Código Científico Revista de Investigación/ V.6/ N.E2/ www.revistacodigocientifico.itslosandes.net
ISSN: 2806-5697
Vol. 6 – Núm. E2 / 2025
pág. 465
Impacto de la falta de regulación constitucional del acceso a la
tecnología y conectividad en Ecuador
Impact of the Lack of Constitutional Regulation on Access to Technology
and Connectivity in Ecuador
Impacto da falta de regulamentação constitucional do acesso à tecnologia e
conectividade no Equador
Yuquilema Yupa, Jessica Abigail
Universidad Tecnológica Indoamérica
jyuquilema2@indoamerica.edu.ec
https://orcid.org/0009-0008-8080-3351
Villalva Fonseca, David Gonzalo
Universidad Tecnológica Indoamérica
davidvillalva@uti.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-4168-5344
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v6/nE2/1041
Como citar:
Yuquilema Yupa, J. A., & Villalva Fonseca, D. G. (2025). Impacto de la falta de regulación
constitucional del acceso a la tecnología y conectividad en Ecuador. Código Científico Revista
De Investigación, 6(E2), 465–485.
Recibido: 22/08/2025 Aceptado: 11/09/2025 Publicado: 30/09/2025
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Volumen 6, Número Especial 2, 2025
Resumen
En Ecuador, la brecha digital constituye un obstáculo estructural para el ejercicio efectivo del
derecho a la educación, acentuado por la falta de una regulación constitucional explícita que
garantice el acceso a la tecnología y la conectividad. Esta carencia normativa se evidenció de
forma crítica durante la pandemia de COVID-19, cuando millones de estudiantes quedaron
excluidos del sistema educativo por la imposibilidad de acceder a recursos digitales. El presente
estudio adopta una metodología cualitativa de tipo documental, basada en el análisis jurídico y
la revisión sistemática de normas constitucionales, leyes nacionales, políticas públicas,
informes oficiales y literatura académica indexada. El principal hallazgo indica que la ausencia
de garantías constitucionales claras sobre la conectividad limita la implementación de políticas
públicas efectivas y perpetúa desigualdades en el acceso al conocimiento. La discusión revela
una contradicción entre el principio del Buen Vivir consagrado en la Constitución y la falta de
instrumentos normativos que aseguren derechos digitales básicos. Se concluye que la inclusión
del acceso a la tecnología como derecho constitucional resulta imprescindible para garantizar
la equidad educativa, la justicia social y el desarrollo humano sostenible en el país.
Palabras clave: conectividad, inclusión digital, regulación constitucional.
Abstract
In Ecuador, the digital divide constitutes a structural obstacle to the effective exercise of the
right to education, exacerbated by the lack of explicit constitutional regulation guaranteeing
access to technology and connectivity. This regulatory gap became critically evident during the
COVID-19 pandemic, when millions of students were excluded from the education system due
to their inability to access digital resources. This study adopts a qualitative documentary
methodology based on legal analysis and systematic review of constitutional norms, national
laws, public policies, official reports, and indexed academic literature. The main finding
indicates that the absence of clear constitutional guarantees on connectivity limits the
implementation of effective public policies and perpetuates inequalities in access to
knowledge. The discussion reveals a contradiction between the principle of Good Living
enshrined in the Constitution and the lack of regulatory instruments to ensure basic digital
rights. It concludes that the inclusion of access to technology as a constitutional right is
essential to guarantee educational equity, social justice, and sustainable human development in
the country.
Keywords: connectivity, digital inclusion, constitutional regulation.
Resumo
No Equador, a exclusão digital constitui um obstáculo estrutural ao exercício efetivo do direito
à educação, acentuado pela falta de uma regulamentação constitucional explícita que garanta o
acesso à tecnologia e à conectividade. Essa lacuna normativa ficou evidente de forma crítica
durante a pandemia da COVID-19, quando milhões de estudantes ficaram excluídos do sistema
educacional pela impossibilidade de acessar recursos digitais. O presente estudo adota uma
metodologia qualitativa de tipo documental, baseada na análise jurídica e na revisão sistemática
de normas constitucionais, leis nacionais, políticas públicas, relatórios oficiais e literatura
acadêmica indexada. A principal conclusão indica que a ausência de garantias constitucionais
claras sobre a conectividade limita a implementação de políticas públicas eficazes e perpetua
as desigualdades no acesso ao conhecimento. A discussão revela uma contradição entre o
princípio do Bom Viver consagrado na Constituição e a falta de instrumentos normativos que
garantam os direitos digitais básicos. Conclui-se que a inclusão do acesso à tecnologia como
direito constitucional é essencial para garantir a equidade educacional, a justiça social e o
desenvolvimento humano sustentável no país.
Palavras-chave: conectividade, inclusão digital, regulamentação constitucional.
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Introducción
Hoy en día, el acceso a la tecnología y a la conectividad no es solo un privilegio, sino
un elemento esencial para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos humanos.
En un mundo cada vez más interconectado, la posibilidad de contar con internet y herramientas
tecnológicas incide directamente en aspectos clave como la educación, el trabajo, la
participación en la vida democrática y el acceso a la información, este acceso, como lo destacan
organismos como la CEPAL (2022) y la ONU (2021), es indispensable para avanzar hacia
sociedades más justas y para reducir las brechas de desigualdad que persisten en la región.
En el Ecuador, sin embargo, la Constitución de la Republica no contempla de forma
específica el derecho al acceso a la tecnología y la conectividad, lo que ha generado un vacío
que dificulta la creación de políticas públicas efectivas para cerrar la brecha digital. Pese a esto
el artículo 17 de la Constitución de la República del Ecuador menciona el derecho a las
tecnologías de la información y comunicación, la falta de precisión y las escasas acciones del
Estado limitan su aplicación en la práctica, esta situación contrasta con el principio del Buen
Vivir (Sumak Kawsay), que orienta la Constitución y que busca garantizar la inclusión y la
justicia social. Por ello, la pregunta central de este trabajo es: ¿Cómo impacta la ausencia de
garantías constitucionales claras sobre el acceso a la tecnología y la conectividad en los
esfuerzos por reducir la brecha digital y alcanzar el Buen Vivir en Ecuador?
El objetivo de este artículo es reflexionar sobre las consecuencias de ese vacío
normativo y analizar cómo afecta no solo a nivel jurídico, sino también en lo social y lo
económico. Para ello, se tomarán como referencia leyes, estudios académicos, informes de
organismos internacionales y datos estadísticos que permitan comprender las desigualdades
que persisten en materia de conectividad y los desafíos que enfrenta el Estado para garantizar
este derecho.
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Metodología
La investigación se basa en un análisis cualitativo de tipo documental, que se apoya en
la revisión de fuentes secundarias como normativa vigente, informes oficiales, estudios de
académicos y estadísticas recientes. Este enfoque permite identificar las principales
deficiencias en el marco legal y las políticas públicas, así como reflexionar sobre sus
implicaciones en el acceso efectivo a los derechos humanos y al Buen Vivir.
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de tipo documental,
cuya finalidad fue analizar críticamente el marco normativo ecuatoriano en relación con el
acceso a la tecnología y la conectividad, en el contexto del derecho a la educación y la inclusión
digital. Se optó por una metodología de carácter interpretativo, orientada a la comprensión del
fenómeno desde una perspectiva jurídico-social, considerando que el análisis de textos legales
y documentos oficiales constituye una estrategia válida para identificar vacíos normativos,
tensiones institucionales y desafíos estructurales en torno al ejercicio efectivo de derechos
fundamentales.
El proceso metodológico se sustentó en la revisión exhaustiva de fuentes secundarias,
entre las que se incluyeron normas constitucionales, leyes orgánicas, políticas públicas,
informes gubernamentales, estudios académicos indexados y reportes de organismos
internacionales como CEPAL, UNESCO y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
de la CIDH. Esta revisión permitió construir un marco teórico-normativo robusto, desde el cual
se interpretaron las implicaciones de la ausencia de una regulación constitucional explícita
sobre el acceso a las tecnologías de la información y la conectividad en el Ecuador. Se aplicó
un análisis crítico y comparativo de los textos normativos vigentes, contrastándolos con
estándares internacionales en materia de derechos digitales y educación inclusiva, así como
con buenas prácticas implementadas en otros países de la región.
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Para garantizar el rigor del análisis, se emplearon criterios de validez propios de la
investigación cualitativa documental, tales como la triangulación de fuentes, la
contextualización jurídica y política de los documentos examinados, y la identificación de
convergencias y divergencias en las interpretaciones doctrinales. Asimismo, se cuidó la
selección de documentos actualizados y provenientes de fuentes académicamente reconocidas
o institucionalmente legítimas. De esta forma, la metodología adoptada permitió no solo
describir el estado actual de la regulación constitucional en Ecuador respecto al acceso a la
tecnología, sino también formular una lectura crítica sobre las implicaciones sociales y
educativas derivadas de dicho vacío normativo.
Resultado
La tecnología y la conectividad han cambiado profundamente la manera en que las
sociedades actuales se organizan y se desarrollan, impactando de forma directa en los ámbitos
social, económico y cultural, hoy en día, estos elementos son vistos como motores clave para
el progreso de los pueblos y para la construcción de sociedades más justas e inclusivas.
En este sentido, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
es un factor indispensable para promover la igualdad de oportunidades y para que las personas
puedan ejercer derechos fundamentales como el acceso a la educación, la información y la
participación ciudadana, de acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT,
2023), la digitalización se ha convertido en un indicador esencial del desarrollo humano, pues
permite cerrar brechas y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones.
La brecha digital se puede entender como la desigualdad que existe entre distintos
grupos sociales, económicos y geográficos en cuanto al acceso, uso y apropiación de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Este fenómeno no se limita únicamente
a la falta de infraestructura o de dispositivos tecnológicos, sino que también refleja la ausencia
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de competencias digitales en la población y la falta de políticas públicas que permitan una
inclusión efectiva.
En palabras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “la
conectividad sigue siendo una de las principales barreras para alcanzar una educación
equitativa y de calidad, sobre todo en las zonas rurales y en los sectores más vulnerables”
(CEPAL, 2022, p. 15), esto demuestra que los retos en materia de inclusión digital en América
Latina siguen siendo significativos y requieren atención prioritaria.
En el plano jurídico, distintos instrumentos internacionales reconocen el papel
fundamental que cumple la tecnología para garantizar el ejercicio de los derechos humanos ya
que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 26 el derecho a la
educación como un derecho universal, lo que en el contexto actual implica también la necesidad
de un acceso básico a herramientas tecnológicas (Asamblea General de las Naciones Unidas,
1948).
Por su parte, organismos como la UNESCO han llamado a los Estados a asegurar la
conectividad como parte integral del derecho a la educación en la era digital, en este sentido,
“el acceso equitativo a internet es condición sine qua non para garantizar el derecho a la
educación digital” (UNESCO, 2021, p. 8).
En el contexto regional, algunas constituciones latinoamericanas han dado pasos
importantes para reconocer el acceso a la tecnología como un derecho fundamental. Por
ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce expresamente en
su artículo 6° que “el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones,
incluido el de banda ancha e Internet” (Congreso de la Unión, 2021).
Mientras en México el derecho a la conectividad tiene rango constitucional expreso, en
Ecuador el artículo 17 de la Constitución apenas enuncia de forma general el acceso a las
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tecnologías de la información y comunicación (TIC), sin establecer mecanismos, principios o
garantías específicas para su cumplimiento (Asamblea Nacional, 2008), esta falta de desarrollo
normativo y de políticas públicas articuladas en Ecuador limita el alcance del principio del
buen vivir, que constituye un eje transversal del orden constitucional ecuatoriano.
En el contexto regional, algunos países de América Latina han dado pasos importantes
en el reconocimiento del acceso a la tecnología como un derecho fundamental siendo un claro
ejemplo de ello es la Constitución de México, que en su artículo 6° establece de manera expresa
el acceso a internet como un derecho humano.
En este marco, resulta clave hablar de justicia digital, entendida como el esfuerzo por
garantizar la equidad en el acceso, uso y aprovechamiento de los beneficios que ofrecen las
tecnologías en sociedades democráticas, como señala Souter (2018), “la justicia digital implica
garantizar la equidad en el acceso, uso y beneficios derivados de las tecnologías en entornos
democráticos” (p. 12), esta noción resulta especialmente relevante para analizar las
desigualdades tecnológicas que persisten en Ecuador y la región.
Desigualdad en el acceso a derechos fundamentales
El acceso equitativo a la tecnología y la conectividad se ha convertido en un requisito
indispensable para la garantía de derechos fundamentales en las sociedades contemporáneas.
Derechos como la educación, la información y la participación ciudadana, reconocidos tanto
en instrumentos internacionales como en la Constitución de la República del Ecuador,
dependen en gran medida de la disponibilidad de herramientas digitales.
En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el artículo 11, numeral 2, de la Constitución
establece el principio de igualdad y prohíbe toda forma de discriminación, exigiendo al Estado
la adopción de medidas de acción afirmativa para corregir desigualdades estructurales.
Asimismo, el artículo 11, numeral 8, consagra el principio de progresividad, imponiendo al
Estado la obligación de asegurar el desarrollo y goce efectivo de los derechos, sin regresividad.
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No obstante, la persistencia de barreras estructurales impide que estos principios se traduzcan
en una realidad tangible para amplios sectores de la población.
A nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) reconoce
en su artículo 1 que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y
en su artículo 2 prohíbe toda forma de discriminación. De forma complementaria, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1966) ratifican el derecho a la igualdad sustantiva y la
necesidad de remover obstáculos que impidan su pleno ejercicio. La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos ha advertido que la discriminación estructural constituye una violación
sistemática de los derechos humanos, al impedir el acceso equitativo a servicios esenciales
como la educación, la salud o la participación pública (CIDH, 2019).
La desigualdad estructural es un fenómeno multidimensional. Factores como la
condición socioeconómica, el género, la etnicidad y la ubicación geográfica inciden
directamente en la posibilidad de ejercer derechos en igualdad de condiciones. Según datos del
Banco Mundial (2022), las poblaciones en situación de pobreza enfrentan mayores dificultades
para acceder a servicios básicos y a tecnologías de la información, lo que perpetúa un ciclo de
exclusión incompatible con la garantía del mínimo vital, reconocido en el artículo 66, numeral
2, de la Constitución ecuatoriana.
Las zonas rurales enfrentan además una doble vulnerabilidad: la falta de infraestructura
física (electricidad, caminos, transporte) y la escasa conectividad digital. Según la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2020), esta situación ha profundizado
las inequidades entre el campo y la ciudad, contraviniendo el principio de desarrollo integral
de las personas. La pandemia de COVID-19 evidenció con crudeza estas disparidades: la falta
de conectividad impidió a un grupo importante de estudiantes continuar con su proceso
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educativo, lo que vulneró el derecho a la educación (Art. 28 CRE) y el principio del interés
superior del niño (Art. 44 CRE).
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) (2021) alertó que la falta de acceso a tecnologías no solo interrumpe procesos
educativos, sino que consolida desigualdades estructurales que afectan el futuro laboral y social
de niños, niñas y adolescentes. Esta situación contradice los principios de indivisibilidad,
interdependencia y progresividad de los derechos humanos.
El Estado tiene la responsabilidad de remover los obstáculos jurídicos, sociales y
económicos que perpetúan estas diferencias, mediante políticas públicas inclusivas que
materialicen el principio de igualdad sustantiva y garanticen el Buen Vivir (Sumak Kawsay)
como eje del constitucionalismo ecuatoriano. De acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC), los datos del Censo de Población y Vivienda 2022 revelan que el
69,4% de la población de 5 años o más utilizó internet en los últimos tres meses, y el 79,8%
utilizó un teléfono celular. A nivel de hogares, el 60,4% cuenta con acceso a internet, aunque
con importantes disparidades: en zonas urbanas el acceso es del 70,2%, mientras que en zonas
rurales alcanza apenas el 38,5% (INEC, 2022).
En cuanto a la disponibilidad de equipos tecnológicos, el 37,8% de los hogares tiene
una computadora de escritorio o laptop, mientras que el 86,8% dispone de servicio de telefonía
celular. Estos datos muestran que, si bien hay una creciente cobertura tecnológica, aún persiste
una brecha digital significativa entre sectores urbanos y rurales.
Asimismo, el analfabetismo digital afecta al 8,2% de la población entre 15 y 49 años,
siendo del 13,3% en zonas rurales frente al 5,3% en zonas urbanas. Este indicador evidencia
una exclusión tecnológica estructural que requiere la atención prioritaria del Estado ecuatoriano
para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales en el entorno digital.
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Figura 1
Indicadores de acceso y uso de tecnologías de la información y comunicación (tic) en hogares
y población (Ecuador)
Nota: Datos extraídos de (INEC, 2022).
Impacto económico de la falta de acceso a la tecnología en la sociedad
En el actual contexto global, el acceso a la tecnología y a la conectividad no solo
representa un medio para el ejercicio de derechos fundamentales, sino también un motor
esencial para el desarrollo económico sostenible. En sociedades en vías de desarrollo como
Ecuador, la falta de acceso digital no solo genera consecuencias sociales y educativas, sino que
también incide directamente en la productividad, la competitividad y la inclusión económica
de amplios sectores de la población.
El uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permite incrementar
la eficiencia en los procesos productivos, mejorar la calidad de los servicios públicos y generar
nuevas oportunidades laborales, particularmente en sectores emergentes como el comercio
electrónico, el teletrabajo o la innovación tecnológica. No obstante, la exclusión digital impide
a muchas personas acceder a estas oportunidades, perpetuando dinámicas de pobreza y
desigualdad. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “la
transformación digital es clave para avanzar hacia un desarrollo inclusivo, pero requiere
69,4
79,8
60,4
70,2
38,5
37,8
86,8
8,2
5,3
13,3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Uso de Internet (5 años o más)
Uso de teléfono celular (5 años o más)
Acceso a Internet en hogares (total)
Acceso a Internet en hogares urbanos
Acceso a Internet en hogares rurales
Disponibilidad de computadora/laptop en hogares
Disponibilidad de telefonía celular en hogares
Analfabetismo digital (15 a 49 años)
Analfabetismo digital en zonas urbanas
Analfabetismo digital en zonas rurales
Porcentaje (%)
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políticas activas que eviten que las tecnologías amplíen las desigualdades existentes” (CEPAL,
2022).
El artículo 284 de la Constitución de la República del Ecuador establece que uno de los
objetivos de la política económica es “impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de
trabajo”. No obstante, sin acceso a herramientas tecnológicas, millones de personas
permanecen excluidas del mercado laboral formal y de los beneficios del desarrollo digital. La
Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido que la falta de conectividad limita
la capacidad de los trabajadores para adaptarse a las transformaciones del mercado, reduciendo
sus oportunidades de empleo decente (OIT, 2021).
Desde el punto de vista macroeconómico, la brecha digital también afecta la
competitividad del país. De acuerdo con el informe Digital Economy Report de la UNCTAD
(2021), los países que no invierten en infraestructura tecnológica e innovación digital ven
mermadas sus capacidades de atraer inversión extranjera directa y desarrollar industrias de
valor agregado. Esta realidad tiene consecuencias directas en el crecimiento del producto
interno bruto (PIB), la generación de empleo y la reducción de la pobreza.
Además, la escasa digitalización de la gestión pública limita la eficiencia del Estado
para prestar servicios esenciales como la educación virtual, la telemedicina, el comercio digital,
el gobierno electrónico o la bancarización. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), solo el 54% de los ecuatorianos accede regularmente a internet, y de estos, menos del
40% utiliza plataformas estatales digitales de forma habitual, lo que revela una brecha no solo
de acceso, sino también de habilidades digitales (BID, 2022).
En síntesis, la omisión normativa en torno al acceso a la tecnología y conectividad
genera impactos económicos profundos que afectan tanto a individuos como a la estructura
económica del país. Si bien el acceso a la tecnología y la conectividad aún no se encuentra
expresamente regulado como un derecho constitucional autónomo en el ordenamiento jurídico
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ecuatoriano, su vínculo con el ejercicio pleno de derechos fundamentales ha sido
progresivamente reconocido por la jurisprudencia. En este sentido, la Corte Constitucional del
Ecuador ha desarrollado criterios relevantes que permiten interpretar la conectividad digital
como una condición habilitante para el acceso efectivo a otros derechos, particularmente en
contextos de desigualdad estructural. A continuación, se analizan algunas sentencias
representativas que respaldan esta perspectiva.
La pandemia por COVID-19 aceleró los procesos de digitalización en el ámbito laboral,
económico y educativo a nivel mundial, y Ecuador no fue la excepción. Sin embargo, dicha
transformación también evidenció profundas desigualdades en el acceso a herramientas
tecnológicas y conectividad, lo que limitó la inclusión efectiva de amplios sectores de la
población en el entorno digital.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el año 2021,
apenas el 37,2 % de los hogares rurales tenía acceso a Internet, frente al 73,4 % en zonas
urbanas, lo que refleja una brecha digital territorial significativa. Este desfase impactó
directamente en las oportunidades de empleo remoto, acceso a servicios financieros digitales y
participación en mercados en línea.
A nivel de empleo digital, el PNUD en su informe de 2022 sobre recuperación post-
COVID advirtió que las personas sin acceso a conectividad quedaron excluidas de
oportunidades laborales emergentes, lo cual contribuyó a ampliar las brechas de pobreza. En
este contexto, la falta de regulación normativa sobre conectividad no solo compromete el
ejercicio de derechos como la educación y la información, sino que también obstaculiza la
inclusión económica en un entorno cada vez más dependiente de lo digital.
Impacto de la falta de tecnología y conectividad en el derecho a la educación
La ausencia de acceso universal a tecnologías de la información y comunicación (TIC)
en Ecuador ha generado efectos sustanciales en el ejercicio del derecho a la educación,
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profundizando desigualdades estructurales y afectando la equidad en el acceso a este derecho
fundamental. La Constitución de la República del Ecuador (2008) reconoce la importancia de
la tecnología como herramienta para el desarrollo social y cultural (arts. 16 y 347), disponiendo
que el Estado debe garantizar el acceso a las TIC como medio para el ejercicio pleno de los
derechos. No obstante, la falta de políticas públicas eficaces y de cobertura nacional en materia
de conectividad ha tenido un impacto desproporcionado sobre poblaciones rurales y grupos
históricamente excluidos, limitando su participación en entornos educativos digitales.
Bajo este marco se contravino lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución de la
República del Ecuador (Asamblea Nacional, 2008), que reconoce el derecho a la educación
como un derecho irrenunciable, garantizado en condiciones de igualdad y no discriminación,
la exclusión digital puso en evidencia las barreras estructurales del sistema educativo y las
limitaciones del modelo de gestión estatal, que no contaba con la infraestructura necesaria para
asegurar la equidad educativa en un contexto de crisis (Pita-Arizaga, 2025).
Además, la carencia de acceso a herramientas digitales no solo impide el acceso a
contenidos educativos, sino que obstaculiza el desarrollo de competencias digitales
fundamentales para el ejercicio del derecho a una educación integral previsto en el artículo 348
de la Constitución, así como para la inserción laboral y la participación activa en la sociedad
del conocimiento (UNESCO, 2021).
Desde una perspectiva jurídica, este vacío normativo en el reconocimiento
constitucional explícito del acceso a la conectividad afecta directamente el goce de otros
derechos fundamentales, entre ellos la educación, la igualdad y el acceso a la información. El
principio de interdependencia de los derechos humanos, reconocido en el sistema internacional
de protección, obliga al Estado a adoptar un enfoque integral. Además, conforme al principio
de progresividad (art. 11.8 CRE) y al principio de igualdad material (art. 11.2 CRE), el Estado
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ecuatoriano está llamado a eliminar barreras estructurales mediante políticas públicas que
aseguren condiciones reales de acceso para todos los sectores de la población.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) ha señalado que
el acceso a las TIC es cada vez más relevante para el cumplimiento del derecho a la educación
(Observación General No. 13, 1999). De forma concordante, la Corte Constitucional de
Colombia, en la Sentencia T-622 de 2020, reconoció la conexión entre la conectividad y la
garantía de derechos fundamentales en el ámbito educativo, estableciendo que “la falta de
acceso a internet puede constituir una barrera para el goce efectivo del derecho a la educación,
especialmente en contextos de virtualidad”.
En este sentido, la omisión del Estado ecuatoriano al no establecer un marco normativo
que reconozca la conectividad como un componente esencial del derecho a la educación puede
interpretarse como una forma de incumplimiento de sus obligaciones de respeto, protección y
garantía. Esta omisión impide reducir las disparidades educativas, limita la innovación
pedagógica y afecta negativamente la formación continua de los docentes, repercutiendo en la
calidad del sistema educativo nacional (Pita-Arizaga, 2024)).
Por tanto, la ausencia de una regulación constitucional expresa sobre la conectividad,
sumada a la falta de políticas públicas orientadas a su universalización, compromete seriamente
el ejercicio efectivo del derecho a la educación. Este escenario exige un replanteamiento
urgente del rol estatal, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y los
principios constitucionales de igualdad, no discriminación y justicia social.
Desigualdades en la participación ciudadana y acceso a la información
El acceso a la tecnología y la conectividad constituye hoy un componente esencial para
el ejercicio de los derechos políticos y de participación ciudadana., en sociedades cada vez más
digitalizadas, la exclusión tecnológica deviene en una forma conte.mporánea de limitación
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estructural que afecta el principio de igualdad material reconocido en el artículo 11, numeral
2, de la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional, 2008).
En este marco, se limita el acceso de amplios sectores de la población a procesos de
deliberación pública, a la consulta ciudadana y al control político, restringiendo el pleno
ejercicio del derecho a la participación contemplado en el artículo 61 de la Carta Magna
ecuatoriana. Tal exclusión vulnera no solo el derecho a participar en la vida pública, sino
también el derecho de acceso a la información y la posibilidad de ejercer una ciudadanía activa
e informada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2019) ha advertido
que la falta de acceso a tecnologías de la información puede constituir una forma de exclusión,
al limitar el ejercicio de derechos fundamentales como la participación política, el acceso a la
información y la libertad de expresión (Mina-Bone, 2024)).
Desde una perspectiva internacional, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (1966) protege el derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho
a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio. En contextos digitales,
la falta de conectividad se traduce en una limitación indirecta al goce de este derecho, al
impedir que amplios sectores accedan a información pública, denuncien violaciones de
derechos o participen en debates de interés colectivo. La Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la CIDH (2020) ha señalado que las tecnologías digitales representan
herramientas esenciales para el ejercicio de los derechos humanos, en especial para la
vigilancia ciudadana, la rendición de cuentas de los gobiernos y la defensa de los derechos
fundamentales (Mendoza-Armijos et al., 2023).
En este sentido, la omisión estatal en establecer una normativa constitucional que
reconozca la conectividad como un derecho habilitante compromete seriamente la
participación democrática y el acceso equitativo a la información. Esta omisión resulta
incompatible con los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los
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derechos humanos, que obligan al Estado ecuatoriano a adoptar medidas legislativas y
administrativas destinadas a garantizar condiciones materiales adecuadas para el ejercicio de
la ciudadanía en la era digital (Núñez-Ribadeneyra, 2023).
Reconocimiento y regulación del derecho al acceso a la tecnología y conectividad en
Ecuador
La creciente digitalización de los servicios públicos, de los procesos educativos y de
participación democrática ha convertido la conectividad en una condición sine qua non para el
ejercicio pleno de la ciudadanía. No obstante, la ausencia de una regulación integral sobre el
acceso a tecnologías de la información ha contribuido a la profundización de la exclusión
digital. Esta brecha se manifiesta tanto en la falta de infraestructura tecnológica como en la
carencia de políticas públicas orientadas a promover la alfabetización digital de forma efectiva.
La Constitución de la República del Ecuador establece que el acceso a la comunicación
y a las tecnologías de la información es una condición para el ejercicio de otros derechos (arts.
16 y 17), y que la educación debe garantizar la igualdad de oportunidades a través de medios
pertinentes (art. 28). Adicionalmente, el artículo 11, numeral 8, consagra el principio de
progresividad, el cual obliga al Estado a adoptar medidas positivas que garanticen el desarrollo
y efectividad de los derechos humanos, impidiendo su regresividad.
En este sentido, la Corte Constitucional ha sostenido que los derechos deben ser
interpretados de forma integral, en armonía con los principios de interdependencia e
indivisibilidad, lo cual exige que el Estado reconozca y proteja no solo los derechos
expresamente consagrados, sino también aquellos implícitos o emergentes en virtud de los
cambios sociales y tecnológicos. En el contexto ecuatoriano, la Corte Constitucional ha
reconocido en varias ocasiones la estrecha relación entre los derechos fundamentales y el
acceso a la conectividad digital. Este criterio ha sido especialmente relevante a partir de la
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pandemia por COVID-19, donde quedó en evidencia la importancia del entorno digital como
plataforma para ejercer derechos esenciales.
En la Sentencia No. 1-18-CN/21, la Corte Constitucional afirmó que: “El acceso a
Internet es un medio esencial para el ejercicio de derechos en el contexto actual.” Esta
afirmación tuvo lugar en un análisis de control constitucional donde se destacó que la
conectividad no puede ser considerada un lujo, sino una necesidad, sobre todo para grupos en
situación de vulnerabilidad que dependen del entorno digital para acceder a la educación, la
salud, el trabajo y la participación democrática (Samaniego-Quiguiri, & Bonilla-Morejón,
2024)).
Asimismo, en la Sentencia No. 1147-19-EP/22, la Corte resolvió una acción
extraordinaria de protección relacionada con la falta de acceso a servicios digitales en zonas
rurales. En este fallo se enfatizó que: “El principio de igualdad material exige que el Estado
adopte medidas afirmativas para garantizar conectividad en condiciones de equidad territorial.”
Este pronunciamiento establece una línea jurisprudencial clara sobre la obligación estatal de
cerrar las brechas digitales mediante políticas públicas que aseguren una conectividad justa y
equitativa, en consonancia con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.
En el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por
Ecuador, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC, art. 2.1), el Estado tiene la obligación de garantizar progresivamente los derechos,
adoptando medidas legislativas y de política pública que eliminen las desigualdades sociales,
territoriales y digitales (Moreno-Sacón, & García-Segarra, 2025)
Discusión
El análisis del acceso a la tecnología y la conectividad como facilitadores de los
derechos fundamentales revela que la ausencia de una regulación constitucional explícita ha
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profundizado las desigualdades estructurales en Ecuador. A pesar de que la Constitución de la
República del Ecuador (2008) establece principios de igualdad (art. 11.2) y acceso a la
información (art. 16), la falta de implementación de políticas públicas efectivas ha limitado el
ejercicio pleno de derechos como la educación, la participación ciudadana y la libertad de
expresión (Llanos-García et al, 2025).
Los resultados muestran que las comunidades rurales y los grupos en situación de
vulnerabilidad enfrentan mayores barreras para acceder a servicios digitales esenciales. La
CEPAL (2020) señala que la falta de conectividad en zonas alejadas perpetúa la exclusión
social, afectando derechos básicos como la educación y la salud. Durante la pandemia de
COVID-19, esta problemática se intensificó: según la UNESCO (2021), más del 60% de los
estudiantes en regiones rurales carecían de acceso a internet, lo que vulneró directamente el
derecho a la educación (art. 28 CRE).
En el ámbito de la participación política, la falta de regulación sobre conectividad ha
limitado la incidencia ciudadana en los procesos democráticos. La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH, 2019) advierte que la brecha digital restringe la posibilidad de
involucrarse en consultas populares o debates políticos virtuales, afectando el ejercicio del
derecho a la participación (art. 61 CRE). Esta situación contraviene los principios de
progresividad y no regresividad establecidos en instrumentos internacionales como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).
Los hallazgos evidenciados en el presente estudio, especialmente respecto a la ausencia
de una regulación constitucional que garantice el acceso equitativo a la conectividad, coinciden
con diversos estudios que han señalado el carácter excluyente del ecosistema digital en
Ecuador. Por ejemplo, un análisis publicado por Espinel y Villavicencio (2021) sobre el acceso
digital en comunidades rurales del país concluye que las brechas tecnológicas están
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directamente vinculadas con la exclusión educativa y laboral, y que la falta de políticas estatales
sostenibles ha perpetuado esta desigualdad.
Conclusión
La falta de regulación constitucional clara y de políticas públicas efectivas sobre el
acceso a la tecnología y la conectividad en Ecuador ha perpetuado las desigualdades sociales,
económicas y educativas en el país. Aunque la Constitución reconoce la importancia de las
tecnologías de la información y la comunicación, la ausencia de medidas concretas para
garantizar su acceso universal limita el ejercicio pleno de los derechos fundamentales,
especialmente en sectores vulnerables y rurales.
En el ámbito educativo, esta carencia ha profundizado el rezago digital, dejando a un
sector amplio de la población estudiantil sin las herramientas necesarias para acceder a una
formación de calidad y desarrollar habilidades digitales esenciales para su futuro. Asimismo,
las repercusiones económicas son evidentes, ya que la falta de conectividad frena la
competitividad de las pequeñas y medianas empresas, impide la digitalización de los servicios
públicos y restringe las oportunidades de crecimiento del país en un entorno globalizado. La
pandemia de COVID-19 visibilizó con mayor crudeza estas deficiencias, evidenciando la
fragilidad de los sistemas educativos y sociales frente a la falta de infraestructura digital.
Este análisis pone de manifiesto la urgencia de revisar el marco normativo vigente y de
impulsar políticas públicas que garanticen un acceso equitativo a la tecnología y la
conectividad, con el objetivo de construir una sociedad más justa e inclusiva. Solo mediante la
reducción de la brecha digital será posible avanzar hacia un modelo de desarrollo que
materialice los principios constitucionales de igualdad y Buen Vivir para toda la ciudadanía.
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