovadores prosperan al evadir las leyes y manipular
el sistema.
Respuesta Estatal y
Política Penal
Las políticas punitivas o de
mano dura no abordan la causa
estructural de la anomia; la
reducción del crimen requiere
una reforma de las condiciones
sociales.
La estrategia de mano dura del gobierno de Noboa,
centrada en el uso de las fuerzas armadas y el
endurecimiento de las penas, ha tenido resultados
limitados. La teoría de la anomia sugiere que, para
una respuesta efectiva, debe ir acompañada de
reformas que amplíen las oportunidades económicas
y sociales, como mejorar el acceso a la educación y
el empleo.
Recomendaciones
Teóricas
Según Mertón, la prevención
del crimen debe centrarse en la
reducción de la desigualdad
estructural y en el incremento de
las oportunidades legítimas.
Para abordar el crimen organizado, Ecuador necesita
no solo fortalecer su política penal, sino también
implementar reformas estructurales que aborden la
desigualdad económica y social. Esto incluye invertir
en educación, empleo y programas sociales para
ofrecer alternativas legítimas frente a las opciones
ilícitas.
Nota: Basada en Merton, Robert K. Estructura social y anomia. American Sociological Review, vol. 3, n.º 5
(1938): 672-682 (Autores, 2025).
Estructura del Crimen Organizado Transnacional en Ecuador
Ecuador, debido a su ubicación geográfica estratégica entre dos de los mayores
productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú, ha sido históricamente un punto clave en
el tráfico de drogas hacia mercados internacionales. Sin embargo, en las últimas dos décadas,
ha experimentado una transformación en la naturaleza de su crimen organizado. A partir de
2020, Ecuador dejó de ser solo un corredor para el narcotráfico y se convirtió en un nodo
esencial de producción y exportación de drogas. Esta situación ha sido favorecida por la
debilidad estructural de las instituciones encargadas de la seguridad, como la policía y el
sistema judicial, y por una profunda corrupción que permea diversas capas del Estado,
especialmente en los puertos y las cárceles.
El narcotráfico, como principal motor del crimen organizado en el país, se ha expandido
a otras actividades ilícitas, incluyendo la minería ilegal, el lavado de dinero y la extorsión. La
expansión de estos grupos ha permitido la consolidación de estructuras de poder paralelo en
varias regiones del país, particularmente en las zonas costeras, donde se han reportado los
índices más altos de homicidios. En 2024, se reportaron seis de los diez cantones más
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peligrosos de Ecuador con tasas de homicidios superiores a 120 por cada 100,000 habitantes,
una cifra alarmante que muestra la magnitud de la violencia y el control territorial que ejercen
estas organizaciones.
Impacto de la Política Penal sobre el crimen organizado
La política penal ecuatoriana ha evolucionado en respuesta a la creciente violencia y a
la influencia de los grupos criminales transnacionales. El actual presidente, que llegó al poder
en 2023, ha promulgado una política de "mano dura" inclinada a la militarización de la
seguridad pública y a la declaración de estados de excepción en varias provincias del país. La
estrategia ha dado como resultado temporal la baja en los homicidios y el control momentáneo
sobre las matanzas carcelarias, sin embargo, los efectos han sido pasajeros y nunca lograron
desmantelar las estructuras criminales.
En el primer semestre de 2025, Ecuador ha tenido el período más violento de su historia
reciente, con un crecimiento desmedido en los crímenes de asesinato, masacres y rifirrafes
entre bandas criminales, evidenciando de esta forma la ineficacia de la estrategia—básicamente
militar. La militarización de las prisiones, por ejemplo, ha sido insuficiente para detener las
peleas internas entre organizaciones criminales como los Choneros y los Lobos, que siguen
batallando por las prisiones y que ha dejado nuevas masacres en un entorno de total impunidad.
En 2024, 455 reclusos murieron en las cárceles ecuatorianas, muchas de las cuales fueron
víctimas de torturas o condiciones inhumanas de detención.
Por otro lado, la política de "mano dura" también ha impulsado una mayor desconfianza
en las instituciones estatales, la población, que ha visto la corrupción y la falta de respuesta
efectiva a la criminalidad, ha comenzado a respaldar la intervención militar, pero esto ha
llevado a una creciente militarización de la seguridad pública, que plantea riesgos de colusión
con grupos criminales. En junio de 2025, 19 militares fueron acusados de colaborar con una
pandilla para permitir la fuga de uno de sus líderes, lo que pone de manifiesto las falencias
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dentro del aparato de seguridad del país y la posibilidad de que se generen vínculos entre las
fuerzas armadas y el crimen organizado.
Desafíos estructurales: Gobernanza criminal y desigualdad social
Uno de los mayores desafíos que enfrenta la política penal ecuatoriana es la gobernanza
criminal. La estructura de poder de los grupos criminales transnacionales se ha infiltrado en
diversos niveles del Estado, especialmente en el sistema judicial y en las instituciones
encargadas de la seguridad. La corrupción generalizada en el poder judicial y en las fuerzas de
seguridad ha permitido que los criminales operen con total impunidad. Según un informe de la
Fiscalía General del Estado, investigaciones como Metástasis, Plaga y Purga han expuesto
cómo los grupos narcotraficantes manipulan procedimientos judiciales a través de sobornos y
acuerdos ilegales. Esto ha generado un nivel de impunidad que dificulta cualquier intento de
desmantelar las organizaciones criminales.
Además, la falta de acceso a oportunidades económicas en los barrios más pobres de
Ecuador ha contribuido al reclutamiento de jóvenes por parte de las pandillas. La escasez de
empleos formales, la falta de infraestructura básica y el acceso limitado a servicios públicos
han creado un caldo de cultivo ideal para que las pandillas atraigan a los más vulnerables,
ofreciendo dinero fácil, poder y la posibilidad de ascender socialmente a través del crimen
organizado. Las estadísticas sobre extorsión y reclutamiento infantil, como el caso de los más
de 300 menores desaparecidos en 2024, reflejan el impacto negativo de estas condiciones
estructurales. El fenómeno de la violencia infantil y la explotación sexual de menores también
ha aumentado exponencialmente, lo que genera una generación de jóvenes atrapados en un
ciclo de violencia y delincuencia sin un horizonte claro de cambio.
Por otro lado, la falta de inversión en programas sociales que aborden las causas
profundas de la criminalidad, como la desigualdad económica y la exclusión social, ha
perpetuado el ciclo de violencia. Como argumenta la teoría de la anomia de Merton, cuando
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los individuos se ven excluidos del acceso a medios legítimos para alcanzar el éxito (en este
caso, el éxito económico), recurren a adaptaciones desviadas, como la delincuencia. En
Ecuador, esta adaptación se ha manifestado en el auge de los grupos criminales transnacionales,
que operan con total impunidad gracias a la debilidad de las instituciones y la desigualdad
social estructural.
La dimensión global del crimen organizado: Implicaciones para la política penal
Ecuador se ha convertido en un punto de referencia global en la lucha contra el crimen
organizado transnacional. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Noboa por fortalecer la
cooperación internacional con países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea,
la situación no ha mejorado sustancialmente. En 2024, Ecuador continuó siendo una de las
principales puertas de salida de cocaína hacia los mercados internacionales. Aunque se han
implementado medidas de seguridad en los puertos y se han mejorado los controles en las
fronteras, las organizaciones criminales han adaptado sus métodos, ocultando las drogas en
cargamentos de exportación y utilizando puertos más pequeños y menos vigilados para evadir
el control de las autoridades.
Esta adaptabilidad de los grupos criminales también se ha reflejado en la expansión de
sus actividades a otras regiones, como la minería ilegal, lo que genera nuevas fuentes de
financiamiento y refuerza el poder de las organizaciones que operan en el país. La minería
ilegal ha pasado a ser una de las actividades ilícitas más lucrativas en Ecuador, especialmente
en las zonas de la Amazonía y la sierra, donde los grupos criminales extorsionan a las empresas
mineras o directamente controlan las operaciones. Este fenómeno ha contribuido a la creciente
violencia en estas zonas, donde los homicidios aumentaron un 50% entre 2023 y 2024.
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Discusión
Los hallazgos del estudio describen un régimen de gobernanza criminal que excede la
capacidad coercitiva del Estado y reconfigura la seguridad pública en clave de captura
institucional, fragmentación de actores y violencia de mercado. El tránsito acelerado hacia altas
tasas de homicidio ligadas al narcotráfico convive con respuestas de mano dura militarización
y endurecimiento punitivo de eficacia ambigua y rendimiento decreciente, al no incidir sobre
los determinantes estructurales: desigualdad, corrupción sistémica y debilidad judicial. Esta
convergencia reproduce patrones regionales en los que organizaciones ilícitas imponen reglas,
arbitran disputas e interfieren en la provisión de seguridad cuando el Estado es débil o
selectivamente ausente (García Moreno & Vargas Fonseca, 2023).
Un primer eje interpretativo es la inserción de Ecuador en las cadenas transnacionales
de la cocaína y la consecuente reconfiguración organizativa del ecosistema criminal (ascenso
y mutación de alianzas; disputa por nodos portuarios), que amplifica la competencia violenta
y difunde el contagio desde centros de acopio hasta espacios públicos y recintos penitenciarios.
En este contexto, los puertos y cadenas de suministro operan como puntos críticos de captura
y corrupción; por ello, las intervenciones exclusivamente punitivas difícilmente revertirán la
contaminación de contenedores sin una arquitectura de gobernanza logística, inteligencia de
riesgos y compliance público-privado con estándares internacionales (Núñez-Ribadeneyra,
2023).
Un segundo eje corresponde a la captura institucional y la corrupción judicial,
identificadas como cuellos de botella de la política penal. Cuando policía, fiscalía y judicatura
exhiben baja eficacia y altos incentivos a la colusión, el retorno esperado del delito supera el
costo del castigo y emergen regímenes de “justicia negociada”, en los que brokers y operadores
facilitan intercambios ilegítimos. En este entorno, los operativos masivos y los estados de
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excepción tienden a desplazar la violencia sin modificar la ecuación de incentivos que sostiene
la gobernanza criminal (Bonilla-Morejón, 2023).
En tercer lugar, el diagnóstico es compatible con un marco de anomia: cuando metas de
ascenso económico no se emparejan con medios legítimos accesibles, se expanden
adaptaciones innovadoras búsqueda de fines por medios ilícitos y se normaliza la violencia
instrumental. De ahí que el endurecimiento sancionatorio, sin movilidad social ni reducción de
la informalidad, produzca beneficios marginales decrecientes (Samaniego-Quiguiri, 2023).
De la evidencia se desprenden tres implicaciones estratégicas. Primero, la integridad
procesal es condición habilitante: sin rendición de cuentas y control disciplinario en la justicia,
cualquier reforma normativa queda neutralizada por la impunidad selectiva. Segundo, la
gobernanza portuaria y de cadenas logísticas requiere controles no intrusivos universales,
analítica de riesgos e interoperabilidad interagencial (policía-aduanas-autoridad marítima),
pues el punto de inflexión para reducir la infiltración criminal no es la mera adquisición de
escáneres, sino la capacidad analítica y la trazabilidad. Tercero, hacen falta políticas sociales y
laborales territoriales que reduzcan la informalidad en nodos logísticos, dado que el
reclutamiento criminal explota segmentos de bajo salario y alta rotación (Barzola-Plúas, 2022).
En suma, el fenómeno es sistémico. Sin diseños integrales capacidad estatal territorial,
cooperación internacional entre países de origen-tránsito-destino y compliance sectorial
vinculante, la política penal seguirá expuesta a shocks de sustitución (desplazamiento de rutas,
atomización de bandas) y a ciclos de violencia inducidos por mercados ilícitos globales⁴–⁵. Los
resultados del estudio fortalecen, así, un llamado a trascender el punitivismo y priorizar
institucionalidad, inteligencia y prevención (Mendoza-Armijos et al., 2023).
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Conclusión
La política punitiva ecuatoriana, ha tratado de dar respuesta a una violencia y
criminalidad en aumento con resultados diversos, a pesar de los avances legislativos, como la
tipificación en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de figuras penales específicas, y las
operaciones militares promovidas por el presidente de turno, la reacción estatal ha sido
insuficiente. La militarización de la seguridad pública, las declaratorias de estados de
excepción, y la implementación de penas más severas no han desarticulado a las organizaciones
criminales, ni han bajado sosteniblemente los índices de violencia. Al contrario, la violencia
siguió aumentando, con tasas récord de homicidios, masacres y que revelaba la inutilidad de
un modelo punitivo y represivo. Las organizaciones criminales también han mostrado una
impresionante capacidad para amortiguar las acciones de represión, lo que indica claramente
la necesidad de una aproximación más holística y preventiva.
Los desafíos estructurales que enfrenta el país como la desigualdad social y económica
son impulsores clave que facilitan el crecimiento del crimen organizado, las comunidades más
acomodadas, en especial las de las zonas costeras y periféricas del país, experimentan una
tremenda falta de medios legítimos para tener éxito económico.
Eso genera violencia, narcotráfico y pandillerismo. Según la teoría anómica de Merton,
la disparidad entre las metas culturales, por ejemplo, el éxito económico, y los medios
legítimos para lograrlo produce tensión social, que motiva a las personas a considerar
alternativas ilegales para la consecución de sus metas. En Ecuador se refleja esta tendencia en
el crecimiento de las mafias que plantean a los jóvenes una salida para conseguir poder, éxito
y dinero en medio de la exclusión y la periferia.
Ecuador y no es sólo que Ecuador tiene una amenaza local de criminalidad, sino que
Ecuador es parte de una red mundial de tráfico de drogas. La posición estratégica del país
como productor y punto de tránsito de la cocaína a Europa y Estados Unidos lo ha hecho blanco
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de las organizaciones criminales transnacionales. Aunque los líderes del gobierno han asumido
la tarea de reforzar los controles en los puertos y los pasos fronterizos, los cárteles han
evolucionado en sus tácticas, encontrando nuevas formas de evadir la seguridad. El recurso de
la minería ilegal se ha convertido en una nueva fuente de financiamiento para las
organizaciones criminales que ha agravado la violencia en el campo peruano y ha
comprometido aún más la seguridad nacional. La colaboración internacional con actores como
Estados Unidos y la Unión Europea ha sido clave para fortalecer la respuesta de Ecuador sin
embargo, persisten grandes desafíos debido a la falta de coordinación y a la dispar capacidad
entre países para hacer frente al crimen transnacional.
El enfoque de la “mano dura” fue promovido en todo momento por el gobierno en
turno y si bien ha tenido algunos resultados a corto plazo, como la disminución temporal de los
homicidios, la violencia ha vuelto a resurgir con fuerza. Las sanciones, entre ellas el
despliegue militar en zonas de alta criminalidad y la agravación de las penas, no han remitido
las causas profundas del problema, por ejemplo, la desigualdad social y la corrupción
institucional. Para responder eficazmente al crimen organizado transnacional, Ecuador
requiere plantear una estrategia mucho más completa que comprenda más allá de las acciones
represivas y punitivas. Eso implica una reforma estructural de las instituciones responsables
de la seguridad y la justicia y la puesta en marcha de políticas sociales que permitan abordar
algunas de las causas profundas de la violencia, como la desigualad económica, la carencia de
educación y trabajo formal. En tanto, la cooperación internacional debe fortalecerse, no sólo
para intercambio de inteligencia y apoyo a las fuerzas de seguridad, sino también para
contrarrestar el lavado de dinero y narcotráfico. Es clave, promover la participación
comunitaria en la seguridad mediante el fortalecimiento del tejido social y la oferta de
alternativas legales a las actividades ilegales, a fin de desarticular el crimen organizado.
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