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Discrecionalidad estatal y debido proceso en carta de
naturalización en Ecuador: Análisis normativo y doctrinal
State’s Discretionary Power and Due Process in Naturalization Letters in
Ecuador: A Normative and Doctrinal Analysis
Discricionariedade estatal e devido processo legal na carta de naturalização
no Equador: análise normativa e doutrinária
Chauca
-
Torres, Verónica Cumandá
Universidad Bolivariana del Ecuador
vcchaucat@ube.edu.ec
https://orcid.org/0009
-
0009
-
2351
-
2483
Taxi
-
Trujillo, Alexandra del Rocío
Universidad Bolivariana del Ecuador
adtaxit@ube.edu.ec
https://orcid.org/0009
-
0009
-
0132
-
1694
Alvarado Ajila, Lissette Amelia
Universidad Bolivariana del Ecuador
laalvarado@ube.edu.ec
https://orcid.org/0009
-
0006
-
7050
-
1451
Carvajal
-
Gaibor, Jorge
Hugo
Universidad Bolivariana del Ecuador
jhcarvajal@ube.edu.ec
https://orcid.org/0000
-
0002
-
7983
-
3149
DOI / URL:
https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v6/n1/876
Como citar:
Chauca
-
Torres, V. C., Taxi
-
Trujillo, A. del R., Alvarado Ajila, L. A., &
Carvajal
-
Gaibor, J. H.
(2025). Discrecionalidad estatal y debido proceso en carta de naturalización en Ecuador:
Análisis normativo y doctrinal.
Código Científico Revista De Investigación
,
6
(1), 77
–
99.
https://doi.org/10.55813/gaea/ccri/v6/n1/876
Recibido:
24
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Aceptado:
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Resumen
El artículo analiza normativa y doctrinariamente, la facultad discrecional del Estado en el
proceso de obtención de carta de
naturalización en Ecuador, debido a la ausencia de criterios
claros que regulen su aplicación, lo que puede generar arbitrariedad y la vulneración de
derechos de los solicitantes. La metodología empleada consiste en método teórico, exegético
y comparativo
, cuyo enfoque cualitativo es aplicado a las ciencias sociales, el explicativo nos
dará los orígenes, causa y efecto de nuestro problema, el descriptivo va profundizando como
la discrecionalidad se articula dentro del proceso de carta de naturalización co
mparando a
países que enfrentan situaciones similares, e identificar vacíos legales y prácticas que pueden
derivar en decisiones discrecionales a través de la sistematización doctrinal. Los hallazgos
evidencian la falta de un marco regulatorio actualizad
o, afectando la razonabilidad del
procedimiento, se observa que el Reglamento vigente de 2002 no se ajusta a la Constitución,
ni a normas administrativas vigentes, necesitando de urgencia modificaciones normativas, se
concluye establecer un marco legal qu
e regule el uso de la discrecionalidad en estos procesos,
garantizando la prevención de arbitrariedades en la administración pública, ajustando los
principios constitucionales y de derechos humanos, lo que promueve un acto administrativo
justo e inclusivo.
Palabras clave:
discrecionalidad; debido proceso administrativo; naturalización; carta de
naturalización; arbitrariedad
.
Abstract
The article analyzes normatively and doctrinally, the discretionary power of the State in the
process of obtaining a naturalization letter in Ecuador, due to the absence of clear criteria that
regulate its application, which can generate arbitrariness and
the violation of the rights of the
applicants. The methodology used consists of a theoretical, exegetical and comparative
method, whose qualitative approach is applied to the social sciences, the explanatory method
will give us the origins, cause and effe
ct of our problem, the descriptive method deepens how
discretion is articulated within the naturalization letter process, comparing countries that face
similar situations, and identifying legal gaps and practices that can lead to discretionary
decisions th
rough doctrinal systematization. The findings show the lack of an updated
regulatory framework, affecting the reasonableness of the procedure, it is observed that the
current 2002 Regulation does not comply with the Constitution, nor with current administr
ative
regulations, urgently needing regulatory modifications, it is concluded to establish a legal
framework that regulates the use of discretion in these processes, guaranteeing the prevention
of arbitrariness in public administration, adjusting constitut
ional and human rights principles,
which promotes a fair and inclusive administrative act.
Keywords:
discretion; due administrative process; naturalization; naturalization letter;
arbitrariness.
Resumo
O artigo analisa normativa e doutrinariamente o poder discricionário do Estado no processo de
obtenção da carta de naturalização no Equador, devido à ausência de critérios claros que
regulem a sua aplicação, o que pode gerar arbitrariedades e a violação do
s direitos dos
requerentes. A metodologia utilizada consiste em um método teórico, exegético e comparativo,
cuja abordagem qualitativa é aplicada às ciências sociais, o método explicativo nos dará as
origens, causa e efeito do nosso problema, o método des
critivo aprofunda como a
discricionariedade se articula no processo de carta de naturalização, comparando países que
enfrentam situações semelhantes, e identificando lacunas legais e práticas que podem levar a
decisões discricionárias através da sistematiz
ação doutrinária. As conclusões mostram a falta
de um marco regulatório atualizado, afetando a razoabilidade do procedimento, observa
-
se que
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o atual Regulamento de 2002 não está em conformidade com a Constituição, nem com a
regulamentação administrativa vigente, necessitando urgentemente de modificações
regulatórias, conclui
-
se por estabelecer um marco legal que regule o uso da discricionarieda
de
nestes processos, garantindo a prevenção de arbitrariedades na administração pública,
ajustando os princípios constitucionais e de direitos humanos, que promova um ato
administrativo justo e inclusivo.
Palavras
-
chave:
critério; devido processo administrativo; naturalização; carta de
naturalização; arbitrariedade
.
Introducción
La nacionalidad constituye un
vínculo jurídico y político esencial que une a un
individuo con un Estado, otorgándole derechos y obligaciones dentro de su territorio. Este
vínculo se adquiere, en términos generales, por nacimiento o por naturalización. La
naturalización, a su vez, repre
senta el proceso mediante el cual un extranjero obtiene la
ciudadanía de un país distinto al de su origen, integrándose jurídicamente en la comunidad
política del Estado receptor.
Desde una perspectiva doctrinaria, la nacionalidad ha sido abordada desde distintos
enfoques, Niboyet, (1928) la define como la conexión que otorga a una persona la pertenencia
a una comunidad estatal, mientras que García de Enterría, (1999) la conceptuali
za como la
condición jurídica que atribuye a un individuo la pertenencia a un Estado determinado,
confiriéndole derechos y obligaciones. Ambas definiciones destacan la relación entre el
individuo y el ordenamiento jurídico del Estado, resaltando que la nac
ionalidad no es solo un
estatus legal, sino también un elemento fundamental para la protección y el reconocimiento de
los derechos de los ciudadanos.
La doctrina también ha analizado la naturalización desde una óptica política. Fernández,
(2003) sostiene que la nacionalidad no solo es un vínculo legal, sino también un factor
determinante en la participación del individuo en la vida pública. En este cont
exto, la
naturalización constituye una vía para integrar a los extranjeros dentro de la comunidad
nacional, permitiéndoles acceder a derechos y deberes equivalentes a los de los ciudadanos
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nativos. Sin embargo, Soysal, (1994) advierte que la naturalización puede reforzar barreras
entre ciudadanos y no ciudadanos, perpetuando divisiones basadas en el origen nacional y
limitando el acceso equitativo a los derechos. En contraposición, Barbero,
(1998) argumenta
que la naturalización es un mecanismo de integración política y social que fomenta la cohesión
social y permite a los inmigrantes participar activamente en la vida cívica del país de acogida.
En el caso ecuatoriano, la Constitución de 2008, en su artículo 6, establece que la
nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico
-
político entre las personas y el Estado,
reconociendo su adquisición por nacimiento o por naturalización. Asimismo, el artíc
ulo 8 de
la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las personas que obtengan la Carta
de Naturalización serán consideradas ecuatorianas por naturalización. No obstante, a diferencia
de otras formas de adquisición de la nacionalidad, este pro
ceso se encuentra sujeto a la facultad
discrecional del Estado, lo que introduce un factor de incertidumbre jurídica y potencial
arbitrariedad en su concesión.
García Pelayo, (1982) define la naturalización como el acto mediante el cual un Estado
concede a un extranjero la calidad de ciudadano, condicionado al cumplimiento de ciertos
requisitos previos, tales como la residencia, la renuncia a la ciudadanía de ori
gen o la
demostración de integración cultural. Sin embargo, la ausencia de criterios normativos claros
en el ordenamiento ecuatoriano puede derivar en decisiones desiguales y poco transparentes,
afectando los derechos de los solicitantes y generando incert
idumbre respecto a la
imparcialidad del Estado en la regulación de la nacionalidad. Gordillo, (2003) advierte que, si
bien la discrecionalidad permite un margen de decisión dentro de la administración pública,
esta no puede ser absoluta, sino que debe esta
r sometida al principio de legalidad. En la misma
línea, Sesín Domingo, (2004) sostiene que cuando una normativa administrativa regula la
conducta del Estado en beneficio de un administrado, se configura un derecho subjetivo que
debe ser respetado, elimina
ndo cualquier posibilidad de discrecionalidad absoluta.
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El ejercicio de la discrecionalidad administrativa en la concesión de la nacionalidad
plantea interrogantes sobre su compatibilidad con principios fundamentales del derecho, como
el debido proceso, la legalidad, la proporcionalidad y la razonabilidad. La i
nterrelación entre
soberanía estatal y discrecionalidad en materia de naturalización permite a los Estados
equilibrar la apertura hacia individuos extranjeros con la protección de sus intereses
fundamentales. No obstante, dicho equilibrio debe ajustarse a
los compromisos internacionales
asumidos por el Estado, así como a las políticas públicas desarrolladas para regular la
naturalización.
En este contexto, las decisiones sobre la concesión de la nacionalidad no deben conducir
a la exclusión arbitraria de solicitantes que podrían integrarse a la vida jurídica y social del
país, especialmente en lo que respecta al respeto de los derechos huma
nos y los principios de
no discriminación. Sin embargo, en Ecuador, no existen mecanismos normativos específicos
vinculados con políticas públicas creadas para esta materia, que garanticen estos principios en
los procesos de naturalización.
Por lo tanto, la carta de naturalización no solo constituye una manifestación del poder
soberano del Estado, sino también una herramienta clave para la configuración de una identidad
nacional inclusiva, en armonía con los estándares del derecho internacion
al.
En un análisis comparado de la normativa ecuatoriana con la de países vecinos:
Colombia
–
Perú, se observa que la regulación de la naturalización varía significativamente,
dependiendo de los principios constitucionales, las políticas migratorias, políticas
públicas y
los enfoques sobre la discrecionalidad estatal. En Ecuador, la Ley Orgánica de Movilidad
Humana establece que la concesión de la Carta de Naturalización es un acto soberano y
discrecional de la Función Ejecutiva; no obstante, dicha discrecional
idad se somete tácitamente
al reglamento de su aplicación que no se ajusta a los cambios normativos constitucionales y
administrativos actuales; esto implica que el proceso de naturalización al resolverse con base
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en la discrecionalidad, sin considerar plenamente el cumplimiento de requisitos o del
procedimiento en sí, limita su aplicación efectiva, pese a estar fundamentado en la soberanía
del Estado ecuatoriano. Además, no se contempla un control judicial efectivo
, lo que genera
incertidumbre jurídica y posibles vulneraciones al debido proceso El debido proceso
administrativo en Ecuador, consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la República
(2008), constituye una garantía fundamental que obliga a la admin
istración pública a respetar
los derechos de los administrados en cualquier procedimiento que afecte sus intereses
legítimos. Su desarrollo normativo en el Código Orgánico Administrativo (COA) refuerza
principios esenciales como la legalidad, la razonabili
dad, la motivación de los actos
administrativos y la proporcionalidad. Sin embargo, persiste una problemática fundamental en
la aplicación de estas garantías dentro del procedimiento de carta de naturalización, ya que la
normativa vigente, en particular el
Reglamento para el Control de la Discrecionalidad en los
Actos de la Administración Pública (2002), no ha sido actualizada conforme a la Constitución
de 2008, ni al Código Orgánico Administrativo
-
COA
-
(2017), l
o que evidencia una falta de
armonización normativa
que afecta la seguridad jurídica y el control de la discrecionalidad
estatal en la concesión de la carta de nacionalidad ecuatoriana.
En contraste, en Colombia la naturalización se encuentra regulada por la Ley 43 de
1993, la cual establece criterios objetivos para su concesión, como la residencia continua y el
buen comportamiento cívico. La discrecionalidad administrativa en este ámbito
está limitada
por principios de motivación y control judicial, permitiendo que los solicitantes puedan
impugnar decisiones negativas. De manera similar, en Perú, la Constitución y la Ley de
Nacionalidad establecen requisitos claros, como la residencia mín
ima de dos años, el
conocimiento del idioma y la buena conducta. Asimismo, la autoridad competente debe
justificar la denegación de la naturalización, garantizando transparencia en el proceso. En
ambos países, existen mecanismos administrativos y judiciale
s para revisar las decisiones de
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las autoridades migratorias, lo que fortalece la seguridad jurídica y reduce la posibilidad de
arbitrariedades.
El análisis comparativo evidencia que Ecuador mantiene un grado de discrecionalidad
superior al de Colombia y Perú, países donde se han implementado mayores controles
normativos para evitar decisiones arbitrarias. La ausencia de regulación clara en Ecuador
, para
este proceso permite que la administración adopte resoluciones discrecionales sin motivación
expresa, afectando la equidad del procedimiento y vulnerando derechos fundamentales.
El abandono de razonamientos normativos precisos en el otorgamiento de la carta de
naturalización en Ecuador subraya la necesidad de establecer políticas públicas y reformas que
aseguren un equilibrio adecuado entre la facultad discrecional del Estado y la
protección de los
derechos de los solicitantes.
En este sentido, se recomienda la creación de lineamientos normativos que definan
criterios objetivos y transparentes para la concesión de la nacionalidad; asimismo, se considera
fundamental que las decisiones facultativas de la administración pública sean
debidamente
motivadas y que se implementen mecanismos de apelación efectivos y un control judicial claro,
permitiendo a los solicitantes cuestionar posibles vulneraciones a sus derechos.
El fortalecimiento del marco normativo contribuiría a garantizar un procedimiento de
carta de naturalización más proporcional, razonable, alineado con los estándares
internacionales en materia de derechos humanos y concordante a la libertad de movilidad
hu
mana que existe en el mundo y de la cual Ecuador es un estado garantista. La regulación de
esta potestad administrativa no solo reforzaría la seguridad jurídica en el proceso de carta de
naturalización, sino que evitará decisiones arbitrarias.
El marco constitucional vigente establece que toda actuación administrativa debe
someterse a los principios del debido proceso, la razonabilidad, la proporcionalidad y obtener
resoluciones administrativas debidamente motivadas. No obstante, la regulación d
e esta
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facultad administrativa en la concesión de la Carta de Naturalización se fundamenta en el
artículo 77 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana y concordante al Reglamento para el
Control de la Discrecionalidad en los Actos de la Administración (2002)
,
que fue diseñado bajo
una diferente realidad y esquema normativo anterior, no incorpora los estándares de control
judicial y legalidad exigidos por la actual Constitución y el COA. Esta situación permite que
las decisiones sobre la carta de naturalización
se ado
pten sin una adecuada fundamentación
jurídica, aumentando el riesgo de arbitrariedad y afectando la seguridad jurídica de los
solicitantes.
El análisis normativo entre la Constitución de 2008, el Código Orgánico Administrativo
y la normativa sobre discrecionalidad administrativa revela que los principios fundamentales
del debido proceso administrativo, como la legalidad, la proporcionalidad, l
a razonabilidad, la
motivación de los actos y el derecho de impugnación, no encuentran un desarrollo adecuado
en el procedimiento de carta de naturalización. La ausencia de mecanismos claros para
controlar la discrecionalidad del Estado en la concesión de
la nacionalidad pone en entredicho
el equilibrio entre la potestad soberana del Estado y la protección de los derechos
fundamentales de los extranjeros. La discrecionalidad administrativa no puede interpretarse
como una facultad absoluta del Estado, sino q
ue debe estar sujeta a límites normativos que
garanticen su ejercicio conforme a los principios constitucionales.
La ausencia de reformas normativas ha provocado que el procedimiento de carta de
naturalización no se ajuste a los estándares constitucionales ni al COA, dejando sin protección
a los administrados frente a actos discrecionales que no cumplen con los requis
itos de
motivación, proporcionalidad y razonabilidad. Este vacío normativo genera incertidumbre en
los solicitantes, quienes no cuentan con garantías procesales suficientes para impugnar
decisiones discrecionales que puedan afectar sus derechos.
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El Reglamento para el Control de la Discrecionalidad en los Actos de la Administración
Pública (2002) norma en la administración un margen de discrecionalidad destinado a
garantizar la razonabilidad de las decisiones estatales. No obstante, este margen car
ece de un
control judicial efectivo que prevenga la arbitrariedad. Si bien las decisiones administrativas
pueden ser impugnadas mediante acciones constitucionales, como la acción de protección,
estas solo permiten verificar si, dentro del procedimiento, se
ha vulnerado algún derecho
constitucional, sin competencia para modificar la decisión adoptada por la administración.
De manera similar, cuando el proceso se canaliza por la vía judicial, los tribunales de
lo contencioso administrativo únicamente pueden evaluar si se ha cumplido con el
procedimiento administrativo correspondiente y en el mejor de los casos, podrían declar
ar la
nulidad de la resolución impugnada, sin que ello implique el otorgamiento de la carta de
naturalización.
Por lo tanto, el control judicial sobre resoluciones administrativas de naturaleza
discrecional resulta ineficaz, ya que no puede revocar ni modificar una decisión que es
exclusiva del Poder Ejecutivo. En consecuencia, no existe una verdadera seguridad jur
ídica
respecto a la posibilidad de obtener la carta de naturalización mediante estas acciones, dado
que su concesión es una facultad discrecional del Estado y no un derecho exigible.
La problemática que plantea la vigencia del Reglamento de 2002 radica en que su
diseño normativo no incorpora las garantías de la normativa administrativa actual
-
COA
-
ni los
estándares constitucionales sobre el debido proceso administrativo. Su permanenci
a en el
ordenamiento jurídico permite la existencia de actos administrativos discrecionales sin una
debida fundamentación jurídica, lo que contraviene los principios de proporcionalidad,
legalidad, razonabilidad y control jurisdiccional. La actualización d
e esta normativa es
imperativa para armonizar el procedimiento de los actos discrecionales
-
carta de
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con el marco constitucional vigente y asegurar que el ejercicio de la
discrecionalidad estatal no vulnere principios fundamentales.
Metodología
El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, ampliamente aplicado en las
ciencias sociales para analizar fenómenos en profundidad. A diferencia de la metodología
cuantitativa, que se basa en datos numéricos y técnicas estadísticas, este enfoque pe
rmitió
indagar en los antecedentes, causas y consecuencias del ejercicio de la potestad discrecional
del Estado en el procedimiento administrativo de la Carta de Naturalización en Ecuador.
Debido a la naturaleza del estudio, no se emplearon herramientas es
tadísticas, encuestas ni
entrevistas, dado que el objetivo principal se centró en el análisis normativo y doctrinal, más
que en la recopilación de datos cuantificables.
El diseño de la investigación fue de tipo explicativo y descriptivo. Se utilizó el enfoque
explicativo para detallar de manera ordenada y sistemática los orígenes, características, causas
y efectos del problema estudiado. A su vez, el enfoque descriptivo p
ermitió examinar el
universo problemático, facilitando la articulación de un análisis comprensivo dentro de un
contexto normativo amplio y estructurado.
En cuanto a los métodos empleados, se recurrió al método exegético, mediante el cual
se analizó la normativa relacionada con la Carta de Naturalización, el debido proceso y la
potestad discrecional del Estado. Este método permitió interpretar el marco lega
l vigente y
extraer conclusiones fundamentadas sobre su aplicación y alcances.
Asimismo, se aplicó el método comparado, con un enfoque longitudinal y una técnica
concretizadora, contrastando la normativa de Ecuador con la de países de sur américa como
Colombia y Perú,
dada su posición como países receptores de migrantes en la región.
Este
análisis permitió verificar la aplicación de distintos principios jurídicos en cada contexto,
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identificando similitudes y diferencias en la regulación de la naturalización y la
discrecionalidad estatal.
Además, se utilizó el método teórico
-
jurídico de análisis
-
síntesis, que permitió
descomponer temáticamente los diversos aspectos del problema de estudio. A través del
análisis, se examinaron los elementos individuales de la normativa, la jurisprudencia y l
a
doctrina aplicables. Posteriormente, mediante la síntesis, se integraron estos elementos en una
estructura argumentativa coherente, asegurando una comprensión holística del tema.
En relación con las técnicas de investigación, el estudio se basó en la sistematización
doctrinal, sustentada en una exhaustiva revisión bibliográfica. Para ello, se consultaron textos
académicos, artículos científicos, tratados jurídicos y fuentes documen
tales especializadas. La
selección de fuentes garantizó la obtención de información relevante y actualizada,
proporcionando una base sólida para el análisis y la formulación de conclusiones.
Desde una perspectiva ética, la investigación cumplió con los principios de integridad
académica y rigor metodológico. No se requirió la recolección de datos personales ni la
intervención directa con participantes, por lo que no fue necesario obtener autor
izaciones de
instituciones, consejos científicos o comités de ética. No obstante, se respetaron los criterios
de citación y uso responsable de fuentes documentales, asegurando la transparencia y veracidad
de los datos analizados.
En conclusión, la investigación adoptó un enfoque metodológico riguroso y
fundamentado, combinando herramientas teóricas y prácticas que permitieron desarrollar un
análisis crítico y profundo sobre el ejercicio de la discrecionalidad en la carta de natural
ización
en Ecuador.
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Resultados
Principios rectores de la administración pública y su relación con la carta de
naturalización:
La administración pública en todo proceso judicial o administrativo actúa garantizando
eficiencia, transparencia y equidad en la gestión de recursos y políticas migratorias. Su actuar
se basó en principios como la legalidad, proporcionalidad, razonabilidad
, y motivación
alineándose con el marco normativo vigente. Además de atender necesidades inmediatas, buscó
fomentar el desarrollo sostenible, la inclusión social y la participación ciudadana en la toma de
decisiones.
Entre estos principios, el de legalidad garantizó que cualquier decisión administrativa
estuviera dentro del marco normativo vigente, evitando así el ejercicio arbitrario o abusivo del
poder. Este principio estuvo consagrado en diversas legislaciones nacio
nales e internacionales,
las cuales establecieron la obligación de justificar todas las decisiones administrativas
conforme a las normas legales aplicables (López, 2012).
Asimismo, el principio de razonabilidad exigió que la administración evaluara
objetivamente los elementos que conformaban un caso, actuando con coherencia y sin
prejuicios. De acuerdo con la jurisprudencia internacional, este principio no solo requirió la
observancia de la legalidad, sino también la adopción de decisiones fundamentadas en un
análisis lógico y adecuado de los hechos (Carvajal, 2015).
En el caso de la naturalización, la toma de decisiones se sustentó en un análisis objetivo
y proporcional de la situación del solicitante, considerando sus antecedentes y el cumplimiento
de los requisitos legales establecidos (Bello, 2018). En este context
o, el principio de
proporcionalidad implicó que las resoluciones administrativas no resultaran excesivas ni
desmesuradas en relación con los objetivos perseguidos, tales como la integración del
extranjero al país o la protección del orden público. Dicho pr
incipio exigió un equilibrio entre
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los intereses del solicitante y los del Estado, evitando decisiones desproporcionadas o injustas
(Franco, 2016).
La aplicación del principio de proporcionalidad en los procesos de naturalización
garantizó que las restricciones o condiciones impuestas a los solicitantes fueran razonables y
no vulneraran derechos fundamentales sin una justificación adecuada. Por ejempl
o, el rechazo
de una solicitud de naturalización debió ser proporcional a las circunstancias que lo motivaron,
sin basarse en criterios arbitrarios o excesivos (Pérez, 2020).
Por otro lado, la motivación constituyó otro principio fundamental en la toma de
decisiones administrativas. Se estableció que todas las decisiones debían estar debidamente
fundamentadas y explicadas, permitiendo a los solicitantes comprender las razones d
etrás de
las resoluciones adoptadas y, en su caso, impugnarlas si consideraban vulnerados sus derechos
(Gómez, 2019).
La omisión de motivación en una decisión administrativa podía dar lugar a la nulidad
del acto, ya que vulneraba el derecho del ciudadano a conocer las razones que sustentaban la
concesión o denegación, como en el caso de la naturalización. Desde la perspec
tiva del derecho
administrativo comparado, la motivación representó una garantía de transparencia y un
mecanismo de control de la discrecionalidad, evitando así actuaciones arbitrarias (Ríos, 2017).
Si bien la administración cuenta con cierto grado de discrecionalidad en sus decisiones,
estas estuvieron sujetas a control judicial parcial, lo que permitió cuestionar abusos de poder y
disminuir decisiones arbitrarias. Dicho control se ejerció a través d
e la revisión judicial,
mediante la cual los tribunales verificaron el cumplimiento de los principios de legalidad,
razonabilidad, proporcionalidad y motivación en las decisiones administrativas (Castro, 2015).
Estos principios regularon las relaciones dentro
del sector público y los procedimientos
administrativos, garantizando:
•
Eficiencia en la gestión de los recursos públicos;
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•
Transparencia en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas;
•
Legalidad en la actuación de los órganos administrativos.
En lo que respecta al reconocimiento de la nacionalidad, la Constitución y la normativa
conexa establecieron la posibilidad de otorgar la nacionalidad ecuatoriana mediante carta de
naturalización. Este proceso estuvo dirigido a extranjeros que cumplieran c
on los requisitos
legales, permitiéndoles integrarse plenamente a la vida cívica y cultural del país. La carta de
naturalización representó un mecanismo para el fortalecimiento de la identidad nacional, sin
menoscabar las tradiciones y valores propios del
Ecuador.
Discrecionalidad en la emisión de la Carta de Naturalización
Se determinó que la emisión de la Carta de Naturalización constituyó un acto soberano,
regido por la potestad discrecional administrativa. Sin embargo, este poder no fue absoluto,
sino que se
encontró limitado por el principio de legalidad, el cual estableció que:
La
discrecionalidad administrativa debía ejercerse conforme a criterios de razonabilidad, y
motivación;
El objeto de la discrecionalidad, aunque amplio, nunca puede contravenir la ley ni los
principios constitucionales, lo que subraya que las decisiones de la administración deben
mantenerse dentro de los parámetros del derecho positivo. Esto también se aplic
a en el ámbito
de la naturalización, donde las autoridades competentes deben decidir en base a criterios
establecidos por la ley, pero dentro de una flexibilidad normativa que permite el ejercicio
discrecional del poder (Bello, 2019).
Las decisiones adoptadas debían respetar los derechos del administrado y ajustarse al
marco normativo vigente, principio de proporcionalidad
El fin debe ser legítimo y estar claramente definido. La doctrina jurídica ha señalado
que, para que la decisión administrativa sea válida, debe perseguir un fin conforme a los
principios constitucionales y a los valores del Estado de derecho. Así, el fin
de la naturalización
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debe estar orientado no solo al beneficio del solicitante, sino también al interés colectivo, lo
que implica un balance entre los derechos individuales y las necesidades de la comunidad
(Martínez, 2021).
Un uso arbitrario de esta facultad podía derivar en abusos de poder y en actos
contrarios al derecho.
El acto administrativo es la manifestación formal de la decisión tomada por la
administración. Este acto debe ser emitido conforme a los procedimientos establecidos,
respetando los principios de legalidad, motivación, proporcionalidad, razonabilidad. El ac
to
administrativo es el medio a través del cual la administración materializa su decisión
discrecional, ya sea aprobando o denegando una solicitud. En el contexto de la naturalización,
el acto administrativo se materializa en la emisión de la carta de natu
ralización, en la que se
refleja la decisión final sobre la solicitud del extranjero (López, 2019).
Relación entre discrecionalidad, carta de naturalización y debido proceso administrativo
Se llevó a cabo un análisis detallado sobre la facultad discrecional de la administración
pública, a partir del cual se concluyó que esta no implicaba la posibilidad de emitir actos
extra
legem
, es decir,
fuera del marco normativo establecido. En este sentido, se enfatizó la necesidad
de que toda decisión discrecional administrativa se encontrara debidamente fundamentada en
principios jurídicos y en la normativa vigente.
Para garantizar un ejercicio legítimo y controlado de esta facultad, se consideró el
trinomio Discrecionalidad
–
Carta de Naturalización
–
Debido Proceso, estableciéndose que la
discrecionalidad no podía entenderse como una potestad absoluta y arbitraria,
sino que debía
ejercerse conforme al principio de legalidad y en armonía con el respeto al debido proceso
administrativo.
En este contexto, la emisión de la Carta de Naturalización fue reconocida como un acto
administrativo de carácter discrecional, lo que significaba que la autoridad competente disponía
de un margen de apreciación para conceder o denegar la solicitud. Sin em
bargo, se determinó
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que esta facultad debía ejercerse dentro de los límites impuestos por el debido proceso
administrativo, garantizando el respeto a los derechos del solicitante y la posibilidad de
impugnar la decisión en caso de disconformidad.
Así, el análisis realizado subrayó la importancia de que la administración pública
actuara con criterios de racionalidad y proporcionalidad, evitando interpretaciones arbitrarias
que pudieran derivar en decisiones injustificadas o en perjuicio de los ciuda
danos extranjeros.
Tabla 1
Comparación normativa sobre la discrecionalidad en la carta de naturalización
Criterio
Normativa ecuatoriana
Garantía del debido
proceso
Constitución de la República del Ecuador 2008Artículo 76 establece que todo
procedimiento administrativo debe garantizar el debido proceso, incluyendo el derecho de
defensa, la motivación de los actos y la posibilidad de impugnación
COA
Artículo 7
reafirma el principio de legalidad y el respeto al debido proceso en todos los
procedimientos administrativos. Reglamento para el Control de la Discrecionalidad en los
Actos de la Administración Pública
n
o establece garantías claras de debido proceso en los
actos discrecionales. Su enfoque es general y no prevé mecanismos efectivos de control.
Motivación de los
actos administrativos
Constitución de la República del Ecuador 2008Artículo 76 establece que todo
procedimiento
administrativo debe garantizar el debido proceso, incluyendo el derecho de
defensa, la motivación de los actos y la posibilidad de impugnación
COA
Artículo 7
reafirma el principio de legalidad y el respeto al debido proceso en todos los
procedimientos administrativos. Reglamento para el Control de la Discrecionalidad en los
Actos de la Administración Públic
a n
o establece garantías claras de debido proceso en los
actos discrecionales. Su enfoque es general y no prevé mecanismos efectivos de control.
Principio de
legalidad
Constitución de la República del Ecuador 2008Artículo 226 establece que los actos
administrativos deben ajustarse a la Constitución y la ley
COA
Artículo 14 reafirma que
la administración solo puede actuar conforme a la normativa vigente.
Reglamento para el
Control de la Discrecionalidad en los Actos de la Administración Pública
Reconoce la
discrecionalidad administrativa, pero sin una regulación que la limite dentro del principio
de legalidad.
Proporcionalidad y
razonabilidad
Constitución de la República del Ecuador 2008Artículo 76 establece que todo
procedimiento administrativo debe garantizar el debido proceso, incluyendo el derecho de
defensa, la motivación de los actos y la posibilidad de impugnación
COA
Artículo 7
reafirma el principio de legalidad y el respeto al debido proceso en todos los
procedimientos administrativos
Reglamento para el Control de la Discrecionalidad en los
Actos de la Administración Pública
n
o establece garantías claras de debido proceso en los
actos d
iscrecionales. Su enfoque es general y no prevé mecanismos efectivos de control.
Nota:
Esta tabla analiza la regulación del debido proceso en la concesión de la Carta de Naturalización en Ecuador,
comparando la Constitución de 2008, el Código Orgánico Administrativo (COA) y el Reglamento para el Control
de la Discrecionalidad en los Actos d
e la Administración Pública (Autores, 2025).
En esta tabla se evidencia la desactualización normativa que tiene el Reglamento para
el Control de la Discrecionalidad en los Actos de la Administración Pública (2002), ya que no
ha sido actualizado conforme a la Constitución de la República del Ecuador (
2008) ni al Código
Orgánico Administrativo (2017), y mucho menos con la normativa internacional de la
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ciudadanía universal, ni con las nuevas políticas migratorias recogidas en nuestra nueva Ley
Orgánica de Movilidad Humana (2017) lo que permite que la discrecionalidad en la concesión
de la Carta de Naturalización se ejerza sin suficiente controle.
La Constitución y el Código
Orgánico Administrativo, establecen principios como
legalidad, motivación, proporcionalidad e impugnación, el Reglamento para el control de la
discrecionalidad en los actos de la administración Pública, no desarrolla mecanismos efectivos
de revisión, gener
ando inseguridad jurídica para los solicitantes.
Es fundamental actualizar el Reglamento para el Control de la Discrecionalidad en los
Actos de la Administración Pública, alineándolo principalmente con la Constitución de 2008 y
el COA, para garantizar seguridad jurídica, y el uso de una discrecionalidad,
bajo sus 3
principios fundamentales, legalidad, proporcionalidad y razonabilidad.
Tabla 2
Comparación de la regulación de la discrecionalidad en Ecuador, Colombia y Perú
Paises
Criterios de
discrecionalidad
Mecanismos de control
Aplicación del debido
proceso administrativo
Ecuador
Alta discrecionalidad en la
emisión de actos administrativos
Control administrativo y
judicial limitado
En ocasiones vulnerado por
falta de motivación en las
resoluciones
Colombia
Discrecionalidad moderada, con
requisitos claros
Control administrativo más
desarrollado
Se garantiza el debido
proceso en la mayoría de los
casos
Perú
Regulación más detallada de la
discrecionalidad
Mecanismos de control
normativo y judicial
efectivos
Debido proceso aplicado
estrictamente
Nota:
Esta tabla resume la comparación de la discrecionalidad administrativa Ecuador, Colombia y Perú, los
mecanismos de control existentes y la aplicación del debido proceso, (Autores, 2025).
El ordenamiento jurídico ecuatoriano consagró que la discrecionalidad debía ejercerse
dentro del marco de la juridicidad y la buena administración pública. No obstante, también se
reconoció que un uso indebido de esta potestad podía derivar en decisiones c
ontrarias a
principios constitucionales o supralegales. Como se muestra en la Tabla 2, los criterios
normativos utilizados en Ecuador fueron comparados con aquellos empleados en Colombia y
Perú, permitiendo identificar diferencias clave en la regulación de
la naturalización
.
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Como se observa en la Tabla 2, Ecuador
presentó una alta discrecionalidad en la
emisión de actos administrativos, con un control administrativo y judicial más limitado en
comparación con Colombia y Perú. Estos hallazgos evidenciaron la necesidad de establecer
criterios normativos más claros par
a garantizar la equidad y la transparencia en el
procedimiento administrativo, especialmente el de carta de naturalización.
Discusión
A partir del desarrollo del presente estudio, se identifican varios puntos clave
relacionados con el ejercicio de la potestad discrecional de la administración pública y su
utilización en la emisión de la Carta de Naturalización en Ecuador.
En primer lugar, la administración pública no solo se concibe como un ente encargado
de la prestación de servicios a la ciudadanía, sino también como una institución que ejerce
potestades establecidas en el marco jurídico. Estas potestades deben estar orie
ntadas al interés
público y sujetas a principios constitucionales y supra normativos, evitando cualquier uso
arbitrario que pueda afectar derechos fundamentales.
Uno de los aspectos más relevantes del estudio es la discrecionalidad administrativa en
la emisión de la Carta de Naturalización. Aunque esta facultad es reconocida dentro del
ordenamiento jurídico ecuatoriano, su ejercicio no es absoluto, sino que debe es
tar regido por
principios de razonabilidad, legalidad, proporcionalidad y motivación. En este sentido, se
evidencia que esta facultad puede convertirse en arbitrariedad cuando no existen controles
efectivos que garanticen su correcta aplicación (como se mu
estra en la Tabla 1).
Se analizó la discrecionalidad administrativa en otros países, como Colombia y Perú,
que al igual que Ecuador, reciben gran flujo de personas en migración, estos si han
implementado mecanismos de control normativo y judicial que limitan los posibles abusos
en
la toma de decisiones. La comparación con estos ordenamientos permite identificar que, si bien
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Ecuador reconoce ciertos controles administrativos y judiciales, estos no siempre resultan
suficientes para evitar la vulneración de derechos cuando la discrecionalidad se ejerce de
manera excesiva o sin fundamentación adecuada (como se muestra en la Tabla
2).
Otro punto central en la discusión es la obligación de las autoridades administrativas de
la tramitación y resolución junto con las de control, que analicen la motivación de los actos
administrativos que gocen de la potestad discrecional cuando otorgan o n
iegan la carta de
naturalización, asegurando que las decisiones sean fundamentadas en criterios jurídicos claros
y no en factores subjetivos o políticos. En caso de que se detecte una vulneración de derechos,
las instancias de control deben aplicar los mec
anismos correctivos pertinentes, que incluyen la
revisión administrativa y la posibilidad de impugnación judicial que genere resultados.
Los hallazgos de este estudio permiten concluir que, si bien el ordenamiento jurídico
ecuatoriano reconoce la potestad discrecional en la emisión de la Carta de Naturalización, su
ejercicio debe estar sujeto a
controles más rigurosos para evitar arbitrariedades y garantizar el
respeto a los principios natos de la discrecionalidad. La discrecionalidad de la administración
pública no puede interpretarse como una potestad absoluta, sino que debe ejercerse dentro de
los límites impuestos por la Constitución de la República del Ecuador (2008) y el marco
normativo vigente, con criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
En este sentido, resulta esencial fortalecer los mecanismos de control y transparencia
en el procedimiento de carta de naturalización, asegurando que las decisiones administrativas
se basen en criterios objetivos, principios administrativos y resoluciones
motivadas. La falta
de regulaciones claras o de criterios uniformes puede dar lugar a decisiones inconsistentes que
afecten la seguridad jurídica de los solicitantes y vulneren sus derechos fundamentales.
A futuro, se considera pertinente profundizar en estudios comparativos que analicen las
mejores prácticas en otros países, con el fin de identificar modelos normativos que permitan
optimizar la regulación de la discrecionalidad en este ámbito. Asimismo, se
recomienda evaluar
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la viabilidad de reformas legislativas que incorporen principios de legalidad y control en la
concesión de la Carta de Naturalización, asegurando que este procedimiento se alinee con
estándares internacionales de protección de derechos y de gobernanza migr
atoria.
Conc
l
usión
El presente estudio permitió analizar la discrecionalidad administrativa en la emisión
de la Carta de Naturalización en Ecuador, en el ejercicio de derechos y en la seguridad jurídica
de los solicitantes. A partir del análisis normativo y comparativo, se p
udo demostrar que, si
bien la administración pública tiene la facultad de otorgar la carta de naturalización con base
en criterios discrecionales, esta potestad debe ejercerse dentro de los límites del marco
constitucional y legal para evitar arbitrariedad
es.
Uno de los hallazgos más relevantes es que la discrecionalidad, al no ser absoluta, debe
regirse por principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y el debido proceso
administrativo. Sin embargo, en la práctica, se identifican vacíos normativos
y falta de
mecanismos de control eficientes que garanticen una aplicación objetiva de esta facultad. La
ausencia de criterios claros en la toma de decisiones puede generar incertidumbre jurídica y
afectar la garantía de derechos de los solicitantes.
Asimismo, el estudio permitió corroborar que, en comparación con países como
Colombia y Perú requiere fortalecer sus mecanismos de control sobre la discrecionalidad
administrativa mientras estos ordenamientos han implementado regulaciones más estrictas y
p
rocedimientos de revisión para evitar decisiones arbitrarias, en Ecuador aún persisten desafíos
en la supervisión y aplicación de esta potestad.
En términos metodológicos, el enfoque jurídico aplicado en esta investigación
contribuyó al análisis detallado de las normas que regulan la naturalización, permitiendo
demostrar que la discrecionalidad debe interpretarse no solo como una facultad de la
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administración, sino como una herramienta que, bien aplicada, puede garantizar una mejor
gestión del procedimiento. En este sentido, el estudio aporta a la ciencia jurídica al generar una
reflexión crítica sobre la necesidad de establecer regulaciones más
precisas que delimiten el
ejercicio de la discrecionalidad, asegurando un equilibrio entre la potestad del Estado y la
protección de los derechos de los solicitantes.
Finalmente, la investigación logra su objetivo de
evidenciar la importancia de reformar
el marco normativo ecuatoriano, teniendo cimientos claros como los utilizados en Colombia y
Perú que han generado resultados para establecer criterios más claros en la concesión de la
carta de naturalización, garantiza
ndo procesos motivados, razonables y proporcionales sujetos
a un efectivo control jurisdiccional. Como proyección futura, se recomienda la implementación
de estudios comparativos adicionales y la evaluación de propuestas legislativas que refuercen
la jurid
icidad y la seguridad jurídica, de la discrecionalidad en la emisión de la Carta de
Naturalización en Ecuador.
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