Código Científico Revista de Investigación/ V.6/ N.E2/ www.revistacodigocientifico.itslosandes.net
ISSN: 2806-5697
Vol. 6 – Núm. E2 / 2025
pág. 424
De los códigos a las aulas: El vínculo entre derecho y educación
From codes to classrooms: The link between law and education
Dos códigos às salas de aula: a ligação entre o direito e a educação
Bonilla-Beltrán, César Sebastián
Investigador independiente
sebasbonilla1007@gmail.com
https://orcid.org/0009-0003-0875-1124
Caiza-Rodríguez, Catherine Andrea
Investigador independiente
catherine9211@outlook.es
https://orcid.org/0009-0001-8178-6388
Escobar-Caiza, Dolores Judith
Investigador independiente
doloresescobar10@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0002-7506-6576
Poma-Villafuerte, Paulo César
Investigador independiente
paulopomamsc@gmail.com
https://orcid.org/0009-0005-1442-8053
DOI / URL: https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v6/nE2/1038
Como citar:
Bonilla-Beltrán, C. S., Caiza-Rodríguez, C. A., Escobar-Caiza, D. J., & Poma-Villafuerte, P.
C. (2025). De los códigos a las aulas: El vínculo entre derecho y educación. Código Científico
Revista De Investigación, 6(E2), 424–435.
Recibido: 10/08/2025 Aceptado: 01/09/2025 Publicado: 30/09/2025
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Research Article
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Resumen
El presente artículo analiza el vínculo entre la normativa sobre el derecho a la educación y su
implementación práctica en las aulas del Ecuador. A través de un enfoque cualitativo basado
en revisión documental, se examinaron instrumentos internacionales, como la Declaración
Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, junto con la Constitución ecuatoriana de 2008 y la legislación educativa vigente.
Los resultados evidencian avances importantes en cobertura educativa, especialmente en
educación primaria, pero también muestran brechas significativas en zonas rurales,
comunidades indígenas y grupos vulnerables. La investigación destaca la tensión entre los
códigos legales y la realidad de las aulas, así como la necesidad de políticas adaptativas,
recursos suficientes y coordinación multisectorial para garantizar el derecho a la educación de
manera efectiva. Finalmente, se concluye que la educación en Ecuador requiere no solo de un
marco normativo sólido, sino también de medidas concretas que traduzcan los derechos
reconocidos en oportunidades reales de aprendizaje e inclusiónas.
Palabras clave: aulas, educación, derechos humanos, normativa, vínculos.
Abstract
This article analyzes the link between regulations on the right to education and its practical
implementation in Ecuadorian classrooms. Using a qualitative approach based on a
documentary review, international instruments such as the Universal Declaration of Human
Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights were
examined, along with the 2008 Ecuadorian Constitution and current education legislation. The
results demonstrate significant progress in educational coverage, especially in primary
education, but also reveal significant gaps in rural areas, indigenous communities, and
vulnerable groups. The research highlights the tension between legal codes and the reality of
classrooms, as well as the need for adaptive policies, sufficient resources, and multisectoral
coordination to effectively guarantee the right to education. Finally, it is concluded that
education in Ecuador requires not only a solid regulatory framework but also concrete measures
that translate recognized rights into real opportunities for learning and inclusion.
Keywords: classrooms, education, human rights, regulations, links.
Resumo
Este artigo analisa a relação entre as regulamentações sobre o direito à educação e a sua
implementação prática nas salas de aula equatorianas. Utilizando uma abordagem qualitativa
baseada numa revisão documental, foram examinados instrumentos internacionais como a
Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre os Direitos
Económicos, Sociais e Culturais, juntamente com a Constituição equatoriana de 2008 e a
legislação educacional atual. Os resultados demonstram um progresso significativo na
cobertura educacional, especialmente no ensino primário, mas também revelam lacunas
significativas nas áreas rurais, comunidades indígenas e grupos vulneráveis. A pesquisa destaca
a tensão entre os códigos legais e a realidade das salas de aula, bem como a necessidade de
políticas adaptativas, recursos suficientes e coordenação multissetorial para garantir
efetivamente o direito à educação. Por fim, conclui-se que a educação no Equador requer não
apenas um quadro regulatório sólido, mas também medidas concretas que traduzam os direitos
reconhecidos em oportunidades reais de aprendizagem e inclusão.
Palavras-chave: salas de aula, educação, direitos humanos, regulamentos, links.
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Introducción
Hablar de educación es hablar de dignidad humana. No se trata únicamente de transmitir
conocimientos o preparar a las personas para un mercado laboral, sino de reconocer que cada
individuo tiene derecho a aprender, a desarrollarse plenamente y a participar de la vida social
y cultural en igualdad de condiciones. La educación, en este sentido, no es un privilegio ni una
concesión del Estado, sino un derecho humano universal, inherente y no negociable. Desde la
adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la comunidad
internacional ha reconocido que el acceso a la educación constituye la base para la libertad, la
justicia y la paz. Sin embargo, más de setenta años después, el cumplimiento efectivo de este
principio continúa siendo un desafío abierto en distintas regiones del mundo, incluido el
Ecuador.
El derecho a la educación se encuentra respaldado por un robusto entramado jurídico
internacional y nacional. En el plano internacional, tratados como el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Convención sobre los Derechos del Niño han
desarrollado ampliamente el contenido de este derecho, precisando las obligaciones de los
Estados en cuanto a disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad del sistema
educativo. En el plano interno, la mayoría de constituciones nacionales y de manera particular
la Constitución de la República del Ecuador de 2008, han reconocido la educación no solo
como un derecho fundamental, sino también como un deber ineludible del Estado y un
mecanismo para garantizar la equidad social.
Pero la educación, además de estar consagrada en normas jurídicas, se vive en un
espacio concreto: las aulas. Allí es donde las leyes se encuentran con la realidad. Los códigos
establecen principios, obligaciones y garantías; las aulas muestran cómo esos principios se
aplican, se transforman o, a veces, se incumplen. En esa tensión entre la norma y la práctica,
entre lo escrito en la ley y lo vivido en la escuela, se configura el verdadero alcance del derecho
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a la educación. Por ello, analizar este vínculo entre derecho y educación implica reconocer
tanto la importancia del marco normativo como las condiciones materiales, culturales y sociales
que determinan la experiencia educativa de millones de personas.
En el caso del Ecuador, el debate cobra especial relevancia. El país ha dado pasos
significativos en el reconocimiento constitucional del derecho a la educación, en la expansión
de la matrícula escolar y en la búsqueda de modelos más inclusivos que contemplen la
interculturalidad y la equidad de género. Sin embargo, también enfrenta retos persistentes: la
brecha urbano-rural, las limitaciones presupuestarias, las desigualdades en calidad educativa y
las tensiones entre libertad académica y control estatal. Estos desafíos muestran que la vigencia
plena del derecho a la educación no depende únicamente de la existencia de normas
progresistas, sino de la capacidad de articular políticas públicas sostenibles y de garantizar que
los códigos jurídicos encuentren vida en las aulas reales.
Este trabajo se propone explorar ese vínculo complejo entre derecho y educación desde
una perspectiva que combina lo normativo y lo práctico. En primer lugar, se abordará el marco
teórico que sustenta el derecho a la educación como un derecho humano fundamental,
resaltando su evolución, sus principios y las obligaciones que genera para los Estados y otros
actores sociales. Posteriormente, se analizará el caso ecuatoriano, atendiendo a su normativa
constitucional, sus políticas educativas y los principales retos que enfrenta en la actualidad.
Finalmente, se planteará una reflexión crítica sobre la distancia a veces inevitable, a veces
corregible entre los códigos y las aulas, con el objetivo de pensar en la educación como un
espacio de concreción de la justicia y no solo como un mandato jurídico.
Metodología
La investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo, centrado en la revisión
documental y el análisis normativo del derecho a la educación, con especial atención al caso
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ecuatoriano. Para ello, se examinaron instrumentos internacionales, como la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño. A nivel nacional, se revisaron la
Constitución de la República del Ecuador de 2008, la Ley Orgánica de Educación Intercultural
y documentos recientes del Ministerio de Educación que recogen planes y políticas educativas.
Asimismo, se utilizaron fuentes académicas y estudios de caso que analizan la
implementación del derecho a la educación en Ecuador y América Latina, incluyendo artículos
de revistas científicas, informes de UNESCO y UNICEF, y libros especializados sobre
derechos humanos y educación. El análisis se realizó mediante una síntesis interpretativa, con
el objetivo de identificar las obligaciones de los Estados, la responsabilidad de otros actores,
las violaciones al derecho a la educación y las brechas entre la normativa y la práctica, tomando
como marco conceptual las cuatro dimensiones de asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad
y adaptabilidad.
Este enfoque permitió evaluar tanto los marcos normativos como la realidad educativa
concreta, considerando factores sociales, culturales y económicos que influyen en la
implementación efectiva del derecho a la educación, y proporcionando un análisis integral
sobre la relación entre los códigos legales y las aulas en el contexto ecuatoriano.
Resultados
El análisis de la información disponible sobre el sistema educativo ecuatoriano permite
evidenciar avances importantes, pero también brechas significativas entre la normativa y la
práctica. La Constitución de 2008 y los tratados internacionales ratificados por Ecuador
establecen derechos claros de acceso, calidad, equidad e inclusión. Sin embargo, los datos
reflejan que la realidad educativa no siempre coincide con estos principios.
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La información contemplada en la tabla 1 muestra la tasa neta de matrícula en educación
inicial entre 2010 y 2024. Se observa un aumento significativo en la cobertura durante la
primera década, alcanzando cifras cercanas al 92% en 2021–2022, aunque el dato de 2023–
2024 indica un retroceso al 59.36%, posiblemente asociado a los efectos de la pandemia y
ajustes en los registros estadísticos. Esto evidencia que, aunque la educación inicial ha tenido
avances, su continuidad y universalidad todavía enfrentan desafíos.
Tabla 1
Tasa neta de matrícula en educación inicial en ecuador (2010–2024)
Año
2010–2011
2011–2012
2012–2013
2013–2014
2014–2015
2015–2016
2016–2017
2017–2018
2018–2019
2019–2020
2020–2021
2021–2022
2022–2023
2023–2024
Nota: Ministerio de Educación del Ecuador (2024).
La tabla siguiente refleja la cantidad de niños, niñas y adolescentes fuera del sistema
educativo, cifrada en 244,000 personas. Este dato permite dimensionar la exclusión que aún
persiste, afectando principalmente a grupos rurales, indígenas y de bajos ingresos. La existencia
de estos números revela que, aunque Ecuador ha implementado políticas de cobertura, aún
persisten barreras estructurales que limitan el ejercicio pleno del derecho a la educación.
Tabla 2
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo en ecuador
Grupo de Edad
Porcentaje Fuera del Sistema (%)
5–17 años
244,000 niños, niñas y adolescentes
Nota: UNICEF Ecuador (2023).
En la tabla3 se puede evidenciar la desigual distribución de estudiantes según el área de
residencia. Mientras que el 73% estudia en zonas urbanas, solo el 27% corresponde a áreas
rurales. Esta desigualdad territorial subraya la necesidad de políticas que prioricen
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infraestructura, conectividad y formación docente intercultural, vinculando directamente la
teoría normativa con la realidad concreta en las aulas.
Tabla 3
Distribución de estudiantes por área de residencia en Ecuador
Área de Residencia
Porcentaje de Estudiantes (%)
Urbana
73%
Rural
27%
Nota: Banco Interamericano de Desarrollo (2023).
Finalmente, la participación en programas de desarrollo infantil muestra que solo un
40% de los niños menores de cinco años acceden a educación inicial o programas similares.
Este indicador evidencia que la asequibilidad y la adaptabilidad de la educación aún requieren
esfuerzos mayores para incluir a los sectores más vulnerables y garantizar la universalidad
prevista en la Constitución y los tratados internacionales (Herrera-Enríquez et al., 2023).
El análisis integral de estos datos confirma que la educación en Ecuador enfrenta una
tensión constante entre los códigos y las aulas. Por un lado, la normativa establece estándares
ambiciosos de cobertura, calidad e inclusión; por otro, la implementación se ve limitada por
factores estructurales como desigualdad territorial, brechas de género, recursos insuficientes y
diversidad cultural. Estos resultados muestran que garantizar el derecho a la educación requiere
no solo leyes, sino seguimiento, adaptación constante, políticas activas y compromiso de
múltiples actores, incluyendo el Estado, docentes, familias y comunidades. En este sentido, las
estadísticas no solo evidencian avances, sino que también revelan los retos que persisten para
que los derechos reconocidos en papel se transformen en oportunidades reales de aprendizaje
y desarrollo humano.
Discusión
Los resultados muestran que Ecuador ha logrado avances importantes en términos de
cobertura educativa, particularmente en la educación inicial y primaria. Sin embargo, las cifras
también evidencian que persisten brechas significativas que limitan el pleno ejercicio del
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derecho a la educación. La disminución de la tasa de matrícula en educación inicial en 2023–
2024 y la existencia de más de 240,000 niños y adolescentes fuera del sistema educativo revelan
que, aunque las leyes y políticas establecen derechos claros, la implementación efectiva todavía
enfrenta obstáculos. Esto coincide con hallazgos previos sobre desigualdad territorial y
limitaciones de recursos, que afectan principalmente a comunidades rurales, pueblos indígenas
y sectores de bajos ingresos (Montero, 2021; UNICEF, 2023).
La distribución desigual de estudiantes entre zonas urbanas y rurales confirma que la
equidad sigue siendo un desafío central. Mientras la mayoría de los estudiantes urbanos accede
regularmente a la educación, la población rural enfrenta carencias de infraestructura,
conectividad y personal docente calificado. Esto refleja que la normativa educativa, aunque
ambiciosa, no siempre se traduce en oportunidades reales en las aulas, especialmente para los
grupos históricamente marginados. La participación limitada en programas de educación
inicial, solo del 40% para niños menores de cinco años, también indica que la asequibilidad y
la adaptabilidad del sistema requieren fortalecerse para atender a los sectores más vulnerables
(UNICEF, 2023).
Otro punto relevante es la interacción entre los diferentes actores. Los resultados
muestran que la educación no depende únicamente del Estado; la sociedad civil, las familias y
organismos internacionales desempeñan un papel esencial para garantizar que los derechos
educativos se cumplan. La presencia de políticas de inclusión y programas de fortalecimiento
docente evidencia esfuerzos por cerrar las brechas, pero la persistencia de desigualdades
sugiere que la coordinación entre actores y la asignación de recursos siguen siendo insuficientes
(Samaniego-Quiguiri et al., 2024).
En términos conceptuales, los resultados reflejan claramente la tensión entre los códigos
y las aulas. La normativa establece estándares de acceso, calidad, equidad e interculturalidad,
pero la práctica cotidiana revela limitaciones estructurales que afectan la universalidad y
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progresividad de los derechos. Esto confirma que garantizar el derecho a la educación no es
solo cuestión de normas legales, sino un proceso dinámico que requiere adaptación constante,
monitoreo efectivo y políticas activas que traduzcan los derechos reconocidos en papel en
oportunidades reales de aprendizaje y desarrollo humano para todos los estudiantes.
En síntesis, la discusión de los resultados evidencia que Ecuador ha avanzado en la
formalización del derecho a la educación, pero los desafíos persisten en su implementación
efectiva, especialmente en zonas rurales, comunidades indígenas y grupos vulnerables. Estos
hallazgos subrayan la necesidad de políticas educativas más focalizadas, recursos suficientes y
un compromiso sostenido de todos los actores involucrados para que las aulas reflejen los
estándares establecidos en los códigos y tratados internacionales.
Conclusión
El análisis desarrollado evidencia que Ecuador cuenta con un marco normativo sólido
que reconoce el derecho a la educación como un derecho humano fundamental. La
Constitución de 2008, junto con los tratados internacionales ratificados por el país, establece
estándares claros de accesibilidad, equidad, calidad e interculturalidad, sentando las bases para
un sistema educativo inclusivo y universal. Este respaldo jurídico constituye un logro
significativo, pues garantiza que la educación no sea un privilegio, sino un derecho protegido
y obligatorio.
No obstante, los resultados muestran que la existencia de normas no garantiza
automáticamente su implementación efectiva. Las brechas territoriales, la desigualdad
socioeconómica, la limitada cobertura en educación inicial y secundaria, y la insuficiente
formación docente en zonas rurales e interculturales reflejan la persistencia de obstáculos que
impiden que todos los estudiantes ejerzan plenamente sus derechos. La distribución desigual
de estudiantes entre áreas urbanas y rurales y la participación limitada en programas de
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educación inicial evidencian que la teoría normativa aún enfrenta desafíos concretos en las
aulas.
La investigación también subraya la importancia de la coordinación entre distintos
actores. El Estado tiene la responsabilidad principal, pero la efectividad del derecho a la
educación depende de la colaboración de docentes, familias, sociedad civil y organismos
internacionales. Sin esta articulación, las políticas y programas corren el riesgo de no alcanzar
a los sectores más vulnerables, perpetuando desigualdades históricas y culturales.
En términos conceptuales, el estudio confirma la tensión permanente entre los códigos
y las aulas: la normativa establece estándares ambiciosos, pero la práctica revela limitaciones
estructurales y contextuales que requieren atención constante. Para avanzar hacia la
universalidad, la equidad y la calidad educativa, es necesario que las políticas públicas sean
flexibles, adaptativas y sostenidas en el tiempo, considerando las particularidades culturales y
territoriales de la población estudiantil.
Finalmente, se concluye que garantizar el derecho a la educación en Ecuador es un
proceso dinámico que exige no solo leyes y tratados, sino también seguimiento, recursos
adecuados, compromiso multisectorial y políticas focalizadas que transformen los códigos en
oportunidades reales de aprendizaje. La educación, entendida como un derecho vivo, debe
reflejarse en la experiencia diaria de los estudiantes, asegurando que las aulas sean verdaderos
espacios de inclusión, equidad y desarrollo humano.
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